Propuesta para elaborar un proyecto histórico de desarrollo de México a partir de 2018 (versión completa)

 

Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C.

Ciudad de México, Septiembre 2, 2016.

 

1. Introducción.

1.1. Este documento propone algunas tesis fundamentales y la metodología para la elaboración social de un proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos en el siglo XXI.

1.2 El proceso de elaboración de este proyecto histórico de desarrollo debe ser  también un proceso político, que:

1.2.1 articule múltiples sujetos sociales en todo el territorio nacional;

1.2.2. que actúen de manera coordinada en sus luchas particulares, para construir un sujeto político-social a escala nacional;

1.2.3. con fuerza moral y política capaz de modificar la actual correlación de fuerzas de la estructura de poder;

1.2.4. bajo la guía de un proyecto histórico compartido, que fortalece la identidad como Pueblo mexicano, da unidad de propósito sobre el futuro de México como Estado Nación;  así como dirección, sentido e impulso a la articulación de diversos sujetos y luchas sociales;

1.2.5. desde el momento actual, durante la coyuntura electoral y federal de 2018 y en el futuro;

1.2.6. que dirijan a México hacia un proyecto histórico de desarrollo propio de los mexicanos ante la globalización.

1.3. La necesidad de recuperar el proyecto histórico de desarrollo propio de los mexicanos ante la globalización, y ante el expansionismo neocolonialista estadounidense, no es una opción, sino un imperativo ético y racional.

1.4. Todo lo que aquí se expone está sujeto a discusión. Existe una insuficiente discusión teórica y filosófica para formular la condición del capitalismo y de la humanidad al inicio del siglo XXI.

1.5. El neoliberalismo como ideología se profundiza paradójicamente, en la medida que se manifiesta su profundo fracaso, ante la ausencia de un verdadero debate filosófico, teórico e ideológico en nuestra nación.

1.6. Las múltiples crisis multidimensionales del capitalismo en el mundo, son el escenario ante el cual se debe entender la crisis e inviabilidad de la economía política tributaria y dependiente que se ha establecido en México.

1.7. La inminente pérdida de soberanía nacional y condición de nación soberana e independiente ante los Estados Unidos de América, sitúan a México ante una disyuntiva histórica: involucionar en colonia estadounidense con un régimen de Apartheid; o recuperar la soberanía ante las fuerzas de la globalización y participar bajo condiciones de interdependencia en el sistema internacional.

1.8. Sólo la segunda alternativa permitiría a los mexicanos ampliar sus libertades, justicia, democracia y desarrollo integral y sustentable.

1.9. ¿Es posible modificar el capitalismo tributario y dependiente mexicano, ante las fuerzas de la globalización? Sí, sí es posible esta transformación. No sólo es posible, sino que es un deber histórico.

1.10. Este documento tiene los siguientes apartados:

1.10.1. Tesis sobre filosofía de la historia. (Fundamento filosófico)

1.10.2. Tesis sobre la crueldad del capitalismo informacional global. (Fundamento científico sobre las causalidades históricas contemporáneas)

1.10.3. Coyuntura histórica mundial y cambio de la posición geopolítica de los Estados Unidos de América en el sistema internacional de estados nación. (Fundamento sobre las causalidades de los cambios de estructura del poder global)

1.10.4. Tesis sobre la estructura de poder del estado nación mexicano y su relación con el poder estadounidense.

1.10.5. Tesis sobre la economía política tributaria y dependiente de México; su necesaria inviabilidad e inevitable colapso sistémico.

1.10.6. Tesis sobre las finalidades de México como estado nación en el siglo XXI.

1.10.7. Tesis sobre el sistema de políticas de Estado necesarias para la libertad, justicia, soberanía y desarrollo, para que México realice sus finalidades en el Siglo XXI.

1.10.8. Objetivos generales de las políticas de Estado para el desarrollo de México en el siglo XXI.

1.10.9. Tesis sobre la estrategia política para realización de los fines nacionales; la recuperación del poder nacional y sus fases de desarrollo durante el periodo 2018-2024.

 

2. Tesis sobre filosofía de la historia. (Fundamento filosófico) 

2.1. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es libertad? ¿Qué es justicia? ¿Qué es la ética? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la historia humana? ¿Qué debe ser el ser humano? ¿Cuál es la finalidad de la historia humana?

2.2. Estas y otras preguntas relacionadas exigen una fundamentación, es decir una demostración racional de su contenido.

Demostrar es ofrecer los argumentos sobre la necesidad del contenido de un concepto, categoría o juicio como verdadero o falso.

Por ello, la única vía de acceso al conocimiento de lo verdadero o lo falso es la filosofía. Los juicios científicos suponen de manera necesaria categorías metafísicas conocidas por la filosofía (por ejemplo, causa, realidad, entre otras).

2.3. Como herencia del pensamiento Griego al mundo, la demostración filosófica tiene consecuencias políticas prácticas y éticas, pues obliga al reconocimiento de aquello que se demuestra verdadero y al rechazo de lo que se demuestra falso.

2.4. Esta propuesta inicial presenta argumentos sustentados en los aportes de Aristóteles, Kant, Hegel y Miranda, principalmente.

2.5. Es indispensable una deliberación filosófica sistemática, que incorpore en la discusión otras posiciones y argumentos desarrollados en América Latina, como la sociología de González Casanova, la filosofía de la liberación de Dussel, los aportes sobre la filosofía de la historia y la crítica de la economía política de Echeverría, o la filosofía de la descolonización, entre otros.

2.6. La conciencia ética de la injusticia es el motor del pensamiento histórico crítico, que no se propone simplemente entender el mundo de manera diferente, sino transformarlo éticamente (Tesis sobre Feuerbach).

2.7. Los  oprimidos del mundo disponen de este conocimiento, en la medida que luchan. El pensamiento ético-crítico se construye en las luchas por la justicia.

2.8. Tesis sobre el concepto de ser humano. 

2.8.1. Conforme a Aristóteles y Hegel, ser humano es viviente con libertad imperada por la racionalidad ética (Zoon Politikon).

2.8.2. Racionalidad ética es fundamentar finalidades.

2.8.3. Racionalidad ética es la capacidad específicamente humana de distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente; entre el bien y el mal (Aristóteles).

2.8.4. Bien es todo lo que conduce a la plena realización de lo humano; mal es lo que impide, limita o es contrario a la plena realización de lo humano.

2.8.5. La racionalidad ética es la específicamente humana y nos distingue de todos los otros vivientes (Miranda).

2.8.6. Libertad no es instinto; sino consciente autodeterminación de la voluntad ante el discernimiento ético que distingue bien y mal.

2.8.7. Es imposible ser libre sin autoconsciencia ética.

2.8.8. La realización de la libertad de todo humano exige el desarrollo de su conciencia ética.

2.8.9. Lo natural en todo humano es el impulso instintivo de todo viviente a la dominación e imposición a otros del poder e interés particular.

2.8.10. Ser humano no es algo natural; todo humano debe hacerse humano por la auto-consciente auto-determinación ética de su propia voluntad.

2.8.11. Ser humano no es un hecho, sino un deber: no se es humano de suyo y de manera natural; sino que todo humano tiene el imperativo de hacerse humano (Miranda).

2.8.12. Conforme a Hegel, es imposible la existencia de un yo sin un tu, sin un otro. Es imposible la existencia humana desvinculada de otros seres humanos.

2.8.13. La realidad de todo ser humano es la intersubjetividad, sin la cual es imposible la autoconsciencia y la propia subjetividad.

2.8.14. Hacerse humano es imposible fuera de la relación ética con otros humanos: ser humano se hacerse humano para sí y para los demás.

2.8.15. Cada uno de los seres humanos existentes es lo único que puede ser considerado fin en sí mismo.

2.8.16. Reconocer a todo humano como fin y nunca como medio; conforme a Kant, es imperativo ético (deber) absoluto sin contingencia.

2.8.17. El imperativo ético obliga a todo humano a reconocer a todo otro humano como fin en sí mismo.

2.8.18. Libertad propia desvinculada del imperativo ético no es verdadera libertad, pues no realiza el deber que establece el imperativo ético.

2.8.19. Racionalidad tecnológica es la determinación de los medios más adecuados para la realización de finalidades.

2.8.20. La racionalidad tecnológica es heterónoma, relativa y debe ser constantemente modificada según la eficacia alcanzada por el desarrollo de medios alternativos.

2.8.21. La racionalidad tecnológica la comparten los seres humanos, en distinta magnitud, con todos los vivientes.

2.8.22. Toda acción humana para garantizar su existencia y autoconservación constituye un medio y nunca un fin en sí mismo.

2.8.23. El cosmos y la natura no son libres; no disponen de autoconsciente auto determinación; porque están hetero-determinados por leyes e instintos.

2.8.24. La autoconservación humana determina necesariamente su responsabilidad ética para la conservación del cosmos y de toda forma de vida.

2.8.25. El ser humano no es el centro del universo: es responsable desde la libertad y el imperativo ético, de la conservación de la vida y del cosmos como un todo.

2.8.26. La verdad del concepto de ser humano no es relativa, sino absoluta.

2.9. Tesis sobre la igualdad de todo ser humano.

2.9.1. Todo humano es libre y dispone de la capacidad de desarrollar su libertad y su racionalidad ética.

2.9.2. Esta universal capacidad de todo humano fundamenta la absoluta igualdad de dignidad de todo humano.

2.9.3. Desde la condición de absoluta igualdad de todo humano; cada humano es único e irrepetible.

2.9.4. Por consiguiente, desde el punto de vista de su libertad, dignidad, derechos y deberes, no tiene fundamento establecer ninguna categoría diferenciadora de jerarquía entre los seres humanos.

2.9.5. La prelación de la voluntad e interés individual y egoísta, sobre la realidad del deber que expresa el imperativo ético, no tiene ningún fundamento. El egoísmo o individualismo no puede prevalecer sobre el deber de reconocer a los otros como fines en sí mismos.

2.9.6. Por la misma razón, no tiene fundamento cualquier categoría diferenciadora  de jerarquía de los seres humanos, desde el punto de vista de sus derechos y deberes.

2.10. Tesis sobre la justicia como finalidad de la historia humana.

2.10.1. La finalidad de la historia humana es hacer justicia; no es la auto-conservación instintiva que mantiene la naturalidad de la dominación; sino superar dicha naturalidad, al hacer justicia desde la libertad imperada por lo ético.

2.10.2. Justicia es reconocer en la historia humana, y para todos y cada uno de los humanos existentes, la realidad de su condición de fines en sí mismos; y de su igualdad absoluta de libertad y dignidad, y por lo tanto de derechos y deberes.

2.10.3. La humanidad proviene históricamente de la naturalidad y del proceso de evolución de las especies.

2.10.4. Lo natural en la vida de todo humano y de la historia de la humanidad es la instintiva tendencia egóica de poder y dominación.

2.10.5. La humanidad se constituye a sí misma a partir de la naturalidad y en oposición a ella, sobre la base de la realización de la libertad imperada por la ética (Hegel).

2.10.6. Hacerse humano en la historia es apartarse gradualmente como libre decisión ética, de la instintiva naturalidad de la dominación egóica.

2.10.7. Lo ético es el universo de derechos y deberes que se va estableciendo en la historia humana.

2.10.8. La racionalidad ética se plasma históricamente en deberes y derechos que vinculan intersubjetivamente a los seres humanos.

2.10.9. El universo de humanos vinculados intersubjetivamente por derechos y deberes, es decir por lo ético, es el Estado.

2.10.10. El gobierno no es el Estado. El gobierno es el sistema de poderes e instituciones públicas establecidas por el derecho.

Todo gobierno es decisión de los humanos que participan en el Estado. Todo gobierno es contingente del Estado.

Esta tesis sustenta la supremacía de la soberanía del Pueblo sobre el gobierno, y su poder para modificar el régimen político del Estado (Artículo 39 Constitucional).

2.10.11. Soberanía es la libertad del universo de humanos vinculados por derechos y deberes en un Estado.

2.10.12. La realización de la eticidad no es natural, se construye por la sociedad, en la historia, y es resultado del ejercicio de la libertad ética.

2.10.13. La historia de la sociedad precede a la historia de todo humano. La sociedad es previa y soporte de la existencia de todo individuo.

