• Carlos Ricardo Menéndez Gámiz. Integrante del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C.• Ciudad de México 11 de febrero 2026 •
Las tensiones permanentes entre los centros hegemónicos y las naciones que buscan ejercer su soberanía nacional, son permanentes y muestra de las contradicciones propias de la actual fase del capitalismo mundial, en donde en los foros como Davos, se entrelazan dos concepciones del mundo, por una lado las de los Estados-Nación, y por el otro lado, las de grandes corporaciones mundiales que buscan acceso libre a los recursos naturales y a los mercados en condiciones siempre preferenciales, sin importar los efectos de coacción, reducción y deterioro constante de la fuerzas de la naturaleza, la fauna, vegetación, el agua, y sobre todo en el menoscabo de los derechos sociales y colectivos del pueblo de México.
1. Objetivo y Justificación
Objetivo General
Identificar, analizar y contrastar las posibles contradicciones o tensiones normativas entre las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y sus Anexos, y los mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el fin de evaluar su impacto en la soberanía nacional, los derechos fundamentales y el modelo de desarrollo del país.
Justificación
La entrada en vigor del T-MEC representó la adopción de un marco jurídico internacional con profundas implicaciones para la vida económica, social y ambiental de México. Este análisis es imperativo porque:
Jerarquía Normativa: Examina la aplicación práctica del Artículo 133 Constitucional, que coloca a los tratados internacionales por debajo de la Constitución pero por encima de las leyes federales, creando un complejo escenario de interpretación.
Defensa de la Soberanía: Permite visualizar áreas donde las obligaciones internacionales podrían limitar el ejercicio de la soberanía nacional y la capacidad del Estado para legislar en favor del interés público.
Protección de Derechos: Es crucial para salvaguardar los derechos humanos y sociales consagrados en la CPEUM frente a intereses comerciales y de inversión transnacional.
Relevancia Académica y Social: Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general una herramienta crítica para comprender los alcances reales de este tratado comercial.
2. Metodología
Enfoque Metodológico
Se emplea una metodología de análisis jurídico comparativo y dogmático, centrada en la exégesis textual y la identificación de antinomias (contradicciones entre normas).
Fases del Análisis:
1. Identificación de Normas Relevantes: Selección de capítulos del T-MEC y artículos de la CPEUM que regulan materias sustantivas comunes (agua, medio ambiente, propiedad intelectual, etc.).
2. Análisis Textual Comparativo: Estudio paralelo del tenor literal de ambas normas para identificar discrepancias, omisiones o conflictos potenciales.
3. Análisis de Tensión Normativa: Evaluación de si las disposiciones del T-MEC pueden, en su aplicación, limitar, condicionar o hacer nugatorios los principios, derechos o mandatos constitucionales.
4. Sistematización y Reflexión: Organización de los hallazgos por temas y elaboración de reflexiones críticas sobre sus implicaciones.
3. Marco Teórico: Jerarquía de las Normas en México
El Artículo 133 Constitucional establece el principio de supremacía constitucional: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”
Esta redacción ha generado debate doctrinal. La interpretación mayoritaria y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostienen que:
1. La Constitución ocupa el grado jerárquico supremo.
2. Los Tratados Internacionales (como el T-MEC) se sitúan en un rango intermedio, por encima de las leyes federales y locales, pero sujetos y subordinados a la Constitución.
3. Cualquier tratado o cláusula que contravenga la CPEUM debe considerarse inconstitucional y, por tanto, inaplicable.
Por lo tanto, el análisis parte de la premisa de que el T-MEC debe interpretarse y aplicarse en estricto apego a la Constitución, y no a la inversa.
4. Análisis Comparativo por Temas
Cuadro 1: Derechos Humanos y Sociales vs. Derechos de los Inversionistas
| Norma T-MEC | Norma Constitucional (CPEUM) | Análisis de la Tensión |
| Capítulo 14: Inversión. Artículos 14.4 (Trato Nacional), 14.5 (Trato de Nación Más Favorecida) y 14.6: Trato Justo y Equitativo. Este último obliga a brindar un “marco jurídico estable”, lo que los inversionistas pueden interpretar como una prohibición a cambios regulatorios que afecten sus ganancias esperadas. | Artículo 1º. Párrafo tercero: “Todas las autoridades… tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…” Artículo 4º. Párrafo primero: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” y “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano…” | Existe una tensión fundamental entre la obligación del Estado de regular en función del interés público (salud, ambiente) y la obligación de otorgar “estabilidad” a los inversionistas. Una empresa podría argumentar que una nueva ley ambiental o de salud, aunque constitucional, viola el “trato justo y equitativo” al modificar las reglas y afectar sus utilidades, y demandar al Estado mexicano ante un tribunal de arbitraje internacional (Cap. 14, Sección B). |
Reflexión:
El corazón del conflicto reside en la supremacía del derecho al lucro vs. la supremacía de los derechos humanos. El mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS) contenido en el T-MEC puede generar un “efecto paralizante” o “regulatory chill”, donde el Estado se abstenga de legislar en materia social o ambiental por miedo a costosas demandas arbitrales. Esto representa un riesgo para la soberanía regulatoria del Estado mexicano, subordinando su deber de garantizar derechos a la lógica de la protección de inversiones.
