Las acusaciones de Michael J. Sommers, del Instituto Estadounidense del Petróleo (API), en contra de la Comisión Reguladora de Energía y de Pemex son exageradas e infundadas, incluso falsas, por lo que sería importante realizar las aclaraciones pertinentes.
Juan Enrique Flores Rojas • 7 de julio de 2020 •
Fue filtrada a los distintos medios de comunicación una carta en la que Michael J. Sommers, titular del Instituto Estadounidense del Petróleo (API), solicita reunirse con los secretarios de Estado, de Comercio y de Energía de Estados Unidos para discutir las políticas del sector energético de México por una serie de supuestas violaciones a la regulación mexicana y al T-MEC, y que habrían sido cometidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Energía (Sener) y la Procuraduría Federal del Consumidor para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En primer lugar, hay que mencionar que las empresas de hidrocarburos quejosas son parte de matrices internacionales[MOU1] , las cuales han solicitado el apoyo del API para que éste pida al gobierno de Estados Unidos[MOU2] , apelando a su supuesto liderazgo energético, y debido a la importancia de los mercados mundiales de exportación de energía, para que intervenga ante el gobierno de México, reclamando una supuesta –inexistente– discriminación de este en su contra.
Este es un caso típico de acuerdo de cartel y es perseguido en casi todos los países, ya que no permite la competencia, o sea no se debería haber pactado un acuerdo de esa naturaleza, se quejan de que aún comprando las mejores gasolineras no han alcanzado sus cuotas de “inversión” o ne le llegan a sus metas. Quizás hay más mexicanos como yo, que no entro a una gasolinera que no sea de Pemex.
En el anexo a la carta enviada al secretario de Estado Mike Pompeo –entre otros– se exponen las supuestas violaciones: que la CRE está obstaculizando y negando los permisos de cambio de propietarios, debido a que este proceso plantea en uno de los requisitos que se le presente el balance de productos de los últimos cinco años, y al no cumplirse no se da la autorización. La falta del balance diario podría ser indicio de compra de combustible robado, mejor conocido como “huachicol”.
En los siete casos de expendedoras minoristas a las que se ha negado la autorización de cambio de propietario se les avisa que pueden impugnar mediante un amparo, es decir, en todos los casos se respeta el debido proceso.
Otra de las quejas formuladas fue que la Profeco realizó inspecciones a expendedores acompañada por la fuerza pública, en este caso la Guardia Nacional. Esto es cierto; incluso en conferencia de prensa, el titular de esa procuraduría lo notificó al presidente López Obrador, ahí presente, y explicó que el día 9 de abril del 2020 acudieron a 15 gasolineras que se habían negado a ser verificadas con anterioridad, ubicadas en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Estado de México. Como resultado de estas visitas de verificación –en algunas de las cuales también colaboraron la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA–, se inmovilizaron 30 instrumentos de medición para el despacho de combustible, que presentaron diversas irregularidades. Con estas verificaciones se protegen los intereses de los consumidores para que reciban “litros de litro” y gasolina con la calidad normada, que no sea adquirida en el mercado ilícito del “huachicol”, delitos que de ninguna forma pueden considerarse una falta menor, como se dice en la misiva que hizo llegar Sommers a Mike Pompeo.
Una de las quejas es que se le permite a Pemex vender productos fuera de la NOM-16-CRE-2016. Efectivamente, debido a las condiciones de disminución de la demanda de gasolinas y diésel a raíz de la pandemia de Covid-19, no había cupo para el almacenamiento, y esto necesariamente modificó los requerimientos de importación de petrolíferos
Por ello, del 15 de junio al 31 de agosto Pemex recibió autorización de la CRE para distribuir al mercado minorista en determinadas zonas de sureste, centro y Pacífico gasolina con una presión de vapor B-2, y por esta misma causa se autorizó la distribución de diésel hasta con 500 ppm de azufre en sólo siete de las más de 80 terminales de almacenamiento y de distribución. Las zonas donde fue autorizada esta distribución no son de alta densidad poblacional, y están muy distantes de las principales áreas metropolitanas del país, por lo que no se compromete el buen funcionamiento de los motores ni la seguridad de los consumidores. Dicha autorización no puede constituir trato desigual, en la medida en que no se presentó una solicitud similar por parte de otra compañía distribuidora, y debido a que se tienen perfectamente acotados tanto los puntos donde se podrán expender estos combustibles como la temporalidad de la medida.
Otro de los reclamos es que Pemex no ha cedido a tales empresas los porcentajes del mercado nacional acordados por la reforma energética neoliberal que, arguyen, afecta que puedan ganar la preferencia de los consumidores, como si ello fuese responsabilidad de Pemex; aunque sí han estado adquiriendo las gasolineras más rentables del sistema de franquicias de Pemex, y lo hicieron incluso con financiamiento para la “modernización” de estaciones de servicio con recursos de los bancos de desarrollo del Estado mexicano.
Se quejan también de que se está solicitando a las compañías que cumplan con un mínimo de almacenamiento para abastecer su mercado por el equivalente a la demanda de cinco días, y debido a que éstas no han hecho inversiones en terminales de almacenamiento y distribución de su marca, no han podido satisfacer tal requisito. Esta disposición fue emitida desde 2017, y sólo Pemex ha cumplido con ella.
Sabiendo que las empresas comercializadoras y distribuidoras no podrían acreditar la existencia de la infraestructura requerida con la capacidad de almacenamiento suficiente, y en consecuencia no estarían en posibilidad de cumplir con el 50% de almacenamiento mínimo en la terminal que abastece a su mercado objetivo vía autotanque, en diciembre de 2019 se les dieron facilidades para cubrir el porcentaje faltante en otras terminales ubicadas en territorio nacional. Mas aun, se les comunicó que con la finalidad de garantizar el suministro de productos petrolíferos para la población, la obligación de cumplimiento de inventarios mínimos iniciaría el 1º de julio de 2020 para todos los comercializadores y distribuidores de gasolina, diésel y turbosina. En el caso de aquellos que hubieran contratado almacenamiento en terminales y su operación iniciará después del 1º de julio de 2020, deberán cumplir con la obligación de inventarios mínimos mediante la adquisición de tickets, de conformidad con lo establecido en la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. Como se puede apreciar, estas disposiciones se han establecido con los tiempos suficientes para ser cumplidas mediante la inversiones pertinentes –que no hicieron muchas de las compañías que ahora se quejan.
Existen otros reclamos, como que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les exige el cumplimiento de los avisos de impacto ambiental para la nuevas instalaciones, y que quedarán sujetas, en caso de ser autorizadas desde el punto de vista ambiental, a un seguimiento de las inversiones en prevención y mitigación de riesgos, así como posteriormente a las condiciones operativas autorizadas por esa dependencia.
Como se puede observar, no son reglas muy diferentes de las que se imponen en Estados Unidos, se acordaron con los plazos suficientes, y las autoridades mexicanas han tenido la flexibilidad de ofrecer alternativas para su cumplimiento.
Por lo anterior, la queja es excesiva e infundada, y constituye un elemento que enrarece las relaciones entre México y Estados Unidos. Incluso podría considerarse una incitación a la continuidad de las agresiones que diariamente recibe el gobierno de México en diferentes frentes por parte de quienes se oponen a sus políticas. Puede entreverse que esta información sin fundamento es parte de la guerra sucia contra la Cuarta Transformación que impulsa el actual gobierno de México y de la resistencia de las compañías petroleras internacionales que temen perder los privilegios que consideran haber ganado con la reforma enérgetica neoliberal.