México • Febrero, 2025 • M.C. Raúl Rueda Pérez • Centro de Estudios Estratégicos Nacionales A. C. en México •
Se presenta un documento en el que se describen algunos de los acontecimientos políticos y económicos que han tenido un impacto relevante en el desarrollo del país en las últimas décadas y que han sido incorporados en los varios planes nacionales de desarrollo que se han elaborado desde su primera versión en 1983 en el gobierno de Miguel de la Madrid, aunque el primer antecedente en México en materia de planeación data de 1928 con la elaboración de la Ley del Consejo Nacional Económico.

El objetivo de estas líneas es documentar es invitar al gobierno a tomar en cuenta las demandas de las organizaciones, algunas de la cuales se presentan en este escrito.

El documento está estructurado de la siguiente manera: se inicia con las prioridades del actual gobierno que guían la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se está elaborado. Adicionalmente se hace un recorrido histórico desde el gobierno de José López Portillo en el cual se inician las crisis recurrentes que hemos padecido. También se señalan en este recorrido algunos aspectos que ocasionan las crisis de los diferentes sexenios y los impactos negativos hacia los movimientos sociales. Con base en lo anterior, se plantean algunas demandas de las organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores organizados,  a partir de los moviementos estudiantes de finales de los años 60 y las inconformidades de gremios importantes como campesinos, médicos, maestros y mineros.

Planteamientos para el período 2025-2030

Dada la necesidad de estructurar el Plan Nacional de Desarrollo, con base al objetivo de consolidar la prosperidad y el bienestar de la población. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo establece los ejes de gobernanza con justicia y participación ciudadana; desarrollo con bienestar y humanismo; economía moral y trabajo; desarrollo sustentable; igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional; y derechos de las comunidades indígenas y afro mexicanas.

La Ley de Planeación en su Artículo 21 estipula que deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años. El Plan Nacional de Desarrollo transitó en su conformación a través de 54 foros que se han llevado a cabo al inicio de 2025. Tomando la guía de los siete ejes establecidos, se busca dar continuidad al gobierno anterior cuyos planteamientos son base importante para el actual; de ahí que se le denomina el segundo piso de la 4T. El gobieno de Andrés Manuel López Obrador estableció como ejes: Igualdad de género; medidas contra la corrupción y la buena gestión pública; tomando en cuenta el territorio y desarrollo sostenible; justicia y estado de derecho; bienestar y desarrollo económico.

Recorrido histórico

A partir de la evidencia que todos experimentamos en relación a los problemas heredados del periodo neoliberal, iniciando con el rescate de la crisis con José López Portillo, al que se le atribuye una mala administración de la riqueza proveniente del descubrimiento petrolero, que incentivó el endeudamiento externo para el crecimiento económico, que, a la baja de sus precios y alza de la tasa de interés de la deuda, provoco en México la primera crisis económica y financiera.

El gobierno de Miguel de la Madrid como respuesta, da entrada a un cambio de rumbo,[1] basado en autoritarismo, con el modelo económico liberal, que impuso a obreros, hombres de negocios y la propia Iglesia Católica.

Carlos Salinas de Gortari, siguiendo la política de libre mercado del sexenio anterior, como eje económico principal, firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatiza empresas estatales, incluida la banca e implementa el Programa Nacional de Solidaridad (Peonaasol) y restaura la relación Iglesia-Estado.

A la muerte del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, llega a la presidencia Ernesto Zedillo Ponde de León sucediendo la crisis denominada efecto tequila (error de diciembre), devaluándose el peso significativamente, ocurriendo que Bill Clinton, le gestiona US$50 mil millones, US$17,759 millones del Fondo Monetario Internacional, US$10 mil millones del Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements), mil millones del Banco de Canadá en forma de swaps de corto término, y mil millones más provenientes de diversos países latinoamericanos cuyas economías habían sido severamente afectadas por los efectos de la crisis mexicana. Adicionalmente, las altas tasas de interés y la devaluación al 100%, provocaron el no pago de préstamos e hipotecas financiadas, perdiendo  propiedades los deudores, mientras se realizaba un rescate financiero a bancos mexicanos conocido como Fobaproa, y por otro lado la deuda externa se incrementó aún más.