Cuadro 2: Agua y Propiedad de la Nación
| Norma T-MEC | Norma Constitucional (CPEUM) | Análisis de la Tensión |
| Capítulo 14: Inversión. Art. 14.8: “Expropiación e Indemnización”. Establece que ningún país puede expropiar una inversión, salvo por causa de utilidad pública, de forma no discriminatoria y mediante indemnización pronta, adecuada y efectiva (usando valor de mercado). Se aplica a inversiones en cualquier sector. | Artículo 27. Párrafos cuarto, quinto y sexto: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación… Corresponde a la Nación el dominio directo de… las aguas de los mares territoriales; las de las lagunas…; las de los ríos…; las aguas del subsuelo…” | Aunque el Art. 27 concede a la Nación la propiedad originaria del agua, permite su concesión para uso privado. El riesgo surge si el Estado, por un imperativo de interés público (ej: una crisis hídrica grave en una cuenca), decide modificar o no renovar concesiones de agua a empresas (incluidas embotelladoras, mineras o agrícolas). Estas empresas podrían alegar que la medida es una expropiación indirecta (regulatoria) y demandar una indemnización multimillonaria basada en el valor de mercado de su “inversión” (el derecho concesionado), limitando así la capacidad del Estado para gestionar este recurso estratégico conforme al interés nacional. |
Reflexión:
El agua, definida constitucionalmente como un bien nacional estratégico y un derecho humano (Art. 4º, último párrafo), queda atrapada en la lógica mercantil del tratado. La amenaza de demandas por expropiación indirecta puede coartar al Estado en su obligación de reordenar el uso del agua para garantizar el consumo humano y la sustentabilidad de los ecosistemas, privilegiando la seguridad jurídica de los concesionarios privados (muchas veces trasnacionales) sobre el derecho humano al agua.
Cuadro 3: Medio Ambiente y Salud vs. Agroindustria y Biotecnología
| Norma T-MEC | Norma Constitucional (CPEUM) | Análisis de la Tensión |
| Capítulo 3: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Anexo 3-C (México): Lista de mercancías libres de arancel. Incluye productos agropecuarios y procesados. Capítulo 9: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Impulsa la armonización de normas basada en “ciencia” y “evaluación de riesgo”, y puede limitar medidas más precautorias. | Artículo 4º. Párrafo quinto: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.” Artículo 27. Párrafo tercero: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público… para el desarrollo humano.” | El T-MEC facilita la importación de productos agroindustriales (ej: maíz transgénico, carne con hormonas, alimentos ultraprocesados) y restringe la capacidad del Estado para imponer barreras no arancelarias. La tensión radica en que la política comercial puede socavar el derecho a un medio ambiente sano y a la salud, si: 1) Se importan agroquímicos prohibidos en otros países; 2) Se presiona para aceptar transgénicos que amenazan la biodiversidad (maíces nativos, milpa) sin aplicar el principio precautorio; 3) Se inundan los mercados con alimentos no saludables, contribuyendo a crisis de salud pública. El Estado podría verse limitado para regular con firmeza en estas áreas. |
Reflexión:
El tratado consolida un modelo agroindustrial globalizado que frecuentemente es depredador del ambiente y de la salud. La soberanía y seguridad alimentarias, vinculadas al derecho a la alimentación y a la protección de sistemas agrícolas tradicionales como la milpa, quedan subordinadas a las reglas del comercio internacional. El riesgo es que se profundice la dependencia alimentaria y se degrade el patrimonio biocultural de México, todo ello amparado en las disciplinas comerciales del T-MEC que priorizan el flujo de mercancías sobre el bienestar colectivo.