2.10.14. La eticidad se ha construido históricamente y ha formado diversas formas o antecedentes del Estado, desde la familia, el clan, la tribu, los imperios esclavistas, las ciudades-estado esclavistas, los modernos-estados nación y el actual sistema internacional integrado por naciones hiperpoderosas y por estados nación subordinados al poder de hegemonías que actualmente tienen pretensiones de construir colonias posmodernas.

2.10.15. Las diversas formas de Estado han avanzado en la historia; de la libertad de uno a la libertad de muchos; y se debe dirigir hacia la libertad de todos.

2.10.16. No ha existido en la historia hasta ahora, un verdadero Estado, porque ninguna forma de estado históricamente existente ha garantizado la libertad y justicia de todo humano y la del conjunto de humanos.

2.10.17. Conforme a Agustín de Hipona; un Estado que no se guía por la justicia no es más que una banda de ladrones.

2.10.18. Poder es ocultar a la consciencia de otros humanos la realidad de su igualdad intrínseca de libertad y dignidad, e imponerles por la fuerza aceptada o resistida, su degradación en objetos para realizar intereses egoístas y particulares que no tienen ningún fundamento en tanto que dominación.

2.10.19. Hacerse humano en la historia es resultado de realizar individual y socialmente la racionalidad ética.

2.10.20. La racionalidad ética plasmada históricamente en derechos y deberes, se hace avanzar mediante la crítica de la racionalidad ética existente en una época determinada y por la lucha, incluso violenta cuando no existe otro camino, por superar la supresión de la libertad o la limitada realización de la justicia históricamente existente.

2.10.21. Desde la libertad; la necesidad en la historia, es la consciencia del imperativo ético de reconocer a todo humano como fin en sí mismo y no como medio para ninguna otra cosa, que exige de manera inminente su realización práctica.

2.10.22. La realización práctica de esta necesidad histórica consiste en hacer justicia ante la realidad humana concretamente existente.

2.10.23. El derecho de los pueblos a la libertad, la soberanía y a la justicia, tiene prelación sobre cualquier forma de gobierno. Por eso existe el derecho de resistencia y oposición ante cualquier sistema injusto, así como el derecho de cambiar cualquier régimen político cuya voluntad recalcitrante suprima la libertad y justicia del conjunto.

2.10.24. En la historia, el establecimiento de la soberanía, la libertad y la justicia, ha requerido la rebelión de los pueblos; especialmente cuando las condiciones de extrema pobreza nulifican su participación libre en los asuntos públicos. Estas rebeliones han tenido como finalidad el restablecimiento de la libertad y la justicia, en el Estado.

2.10.25. Los deberes y derechos en los que se formaliza la racionalidad ética tienen un proceso histórico de avance conforme al criterio ético absoluto de reconocer a los seres humanos como fines en sí mismos y con plena igualdad, libertad, dignidad, derechos y deberes.

2.10.26. Lo ético alcanzado en la historia es aún limitada realización del imperativo ético, que siempre admite mayores grados de realización de la eticidad, es decir de superación de la naturalidad egóica y de dominación.

2.10.27. La realización del imperativo de hacerse humano es gradual en la historia de cada individuo y en la historia de toda sociedad.

2.10.28. La historia no es determinista, sino contingente de la ética y de la libertad. La libertad imperada por la ética hace imposible el determinismo en la historia.

2.10.29. El imperativo ético se manifiesta históricamente como necesidad inminente y posible de hacer mayor justicia.

2.10.30. La historia no es determinista ni llega a un fin último, pues siempre existe la posibilidad de hacer mayor justicia. La historia está abierta por lo tanto a una mayor realización del imperativo ético.

 

3. Tesis sobre la crueldad del capitalismo informacional global. (Fundamento científico sobre las causalidades históricas contemporáneas) 

3.1. Tesis sobre el capitalismo.

3.1.1. El capitalismo tiene como finalidad la maximización y acumulación de ganancias materiales por parte de quienes detentan la propiedad privada de los medios de producción, en sus formas financiera, industrial y de servicios.

3.1.2. La esencia del poder en el capitalismo es la relación de propiedad privada de los medios de producción que vincula a los humanos y la posesión de las cosas, lo que establece una diferenciación asimétrica, estructural y permanente entre clases sociales.

3.1.3. El gobierno capitalista está subordinado al poder de los propietarios de los medios de producción; y su sistema de representación política necesariamente está limitado por el poder de los capitalistas, lo que limita al gobierno capitalista para realizar la eticidad del conjunto de humanos participantes en el Estado.

3.1.4. La democracia representativa en el capitalismo sólo representa y reproduce, con distintos grados de injusticia, el poder del capital. Por lo tanto, el gobierno capitalista es, en distinta medida, intrínsecamente injusto.

3.1.5. El gobierno capitalista ha colonizado al Estado con sus intereses particulares. En esto consiste la corrupción del Estado: que los intereses particulares se apropian de las facultades que estaban destinadas a lo público, al interés universal; y que al ser apropiadas por los intereses particulares, impiden que los intereses universales de los humanos avancen hacia su realización (Hegel).

3.1.6. El carácter clasista del estado capitalista se manifiesta por la protección y reproducción de relaciones de dominación y explotación (enajenación) del trabajo humano; así como por la garantía de acumulación privada del trabajo social, mediante el sistema de distribución al capital (utilidades, intereses) y al trabajo (salario); así como mediante el sistema fiscal y el gasto público; que aseguran la reproducción de la desigualdad originaria y permanente entre propietarios y trabajadores.

3.1.7. El capitalismo contiene una doble inmoralidad: la enajenación del trabajo humano y la enajenación de la consciencia; una degrada su vida y la otra su realización ética como ser humano libre.

3.1.8. El capitalismo como modernidad social es intrínsecamente injusto, porque convierte a unos humanos en objeto de dominación de otros humanos, al ser enajenados de su trabajo y de su intrínseca libertad y dignidad.

3.1.9. El capitalismo se sostiene mediante la hegemonía ideológica que propone como falsa finalidad de la historia y de la vida humana, la acumulación de bienes, riqueza y poder; lo que es intrínsecamente inmoral e injusto porque degrada a los humanos a la condición de objetos de acumulación material.

3.1.9.1. suprime al sujeto humano libre y ético, por consumidores y tomadores de decisiones económicas egoístas, que son las únicas que se consideran, falsamente, “racionales”;

3.1.9.2. otorga en cambio, el estatus de “persona” y además “moral” a las corporaciones globales;

3.1.9.3. esta transformación conceptual es una inmoralidad monstruosa: los seres humanos, que son lo único que constituye fin en sí mismo, se convierten en una mercancía que se compra y se vende en el mercado, sin ninguna consideración a su dignidad, libertad y justicia, en particular a través de la forma de contratación mediante el outsourcing; en tanto que las empresas gigantes son consideradas “personas morales”, con derechos que pertenecen a los seres humanos como libertad y justicia.

3.1.10. La permanente construcción de la subjetividad enajenada, por todos los medios e instituciones del poder del Estado, es condición de posibilidad del mantenimiento de las relaciones de poder en el capitalismo (Gramsci).

3.1.11. La injusticia e irracionalidad intrínseca del capitalismo exige su superación en la historia, porque el capitalismo impide la plena realización de la libertad y dignidad de todo humano; de hacer justicia a todo humano; de dar vigencia a los derechos individuales de todo humano; y de realizar los derechos humanos colectivos del universo de humanos vinculados en un estado.

3.1.12. La injusticia e irracionalidad del capitalismo contemporáneo pone en riesgo inminente la existencia de la vida humana, al establecer una relación inmoral e irracional con la natura.

3.2. Tesis sobre el capitalismo informacional global.

3.2.1. Conforme a Manuel Castells, el capitalismo informacional global es una forma endurecida de capitalismo, en el que sus fines de acumulación e irracionalidad se elevan a un nivel superior; en tanto que dispone de innumerables medios que ofrece la revolución tecnológica, que difunde la ideología de este capitalismo de manera directa en la tecnología, la cultura y las nuevas redes de comunicación e información.

3.2.2. En el capitalismo informacional global se dan cambios sustanciales:

3.2.2.1. aumento exponencial de capacidades productivas sustentadas en la automatización y robotización de todas las actividades humanas;

3.2.2.2. desarrollo de nuevas fuentes de energía y materiales, sobre la base de la revolución tecnológica digital;

3.2.2.3. cambio de las escalas de inversión, de poder de mercado y de control tecnológico de los oligopolios mundiales;

3.2.2.4. aumento de la escala de los mercados necesarios para la realización de las nuevas capacidades productivas que propicia la conformación de mercados globales; y por consiguiente el fin de los mercados de alcance nacional;

3.2.2.5. el aumento de la escala de los mercados propicia una mutación de la competencia, que ahora funciona como sistema oligopólico en la economía mundial;

3.2.2.6. nueva relación entre acumulación de capital, inversión, crecimiento económico, empleo, salarios y tributación en el capitalismo informacional global;

3.2.2.7. disminución de la capacidad de generar nuevos empleos por unidad de inversión; y creación de empleos en servicios, con bajas remuneraciones y carencia de derechos laborales y sociales;

3.2.2.8. disminución del poder de negociación de los trabajadores al reducirse la capacidad de creación de nuevos empleos debido a la automatización, lo que genera un nuevo tipo de ejército post industrial de reserva; así como por la sustitución de las capacidades de los trabajadores por robots cada vez más baratos y con mayores capacidades;

3.2.2.9. fin de la creación de empleos formales y a lo largo de la vida; lo que provoca una alta rotación laboral, carencia de seguridad social, disminución de la organización y fuerza de los sindicatos, aumento del desempleo, subempleo e informalidad, dispersión y lucha por la sobrevivencia de millones de excluidos y nuevos entrantes a la fuerza de trabajo;

3.2.2.10. eliminación de la relación de dependencia del trabajo del capital y sustitución de esta relación por empresas que compran y venden la fuerza de trabajo como mercancía; cuestión explícitamente prohibida por el acuerdo fundacional de la Organización Mundial del Trabajo, lo que establece una nueva condición de esclavitud posmoderna a la actual y futuras generaciones;

3.2.2.11. disminución de la masa salarial resultado del menor empleo, menores salarios, menores recursos para seguridad social y pensiones; todo lo cual se hace exponencialmente asimétrico entre las naciones capitalistas avanzadas y el resto del mundo;

3.2.2.12. condición de extrema violencia sobre las nuevas generaciones, que son obligadas a sobre educarse para “competir” por el acceso a empleos inexistentes;

3.2.2.13. elevación de las barreras de entrada de nuevos actores económicos, en los estados nación designados para ser fuente de acumulación sustentada en bajos salarios y baja tributación fiscal, lo que agudiza las limitaciones de estos estados nación para promover la creación de riqueza bajo el capitalismo;

3.2.2.14. acelerado proceso de concentración y centralización de capital de las corporaciones; por el cual las corporaciones globales fagocitan las empresas de capital nacional de menor tamaño y más exitosas en todo el mundo; pero que han desarrollado tecnologías propias, mercados específicos y marcas reconocidas a lo largo de décadas; mismas que siguen funcionando ahora al amparo de corporaciones globales que buscan crear y controlar mercados oligopólicos globales;

3.2.2.15. dominio del comercio mundial por las corporaciones globales, que realizan más del 50% de los flujos mundiales de comercio como comercio intra-firma; lo que impide a los estados nación ejercer su poder de tributación, ante la imposibilidad de supervisión y contraloría de los valores de intercambio de mercancías que se sub o sobre facturan, según sea el objetivo de centralizar ganancias en un estado nación, o en ninguno; al tiempo que no se tributan impuestos en los países en donde obtienen sus ganancias;

3.2.2.16. creación de fronteras tecnológicas cada vez más complejas por las corporaciones globales, que disponen de las capacidades tecnológicas y financieras para la investigación, desarrollo tecnológico e innovación; que les permite hacer uso adelantado de los avances de frontera de la economía digital y del conocimiento; que amplía y perpetúa su funcionamiento oligopólico a escala mundial;

3.2.2.17. aumento de la concentración de capital y la riqueza, principalmente a través del sistema financiero, en un puñado de individuos en el mundo, que avanza a mayores tasas que el crecimiento de la economía y que alcanza niveles de concentración jamás observados en la historia; al tiempo que crecen los miles de millones de humanos desposeídos y en condiciones de precaria subsistencia;

3.2.2.18. exceso de capacidades productivas ociosas por la limitada capacidad de los mercados para realizar las mercancías, en virtud de la concentración de la riqueza y el ingreso;

3.2.2.19. este exceso tiene que ver con las inversiones realizadas, lo que necesariamente conduce a la reducción de la tasa de ganancia, que a su vez impulsa la búsqueda de nuevas fuentes de acumulación, mediante la apropiación de bienes públicos, recursos naturales de los países, el patentamiento de la naturaleza modificada por medios tecnológicos, el secuestro del gasto público y las compras gubernamentales, así como la sustitución de funciones y actividades públicas, convertidas en nuevas fuentes para inversión y acumulación privada, a través de concesiones, coinversiones o la total privatización de los servicios públicos;

3.2.2.20. se establece una nueva frontera de acumulación capitalista, mediante la destrucción de lo público y su transformación en propiedad, despojo y explotación privada, lo que conduce a la destrucción de instituciones, recursos y empresas públicas y la privatización universal de lo público.