Gobiernos panistas

La desviación del ingreso público al pago de intereses y deuda dio como resultado la reducción del gasto público, que provocó falta de acceso y mala calidad de los servicios de salud; poco acceso y mala calidad de los servicios educativos; bajo crecimiento económico que generó desempleo o empleos mal pagados; pobreza y marginación; desigualdad y exclusión social, económica y regional; falta de infraestructura o mala infraestructura. Las decisiones de política pública provocaron a su vez inseguridad y violencia; corrupción; sistema de justicia deficiente. A todo esto se suma el cambio climático y deterioro del medio ambiente; el no respeto a los derechos humanos y la discriminación.

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la epidemia de gripe AH1N1 en 2009, la recesión mundial iniciada en el mercado inmobiliario e hipotecario en EUA, provocan otra crisis en México con más de un millón de personas en desempleo, así como paros técnicos, despidos de empleados y reducción salarial en ciertas manufacturas. La retórica de la falsa democratización en el mundo laboral desde el gobierno foxista, prolongado por el corporativismo tradicional, la estructura reguladora de la relación Estado–sindicato, la profundización de disminución de los salarios mínimos y contractuales.

Otros elementos a considerar es la continuidad del dictamen del Consenso de Washington de John William son entre 1987 y 1988, así como las reformas económicas implantadas durante los años ochenta, como la apertura comercial a través del GATT, hoy como Organización Mundial de Comercio (OMC),  que provocaron la disminución de las empresas públicas disminuyendo de 1,155 a 310; así como las empresas pequeñas y medianas en el sector productivo. Las reformas financieras al final de la década de los ochenta en el mercado bursátil, dejaron al libre juego de la oferta y la demanda la tasa de interés, así como la autonomía del Banco de México. Se obtiene el crecimiento del PIB en promedio en los gobiernos panistas abajo del 4.1%, que no impidió el aumentó de los empleos informales que venían creciendo desde la década de 1980, sobresaliendo la pérdida de poder de negociación de los sindicatos frente a las empresas y el Estado, así como la pérdida de poder adquisitivo del salario y la negociación salarial siempre con base a la inflación esperada. Adicionalmente, los salarios reales registraran diversos descensos, que van desde el 7% en 2001, 11.7% en 2005, hasta 12.5% en 2010. La cuestión fue que no se aplicaron políticas económicas distintas a las del PRI; por lo contrario se incrementó en forma importante el gasto en fuerzas armadas y violencia en todo el país, sin detenerse el narcotráfico.

A pesar de que regresa el PRI con Enrique Peña Nieto, éste con sus reformas estructurales, pretendió continuar el modelo liberal de la década de 1980, aunque fue más imposición del FMI y Banco Mundial. Al mismo gobierno de Peña se le achacan 10 errores fundamentales por parte del partido Movimiento Ciudadano, hoy con el bloque opositor al partido en el poder y aliados:

• El primero de estos errores tiene que ver con la economía del país y lo denominaron “El engaño económico”.
• El segundo error señala que en dos años consecutivos, el gobierno de Peña Nieto no cumplió con el mínimo de su propuesta de crecimiento económico, en 2013, La Secretaría de Hacienda pronosticó un crecimiento de 3.5% que quedó en 1.4%. Para 2014 se anunció un incremento de 3.9% que resultó entre 1.5 y 1.9%. Es decir, un crecimiento inferior a 50% de lo pronosticado en ambos años.
• Reforma fiscal que resultó ser recesiva, pues inhibió la inversión de los pequeños y medianos empresarios. La llamada “reforma Videgaray” tuvo un efecto nocivo. No hubo multimillonarias inversiones en telecomunicaciones.
• Se afirmo que la corrupción es un “fenómeno de índole cultural”. El menosprecio a este cáncer social generó una gran indignación.
• Las crisis de Tlatlaya e Iguala: Minimizó y quiso ocultar la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.  En el caso de Ayotzinapa el gobierno tardó diez días en mencionar el caso de los 43 jóvenes normalistas secuestrados y presuntamente ejecutados en Guerrero. El tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa generó desde entonces movilizaciones nacionales e internacionales importantes en contra un presidente, que implica un crimen de Estado difícil de resolver hasta la actualidad.
• La criminalización de la protesta demostró que no se respetó el reclamo social. La represión en Atenco fue una muestra de esto, así como protestas de la CNTE, provocando mayor protesta social.
• Carencia de una estrategia distinta de combate al crimen organizado, demostrando que su gobierno no tuvo soluciones ni propuestas nuevas para enfrentar la penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad, militares y políticos. Propuso lo mismo que se rechazó durante el sexenio de Felipe Calderón. Y, algo peor, impulsó una reforma violatoria del artículo 115 sobre la autonomía de los municipios. Su receta fue el eje de su fracaso: alentar un mayor presidencialismo discrecional e invasivo de los otros poderes.
• Fracasó la reforma educativa. Las modificaciones de 2013 fueron una incompleta reforma laboral en el sector educativo para privilegiar un modelo de privatización de la evaluación de los profesores.
• Dependencia extrema a Televisa. Fiel a su origen y a su “modelo” de negocios y de ascenso al poder presidencial con un equipo de gobierno fracturado.
• Uno de los principales errores de diseño de su gobierno fue formar un gabinete de “cuotas y cuates” que fue altamente ineficaz.[2]

