Carlos Ricardo Menéndez Gámiz

Los mexicanos tenemos presente que el presidente electo en julio de 2018 reconoció la necesidad de modificar la reforma educativa, que Peña Nieto denominó como “el máximo logro de su administración”. El propósito expresado por López Obrador tal vez lleve implícito modificar no solamente a la normatividad y los programas educativos, sino incluso modificar la Ley General de Educación (LGE).

Es necesario señalar que la ley consta de 85 artículos y en ellos se asignan fines y objetivos muy precisos a la educación, a la sociedad y a los medios de comunicación.

El capítulo VII de la LGE se dedica al papel de la participación social en la educación en los artículos 65 al 74. Es un capítulo muy relevante, que se distribuye en tres secciones. La sección 1 se dedica a los padres de familia, la sección 2 a los consejos de participación social, y la sección 3 se refiere a los medios de comunicación, en su artículo 74.

Mediante esta redacción, se establece un marco de actuación de los medios de comunicación; al respecto se transcribe:

“Artículo 74.- Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8°.”

El artículo 8 señala que el criterio que orientará la educación estará basado en “los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños…”

Los medios de comunicación harían muy bien al apegarse a este mandato legal, sin menoscabo de salvaguardar que los contenidos de sus programaciones se cercioren de ser de carácter democrático que vigile el mejoramiento de vida de los mexicanos; nacional, para comprender nuestros problemas, aprovechar nuestros recursos; de defensa de nuestra independencia económica, social, política y desarrollo cultural; mejore la convivencia humana, con los ideales de la fraternidad e igualdad, evitando los privilegios de raza, religión, sexo o individuos; y de calidad, es decir con congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.

Veamos rápidamente los mandatos del artículo 7 sobre los fines que debe perseguir el Sistema Educativo en nuestro país, y el papel que desempeñan los medios en su cumplimiento. Se destacan los siguientes:

El primer propósito es lograr que la educación contribuya efectivamente al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas; preguntémonos y tratemos de responder: ¿en qué medida los medios de comunicación en México contribuyen al logro de este mandato?

Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos.

Debe fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, así como el aprecio por la historia, nuestros símbolos patrios y para las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país.

Una educación promotora del conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y de respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, reconociendo la pluriculturalidad nacional y derechos humanos de las personas que hablan su lengua, para acceder a la educación obligatoria en su propia lengua. Sin duda este es una tarea muy compleja, considerando que las regiones indígenas son las que tienen las mayores carencias en infraestructura educativa.

Otras responsabilidades que la ley asigna al Sistema Educativo Nacional es la de infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos los ciudadanos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad.

La educación en México también debe promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante la ley, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.

La educación México fomentará la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

La educación fomentará las actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como su comprensión, aplicación y uso responsables.

En la ley también se señala que la educación debe impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación.

Las responsabilidades de la educación abarcan la nutrición y estímulo a la educación física y la práctica del deporte.

Tiene que desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias.

La educación del mexicano debe inculcar conceptos y principios de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad.

También debe proporcionar elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales.

Fomentará actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.

Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

Para garantizar el buen gobierno, la educación también debe formar mexicanos que practiquen y exijan la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

Para ello es muy necesario que la educación promueva y fomente la lectura y el libro.

La educación debe difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

La ley también asigna a la educación la realización de acciones educativas y preventivas para evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Cierro esta reflexión señalando una vez más que la LGE es más que un amplio catálogo de buenos deseos; es un marco de actuación para los diversos actores del sistema educativo, dentro del cual, lamentablemente, no se considera a los medios.

Sorprende que siendo los medios de comunicación organizaciones tan diversas, originalmente son concesiones del Estado, y siendo tan importantes recursos en la estrategia educativa de un país como México, la Ley de Educación sólo les dedique un artículo. Esta situación además genera una pregunta que queda en el aire sin respuesta: ¿a qué instancia del gobierno federal o autoridad competente realizar la vigilancia, detección y aplicación de las sanciones correspondientes? Si usted lo sabe, envíenos sus comentarios.