Daniel Moser • 21 de enero de 2019
Cuando al asumir la presidencia en 2006 Felipe Calderón anunciara su “guerra” contra el crimen organizado, abundaron quienes sostenían que “por fin se tomó al toro por las astas” y muchos más fueron quienes se quedaron callados, en implícita convalidación.
Doce años después, una gran mayoría de quienes así reaccionaron se mantienen en sus dichos a pesar de los resultados: 44,000 desaparecidos y más de 250,000 asesinados, según poco confiables cifras oficiales(1) del régimen 1982-2018, que posiblemente reduzcan la verdadera magnitud de la tragedia nacional.
Hoy, cuando el nuevo régimen iniciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pone en marcha su proyecto de Cuarta Transformación sobre las ruinas de un Estado mexicano desmantelado, no han pasado ni dos meses de la toma de posesión del actual presidente y ya están exigiendo que dé resultados.
Estos mismos individuos que celebraron la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado mediante la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a recorrer las calles con operativos aislados, hoy se rasgan las vestiduras por la decisión de AMLO de crear la Guardia Nacional con una mayor parte, al menos en un comienzo, de elementos de las FF.AA.
Sectores de izquierda y organizaciones sociales, desde otra posición, y de la misma manera que en su momento lo hicieron respecto de la decisión de Calderón de comenzar su “guerra” contra el crimen organizado, también se manifiestan en contra de la intervención de las FF.AA. en tareas de seguridad interior integrando una Guardia Nacional.
Si bien los reaccionarios que respaldaron la “guerra” de Calderón y los sectores de izquierda y sociales (muchísimos de los cuales muy probablemente votaron y respaldan en general las políticas de AMLO) coinciden en oponerse a la participación de las FF.AA. en tareas de seguridad interior, resulta manifiesta la incongruencia de los primeros y la congruencia de los segundos.
Hay otra coincidencia entre ambos sectores, y considero que esta es la más relevante: ambos pierden de vista el contexto en que se propone y pretende integrar a las FF.AA. a la Guardia Nacional.
Las diferencias entre el contexto de 2006 y el de 2019 son sustantivas, abrumadoras y no pueden dejar de considerarse a la hora de evaluar la decisión de AMLO de crear la Guardia Nacional con la integración de las FF.AA. para enfrentar y reducir los altos niveles de inseguridad que padece el pueblo de México.
En el 2006 el objetivo central de la decisión de Calderón de sacar a las FF.AA. a la calle era el de respaldar su frágil presidencia lograda mediante el evidente y comprobado fraude electoral, para dar continuidad al régimen neoliberal instaurado en 1982, consolidado por Carlos Salinas de Gortari en 1988 y continuado por el contubernio PRI-PAN con Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
En 2006 y hasta 2018, la estrategia –si es que se le puede llamar así– fue que grupos de tarea de las FF.AA. realizaran operativos aislados en todo el territorio nacional para enfrentarse directamente con grupos del crimen organizado, lo que en no pocas ocasiones resultó en civiles inocentes muertos y violación de derechos humanos por parte de las FF.AA. Doce años después, los resultados concretos de la “estrategia” de Calderón y Peña merecen reiterarse: 44,000 desaparecidos y más de 250,000 asesinados, además del aumento del crimen organizado y desprestigio de las FF.AA.
Muy distinto es el escenario en 2019. AMLO asume la presidencia con un margen incuestionable de más del 53% de los votos, que muy probablemente debió haber sido mayor de no haberse realizado el fraude que históricamente va del 3 al 5% de la votación. Como el resultado fue tan contundente y la celebración popular multitudinaria tan llena de esperanza, nadie se preocupó por un fraude y el asunto quedó en el olvido. Otro aspecto a resaltar en el contexto de 2019, es que la propuesta de creación de la Guardia Nacional plantea una serie de políticas como la formación de sus integrantes en materia de derechos humanos y una directriz de prevención y disuasión y no de represión.
Aunque importantes y merecedores de minuciosa revisión, no son los aspectos reglamentarios o legales el punto central a considerar a la hora de juzgar la conveniencia o no de la creación de la Guardia Nacional con la integración de las FF.AA. El punto central a considerar es la intencionalidad política de López Obrador.
Quien por su condición de presidente de México es también comandante el jefe de las FF.AA., en más de una ocasión dejó explícito su compromiso de “jamás dar orden de reprimir al pueblo” y siempre bregar por “irrestricto respeto a los derechos humanos”, entre otros referidos a la participación de las FF.AA. en la Guardia Nacional en este momento de emergencia nacional. Hace poco señaló en una de sus conferencias matutinas: “Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No vamos a enfrentar la violencia con la violencia. Esa no es una solución. Por eso la decisión que se ha tomado en este caso y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Este no es un asunto militar, ni policial.”
No cabe duda que los sectores reaccionarios que apoyaron la “guerra” de Calderón y ahora se oponen a la Guardia Nacional no atenderán ningún argumento, porque su objetivo no es el que manifiestan sino el de boicotear las políticas del nuevo régimen que ya está afectando sus intereses espurios.
No debería ser el caso de los sectores de izquierda y organizaciones de la sociedad civil que hoy se oponen a la iniciativa para combatir la inseguridad con la participación de las FF.AA. Éstos tienen la responsabilidad de reflexionar, y sin dejar de estar atentos y exigir reglas claras y transparentes que garanticen el accionar en el marco de la ley, deberían considerar más abiertamente, y en contexto, la propuesta de Guardia Nacional.