Al término del gobierno de Peña Nieto, la población padece la protección que se le otorgo al capital, y pagando el costo de la crisis a través de la reducción de los programas sociales; así como las escasas transferencias federales que no beneficiaron el bienestar social de la población o a reducir las desigualdades regionales o intrapersonales.[3] Antes, al contrario, surge con más vigor la corrupción que se desbordó en los estados en esa época “dorada” ampliamente documentada.

Por consecuencia, el descontento no se hizo esperar, sino que se incremento derivado de varias causas desde la década de 1950: el sistema priísta, más el periodo neoliberal, más con el temblor de 1985.

Las crisis económicas y la poca respuesta del gobierno, ocasionaron la aparición de más organizaciones sociales y campesinas, planteando desde entonces las condiciones de vulnerabilidad sea por pobreza, desempleo, discriminación, entre otras; buscando mejorar las condiciones de vida y el bienestar social.

Continuación de las respuestas sociales a los años del neoliberalismo

Algunas de estas organizaciones convergen en un movimiento social que aglutina diversas preocupaciones, rechaza a un Estado represor, particularmente a partir de 1989, en donde se enfrentan los desafíos de la apertura comercial y la política gubernamental hacia el campo, más de 120 mil productores de 18 estados[4], protestaron a causa del TLC que estableció una zona de libre comercio entre EUA, Canadá y México, no pudiendo incorporarse a la modernización del campo mexicano, bajo las reglas del mercado, pero abandonados por el gobierno. Resultando la mayor parte de los productores medianos y pequeños en quiebra, abandono del campo y migración. Las organizaciones campesinas se reagrupan a inicio del nuevo milenio, ante la llegada de un gobierno del PAN, para aparecer desde entonces el movimiento “Sin maíz no hay País” en 2007, conformado en ese año por más de 300 organizaciones de diversos sectores, como campesinos, ambientalistas, mujeres, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos, que expuso como  demandas desde entonces:

• Prohibir la liberación de maíz transgénico en México.
• Uso de alimentos para producir agrocombustibles.
• Respetar el patrimonio territorial de las comunidades rurales.
• Respetar la vocación social de la tierra.
• Renegociar el TLCAN.
• Proteger las semillas nativas.
• Exigir nuevas políticas públicas en defensa del campo.

Esperando en el país un cambio con la alternancia de Vicente Fox para transformar al país y solución al conflicto en Chiapas (EZLN) dentro de sus diez promesas, sobre todo una política social que combata pobreza y desigualdad, apoyo a la agricultura, atención a las demandas ciudadanas, terminar con la dictadura del PRI, entre otras ofertas.[5]

Calderón en continuación como partido no logró superar la pobreza, al igual que el gobierno de Fox, y tuvo una caída estrepitosa de la competitividad y un presupuesto raquítico por una recaudación ineficiente, con la enorme carga de las pensiones a pesar que traía la reforma al IMSS en 1997 e impulsado por su gobierno la del ISSSTE en 2007, sucede un desproporcionado gasto corriente[6] y fracaso en su guerra contra el narcotráfico.