Cuadro 4: Propiedad Intelectual vs. Derechos Colectivos y Salud Pública
| Norma T-MEC | Norma Constitucional (CPEUM) | Análisis de la Tensión |
| Capítulo 20: Propiedad Intelectual. Establece estándares elevados de protección (ej: patentes de fármacos, protección de datos). Art. 20.10: Protección de productos farmacéuticos. Puede extender monopolios efectivos de medicamentos al proteger datos de prueba, retrasando la entrada de genéricos más baratos. | Artículo 4º. Párrafo cuarto: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.” Artículo 2º. Apartado B, Fracción VI: Se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a “conservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.” | El capítulo de Propiedad Intelectual puede: 1) Incrementar el costo de medicamentos para el sistema de salud pública, afectando el derecho a la salud; 2) Amenazar los conocimientos tradicionales y la biodiversidad asociada a los pueblos indígenas, facilitando su apropiación indebida (“biopiratería”) a través de patentes, sin garantizar un reparto justo de beneficios. Aunque el T-MEC menciona el respeto al Convenio 169 de la OIT, la lógica dominante es la de la propiedad intelectual privada individual, que choca con los sistemas de conocimiento colectivo e intergeneracional de los pueblos originarios. |
Reflexión:
Este capítulo ejemplifica cómo el T-MEC puede operar como un vehículo para imponer una visión estrictamente mercantilista del conocimiento y la vida.
Al fortalecer los monopolios de las grandes farmacéuticas, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la salud pública y el acceso a medicamentos esenciales. Simultáneamente, desconoce y vulnera los sistemas de propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, priorizando la innovación patentable por encima del conocimiento tradicional, en abierta contradicción con el espíritu del Artículo 2º Constitucional.
Cuadro 5: Soberanía Energética y Propiedad de la Nación
| Norma T-MEC | Norma Constitucional (CPEUM) | Análisis de la Tensión |
| Capítulo 8: Reconocimiento de la Soberanía sobre los Recursos Energéticos. El Art. 8.1 reconoce el derecho de cada país a controlar sus recursos. Sin embargo, el Anexo 8.1 (México) contiene reservas y excepciones específicas que limitan la participación exclusiva del Estado en ciertas actividades (ej: servicios relacionados con energía). Capítulo 14: Inversión. Se aplica plenamente al sector energético, por lo que cualquier cambio regulatorio puede ser impugnado. | Artículo 25. Párrafo cuarto: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional… Así mismo, el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de esta Constitución.” Artículo 28. Párrafo cuarto: “No constituyen monopolios… las áreas estratégicas que, en los términos del artículo 25 de esta Constitución, quedarán reservadas exclusivamente al Estado:… la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica…” | Aunque el T-MEC reconoce formalmente la soberanía energética, su arquitectura jurídica la condiciona. Las reservas en el Anexo 8.1 ya delimitan los espacios de acción exclusiva del Estado. Más grave aún, si el Estado ejerce sus facultades constitucionales de rectoría en el sector eléctrico (por ejemplo, modificando políticas para favorecer a la CFE), las empresas extranjeras de generación privada podrían activar el mecanismo ISDS (Cap. 14) para demandar al Estado por trato injusto o expropiación indirecta. El tratado, en la práctica, “constitucionaliza” un modelo de participación privada en la energía, limitando la capacidad futura del Estado para reorientar la política energética conforme al interés público. |
Reflexión:
Este es uno de los puntos de mayor contradicción de facto. Mientras la Constitución proclama el carácter estratégico y la rectoría estatal exclusiva en áreas clave de la energía, el T-MEC establece un blindaje jurídico internacional para los intereses de las corporaciones energéticas transnacionales ya instaladas.
Cualquier intento de fortalecer a las empresas públicas o de priorizar la soberanía energética y la seguridad nacional podría desencadenar demandas millonarias, creando un dilema entre el cumplimiento constitucional y el cumplimiento del tratado.
5. Principales Hallazgos
1. Soberanía Normativa en Riesgo: El T-MEC no contradice la letra de la Constitución de manera explícita, pero establece mecanismos jurídicos (ISDS) y disciplinas comerciales que, en la práctica, pueden limitar severamente la capacidad del Estado para ejercer su soberanía regulatoria en áreas sensibles como medio ambiente, salud, agua y energía.
2. Primacía de los Derechos de Propiedad e Inversión: Existe una clara asimetría entre la fuerza coercitiva de los capítulos que protegen a los inversionistas (con tribunales arbitrales privados) y la naturaleza declarativa de los capítulos sobre medio ambiente y trabajo, que carecen de mecanismos de sanción similares. Esto subordina los derechos sociales a los derechos de propiedad.
3. Conflicto de Paradigmas: El análisis revela un choque entre dos modelos: el constitucional, basado en derechos humanos, propiedad de la Nación y bienestar colectivo; y el comercial-transnacional, basado en la libre circulación de capitales y mercancías, la protección de las ganancias y la seguridad jurídica del inversionista.
4. Efecto Paralizante (“Regulatory Chill”): La amenaza latente de costosas demandas internacionales puede disuadir a los gobiernos de implementar políticas públicas progresistas, generando un “congelamiento regulatorio” en favor del statu quo comercial.