3.2.2.21. supresión de los límites impuestos a la banca estadounidense tras la Gran Depresión (Ley Glass – Esteagall) en los años noventa, que impedía a los bancos participar como accionistas y en los consejos de administración de empresas distintas a los propios bancos; lo que reanudó la posibilidad de que la banca participe como inversionista en todas las actividades económicas, comerciales o industriales; mecanismo por el cual se convirtió en mecanismo de centralización acelerada de la propiedad a escala global, fenómeno denominado por Castells “la madre de todas las acumulaciones”;

3.2.2.22. distorsión patológica del sistema financiero y bancario internacional, que supera por órdenes de magnitud el tamaño de la economía real, como resultado de su funcionamiento como mecanismo de especulación global; que al alcanzar tamaños descomunales en su apropiación de activos(1), los hace resistentes a la lógica de la rentabilidad, y en su caso, quiebra; imponiendo a los ciudadanos el costo y pago de los descalabros y maniobras fraudulentas del sistema bancario;

3.2.2.23. las corporaciones globales y en particular el sistema financiero, han colonizado los poderes públicos de los Estados nación y reducido su poder nacional;

3.2.2.24. la toma del poder del Estado por el capital global, especialmente el financiero, es capaz de imponer a los estados nación sus condiciones para garantizar su acumulación de capital e impedir una verdadera competencia económica contra sus intereses.

3.2.3. El capitalismo informacional global de las naciones más poderosas, impone y expande su poder a través sus estados nación; hacia los estados nación con menor desarrollo y poder relativo; por el cual imponen a dichos estados, el deber espurio e ilegítimo de garantizar la acumulación de las corporaciones globales, sobre su deber de garantizar los derechos humanos de la población.

3.2.3.1. La más abierta expresión de dominación del capitalismo informacional global, es la imposición de los derechos de las corporaciones a los estados nación, con prelación sobre los derechos de los pueblos.

3.2.3.2. Los representantes de los poderes corporativos y los estados nación de las naciones con mayor desarrollo económico, crearon instituciones financieras (BM), monetarias (FMI), de comercio internacional (GATT/OMC), Acuerdos Multilaterales y de protección jurídica de sus inversiones; con el mandato de subordinar los pactos nacionales constitucionales de otras naciones; con base en la ideología del Estado neoliberal; que se impone como una supuesta tendencia inevitable y necesaria de globalización universal; que no consiste en otra cosa, sino en la expansión de los poderes económicos y geopolíticos de las naciones más desarrolladas hacia otras sociedades a través de sus corporaciones globales, que se convierten en armas de dominación;

3.2.3.3. Las naciones más poderosas utilizan su poder tecnológico como instrumento del poder directo en la economía y en las tareas y funcionamiento de las instituciones públicas de los Estados nación.

3.2.3.4. El capitalismo informacional global impone un límite real, de distinta magnitud, a los estados nación, para garantizar los derechos humanos y colectivos de la sociedad; en virtud de la imposibilidad de realizar la lógica de creación y distribución de riqueza en el capitalismo; porque los derechos del capital corporativo se imponen, por la vía del dominio económico, sobre los derechos de los seres humanos como individuos, colectividades y estados nación.

3.2.3.5. La imposición del capitalismo informacional global destruye los pactos sociales constitucionales de los estados nación y los sustituye por normas legales que impiden la realización de los deberes éticos del estado, al  vaciarlos de su soberanía y su poder para regular a la sociedad capitalista; así como de sus organismos o instituciones públicas en el ámbito económico directo, que son las únicas que pueden crear condiciones de equilibrio frente al poder transnacional global;

3.2.3.6. Los estados nación se mantienen formalmente, pero son vaciados, en distinta magnitud, de su soberanía económica y política, porque:

3.2.3.6.1. Se disminuye su poder de tributación sobre los flujos de inversión, comercio y capital global;

3.2.3.6.2. Se disminuye su capacidad de establecer políticas de fomento a la creación de riqueza por empresas de capital nacional;

3.2.3.6.3. Se disminuye su control de los flujos de comercio interior y exterior;

3.2.3.6.4. Se disminuye la posibilidad de establecer políticas monetarias, financieras y fiscales propias;

3.2.3.6.5. Se disminuye su poder para imponer políticas salariales y de seguridad social redistributivas;

3.2.3.6.6. Se disminuye su poder de designar en los poderes públicos a representantes de los intereses universales de cada Pueblo y Nación;

3.2.3.6.7. Se disminuye su poder de regular los flujos de personas, mismas que son contenidas al interior del espacio nacional, impidiendo el libre movimiento de personas a través de las fronteras nacionales, en particular hacia las naciones más ricas y poderosas; en tanto que los flujos de mercancías y dinero quedan fuera del control del estado nacional y fluyen a través de las fronteras nacionales, según el interés de acumulación de las corporaciones globales;

3.2.3.6.8. Se disminuye su poder de destinar los recursos naturales del estado nación, al desarrollo de la propia sociedad.

3.2.4. De todo lo anterior, resulta de manera necesaria una violencia multidimensional sobre la población, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores; comunidades y organizaciones de interés colectivo gremial, territorial o sectorial.

3.2.4.1. Esta violencia se expresa en limitadas oportunidades para la mayor parte de la población de acceder a la educación, alimentación, salud; e ingresos insuficientes para satisfacer las demandas de la sociedad.

3.2.4.2. Violencia simbólica que mantiene viva las necesidades y demandas de la sociedad, promovidas patológicamente por la publicidad mediática, mismas que son permanentemente insatisfechas, lo que tiene un efecto ideológico de búsqueda por satisfacerlas en un tiempo futuro, asegurando la adhesión de los individuos a un sistema diseñado para impedir precisamente que dichas necesidades sean satisfechas; por la conjunción de un limitado ingreso y por los precios inalcanzables de los bienes publicitados por los medios de comunicación.

3.2.4.3. Violencia laboral, física, política, social, que con frecuencia hace un mayor número de víctimas de las mujeres.

3.2.4.4. Violencia electoral y manipulación de la opinión pública, que impide el conocimiento y debate de la opinión pública.

3.2.4.5. Violencia de Estado por parte de instituciones policiacas, militares y judiciales, que de manera brutal impiden la vigencia de la justicia ante evidentes actos de racismo, violencia política e imposición de límites a los derechos constitucionales de información, reunión y expresión.

3.2.5. La imposición del capitalismo informacional global a la mayor parte de la humanidad, se llevó a cabo sobre la base de la ideología neoliberal.

La lucha ideológica del capitalismo contra el avance del socialismo y el comunismo en las primeras tres décadas del siglo XX, encontró espacio para la formulación del neoliberalismo por Hayeck, Von Mises y posteriormente Friedman, principalmente.

3.2.6. El neoliberalismo es la ideología del capitalismo informacional global del último tercio del siglo XX. El neoliberalismo:

3.2.6.1. propone como finalidad de la historia, la realización del capitalismo más inmoral, cínico y corrupto; que niega la tesis original de Smith sobre la economía política, en la que propone como objetos de la economía política, generar condiciones para que los individuos creen riqueza para ellos mismos, así como para bienes y servicios públicos (Commonwealth);

3.2.6.2. se propone la erosión y destrucción sistemática del estado de bienestar en las naciones más desarrolladas; y la colonización de las economías y estados-nación con menor poder económico en la economía global.

3.2.6.3. condena la participación del Estado en la economía, la existencia de las instituciones públicas y el control público del proceso de acumulación de capital.

3.2.6.4. suprime el mandato ético del Estado y se le reduce a su función desnuda de protección de la propiedad privada y de los propietarios, despojando al resto de los humanos de sus derechos, incluso del derecho a la vida;

3.2.6.5. demoniza la intervención pública y del interés público en la economía y santifica como perfección axiomática, la supuesta mayor eficiencia del interés privado y sus empresas;

3.2.6.6. corrompe al Estado por el asalto de lo público por los intereses privados corporativos, y lo pone a su servicio;

3.2.6.7. convierte a los seres humanos en objetos directos al servicio de la acumulación de capital y se les despoja de su dignidad y derechos como humanos y como trabajadores;

3.2.6.8. degrada la vida humana al entronizar el egoísmo y materialismo, y a sus propietarios-triunfadores, en tanto que se culpa a los seres humanos que sufren la violencia multidimensional del capitalismo de su propio “fracaso”;

3.2.6.9. todo lo cual se presenta a la consciencia como un orden natural, necesario, inmodificable, fruto de la naturaleza y no de las decisiones de los propios seres humanos;

3.2.6.10. en suma se niega la racionalidad y superior legitimación del bien universal, sobre el bien e interés individual.

3.2.7. Con el argumento de la “libertad” y la “democracia”, esta economía política neoliberal se ha impuesto mediante la supresión de la libertad y la democracia:

3.2.7.1. golpes de estado,

3.2.7.2. control de  los organismos internacionales sobre las políticas económicas de los estados;

3.2.7.3. ideología de la superioridad incuestionable del interés individual de los dueños de capital corporativo;

3.2.7.4. abierta intervención de Estados Unidos en América Latina, promoviendo y patrocinando estados de perfil autoritario militar en Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, en décadas precedentes; y actuando ahora mediante “golpes blandos”, ante la emergencia de gobiernos que se oponen a la dominación estadounidense y de las oligarquías nacionales.

3.3. El capitalismo informacional global es un capitalismo de extrema crueldad; tanto porque de manera directa establece nuevas reglas para la hiper-concentración del ingreso y la riqueza; como por el hecho de que la humanidad nunca había dispuesto de medios tecnológicos tan extraordinarios y poderosos para satisfacer sus necesidades; que paradójicamente, son cada vez menos satisfechas para la mayoría de la población mundial y las nuevas generaciones.

 

4. Coyuntura histórica mundial y cambio de la posición geopolítica de los Estados Unidos de América en el sistema internacional de estados nación. (Fundamento sobre las causalidades de los cambios en la estructura de poder global y su impacto sobre México)

4.1. El capitalismo informacional global, como sistema global de acumulación, incorpora a estados nación cuyas economías políticas y correspondientes pactos sociales y políticos tienen distintos grados de justicia, equidad y desarrollo; que pueden, en función del avance en su eticidad, reducir la fuerza dominante y expoliadora del capitalismo informacional global y participar, según su poder nacional, como países dependientes, interdependientes o hegemónicos.

4.2. El sistema internacional está constituido por un conjunto de estados nación que participan desde distintas posiciones en el capitalismo informacional global; y que a su vez, representan distintas formas de capitalismo y economías políticas diferenciadas, según los distintos pactos para la creación y distribución de la riqueza, lo que determina su carácter, funcionamiento y poder gubernamental ante los poderes corporativos.

4.3. Las afectaciones a la democracia y al poder político en los estados nación, por parte de corporaciones globales actoras del capitalismo informacional global, se lleva a cabo de manera muy significativa, a través del control de los medios electrónicos de información e Internet, que ostentan los imperios mediático globales.

4.3.1. El poder ideológico de las corporaciones globales, se magnifica de manera exponencial por el control de redes de comunicación e información, así como de la información privada de la sociedad; lo que es enfrentado, simultáneamente, con las mismas herramientas, por la propia sociedad.

4.3.2. Se pretende el control totalitario de la radio, la televisión e Internet; mismos que paradójicamente son instrumentos, siempre limitados, pero útiles al fin; para dar a conocer por parte de las organizaciones sociales, información suprimida por las agencias del Estado.

4.4. Estados Unidos avanza rápidamente en la instalación de un ciberestado global hiper-vigilante de la ciudadanía, y explotador del conocimiento de hábitos y decisiones de la sociedad, para propósitos económicos, políticos e ideológicos.

