Felipe Soto •

Septiembre 2016

La ilegitimidad de las reglas económicas impuestas por el marco jurídico, es consecuencia de una serie de artimañas por parte de los actores que detentan el poder público, haciendo que  la economía  pierda su esencia política dándole carácter de “ley natural inmanente” y despojándola de su contenido de relaciones humanas

En México existe una crisis de legitimidad en algunos ámbitos del ejercicio del poder público. Destaca, entre estos, el ámbito de las leyes adoptadas en los últimos 35 años en materia económica que, al amparo del ordenamiento jurídico, han cancelado el ejercicio democrático y soberano de la sociedad para rebelarse a las decisiones tomadas por la tecnocracia asentada en el poder público y solapada, cuando no impulsada también por los grupos políticos y económicos que velan únicamente por sus intereses, sin cuestionar la legitimidad de leyes injustas que afectan a la mayoría de la sociedad.

La ilegitimidad de las reglas económicas impuestas por el marco jurídico, es consecuencia de una serie de artimañas por parte de los actores que detentan el poder público, haciendo que  la economía  pierda su esencia política dándole carácter de “ley natural inmanente” y despojándola de su contenido de relaciones humanas.

Al incorporar las decisiones en materia económica al marco legal, se está obligando a su aceptación y obediencia, ya que quien se oponga a dichas leyes estará incurriendo en un acto ilegal, lo que puede implicar sanciones, pero lo más grave es que dichas leyes, aun cuando hayan sido, en principio, aceptadas y aprobadas por la sociedad, los resultados obtenidos con su aplicación irrestricta es injusta y perjudicial para el desarrollo del país.

Alto grado de injusticia social

Por tal razón hace necesaria  su  reorientación o inclusive su derogación, en los casos en que es evidente que los resultados no son compatible con los beneficios esperados cuando se aprobaron, y más aún, cuando los resultados lejos de mostrarse positivos reflejan un alto grado de injusticia social, generan mayor pobreza, desigualdad en las oportunidades de desarrollo individual y la concentración de la riqueza en algunos cuantos, en detrimento de los muchos.

La incorporación de decisiones de política económica al marco jurídico, tiene el germen de la ilegitimidad desde el origen mismo de la creación de la norma cuando esta no es necesaria, carece de los atributos de validez y de justicia social como para que sea aceptada por una sociedad informada. La falta de información y de cultura política en la sociedad, hace que ésta sea víctima propicia del abuso ejercido por la tecnocracia en el poder.

La incorporación de normas económicas en la legislación y más aún en la Constitución, es ilegítima desde el momento mismo en que no se hace una realista “declaratoria de necesidad” de crear una norma legal por la que tendría que pronunciarse la sociedad, como válida; es decir que no se debe considerar legítima una ley cuando solo se basa en declaraciones de que dichas leyes son las que “México necesita” -como las que instrumentan las “reformas estructurales”- sin que se explique por qué se necesita, para qué, en qué momento es más adecuada y sobre todo cuando no se precisa cuáles son los beneficios esperados en su aplicación en términos de que sean justos, razonables y equitativos.

En México la crisis de legitimidad por la incorporación de la política económica al rango constitucional,  impulsada por los “expertos tecnócratas” que ejercen el poder público, se evidencia en leyes como las de inversión extranjera que no generan empleo, la legalización del anatocismo que permite a los bancos cobrar intereses sobre intereses, las que dan libertad absoluta al gobierno en turno para sujetarse a leyes de organismos internacionales o del marco jurídico en otros países, las que modifican el estatus de estratégicos a ciertos recursos como los hidrocarburos, los minerales y, en general, los recursos con los que la naturaleza a provisto para beneficio de la Nación en su conjunto y no solo para algunos grupos económicos nacionales y extranjeros; solo por mencionar algunos de los muchos ejemplos de leyes ilegítimas.

Se debe desnaturalizar la economía

Un nuevo Proyecto de Nación debe “desnaturalizar la economía” e impedir la incorporación de normas económicas que quieran presentarse como leyes inmanentes e inobjetables, para devolverle a la economía política su carácter de actividad humana, de instrumento de justicia social, de distribución de la riqueza, de reducción de la pobreza y de equidad en el acceso para todos los mexicanos a las oportunidades para su desarrollo, así como garantizar el usufructo de los recursos naturales en beneficio de todos los mexicanos y mantener la soberanía para decidir cuándo, cómo y con qué propósito establecer convenios en materia de cooperación con otros países o bloques de países, para el desarrollo económico de México, siempre anteponiendo el interés nacional, frente a los intereses económicos trasnacionales.

Aunado a lo anterior y como un aspecto relevante un nuevo Proyecto de Nación debe garantizar la posibilidad de que la sociedad participe en forma determinante para objetar y, en su caso, modificar o abrogar aquellas leyes que se establecieron ilegítimamente o impedir que se establezcan nuevas leyes de manera espuria que y que afectan los intereses de la sociedad en su conjunto, o que por cambios en el devenir histórico ya no cumplen con los atributos de justicia, equidad y eficacia que en su momento pudieron justificar su incorporación al marco jurídico.