Estaba vigente lo que, desde la década de 1980, con la crisis se pretendió lograr para la estabilización, corregir la distorsión por las principales variables macroeconómicas, imponiendo diciplina fiscal y monetaria, tipo de cambio real y competitivo, teniendo la convicción que ello lograría estabilizar los precios, desde luego a través de la mano invisible del libre mercado, impuesto desde el Consenso de Washington.

Otro aspecto que influyó la dinámica política y social fue el surgimiento de algunos movimientos sociales que nacen de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y 1972; el movimiento popular urbano; brotes de movimientos obreros y campesinos que cuestionaban al corporativismo en la década de 1970 con el sindicalismo independiente; la continuación de lucha de los maestros, médicos y universitarios, iniciado en los años sesenta; el sindicalismo corporativo y política especifica al sindicalismo independiente naciente.

Otros hechos históricos que provocan el surgimiento de otros movimientos sociales parten con el control social, exigible ante la consecuencia de la crisis del petróleo e inicio de la deuda externa; la autoorganización vecinal derivada de los sismos de 1985 que se manifiestan en la creación de varias ONG; la convergencia social y corriente comunista (desaparición del Partido Comunista Mexicano) y socialista en torno a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988; la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994) que cuestionó el proyecto neoliberal y el falso ingreso de México al llamado Primer Mundo con la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Estos movimientos tienden a dejar de ser actores para convertirse en agentes sociales, en gestores de los intereses de sus agremiados, provocando la alianza de la naciente FESEBS y de la UNORCA contra el gobierno de Carlos Salinas, esto, sin embargo, no impide dar paso a las medidas liberales de política económica y de flexibilización de los contratos colectivos, así como la reforma del Artículo 27 de la Constitución y la firma del TLC.

El Barzón inicia su lucha a favor de una política económica para el campo y luego en general, a la que se incorporaron algunos empresarios, sobre todo en la crisis de 1994. A fines del año se presentan tres foros titulados “El sindicalismo ante la crisis y la Nación”, convocado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, la CNTE y la Confederación Obrera Revolucionaria. Posteriormente se incorpora a estos foros el sindicato del IMSS. En los otros dos foros,  en 1995 y 1996, se adoptaron posiciones más críticas hacia la política económica y reformas en curso.

En 1997 surge la Unión Nacional de Trabajadores como central independiente del gobierno y del Congreso del Trabajo y se da la huelga en la UNAM, por el Consejo General de Huelga (1999–2000).

Con la llegada al gobierno del PAN la esperanza de democratizar al país se esfumó. Organizaciones campesinas y sindicales independientes comenzaron a movilizarse para intentar frenar la aplicación de los acuerdos del TLC que obligaban a desgravar varios productos agrícolas a partir del 1 de enero de 2003, y ante la aún mayor amenaza de abrir la frontera a la importación de maíz y frijol, en 2008. Surgió un frente denominado “El Campo No Aguanta Más”, formado por 12 organizaciones campesinas independientes, al que se le unió la mayoría de las organizaciones campesinas del país, desde la CNC, vinculada al PRI, hasta El Barzón y la Confederación Campesina Cardenista, cercanas al PRD. Que para el 1 de enero de 2003 marchan mas de 100 mil personas al zócalo para exigir la renegociación del TLCAN y la solución del problema del agro mexicano logrando el Acuerdo Nacional para el Campo, el que nunca se cumplió, provocando que El Campo No Aguanta Más se disolviera en 2004. Mas movimientos surgieron en Atenco, Oaxaca (APPO), las madres de Ciudad Juárez, desafuero de AMLO (2004).