5. Vulneración de Derechos Colectivos: Los derechos de los pueblos indígenas, la protección de la biodiversidad y los sistemas agrícolas tradicionales (milpa) son particularmente vulnerables frente a las reglas del T-MEC sobre propiedad intelectual, inversión y acceso a mercados.
6. Tareas Pendientes para los Actores Clave
| Actor | Tareas Pendientes Prioritarias |
| Centros de Pensamiento y Academia | • Generar investigación empírica sobre los impactos específicos del T-MEC en cada sector (agua, salud, agricultura). • Desarrollar marcos jurídicos alternativos que prioricen los derechos humanos en los tratados comerciales. • Crear observatorios ciudadanos para monitorear demandas ISDS contra México y sus implicaciones. |
| Legisladores (Congreso de la Unión) | • Ejercer una vigilancia estricta sobre la implementación del T-MEC, usando sus facultades de control político. • Armonizar la legislación secundaria (leyes de agua, salud, medio ambiente) para que, al aplicarla, se blinde el interés público frente a posibles demandas. • Promover reformas constitucionales que explícitamente subordinen los tratados internacionales a los derechos humanos y al interés de la Nación (fortalecer el Art. 133). |
| Gobernantes (Ejecutivo Federal y Estatal) | • Utilizar todas las excepciones y flexibilidades contenidas en el texto del T-MEC para proteger políticas públicas. • Defender con firmeza las causas públicas en los tribunales arbitrales ISDS, sin ceder a presiones para llegar a acuerdos lesivos. • Fortalecer las capacidades del Estado (abogados, expertos) para litigar en estos foros internacionales. • Priorizar en la política comercial la defensa de la soberanía alimentaria, energética y hídrica. |
| Sociedad Civil y Movimientos Sociales | • Exigir transparencia total en los procesos relacionados con el T-MEC, especialmente en demandas ISDS. • Generar campañas de información y educación popular sobre los riesgos del tratado. • Tejer alianzas internacionales con organizaciones de Canadá y EE.UU. para una revisión crítica conjunta del tratado. |
7. Estrategias para Difundir este Conocimiento
7.1. En el Ámbito Universitario:
Unidad Curricular: Integrar este análisis como un módulo obligatorio en carreras de Derecho, Relaciones Internacionales, Economía y Ciencias Políticas.
Simulaciones y Juicios Moot: Organizar competencias donde los estudiantes representen al Estado mexicano defendiéndose de una demanda ISDS ficticia.
Seminarios Permanentes: Crear foros de discusión con invitados de los tres países.
7.2. Hacia la Sociedad en General:
Producción de Material Audiovisual: Realizar documentales, podcasts y cápsulas informativas para redes sociales, explicando las contradicciones con un lenguaje accesible.
Cartillas y Guías Ciudadanas: Elaborar materiales gráficos que resuman los puntos clave y los derechos que están en riesgo.
Alianzas con Medios: Colaborar con periodistas y medios de comunicación para generar reportajes de investigación profundos sobre casos concretos.
7.3. Incidencia Pública:
Audiencias Públicas: Promover la realización de audiencias informativas en el Congreso con participación de académicos y afectados.
Propuestas de Reforma: Presentar iniciativas legislativas concretas derivadas de los hallazgos de la investigación.
8. Reflexión Final y Conclusión
El T-MEC es mucho más que un tratado comercial; es un ordenamiento constitucional económico transnacional que redefine las reglas del juego para el Estado mexicano.
Su análisis a la luz de la Constitución no revela simples contradicciones textuales, sino una profunda tensión estructural entre dos proyectos de país: uno anclado en la soberanía popular, los derechos sociales y la propiedad de la Nación, y otro alineado con las lógicas del capital global.
La supremacía constitucional, en este contexto, no es un principio automático, sino un campo de batalla jurídico y político que debe defenderse activamente. Ignorar estas tensiones o suponer que el tratado es neutral equivale a ceder soberanía por omisión.
La tarea urgente para México es desarrollar la inteligencia de Estado, la capacidad jurídica y la voluntad política necesarias para navegar este escenario complejo, asegurando que el marco comercial internacional sirva al desarrollo humano y no al revés.
El futuro de derechos fundamentales como el agua, la salud, un medio ambiente sano y la autodeterminación de los pueblos depende de esta lucha por la primacía de la Constitución.
Bibliografía
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 20-12-2023. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf)
Gobierno de México. (2020). Texto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Secretaría de Economía. [https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/texto-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec](https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/texto-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec)
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (2025). *Memoria político institucional 2020-2025: Por la soberanía de nuestros pueblos y en defensa de la democracia* [Informe institucional]. https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/memoria_politico_institucional_2020_2025.pdf