4.4.1. El ideal de vigilancia penitenciaria de Jeremy Bentham en el siglo XIX, se realiza ahora por un Panopticón global sobre la población mundial, que es vigilada por medios tecnológicos sin su conocimiento, a través del funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones e Internet, lo que conduce hacia la pretensión de establecer un estado policiaco militar a escala global, controlado por las naciones más poderosas a través de sus corporaciones.

4.4.2. Este control totalitario de la libertad humana pretende saberlo todo, de toda persona, en todo momento; sin que ninguna persona pueda cancelar dicha invasión de la intimidad y la libertad; salvo no participando en absoluto en dicho sistema.

4.5. El capitalismo informacional global ha modificado la posición relativa de las naciones en el sistema de poder internacional.

4.5.1. China. El desempeño del capitalismo chino supera al estadounidense, en ahorro nacional, formación bruta de capital fijo, balanza comercial, tasas de crecimiento y excedentes financieros y de ahorro, que incluso le han permitido comprar un estimado de tres trillones de dólares de deuda pública estadounidense, estimada en 19 trillones de dólares y superior al 100% del PIB estadounidense.

La posición emergente de China en el sistema mundial es imparable, pues ya representa aproximadamente un 17% del PIB del mundo. Su alianza con Rusia, India y otros países, incluyendo a la Gran Bretaña en materia financiera; que acaba de decidir su desvinculación de la Unión Europea; hacen imposible que ningún otro país, incluso los Estados Unidos, puedan modificar esta tendencia.

Para México, la producción hecha en China, sea de capital chino o estadounidense que ingresa a nuestro país al amparo del TLCAN, es catastrófica, pues el déficit anual con este país es del orden de 50,000 millones de dólares.

4.5.2. Estados Unidos.

4.5.2.1. La emergencia de China, Rusia, India y la propia Unión Europea, representan un cambio irreversible del poder global estadounidense. De manera relevante, estos países y su poder financiero, económico, político y militar; reducirán de manera inevitable el poder financiero, comercial, industrial y militar de los Estados Unidos.

El unilateralismo estadounidense es cosa del pasado, a pesar de los excesos y pretensiones totalitarias de parte de su población y liderazgos que la representan.

4.5.2.2. Estados Unidos realiza el 40% del gasto militar del mundo, cuando su economía representa el 23% del PIB mundial. Las más de 700 bases militares estadounidenses en el mundo representan una posición dominante, pero insostenible en términos fiscales en el mediano plazo.

4.5.2.3. Estados Unidos necesita subordinar a otras sociedades para contrarrestar su relativa declinación histórica y geopolítica; para ello, impone sus condiciones a otras naciones por diversos medios, vulnerando sus economías políticas, régimen político, sociedad, cultura y educación.

4.5.2.4. En consecuencia, Estados Unidos busca mantener su posición hegemónica en el sistema internacional mediante la guerra multidimensional.

Para Estados Unidos, la guerra no consiste en acciones militares que llevan a cabo las fuerzas armadas: la guerra no es un acto militar, sino un acto político por el cual “estás” (autorreferencia del militar estadounidense de más alto rango) “imponiendo tu voluntad política a un oponente a través del uso de la violencia”.

Para ello se debe aplicar todo el poder del que disponga el estado nación de manera sinérgica e integral, lo que incluye medios económicos, militares, de espionaje, diplomáticos, de actores internacionales aliados y todas las formas posibles de utilización del poder nacional.

De acuerdo a la doctrina militar estadounidense, los ejércitos no van a la guerra: los estado nación van a la guerra, las naciones van a la guerra.

Es importante tomar como referencia el enunciado de este concepto que hizo el Gen. Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, quien definió la guerra de esta manera:

“Question: 

Sir. MAJ Steve Gagner here. I’m a Norwich alumnus and an ROTC Instructor at the University. Could you elaborate a little bit for the future leaders of our services to the importance of joint interagency and multinational teamwork and cooperation?

Answer:

I don’t think the Army wins wars by the way, and I don’t think the Navy does, or the Air Forces does or the Marines do. It depends on what you’re doing, so… if you want to punish an opponent, if you want to retreat an opponent, if you want to rescue people… or things like that, you can do small niche things or specific tasks with only one branch of service or maybe two of them.

But if you’re involved in something called WAR, W-A-R: WAR. War is an act of politics, not a military act, it’s an act of politics where you’re imposing your political will on an opponent through the use of violence, and Armies don’t go to war, Nations go to war, States go to war.

So in order to win a war you have to apply all the power in a synergistic way in time and space that the Nation State can bring to bear, so it takes all the Marines, the Army, the Navy, the Air Force. It takes everything in every domain: space and cyber, maritime, and air, and the ground domain. And it also takes the CIA and the State Department, and it takes the FBI, and  it takes the Department of Commerce and all, by the way, can’t stop there.

It’s not only for the United States, the Nation that goes to war. The United States fights with allies and partners, we do not fight alone.

This fight against ISIS has got some 50 coalition members. When I commanded the force in Afghanistan we had 42 allies and partners underneath us.

In every war we fight we have allies and friends. We don’t go alone. So the interagency, or the idea of jointness, and the idea of fighting with allies and partners in combined operations, that is fundamental to what we do, it’s absolutely a necessary prerequisite to winning in a war.

We can do certain other things by ourselves but not fight and prevail in war. So it’s absolutely critical that we do that, and it’s also critical that we are not parochial.

That, and I know I said in jest earlier about Army, Navy and Marine and all that stuff, but in reality we are all brothers and sisters in arms, regardless of the color of the uniform. And in fact, this good logic to put us all in the same damn uniform, it would help and be a whole lot cheaper as long as we go with the Army uniform and… [laughter]

So we don’t want to be parochial but it’s critical and it’s fundamental the we operate as a team. We don’t want to go by ourselves in this business.

And thanks for the question”.(2)

4.5.2.5. Una estrategia general de los Estados Unidos en el ámbito geoeconómico, es la suscripción de nuevos tratados internacionales de comercio e inversión, formulados para establecer ventajas a las corporaciones estadounidenses, a través de los tratados de servicios, el transpacífico y el transatlántico, entre otros.

4.5.2.6. Aunque la relación de México con la Unión Europea es de suyo una relación estratégica de extraordinaria importancia, desde el punto de vista de nuestro país, se debe ver a la Unión Europea como un conglomerado que desde el punto de vista del capitalismo informacional global, opera en México desde el posicionamiento establecido por los Estados Unidos, por lo que no representa una limitación de esta influencia, sino por el contrario, la refuerza y profundiza, a pesar de los mecanismo adicionales del acuerdo estratégico y la “Cláusula democrática”.

4.5.2.7. La integración Euroasiática está en marcha y representa una nueva geografía económica independiente de las decisiones corporativas estadounidenses. Para México sin embargo, no representa una oportunidad para contrarrestar la hegemonía estadounidense.

4.5.2.8. América Latina ha sido la presa más constante y el campo más fértil para la expansión del neocolonialismo estadounidense, como se puede observar en la evolución política y económica de los últimos tres lustros en Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Cuba, y Bolivia.

Es clara la forma en que los pueblos de América Latina, bajo el impulso de liderazgos importantes, apoyados en movimientos y partidos capaces de reemplazar los representantes de los intereses corporativos globales en la presidencia de varios países; habían logrado modificar la relación de poder entre los países de nuestra región y los Estados Unidos, todo lo cual tuvo, entre otros eventos significativos, el efecto de nulificar el ALCA impulsado por Estados Unidos (y México como peón de brega con Fox); formalizar la creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) en la que no participan Estados Unidos y Canadá y otras iniciativas al amparo de una renovada identidad y acción conjunta bolivariana y latinoamericano-caribeña.

Con asombro e impotencia, América Latina observa los procesos de involución política, golpes blandos, destituciones, linchamientos judiciales, golpes directos (Honduras) y hostigamiento diplomático, mediático y político, contra los presidentes, partidos y movimientos opuestos a la hegemonía estadounidense; impulsados, financiados y dirigidos por Estados Unidos y llevados a cabo de manera conjunta con sus aliados en nuestros países.

4.5.3. Para México y para nuestra región, la mayor amenaza a nuestro desarrollo, paz, seguridad, soberanía e independencia, es la intervención neocolonialista promovida por los Estados Unidos y realizada de manera conjunta y cómplice con sus aliados oligárquicos en la región y en nuestro país en particular.

 

5. Tesis sobre la estructura de poder del estado nación mexicano y su relación con el poder estadounidense.

5.1. La decisión de integrar a México al servicio del poder estadounidense ha sido tomada; porque Estados Unidos necesita a México subordinado a sus objetivos; al mismo tiempo que un México autosuficiente y con poder económico propio, constituye, según la posición militar estadounidense, una amenaza a su seguridad nacional y hegemonía.

5.2. La transformación de México en colonia estadounidense la pactó la oligarquía nacional, con corporaciones globales y poderes extranjeros, mediante instrumentos y acuerdos políticos, mediáticos, económicos y militares.

5.3. La coalición oligárquica de México aliada con el poder corporativo, ideológico y militar estadounidense, se propone establecer un Estado neocolonial, en el que se establecen muros reales y virtuales para la actualización de los derechos individuales y colectivos de los mexicanos; en tanto que se abren exclusas sin control a la expansión de los intereses corporativos globales y estadounidenses en el Estado nación mexicano.

5.4. La acción estratégica de Estados Unidos para subordinar a México a su geoeconomía y geopolítica, bajo condiciones neocoloniales, se ha llevado a través de varios instrumentos y tratados, enmarcados en el falso concepto de “América del Norte”, como falaz “comunidad trinacional de intereses y proyectos”.

5.5. La estrategia estadounidense contemporánea de destrucción del poder nacional mexicano está en marcha desde hace tres décadas.

5.6. La esencia de la estrategia de destrucción del poder nacional consiste en la total subordinación económica, que conduzca a la subordinación política y militar de México a Estados Unidos:

5.6.1. subordinación económica del Estado mexicano, al cual someten a sus intereses de acumulación de capital;

5.6.2. difusión ideológica permanente y omnipresente de las falacias de la concepción neoliberal a través de universidades, centros supuestamente “independientes” y “organizaciones no gubernamentales”, así como contratación de cabilderos que influyen de manera directa en el poder ejecutivo y legislativo federal;

5.6.3. control de los medios de comunicación privados mexicanos, mismos que crean en la opinión pública, la fantasía de que la total entrega de la economía política mexicana a los Estados Unidos y sus corporaciones, es la vía para el desarrollo pleno de los mexicanos;

5.6.4. establecimiento de condiciones económicas a sus corporaciones, que les permita:

5.6.4.1. imponer la ley de hierro para control del salario; único precio en toda la economía sujeto a control por parte del estado; como principal factor de “competitividad” de la economía nacional; lo que produce un permanente deterioro y reducción de su participación porcentual en el PIB y por consiguiente del ingreso disponible y el mercado interno;

5.6.4.2. control directo vía sus empresas, de las áreas estratégicas de la economía (banca, telecomunicaciones, energía, alimentación, comercio, radio, televisión, Internet, industria petroquímica, entre otras), que lejos de contribuir a la supuesta “competencia”, funcionan como oligopolios privados que suministran a sus matrices las mayores utilidades, como proporción de su funcionamiento en todo el mundo;

5.6.4.3. compra o control de mercado de empresas estratégicas de capital nacional (bebidas, alimentos, tequila, entre muchas otras);

5.6.4.4. funcionamiento de oligopolios que operan bajo condiciones de nulo control del poder público mexicano;

5.6.4.5. prácticamente nula contribución fiscal de las corporaciones globales, en particular estadounidenses, al Estado mexicano, utilizando de manera importante los mecanismos del comercio intrafirma; que pueden incluso deducir fiscalmente en México las pérdidas económicas que sufren en otras partes del mundo;

5.6.4.6. estructuración de cadenas de suministro de sus corporaciones, que importan bienes e insumos sin generar las divisas requeridas por sus importaciones, lo que obliga al Estado mexicano a obtener dichas divisas vía inversión extranjera o deuda externa;

5.6.4.7. tener acceso a todas las actividades económicas, sin límites de concentración o funcionamiento oligopólico (ya que éste se aplica a nivel empresa y no al universo de empresas de origen de capital estadounidense);

5.6.4.8. libertad de importar y exportar según sus intereses de acumulación, sin ningún compromiso de generar dichas divisas;