En enero de 2006 madura la inconformidad, provocando la aparición del “Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas”, movimiento que marcha cada año en último día de enero a partir de 2006, para transformar la indignación en una participación activa, y llamar a los trabajadores del campo y la ciudad, a las mujeres, a los jóvenes, a los desempleados, a las víctimas de la violencia e inseguridad y en general a todos los excluidos por las políticas económicas y sociales vigentes. Mismo que se transforma en el “Frente Amplio Social” reuniendo a organizaciones sindicales, campesinas y sociales, que repudiaron la política social y reforma laboral aprobada, reformas de la derecha mexicana, la visión de una reforma hacendaria; desde entonces demanda un pacto social y fiscal que termine con la elusión y la evasión fiscal. Después de marchas, asambleas y congresos la UNT y el Frente Amplio Social a finales del siglo pasado e inicio del presente, añaden el calificativo de Unitario a su nombre resultando en el “Frente Amplio Social y Unitario” sumándose organizaciones políticas y académicas. Llega en marzo de 2023, en su congreso para plantear la conclusión posterior a un breve diagnostico definiendo el objetivo de perseguir la Calidad de Vida: todo lo que interviene para la vida humana orgánica, social y política; misma que responde a los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales, los cuales toman como referencia el Índice de Desarrollo Humano, en el cual convergen indicadores como el acceso a educación en sus niveles; los niveles de acceso al ingreso – salario, que a su vez determina la salud – alimentación; el desarrollo – crecimiento; la calidad – nivel de vida individual y de país; el Ciclo de Vida en la gestación, nacimiento, niñez, adolescencia, madurez, vejez, y fallecimiento.

Tomando las mediciones de IDH en México en varios años se tienen los siguientes indicadores: de 1950-2004 = 0.466; 1980 = 0.598; 1990 = 0.654; 2000 = 0.723; 2010 = 0.770 y 2021 = 0.758.

Otro indicador es la persistencia de la desigualdad en el desarrollo humano por entidades federativas y municipios, como lo afirma el Informe de desarrollo humano del PNUD-ONU (2010-2020) en México.

Prioridades del movimiento campesino, obrero y popular

En 2018, se arriba al Plan Alternativo de Nación que plantea:

• Estado con justicia y equidad
• Régimen democrático participativo y directo
• Política económica con sentido social
• Programas sin intermediarios, de Bienestar Social
• Sistema de salud que garantice la salud para toda la población
• Sistema de pensiones que regrese al sistema solidario
• Salud y alimentación como derecho humano y como parte de la seguridad nacional
• Financiamiento para la obligación del estado gobierno
• Renegociar la deuda externa
• Eliminar Fobaproa
• Reforma fiscal progresiva
• En cultura presupuesto suficiente en apoyo a la expresión y memoria del pueblo
• Cumplimiento de la perspectiva de género en todo ámbito público y privado
• Para el desarrollo – reconstrucción integral
• En el mercado interno, la actividad económica sea real e incluyente
• Para rescate al campo, seguridad alimentaria,
• Búsqueda de alternativas diversas, frente a subsidios a productos de origen externo
• Política industrial necesaria que promueva el pleno empleo, enfrente el reto modernizante
• Política de las MiPyMEs que les permita el desarrollo y vinculación mediante cadenas productivas en lo público y privado
• Industria energética que continue su rescate y promueva la soberanía y seguridad nacional, considerando a la energía nuclear y alternativa.
• Recuperar el poder adquisitivo del salario real
• Subcontratación –outsourcing, home office, teletrabajo se elimine o regule, que no signifique disminución del salario y derechos laborales, propicie la sustitución o eliminación de mano de obra sin ofrecer alternativas, o en su caso inserción bajo responsabilidad de la empresa
• El trabajo formal e informal reciba protección y seguridad social, sobre todo ante el menor crecimiento económico y crecimiento demográfico, abordando previamente el problema país que el gobierno tiene que cumplir.
• Las comunicaciones se establezcan como un sector de importancia de Estado, las concesiones tengan como prioridad su acceso a toda la población; la reforma en las telecomunicaciones y radiodifusión, obligue al avance tecnológico y mercado global, no sólo como salida a la crisis del capital. En esta la perspectiva mejorar las condiciones y calidad de vida del trabajador, acceso a la población obteniendo la opinión mediante encuesta
• En la aeronáutica como siguiente paso una política de Estado acorde a estándares internacionales, promueva su crecimiento, de seguridad al usuario y trabajadores
• Una reforma educativa con participación del pueblo, sociedad y gobierno, convertirla en eje fundamental de transformación para un desarrollo incluyente, crecimiento económico en una soberanía que dicte el destino de  país que quieren los mexicanos; donde el CONAHCYT obtenga una ciencia para y con el pueblo; programas de instituciones como la UNAM, IPN, UAM, universidades y tecnológicos estatales entre otros, se coordinen con  instituciones con la SEP, INEGI y otras, para que en el modelo de desarrollo (PND), la educación sea el eje de cambio mediante la planeación (quinquenal a 30 años), medición, evaluación y resultados se exhiban públicamente; la democracia representativa elimine costos excesivos y sirva además de la participación en los casos de referéndum y plebiscito, la obtención de propuestas vinculantes desde la sociedad en los ejes fundamentales de cambio
• En el cambio climático la sociedad y gobierno obtenga medidas que lo enfrenten, consensada y de amplia aplicación, tome en cuenta las medidas globales. Medidas ante la próxima crisis del agua frente a los grandes consumidores como Coca Cola en Chiapas, otros.
• Se propone la creación del Consejo Económico, Social, Cultural y Ambiental a nivel nacional y en Entidades Federativas, que tenga como fin establecer mediante el  estudio, reflexión, obtención de medidas consecuentes a favor de todo aquello que visualice soluciones a los problemas nacionales, vincule la adherencia a los de orden mundial, defina la amplia participación de la sociedad para las acciones consecuentes
• Política de gobierno que, mediante acciones en general se incluya en el paquete económico anual – Criterios Generales de Política Económica (CGPE) – Ley de Ingresos de la Federación (LIF) – Ley Federal de Derechos (LFD) – Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la participación de la ciudadanía, mediante foros programados en lo local y regional, que en sus conclusiones se vinculen al legislativo las iniciativas y se tomen en las decisiones de gobierno.
• Reforma fiscal (progresiva) para que la economía, el ingreso y gasto público, que deviene de ella, cumpla el objetivo de generar el desarrollo, involucrando a todos, sin castigar más a unos o beneficiar a otros, elimine la evasión, elusión y corrupción. De esta manera el objetivo de lograr el desarrollo, crecimiento económico, un modelo de desarrollo que progresivamente este más cerca de la población, al estar proyectado y planificado a largo plazo (quinquenal a 30 años). Un nuevo sistema tributario se construya por todos, en una democracia participativa, el Poder Legislativo promueva y promulgue el Poder Ejecutivo para alcanzar otro milagro mexicano como fin supremo.
• Reforma social y democrática del estado, de leyes y acciones que contribuyan a construir una verdadera separación de poderes y sentar las bases para generar una mayor participación de la ciudadanía en la definición y seguimiento de las políticas públicas, creando esquemas de democracia participativa y directa; recuperar el sentido social de la Carta Magna que ha menoscabado el periodo neoliberal, que pretende continuar el capital ahora con la mayor presencia global. Por ello se exige justicia, equidad y pleno respeto a los derechos de la vida digna de la mayoría de la población. Acuerdo nacional donde la sociedad, en su amplio espectro social y político, defina el desarrollo, empleo en una economía sostenible y sustentable que revierta la pobreza.
• De mecanismos de participación social donde todas y todos formemos sean parte, para el desarrollo nacional, el beneficio de toda la nación. En una transformación que requiere la construcción y consolidación real de organizaciones sociales del campo y de la ciudad con sello de identidad,  autonomía e independencia respecto al Estado, de poderes y partidos políticos como expresión diversa de la sociedad, de federalismo verdadero y equitativo sustentado en el municipio libre para distribuir las responsabilidades, funciones, recursos, sean auditables y rindan resultados transparentes, punibles ante el incumplimiento de funciones y leyes, erradicando desigualdades sociales y pobreza.
• En derechos humanos, libertad para los presos políticos, alto a la represión de la lucha social y la presentación con vida de los desaparecidos. Denuncia para la mayor seguridad en el campo. Respeto a la labor de las organizaciones campesinas y su reconocimiento como portavoces de un importante sector de la sociedad. Donde la exigencia social para la dignidad humana, se considere como defensa frente al poder omnímodo del Estado, por su fuerza legal, a veces ilegitima por el camino no justo e inmoral que sigue, como ignorar la pobreza de la ciudadanía, tardanza o no respuesta de justicia. La voracidad de capital, sus dueños que aprovechan derechos para defender todo lo que implica el mercado, por sí, para sí o con apoyo del Estado, evasión para su cumplimiento, con la finalidad de obtener la mayor ganancia, con mayor fuerza sobre todo ante sus crisis. Que por sus indicadores (IDH) se demuestra menor cumplimiento de derechos (54) en el país e incluso por región. A esto responde los señalamientos de medidas que exige justicia las organizaciones sociales.
• Finalmente, en la marcha del 31 de enero de 2025, respecto al PND, se apunta “se requiere generar políticas públicas que atiendan las necesidades de los trabajadores del campo y la ciudad, que propicien el desarrollo científico y cultural autónomo y que involucren a los procesos de asimilación e innovación tecnológicos necesarios en todas las regiones y sectores productivos del país. Estas políticas deberán concretarse a través de instancias de diálogo social permanente como los Consejos Económicos y Sociales de Estado y en cada entidad, que a participación de trabajadores se provenga propuestas desde sus bases, que es otra forma de participación de la ciudadanía, pues solo de esta manera se podrán aprovechar cabalmente las oportunidades que ofrece la relocalización de inversiones y superar así el modelo maquilador propio de las políticas neoliberales.