5.6.4.9. estructuración de sistemas de comercialización que traen a los consumidores mexicanos bienes producidos en otras partes del mundo, por corporaciones estadounidenses principalmente, que depredan a los proveedores mexicanos y destruyen a millares de pequeños comercios; al tiempo que dichas importaciones no son compensadas con exportaciones (Walmart, Home Depot, entre otros);

5.6.4.10. libertad de exportar capitales sin ningún control o reglas que contengan incentivos y castigos que beneficien a la nación mexicana;

5.6.4.11. acceso sin restricción a la propiedad nacional;

5.6.4.12. apropiación y compra de empresas, recursos o concesiones públicas;

5.6.5. política de reducción del ingreso y gasto del gobierno federal como proporción del PIB, lo que limita estructuralmente la capacidad de inversión del Estado mexicano y su capacidad de compensar la distribución de la riqueza y del ingreso con el gasto público. México es un país excepcional, en el que el ingreso de las familias no mejora su situación en la distribución del ingreso, después de considerar transferencias y efectos del gasto público;

5.6.6. despojo del uso del poder de compra del gobierno del Estado mexicano, que se financia con aportaciones fiscales de los mexicanos; para realizar mercancías producidas en México o importadas por sus corporaciones;

5.6.7. colonización de las organizaciones económicas establecidas por ley para las empresas mexicanas en todos los sectores, mismas que son controladas por representantes directos de los intereses estadounidenses;

5.6.8. intervención a través de estas organizaciones empresariales colonizadas por intereses estadounidenses, para impedir la formulación y establecimiento de una política industrial capaz de generar valor agregado tecnológico industrial propio, de empresas mexicanas;

5.6.9. supresión de organismos e instituciones públicas con capacidad directa de ofertar bienes y servicios estratégicos, mediante su sustitución por empresas estadounidenses (telefonía, energía);

5.6.10. despojo de los recursos naturales y del territorio de la nación (industrias extractivas, energía, tierra, biodiversidad, agua, playas, espacio radioeléctrico, vías de comunicación).

5.7. Todo esto se ha llevado a cabo mediante la suscripción del TLCAN, del Acuerdo Marco, el ASPAN; la Iniciativa Mérida, la eliminación de la inversión 100% extranjera en la banca; suscripción de otros tratados comerciales que refuerzan al TLCAN; tratados de protección multilateral de inversiones; tratados que impiden la doble tributación y permiten a las corporaciones globales no pagar impuestos en México; creación de las Zonas Económicas Especiales; así como otros tratados recientes como el TTP, suscrito por México pero aún no suscrito por el senado estadounidense.

5.8. Estas estructuras funcionan de manera permanente y explican el límite histórico de crecimiento del 2% del PIB durante las últimas tres décadas, el nulo crecimiento del producto per cápita, la concentración obscena de la riqueza y la explosión sistemática de distintas formas de pobreza y desigualdad.

5.9. Este proyecto es contrario al interés nacional, a la historia y al futuro de México. Sus finalidades no tienen que ver en lo absoluto con la libertad, dignidad y justicia; sino por el contrario, es la causa que explica la grave falta de vigencia y respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de los mexicanos.

5.10. Este pacto oligárquico transnacional ha corrompido al Estado mexicano, y se ha apropiado de poderes y facultades públicas que sirven exclusivamente a los intereses particulares del capital y sus corporaciones globales de capital nacional y extranjero, especialmente estadounidense.

5.11. Se ha vulnerado y corrompido a las instituciones y procesos electorales, para imponer al Pueblo de México un proyecto neocolonial:

5.11.1. fraude en 1988 para imponer a Salinas;

5.11.2. asesinato de Colosio para imponer a Zedillo;

5.11.3. manipulación para instalar a un descendiente de estadounidense y española, expresidente de la Coca Cola (Fox) en la presidencia de la república;

5.11.4. fraude “haiga sido como haiga sido” en 2006 para imponer a Calderón;

5.11.5. nuevo fraude (2012), manipulación, gasto electoral sin límite e ilegal, compra y manipulación de los votos de los mexicanos más pobres y menos libres; cuya libertad y dignidad es abusada y violada mediante regalos miserables y platos de lentejas;

5.11.6. control y poder de veto de las corporaciones globales a través de sus organizaciones nacionales o internacionales, sobre partidos políticos, candidatos y gobernantes que consideren contrarios a sus intereses;

5.11.7. como consecuencia de lo anterior, el Pueblo de México no está representado en los poderes públicos;

5.11.8. lo que se comprueba al considerar que la supuesta pluralidad de los partidos es falsa; en la medida que casi todos ellos son parte de una misma estructura de poder y de intereses.

5.11.9. Los partidos políticos y sus principales dirigentes son parte de este pacto antinacional desde hace tres décadas.

5.12. Corrupción del Estado mexicano: colonización de las facultades de lo público por intereses particulares.

5.12.1. Poder ejecutivo federal. Cada uno de esos presidentes de los mexicanos en los últimos treinta años; en los hechos, tomaron decisiones ejecutivas, de política pública, de cambio legislativo; para sustituir el poder económico y político nacional por el transnacional.

5.12.2. Poder legislativo. La mayoría de senadores y diputados, caracterizados en su inmensa mayoría por una gran ignorancia y corrupción; han obedecido instrucciones presidenciales sin debate y dignidad; permitiendo incluso golpes constitucionales como la contra reforma energética, que vulneró las leyes que regulan los cambios a la propia Constitución.

5.12.3. Poder judicial. El poder judicial en México es sinónimo de corrupción e impunidad universal. El rezago de atención a denuncias es proverbial y el sistema carcelario es un sistema controlado en gran parte por el crimen organizado. Las cifras de delitos no denunciados y de sentencias efectivas y justas es abismal. La acumulación de agravios por graves violaciones de los derechos humanos y a la vida son un escándalo y una vergüenza mundial.

5.12.4. Poder mediático. El poder mediático tiene una responsabilidad histórica en la involución de México, al convertirse en cómplice, constructor de prestigios y desprestigios, satanización y criminalización de las luchas sociales por mayor justicia, desinformación sistemática de las realidades de la Nación y concentración oligopólica mediática al servicio de las corporaciones globales de capital nacional y extranjero.

5.13. La irracionalidad e inviabilidad de la economía política tributaria y dependiente, bajo condiciones de neocolonialismo estadounidense, requiere como diseño para su establecimiento, permanencia y reproducción, de un estado policiaco militar controlado de manera estratégica por el poder militar, judicial y de espionaje estadounidense.

5.14. La administración geopolítica del crimen organizado por parte del Estado estadounidense, tiene como objetivo crear condiciones para el establecimiento de dicho estado policiaco militar en México.

5.14.1. Los objetivos particulares son subordinar a la fuerza armada permanente de México, su sistema judicial, policiaco y penitenciario; a los objetivos estratégicos y de mando de las agencias militares, de espionaje y de justicia estadounidenses;

5.14.2. mediante una deliberada promoción de la violencia y muerte en México, que ha producido más de 245,000 asesinatos y 26,000 desaparecidos en la última década,

5.14.3. a través de facilitar, incluso mediante operativos oficiales, armamento militar y fusiles de asalto a grupos de criminales en México;

5.14.4. cuya violencia obliga Estado mexicano a destinar gigantescos esfuerzos institucionales y económicos; que de cualquier manera son incapaces de contenerla, ante el poder del mercado estadounidense de drogas que lo alimenta, y las políticas estadounidenses que lo alientan y dirigen;

5.14.5. obligando a la población a desplazarse o emigrar, especialmente la radicada en la geografía de interés para los inversionistas globales.

5.15. Al uso geopolítico del crimen organizado se suma la estrategia de sustituir a los poderes públicos de nuestro país en las Zonas Económicas Especiales, localizadas en regiones con población indígena en la que existe recursos naturales extraordinariamente valiosos; al quedar subordinados los poderes públicos a los intereses privados en estas zonas, quienes funcionan como autoridades y realizan funciones públicas de seguridad, e incluso más allá, controlan el libre tránsito de los mexicanos en dichos territorios.

5.16. Estas son las causalidades históricas que explican la coyuntura de México en las últimas tres décadas y las condiciones del presente histórico.

5.17. Adicional a ello, Estados Unidos lleva a cabo una política de administración de la migración documentada e indocumentada, para abastecer sus necesidades de fuerza laboral que exige su estructura demográfica, bajo condiciones que impidan el ejercicio de sus derechos laborales y humanos, y que tiene como efecto además, presionar a la baja el salario estadounidense; a pesar de lo cual, la diferencia entre los salarios mínimos entre México y Estados Unidos se sigue acrecentando (2,230 y 65,000 pesos mensuales, respectivamente).

 

6. Tesis sobre la economía política tributaria y dependiente de México; su necesaria inviabilidad e inevitable colapso sistémico.

6.1. La colonización de la economía política tributaria y dependiente de México, por los Estados Unidos de América y otras potencias, no tiene justificación económica, política y ética.

La historia de México en los últimos treinta años, demuestra la irracionalidad de la economía política mexicana tributaria y dependiente, impuesta por los Estados Unidos. La economía política mexicana es tributaria y dependiente, porque:

6.1.1. los inversionistas extranjeros disfrutan de porcentajes de inversión extranjera que no disponen los inversionistas mexicanos en sus países;

6.1.2. los “mercados” que funcionan en nuestro país, trátese del capital financiero, comercial o industrial, ofrecen bienes y servicios a los consumidores mexicanos, cuyos precios que son significativamente superiores a los precios a los cuales las mismas corporaciones ofrecen dichos productos y servicios en otros países, en particular en sus países de origen;

6.1.3. el consumidor mexicano paga precios superiores en medicinas, manufacturas, servicios telefónicos y de Internet, alimentos, y en prácticamente todos los sectores económicos;

6.1.4. el funcionamiento de este sistema de precios no se justifica por el supuesto “riesgo”, sino que es una política de precios corporativa que se define en sus casas matrices, independientemente del funcionamiento del mercado nacional;

6.1.5. México se especializa en exportación de productos de bajo valor agregado e importación de bienes y servicios de alto valor agregado;

6.1.6. como resultado de su funcionamiento durante tres décadas, se tiene una dependencia de la inversión extranjera en la economía nacional, al detentar la mayor proporción del PIB nacional, y hacerse presente en todos los sectores económicos, con algunas variaciones, como mercados controlados por oligopolios extranjeros.

6.2. Crecimiento económico.

Durante cincuenta años (1932-1982), de manera ininterrumpida, el promedio de crecimiento anual del PIB fue de 6.5% anual, lo que permitió un aumento anual promedio del 3% anual durante medio siglo, dado el crecimiento demográfico de 3.5% en estos años.

En los últimos treinta años el crecimiento promedio del PIB es de 2% anual y nulo el crecimiento per cápita.

6.3. Participación de las corporaciones globales en la economía nacional.

La internacionalización de la economía se estima por la suma de importaciones y exportaciones como proporción del PIB.

El grado de internacionalización de la economía mexicana es patológico pues representa 61% del PIB, que se genera con un déficit comercial permanente (mismo que fue compensado de manera importante durante décadas por PEMEX) y lo controlan menos de trescientas corporaciones globales.

El mercado interno es muy reducido (39% PIB), en comparación con países industrializados como Japón, donde alcanza el 80%.

La inversión extranjera no tiene límite en el control de la economía nacional, que ya alcanza al 61% del PIB, lo que se convierte en una realidad no sólo económica, sino política y de soberanía y seguridad nacional.

6.4. Participación de los salarios en el PIB.

La participación de los salarios en el PIB se ha reducido a un estimado de 28% del PIB, lo que contrasta con Francia donde es superior al 55% del PIB.

6.5. Participación de los ingresos y el gasto público en el PIB.

El tamaño del ingreso y gasto público en México (27% del PIB) es significativamente menor del que realizan los países capitalistas avanzados, que alcanza niveles superiores al 50% en Francia y los países escandinavos.

6.6. Balance del sector externo: comercial, de balanza de pagos.

El modelo de supuesta “apertura” y “exportación” ha sido consistentemente deficitario, pues genera más importaciones que exportaciones, al establecer cadenas de suministro de maquinaria, tecnología y bienes intermedios, que presionan la balanza comercial y de pagos permanentemente a la baja; en tanto que no generan las divisas suficientes para pagar las exportaciones.

6.7. Destrucción del papel de PEMEX como equilibrador de la macroeconomía. Durante tres décadas, hasta el año 2015, PEMEX aportó y compensó esta falla estructural del “modelo”, a través de su balanza comercial positiva, aportación positiva de divisas al Banco de México y sus contribuciones para mantener la cuenta corriente en condiciones menos difíciles de funcionamiento.

Del año 2000 al 2012, PEMEX aportó como ingreso fiscal la cantidad de 687,000 millones de dólares, mismos que de manera criminal se dilapidaron en gasto corriente y pago de servicios financieros, en lugar de haberlos invertido de manera productiva en el sector energético, industrial y tecnológico del país.

En 2015, por primera vez en la historia de México, se tuvo una balanza comercial petrolera negativa: el valor de la exportación de crudo fue menor al valor de la suma de las gasolinas, petrolíferos y petroquímicos importados.

6.8. Deuda pública.

Desde 1982, la banca extranjera, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han sido los principales instrumentos para desmantelar las bases constitucionales de México y para establecer la economía política tributaria y dependiente, mediante el establecimiento de condiciones que garantizaran el pago de la deuda pública y la modificación del régimen fiscal, comercial y de políticas de fomento económico de México, a favor del capital global.

La economía política en su conjunto tuvo desde ese momento, como criterio principal y de ajuste del pacto productivo y fiscal basado en la economía mixta sustentada en la Constitución de 1917, servir a la deuda externa, lo que se tradujo en el desmantelamiento de este pacto social.

En la actualidad, el aumento de la deuda pública como proporción del PIB, del 31% al 50%, de 2013 a 2016, representa un aumento explosivo que muestra la inviabilidad de la actual economía política.

Durante tres décadas, los aportes fiscales de PEMEX pagaron entre 30% y 50% de cada peso de gasto público; el 90% de las divisas del Banco de México, y contribución positiva significativa para la balanza comercial y de pagos.

Al reducirse el aporte fiscal y de divisas de PEMEX a partir de 2014, y devaluarse el peso en relación al dólar desde 2013, el aumento de la deuda pública obligará a reducir aún más el gasto público y la inversión, por lo que se consolidarán las tendencias recesivas y de nulo crecimiento del producto por habitante que han prevalecido los últimos treinta años.

6.9. Inversión extranjera directa y financiera.

Contrario a la propaganda de las corporaciones globales y poderes extranjeros; al convertir a la inversión extranjera directa y de cartera en el principal actor de la economía política nacional, se perdió toda posibilidad de acumulación de capital sustentada en el mercado interno; y por lo tanto se condenó a México a un crecimiento económico permanentemente insuficiente y peor distribuido; lo que tiene como efecto necesario la inviabilidad de su reproducción en la economía mundial.

6.10. Inviabilidad de la economía política mexicana, tributaria y dependiente; para el desarrollo de México.

6.10.1. Inviabilidad fiscal en el corto, mediano y largo plazo.

El Estado mexicano no tiene poder para imponer impuestos a las corporaciones globales, que controlan el 61% de la actividad económica nacional. Su contribución fiscal difícilmente supera el 2% del PIB, lo que obliga al Estado a obtener recursos por la vía impositiva a las empresas de capital nacional; de tamaño micro, pequeño y mediano; a las personas físicas vía el ISR, IVA y IEPS (especialmente a los energéticos); así como deuda interna y externa, todo lo cual constituye una crisis fiscal sistémica y permanente.

6.10.2. Inviabilidad del control de los flujos del capital global.

El Estado mexicano no puede crear incentivos positivos a los procesos productivos de las corporaciones globales para la creación de actividades y proveedores de valor agregado nacional; salvo ofrecer subsidios fiscales y mano de obra barata, porque carece de una política estratégica para el desarrollo tecnológico-industrial.

6.10.3. Capital financiero.

La sociedad mexicana rescató a la banca (más de 100,000 MDD), sin quedarse con la propiedad de la misma; al tiempo que fue vendida a corporaciones extranjeras que operan bajo condiciones oligopólicas y obtienen en México la mayor proporción de sus utilidades en el mundo.

México no dispone de un sistema financiero que promueva la inversión productiva en empresas de capital nacional, porque está controlado por entidades extranjeras que no obedecen a los objetivos del Estado mexicano, sino a los de sus matrices extranjeras.

6.10.4. Capital industrial.

La inversión extranjera directa ha venido sustituyendo cadenas y segmentos significativos de las cadenas de valor agregado de la industria nacional, lo que ha creado una estructura productiva dependiente de las importaciones de dichos bienes, que no conduce a la industrialización de México, sino a la pérdida de su capacidad industrial propia. Se han perdido millones de empleos en la industria y miles de empresas manufactureras.

6.10.5. Capital de servicios de telecomunicaciones e informática.

La inversión extranjera directa en los sectores más avanzados de la industria informática, de telecomunicaciones, de procesos de automatización, impide al país aprovechar sus mercados y oportunidades para el desarrollo de empresas y tecnologías nacionales.

Las empresas extranjeras no sólo se han apropiado de las compras y contrataciones gubernamentales, sino que han creado una peligrosa dependencia en el manejo de información estratégica del Estado en todos los ámbitos de la administración pública.

Todo ello, a pesar de que los egresados de los institutos politécnicos y universidades mexicanas, en especial del Instituto Politécnico Nacional, de manera consistente obtienen lugares destacadísimos en certámenes internacionales sobre robótica, automatización y diseño de nuevas tecnologías informáticas y de aplicaciones diversas.

6.10.6. Capital mediático: prensa, revistas, radio, televisión, cine.

La inversión extranjera en todas las empresas de medios impresos, electrónicos, de información e Internet, convierten al país en una nación dependiente de la operación de empresas extranjeras en todas las actividades vitales de la sociedad del conocimiento.

La supresión de la limitación del porcentaje de inversión extranjera en telefonía, telecomunicaciones y comunicaciones satelitales, que permite el 100% de inversión extranjera; contrasta con los límites que tienen estas actividades en Estados Unidos (17%) y en países europeos, por considerarse actividades estratégicas y soporte de la soberanía nacional.

El control extranjero de la información y de las empresas que contribuyen a la conformación de la opinión pública, impone un límite inadmisible a la posibilidad de desarrollo democrático de la sociedad mexicana.

6.10.7. Capital comercial.

La preeminencia de empresas globales comercializadoras de bienes principalmente importados, se convierte en una barrera importante para la realización de las mercancías producidas por la industria nacional, lo que se convierte en una limitante directa y severa de su competitividad; pues su acceso al mercado mexicano, al cual debería tener pleno derecho de acceso, se ve limitado por razones que no tienen que ver con la calidad o precio de sus productos, sino con las condiciones financieras inaceptables que imponen las empresas comercializadoras extranjeras a los industriales y productores nacionales

6.10.8. Capital de servicios turísticos.

Aunque el turismo es una actividad importante de los servicios de México, por el tamaño que representa en la economía y las extraordinarias posibilidades de las que dispone el país, su impacto en el desarrollo nacional, regional y local es muy reducido, por el hecho de que parte significativa de las operaciones las controlan inversiones extranjeras, cuyas operaciones convierten a México en país de costos, concentrando sus ingresos y operaciones comerciales fuera del país.

6.10.9. Capital en la cadena de valor y comercialización alimentaria. Desde la suscripción del TLCAN:

6.10.9.1. se han importado más de 100,000 MDD de alimentos básicos, estratégicos y procesados, la mayor parte de lo cual se pudo haber producido en México;

6.10.9.2. se tiene un déficit comercial permanente y creciente de productos básicos y estratégicos, por las importaciones subsidiadas que llegan al mercado nacional;

6.10.9.3. los precios de los productos importados, que contienen subsidios a la producción y comercialización, impiden establecer condiciones de rentabilidad para los productores nacionales;

6.10.9.4. como consecuencia se perdieron más de seis millones de empleos en el sector agropecuario y se tienen ocho millones de hectáreas sin cultivar, lo que es una irracionalidad e injusticia para la sociedad rural y para el país;

6.10.9.5. los organismos del Estado mexicano para moderar la oferta y la demanda de alimentos, a través de sistemas de almacenamiento y comercialización, se transfirieron a corporaciones extranjeras que operan en condiciones oligopólicas;

6.10.9.6. los grandes productores comerciales y las empresas comercializadoras extranjeras monopolizan los subsidios a la agricultura, en tanto que millones de campesinos minifundistas no tienen apoyo productivo y para la comercialización;

6.10.9.7. se expande con apoyo gubernamental, un sistema agrícola empresarial con tecnologías transgénicas o que utilizan altos contenidos de agroquímicos, lo que atenta contra la protección a la biodiversidad que debería garantizar el Estado y la capacidad de los campesinos de reproducirse económica, ecológica y culturalmente;

6.10.9.8. de manera suicida y antinacional, se destruyó la capacidad del Estado mexicano para producir y distribuir semillas, así como resguardar e investigar por instituciones nacionales la biodiversidad de la Nación, así como también se destruyó la capacidad de producción de fertilizantes, que ahora tienen que ser importados;

6.10.9.9. se puso a competir a los productores nacionales, que tan solo el 8% de ellos tienen acceso al crédito, con productores estadounidenses que tienen acceso casi universal a subsidios y apoyos (aunque también en Estados Unidos se observa el acaparamiento de los mismos por los agronegocios);

6.10.9.10. se han establecido políticas públicas para desaparecer todo proceso institucional de reconocimiento al ejido como organización económica, social  y política;

6.10.9.11. la dependencia de la importación de productos básicos y estratégicos genera una gran vulnerabilidad por cambios en los precios internacionales o modificaciones del tipo de cambio;

6.10.9.12. el aumento de precios en los años 2008-2009 lanzó a la pobreza extrema a seis millones de mexicanos, pues en las familias de menores ingresos que superan el 60% en condiciones de pobreza, dedican parte significativa de sus ingresos a la compra de alimentos;

6.10.9.13. la relación campo-ciudad, en particular en zonas indígenas, se ha hecho más cruel y desigual;

6.10.9.14. las limitadas oportunidades de vida para los jóvenes rurales propicia migración, pérdida de saberes ancestrales, ruptura de familias y comunidades, incorporación voluntaria o forzada al crimen organizado, y la ruptura de los procesos de transición intergeneracional de la propiedad social, los saberes técnicos y la cultura.

6.10.10. Inviabilidad del desarrollo tecnológico industrial de México.

El TLCAN estableció en el artículo sobre inversión, que el Estado mexicano no tiene derecho de imponer a los inversionistas extranjeros ningún criterio de desempeño para:

6.10.10.1. generar divisas que compensen sus importaciones,

6.10.10.2. transferir tecnologías,

6.10.10.3. destinar su producción a un mercado externo,

6.10.10.4. alcanzar determinado porcentaje de contenido nacional,

6.10.10.5. utilizar el poder de las compras del sector público para impulsar a las empresas de capital nacional.

Lo anterior ha producido la desindustrialización de las manufacturas mexicanas, que requieren cada vez más de insumos importados, lo que hace inviable el aumento cualitativo del valor agregado económico, tecnológico e industrial nacional en el tiempo, y por consiguiente, la constante pérdida de la “competitividad” económica, de acuerdo incluso a las formas sesgadas de medirla.

6.10.11. Inviabilidad del desarrollo del mercado interno.

Al no existir condiciones equivalentes a las que disponen las empresas extranjeras, para inversiones productiva en los sectores primario, secundario y terciario; en tanto que los mercados nacionales pueden ser inundados sin control por importaciones, muchas de ellas subsidiadas por sus países; al disminuir el poder de compra de la sociedad mexicana por los bajos salarios; así como tener condiciones fiscales favorables a la inversión extranjera; se hace imposible el desarrollo de un mercado interno con funcionamientos sinérgicos que amplíen el mercado interno y propicien altas tasas de crecimiento.

6.10.12. Inviabilidad para aumento de participación de los salarios en el PIB.

La “competitividad” de la economía política nacional son los salarios miserables y sin organización sindical que utilizan los inversionistas globales y la oligarquía nacional para la obtención de utilidades extraordinarias.

La política monetaria neoliberal sigue las prescripciones de la ideología monetarista de Friedman, según la cual debe existir un cierto nivel de desempleo que  permita la reducción de los salarios, todo lo cual se agrava por las condiciones del “outsourcing” y las políticas fiscales que no permiten deducir la totalidad de los gastos en seguridad social.