Reflexión final

Lamentablemente, el diálogo social con los trabajadores en el anterior y actual administración ha sido muy limitado. Aunque la política social fue cambiante a favor de los más marginados.

Es importante considerar el procesamiento de reformas como la del Infonavit, con las que se pretende restringir la participación de las organizaciones de los trabajadores en los órganos tripartitos de protección de sus ahorros, o en la escasa presencia del sindicalismo dentro del capítulo laboral del T-MEC, en donde prevalecen los organismos de asesoría laboral y las expresiones gremiales ligadas a los contratos colectivos de protección patronal.

Por ello, las organizaciones campesinas, obreras y populares  insisten en la ampliación del diálogo social para abordar aquellos proyectos e iniciativas que son de interés de los trabajadores, señalando:

• Recuperación del salario mínimos y contractual
• Fortalecer la libre sindicalización, la contratación colectiva y prohibir el trabajo infantil
• Seguro de desempleo y reducción de la jornada laboral a 40 horas con pago de 56, así como el incremento de aguinaldos y el pago de utilidades según lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, fracción novena
• Anticipar el recambio  tecnológico y reglamentar los sistemas de trabajo vinculados  a  la inteligencia artificial o el trabajo a distancia
• Promover la igualdad sustantiva, en todos los ámbitos de la vida laboral
• Recuperación de la soberanía energética del país por medio del fortalecimiento de PEMEX y CFE
• Plan nacional de infraestructura que permita el despliegue de carreteras, redes digitales y vías férreas
• Política aeronáutica de Estado que garantice la soberanía del espacio aéreo nacional
• Apoyo a la Recuperación de la soberanía digital del país y del desarrollo científico y tecnológico autónomo, por medio del aprovechamiento de la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación
• Presupuesto suficiente para el desarrollo de actividades sustantivas y legítimas demandas de  trabajadores de la educación, ciencia, salud y cultura
• Eliminación de las restricciones que se impusieron al sindicalismo universitario con las reformas constitucionales de 1980
• En seguridad social: desaparición del sistema de las Afores con la finalidad de restablecer el esquema solidario de pensiones de beneficios definidos en el IMSS e ISSSTE, incremento de las pensiones por encima de la inflación real, así como eliminar las UMAS como medida de cuantificación y tope de pensiones y regresar a los salarios mínimos como estaba originalmente, pago de prestaciones como el bono de despensa o previsión social en las mismas condiciones que para los trabajadores activos
• Servicios médicos suficientes y de calidad incluyendo los especializados para adultos mayores; abasto suficiente de medicamentos y contratación del personal necesario; respeto a la estructura tripartita de Infonavit y Fovissste
• Recuperar la autosuficiencia alimentaria del país, para ello se sugiere impulsar la llamada iniciativa 21 promovida por el sector campesino, lo que supone la reforma del artículo 27 constitucional a fin de introducir los cambios orientados a profundizar la transformación del campo, reconociendo a los pequeños y medianos productores agrícolas como una clase social capaz de impulsar la soberanía alimentaria para lo cual se propone conformar un estructura conjunta con el gobierno federal que promueva la integración de las cadenas  productivas y el impulso  de un nuevo modelo de desarrollo agropecuario, con pleno respeto de los derechos humanos de las comunidades del campo, especialmente en lo referente al acceso y disfrute de sus  territorios, a la próxima revisión del T-MEC será necesario fortalecer la participación de los sindicatos para llevar a cabo un seguimiento y evaluación de su Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR)
• Para recuperar el crecimiento con desarrollo social se propone valorar la pertinencia de llevar a cabo una profunda reforma fiscal de carácter progresivo que, junto a los ingresos provenientes del combate a la corrupción, a la evasión y a la elusión fiscales garantice el financiamiento de este tipo de programas
• No se acepta de ninguna manera que, en aras de una política de ahorros mal entendidos, se eliminen organismos públicos descentralizados como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), o que se escatimen recursos esenciales como ocurre en el caso del ININ
• los sobrecargos de aviación cuyo derecho a elegir a sus representantes está siendo vulnerado, debido a la negativa de las autoridades laborales a otorgar la toma de nota para parte de su representación sindical
• Campesinos de la CNPA-MN, exigen justicia por los asesinatos de sus lideres, además el respeto a los derechos de las comunidades agrarias y la libertad de los presos políticos
• Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa demandan el esclarecimiento del emblemático caso de violación a los derechos humanos
• Trabajadores de los sectores de educación, ciencia y cultura cuyas revisiones salariales y contractuales, así como la modificación de sus condiciones generales de trabajo deben resolverse satisfactoriamente con base en el diálogo y la negociación.