La reducción del salario ha sido el instrumento fundamental de la política para contener la inflación; sin considerar que este fenómeno, fetichizado como indicador de una buena o mala economía, es resultado del funcionamiento de todos los factores de la producción y no solo de los salarios; lo cuales además, en el caso de México, son de los más bajos del mundo.

6.10.13. Inviabilidad de la sostenibilidad de los flujos de comercio, inversión y capitales.

Al mismo tiempo, tampoco es viable el funcionamiento de los flujos de comercio, inversión y acumulación de capitales, en virtud de que los inversionistas globales extranjeros contribuyen a las utilidades de sus matrices en otros países, en donde además pagan impuestos; en tanto que los inversionistas globales mexicanos, sacan utilidades generadas en México por vías legales e ilegales, y las acumulan bajo la forma de inversión directa e indirecta en otros países, tanto por razones económicas, como para asegurar y resguardar sus capitales de cualquier política impositiva del Estado mexicano.

La suma de estas inversiones directas y en cartera en el extranjero, de capitalistas nacionales, alcanza montos similares al de la deuda pública externa del país, del orden de 200,000 millones de dólares.

6.10.14. Inviabilidad del crecimiento y el desarrollo.

Como consecuencia de lo anterior, la única forma de mantener un relativo y precario equilibrio macroeconómico, es mediante políticas que reduzca la tasa de crecimiento de la economía, lo que de manera estructural impide la generación de los empleos formales y bien remunerados que requiere la demografía nacional, así como una tributación capaz de dar sustento a las obligaciones del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos y el desarrollo.

6.10.15. Inviabilidad política.

Esta economía política tributaria y dependiente es inviable políticamente, porque toda la ideología y propaganda es incapaz de ocultar la realidad del fracaso y de la involución nacional.

La creciente violencia del Estado y la impunidad ante los atracos y despojos de los bienes de la Nación, así como la imparable polarización social, conducen al país a una condición plástica en la historia, al ofrecer condiciones y situaciones límite, en las cuales se debe enfrentar al sistema como un todo y no tan solo alguna de sus dimensiones como realidad particular.

6.10.16. Inviabilidad ideológica.

Los argumentos de la supuesta necesidad de la globalización, de la supuesta necesidad de integración a los Estados Unidos, de la supuesta lógica científica de los mecanismos que supuestamente harían que la riqueza creada se distribuyera por el mercado, así como la supuesta incompetencia nacional, se van derrumbando ante la opinión pública nacional, aunque no existe aún, un verdadero debate político e ideológico a nivel nacional en la esfera de lo político.

6.10.17. Inviabilidad del estado policiaco militar para imponer la economía política tributaria y dependiente.

No hay posibilidad de mantener indefinidamente el poder militar sobre la sociedad para imponer una dominación injusta que se perpetua de manera recalcitrante.

Este límite lo impone la sociedad cuando es capaz de desafiar con su cuerpo la violencia del Estado.

6.10.18. Inviabilidad de la posibilidad de convergencia de la economía política mexicana con la estadounidense, en relación a salarios, tributación, desarrollo tecnológico, inversión y desarrollo.

 

7. Tesis sobre las finalidades de México como estado nación en el siglo XXI.

7.1. México es un estado nación resultado de una construcción histórica con raíces en sociedades y culturas con más de ocho mil años de existencia, que tiene pleno derecho a participar en condiciones de igualdad y plena realización de la libertad de cada uno de sus integrantes, y de la colectividad constituida jurídicamente como Estado Nación, en el sistema internacional del siglo XXI.

7.2. Las finalidades de México en el Siglo XXI son:

7.2.1. Recuperar su herencia, memoria e identidad histórica, que unifique a la actual generación de mexicanos, en torno a una identidad y propósito común para el siglo XXI;

7.2.2. seguir siendo estado-nación libre, justo, soberano e inter-dependiente y solidario con el mundo; y atajar las fuerzas internas y externas que promueven su disolución y división en varias entidades nacionales con menor poder de autodeterminación;

7.2.3. guiar las transformaciones de México por el mandato urgente de hacer justicia inminente como resultado de decisiones de Estado, plasmadas en una Constitución que establezca derechos y deberes para la población y el Estado, para el logro de los objetivos nacionales;

7.2.4. asumir el compromiso y finalidad histórica inmediata, de superar la desigualdad extrema entre los mexicanos y en particular de la discriminación/exclusión de los pueblos originarios y las mujeres;

7.2.5. garantizar a todo mexicano su derecho humano a la educación:

7.2.5.1. mediante una política de Estado guiada y conducida por criterios éticos, de promover el desarrollo de todo ser humano como fin en sí mismo, con toda su infinita dignidad de libertad y consciencia ética;

7.2.5.2. que contribuya al desarrollo de su capacidad de pensar por sí mismo de manera crítica y dialógica;

7.2.5.3. con profunda consciencia sobre el devenir histórico de la nación y sus objetivos a futuro;

7.2.5.4. con gran conocimiento de la historia y los objetivos de México a futuro, en una perspectiva cosmopolita y solidaria ante el sistema internacional;

7.2.5.5. que le permita el dominio de la cultura, la historia, los lenguajes y la disciplina de las ciencias y técnicas de la revolución digital y de la sociedad del conocimiento;

7.2.6. ser capaz de satisfacer todas las necesidades humanas de la población por el esfuerzo y trabajo de los mexicanos;

7.2.7. coordinar estratégicamente esfuerzos productivos y transformaciones institucionales decididas por los mexicanos, sin subordinación a ningún poder u organización internacional,

7.2.8. realizar los objetivos estratégicos con los propios medios productivos de la Nación, sin ninguna dependencia económica externa de corporaciones o gobiernos extranjeros;

7.2.9. utilizar, preservar y transformar con valor agregado propio, los inmensos recursos naturales de los que dispone, como ejercicio legítimo del derecho humano de disponer de estos recursos para el propio desarrollo;

7.2.10. desarrollar capacidades productivas, científicas, tecnológicas y digitales propias, en todos los sectores de la economía del conocimiento, desde la conceptualización científica, el diseño y desarrollo tecnológico, la innovación productiva y la transformación de procesos de producción y productos;

7.2.11. a través de un renovado pacto social que recupere los mandatos de soberanía, desarrollo pleno de las capacidades humanas de su población;

7.2.12. en relación sustentable con la naturaleza.

7.3. Tesis sobre la relación con el sistema de poder internacional y en particular ante los Estados Unidos de América.

Ante la coyuntura histórica de las últimas tres décadas y la inminente pérdida total de soberanía de continuar la economía política tributaria y dependiente durante los próximos años, México debe establecer un claro posicionamiento ante el proyecto estadounidense, en los siguientes términos:

7.3.1. México no acepta ningún proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, sobre la base de una dependencia neocolonial; sino de interdependencia libre en el sistema internacional.

7.3.2. México tiene intereses propios y distintos de los Estados Unidos de América. América del Norte no existe como unidad política, jurídica y de intereses.

7.3.3. En el contexto histórico actual, México no necesita a Estados Unidos; son los Estados Unidos los que necesitan a México para prolongar su inviable pretensión de poder unipolar, en un mundo interdependiente.

7.3.4. México no necesita las reformas estructurales diseñadas para la disminución del poder nacional y la total subordinación de México a Estados Unidos; sino exactamente lo contrario: Estados Unidos necesita las llamadas reformas estructurales para fortalecer su posición geopolítica y geoeconómica global y sobre México.

7.3.5. México debe anunciar la decisión soberana de recuperación de su proyecto histórico de desarrollo, como condición necesaria para que el Estado mexicano pueda garantizar libertades, justicia y derechos humanos a todos los mexicanos; por lo que la política exterior debe lograr la comprensión de esta decisión legítima y sustentada en el derecho internacional; a la vez que establecer vínculos prácticos, económicos, de comunicación y diplomáticos, para que estos propósitos sean respetados y alentados por la comunidad internacional y realizados con el apoyo de países solidarios con estos propósitos históricos.

 

8. Tesis sobre el sistema de políticas de Estado necesarias para la libertad, justicia, soberanía y desarrollo, para que México realice sus finalidades en el Siglo XXI.

8.1. Proyecto histórico propio y no de poderes e intereses extranjeros. Los mexicanos debemos pensar y decidir nuestro futuro por nosotros mismos y definir nuestro nuevo régimen político, económico y social.

8.1.1. El camino para recuperar el proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos como estado nación soberano, independiente, justo y libre en el siglo XXI, requiere en primer lugar una fundamentación filosófica, jurídica, económica y política de este proyecto histórico renovado y de cada una de las decisiones de Estado que sean adoptadas.

8.1.2. El primer criterio de este proyecto es la desvinculación de la integración neocolonial a los Estados Unidos de América y del dominio de las corporaciones globales sobre el estado nacional.

8.1.3. México debe ser potencia económica tecnológica industrial por sus propios medios en el siglo XXI.

8.1.4. El segundo objetivo estratégico nacional es revertir la economía política tributaria y dependiente, que requiere el establecimiento del estado policiaco militar; mediante la construcción de un estado democrático, social y de derecho.

8.1.5. La fuerza armada permanente debe cumplir a cabalidad su mandato constitucional de resguardar la soberanía territorial y del estado nación mexicano ante amenazas externas.

8.1.6. Debe cesar de inmediato su actividad inconstitucional por la cual participa en tareas de seguridad pública e investigación judicial para lo cual no está constitucionalmente facultada.

8.1.7. Se debe reconciliar a la fuerza armada permanente con el Pueblo de México y su proyecto histórico de desarrollo.

8.2. Políticas de Estado. La recuperación del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos en el siglo XXI requiere establecer políticas de Estado para su realización. Ante la complejidad de la realidad mundial, el funcionamiento del capitalismo informacional global y su relación con los estados nación, es indispensable diseñar políticas de Estado que permitan la realización de las finalidades nacionales.

8.3. Las Políticas de Estado son instrumentos o medios para el logro de los fines nacionales; no son fines en sí mismos. Los requisitos de una política de Estado son los siguientes:

8.3.1. Realizar los mandatos constitucionales y tener una base jurídica firme, que permita la concurrencia, sinergia, vinculación eficaz y suma de capacidades y recursos del conjunto de la sociedad;

8.3.2. Tener un diagnóstico realista y objetivo sobre las causas de la problemática y los medios eficaces para alcanzar las finalidades que se pretenden;

8.3.3. Ser construida con la participación de la sociedad organizada, los partidos políticos y los tres órdenes de gobierno, mediante la vinculación práctica de capacidades y saberes expertos; de la experiencia real de los actores productivos y sociales y los saberes institucionales;

8.3.4. Definir los objetivos estratégicos a nivel nacional en el inmediato, corto (un año), mediano (seis años) y largo plazo (veinticinco años o más) que se pretenden lograr para todos los sectores de la sociedad y para el país como un todo;

8.3.5. Establecer con claridad los derechos y obligaciones, así como compromisos, tanto del sector público, como de la sociedad; en un marco de corresponsabilidad, para alcanzar los objetivos que se pretenden como Nación;

8.3.6. Fortalecer el marco institucional, legislativo, normativo, programático y presupuestario multianual y de rendición de cuentas, para la realización de las responsabilidades públicas; la definición de las misiones de las instituciones; la organización en la conducción de los asuntos públicos y la rendición de cuentas transparentes hacia la sociedad;

8.3.7. Fortalecer los mecanismos que permitan combinar los recursos requeridos para realizar las tareas;

8.3.8. Responder de manera proactiva a las necesidades del desarrollo nacional y las amenazas y oportunidades de la realidad internacional;

8.3.9. incorporar a los tres poderes y los tres niveles de gobierno;

8.3.10. Incorporar de manera real y activa a las organizaciones de la sociedad civil, no como meras aportadoras de consejos o sugerencias, sin corresponsabilidad, sino como partícipes en las decisiones y responsabilidades.