Es claro la solidaridad y apoyo que se tiene por todos los mexicanos y mexicanas en unidad para la C. Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en relación a los acontecimientos que devienen ante la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Continuar con la política que significa primero los pobres, participar desde el mundo del trabajo en los proyectos de gobierno como los anunciados en el “Proyecto México”, auto eléctrico, producción de semiconductores, maíz transgénico, y aquellos que beneficien al país, que, como sociedad y trabajadores, en sus demandas que históricamente se realizan, se habrá de caminar afrontando los problemas y soluciones de orden interno y externo.

[1] Collado, María del Carmen. Autoritarismo en tiempos de crisis. Scielo, Historia moderna y contemporánea/Instituto Mora, México. Nota 1: Miguel de la Madrid Hurtado, Cambio de rumbo, Testimonio de una Presidencia, 1982-1988, p. 19. https://www.scielo.org.mx/pdf/hg/n37/n37a6.pdf

2 Movimiento Ciudadano. Dos años, diez errores de EPN. 2 dic, 2014. https://movimientociudadano.mx/replica-de-medios/dos-anos-diez-errores-de-epn

3 Citado en Nexos, El gasto social de los estados en la era neoliberal (2000-2018): más recursos, menos esfuerzo. Por Anahely Medrano Buenrostro en: Diaz-Cayeros, A., “Fiscal federalism and redistribution in Mexico”, Federalism and Social Policy Patterns of Redistribution in 11 Democracies, Scott y Heather (Coords.), University of Michigan Press, pp. 247-269, 2019. Marzo 2, 2022. Recuperado 28/01/25 en https://federalismo.nexos.com.mx/2022/03/el-gasto-social-de-los-estados-en-la-era-neoliberal-2000-2018-mas-recursos-menos-esfuerzo/

4 Ramírez Cuevas, Jesús. Una radiografía de las organizaciones agrarias. Movimiento campesino: las razones de la furia. Tomado de: https://www.iatp.org/sites/default/files/Movimiento_campesino_las_razones_de_la_furia.htm#:~:text=Surge%20en%201995%20a%20partir,mil%20productores%20de%2018%20estados.

5 DIEZ COMPROMISOS DE FOX. 30 mayo 2000. http://www.mexicomaxico.org/Voto/4A/FoxCompromisos.htm

6 Universidad de Guadalajara, Gaceta. Promesas sin cumplir. septiembre 5, 2011. https://www.gaceta.udg.mx/promesas-sin-cumplir/

---