Se requiere la participación de las organizaciones directamente involucradas en actividades productivas y sociales, así como organizaciones sindicales e instituciones productores del conocimiento científico y tecnológico; empresas y organizaciones de consultoría e ingeniería, así como a los usuarios de los productos y servicios de cada ámbito de la economía;

8.3.11. Debe estar fundamentada: sus decisiones deben tener un claro fundamento racional y ético y no ser el producto de posiciones particulares, subjetivas y sin claro sentido para el conjunto de la nación, y mucho menos la imposición a la mayoría, de la búsqueda de propio provecho para unos cuantos. Su beneficio debe ser para la mayoría y bajo la dirección de la mayoría;

8.3.12. La política de estado es resultado del trabajo del conjunto de la sociedad y sus objetivos se deben medir por la posición y logro de objetivos como estado-nación, y no sólo como desempeño de alguna de sus instituciones o sectores particulares;

8.3.13. La política de estado debe reconocer las relaciones complejas que tiene cada dimensión del desarrollo, con otras dimensiones, a efecto de tomarlas en consideración e incorporarlas en su lógica propia de decisiones. Es decir, debe internalizar en sus procesos de definición y sus contenidos, la vinculación con lo que constituye su entorno;

8.3.14. La política de estado debe ser factor de cohesión de la fortaleza del estado-nación, ante las posiciones, intereses y dinámicas de las fuerzas económicas de la globalización, que tiene precisamente la lógica contraria, de promover fuerzas centrífugas que disuelvan la cohesión y tejido productivo, ético y político del estado nación;

8.3.15. La política de estado debe construirse con el objetivo deliberado de construcción de capacidades nacionales en materia de desarrollo de las personas, empresas, tecnología, ciencia, formación de especialistas y sectores con capacidad de resolver las cuestiones que demanda cada dimensión particular del desarrollo;

8.3.16. Debe reconocer los derechos de los mexicanos que aún no viven, pero pueden vivir en el futuro, por lo que sus derechos a unas condiciones de vida sustentable deben ser asegurados, de manera responsable, por la actual generación de mexicanos;

8.3.17. De la misma manera, la actual generación de mexicanos debe respetar el legado de las generaciones anteriores y de esta manera preservar, mantener, enriquecer y desarrollar, el patrimonio, recursos y capacidades y posiciones que ellas han entregado a la generación presente.

En particular, la actual generación debe respetar los esfuerzos, luchas valerosas, logros concretos y realizaciones de las generaciones que hicieron posible la nacionalización exitosa del petróleo y de la industria eléctrica, que nos han aportado a la actual generación, a la que corresponde una obligación de respetarlas y preservarlas para las generaciones futuras;

8.3.18. Toda política de estado debe contribuir a la autodeterminación de la colectividad nacional, del conjunto del país, del estado-nación, como entidad jurídico-política que se ha ido construyendo en la historia con sus esfuerzos, luchas, sacrificios, en una lenta construcción de una identidad y ética propia, en el conjunto de la historia de la humanidad. Por ello la política de estado debe ser fundamento práctico de la soberanía nacional, entendida como la capacidad de autodeterminación de la comunidad nacional, como la libertad de todos en tanto que comunidad nacional.

 

8.4. Los principios de las políticas de Estado, son los siguientes:

8.4.1. Los derechos humanos individuales y colectivos, tienen prelación sobre todo el proyecto histórico y constitucional de los mexicanos en el siglo XXI.

8.4.2. Los intereses legítimos de México como estado nación tienen prelación sobre cualquier interés privado corporativo nacional o extranjero, así como sobre cualquier pretensión o interés de poderes extranjeros.

8.4.3. La garantía del bien universal y público tiene prelación sobre cualquier interés privado y particular.

8.4.4. La distribución de la riqueza y el ingreso es una dimensión intrínseca de la economía política, por lo que no es aceptable la idea de un primer proceso de acumulación capitalista que supuestamente se distribuye a la sociedad por mecanismos supuestos de mercado y de forma individual y diferenciada.

8.4.5. La distribución de la riqueza, como elemento sustancial del pacto productivo y no como dimensión distinta y posterior, es un elemento central que debe establecer las decisiones de Estado sobre el aumento sistemático del salario como proporción del PIB.

8.4.6. Los tratados internacionales suscritos por México, por tener como objeto cuestiones económicas, quedan subordinados a los tratados internacionales suscritos en materia de derechos humanos.

8.4.7. En consecuencia, México administrará cada uno de dichos tratados en función del proyecto histórico de desarrollo. Es obligación del Estado hacer prevalecer en la legislación nacional, en las políticas de Estado y políticas institucionales públicas, el interés de México como estado nación y de los mexicanos como sujetos y fines de dichas políticas, sobre los intereses particulares y extranjeros.

8.4.8. México dejará de reconocer los pasaportes emitidos por los Estados Unidos de América como pasaportes emitidos por la autoridad mexicana y recuperará la soberanía sobre el ingreso y salida de personas en las fronteras nacionales.

 

9. Objetivos generales de las políticas de Estado para el desarrollo de México en el siglo XXI.

9.1. Estado democrático, social y de derecho.

9.1.1. Representación auténtica del Pueblo mexicano en los poderes públicos. Esta es la primera condición para modificar la involución histórica de México y recuperar el proyecto histórico de desarrollo de nuestro país.

9.1.1.1. Esta recuperación exige que el Pueblo esté representado en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal y de las entidades federativas.

9.1.1.2. También exige un federalismo cohesionador e integrador de la nación, ante las fuerzas centrípetas y disruptivas del poder global.

9.1.2. Derechos humanos. Los derechos humanos del Pueblo mexicano tienen prelación sobre los derechos privados del capital y de las corporaciones globales de capital nacional y extranjero.

9.1.3. Democracia participativa. Se establecerá una democracia social, sustantiva, informada, transparente, y participativa desde la toma de decisiones hasta la rendición de cuentas y la transaparencia.

9.1.4. Política exterior.

9.1.4.1. México debe establecer una relación de interdependencia con Estados Unidos de América y Canadá.

9.1.4.2. México debe fortalecer la relación con la CELAC y el desarrollo de este mecanismo de cooperación e integración de los pueblos de América Latina, en el que no intervienen Estados Unidos y Canadá.

9.1.4.3. Con la Unión Europea México debe establecer una relación de corresponsabilidad y reciprocidad, así como el desarrollo de verdaderos vínculos con la sociedad civil mexicana y europea.

9.1.4.4. China, Rusia, India y Brasil constituyen naciones con las cuales México debe desarrollar una relación de cooperación estratégica que contribuya al balance de poderes a nivel internacional, así como de balance en las relaciones internacionales de nuestro país, que permita equilibrar la excesiva presencia e influencia estadounidense.

9.1.4.5. México debe establecer una nueva relación con el sistema financiero internacional (FMI, BM); el sistema de comercio internacional (OMC), el sistema energético internacional (OPEP), en el que participe con voz propia y para promover los intereses nacionales y el proyecto nacional.

9.2. Educación. Política educativa de Estado para restaurar el proyecto histórico de desarrollo.

9.2.1. México debe establecer una política educativa de Estado para restaurar el proyecto histórico de desarrollo. La recuperación del poder nacional, es decir, de la potestad de los mexicanos sobre sí mismos, que supere la condición de dependencia y sujeción a poderes externos, tiene como un soporte insustituible y necesario, el establecimiento de una verdadera política educativa de Estado.

9.2.2. Los mexicanos, cada uno de ellos, son lo único que constituye un fin en sí mismo, y todo lo demás son medios para su realización. Una política de Estado tiene como cuestión sustantiva, garantizar las libertades y derechos humanos de toda la población.

9.2.3. Las bases jurídicas de toda política de Estado son los derechos humanos, las garantías individuales y todos los imperativos de justicia y equidad, con los correspondientes mandatos para los poderes públicos, tal como se establece en la Constitución.

9.2.4. La educación debe tener como objetivo concreto, crear las condiciones para el pleno desarrollo de todos y cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad, de donde se derivan todas las decisiones que se deban adoptar para el diseño, funcionamiento y evaluación del sistema educativo nacional, debe contribuir al logro de los objetivos del proyecto de desarrollo nacional.

9.2.5. Sólo mediante la formación de sujetos con plena autonomía, que han desarrollado de manera consciente una capacidad para su vinculación práctica con los otros seres humanos, bajo la guía de la ética, permitirán a México ser potencia económica políticamente auto determinada en la globalización, es decir, un Estado nación con capacidad propia para garantizar las libertades y derechos humanos de toda la población, así como su autodeterminación como comunidad nacional ante el sistema internacional de naciones y los poderes corporativos globales.

9.2.6. Los fines de la educación se alcanzan por cada una de las personas, mediante el trabajo formativo de cada uno de los individuos sobre sí mismos, y con el trabajo y aportación de las instituciones nacionales, son los siguientes:

9.2.7. Se debe reafirmar el contenido original del Artículo 3º Constitucional, en lo que se refiere a que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Fe de erratas al párrafo DOF 09-03-1993. Párrafo reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.” Párrafo reformado DOF 10-06-2011

9.2.8. La contra reforma introducida el 26 de febrero de 2013 como tercer párrafo del Artículo 3º estipula:  “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Párrafo adicionado DOF 26-02-2013.

Este párrafo contiene una definición abstracta del concepto de calidad, pues este concepto no tiene un contenido explícito en la Constitución. El párrafo tiene una concepción administrativa del sistema educativo, al hacer referencia a los insumos de dicho sistema; cuando es el sistema mismo lo que requiere ser evaluado y no sus componentes como dimensiones aisladas del mismo.

La Constitución no estipula la responsabilidad del Estado en la formación de docentes idóneos, lo que debería ser una obligación fundamental. Esto abre la puerta a la suplantación de los docentes por profesionales “acreditados” y a la contratación de empresas formadoras de docentes, incluso extranjeras, en el marco de los tratados internacionales de servicios.

Dicho mandato de calidad; de hecho es un criterio instrumental de control sobre el magisterio, pues está directamente relacionado con el ingreso, permanencia y remoción de los docentes y directivos del sistema escolar; como lo estipula la fracción III del Artículo 3º aprobada en 2013:

“III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;” Fracción reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013

Lo anterior se confirma al considerar la política educativa aplicada sobre la base de esta contra reforma constitucional. En la fracción IX de la contra reforma, se establece: “IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

a)Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

b)Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

c)Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.”

El mandato del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es evaluar al sistema mismo y no solo a los docentes.

Esta contra reforma contiene entonces una contradicción entre la fracción III y el tercer párrafo del Artículo 3º constitucional, pues en la práctica se ha reducido el sistema y la política de evaluación, al desempeño de la “idoneidad” de los docentes” y no del sistema educativo en su conjunto.

9.2.9. Lo anterior no es una contradicción secundaria sino la estructura de un sistema educativo que se pone al servicio de la formación y acumulación del capital global y no al servicio de la formación de la libertad, la dignidad, la justicia de los seres humanos.

9.2.10. Por ello, tal como quedó modificado el Artículo 3º es una modificación contraria al proyecto nacional de los mexicanos, y por lo tanto, debe ser modificado.

9.2.11. La educación debe tener como único objetivo el desarrollo de todo mexicano como persona, como ser humano que es fin en sí mismo. Por lo tanto, el sistema educativo nacional debe estar diseñado bajo el criterio de justicia; de eliminación de la obscena desigualdad social, económica, cultural, política y educativa que caracteriza actualmente a la Nación mexicana.

9.2.11.1. Aspirar a que los mexicanos sean personas que desarrollen su propias culturas y tengan la capacidad de apreciar los aportes más significativos de las culturas del mundo, y no formar sujetos con mentalidad colonizada y dependiente que participen como ciudadanos de segunda clase en una colonia posmoderna establecida por un poder externo.

9.2.11.2. Promover el desarrollo del pensamiento propio, la autonomía del pensamiento, la criticidad y racionalidad; de manera que la argumentación y propuestas de demostración sean la guía para la toma de decisiones y la acción social.

9.2.11.3. Desarrollar la capacidad de buscar el conocimiento, de formular cuestionamientos y nuevas preguntas, de hacer juicios fundamentados, de formar la disciplina del pensamiento y la lógica argumentativa, y sobre la base de ellos adoptar decisiones consistentes con el conocimiento de la verdad sobre la naturaleza y la sociedad.

9.2.11.4. Fomentar la revaloración de las culturas y aportaciones nacionales a la cultura universal, así como revalorar el mundo rural e indígena.

9.2.11.5. Desarrollar la racionalidad ética, no simplemente una ética de los “valores”, sino una ética racional. La ética propiamente dicha tiene un fundamento racional y no se reduce a una mera expresión de preferencias.

9.2.11.6. La racionalidad ética debe ser considerada una base para la autodeterminación de los individuos, en lo cual consiste su libertad.

9.2.11.7. Es imposible ser libre sin pensar, porque la libertad no es un acto arbitrario, caprichoso, impulsivo o condicionado desde una heteronomía, sino por el contrario, la mayor expresión de la autodeterminación de cada sujeto.

9.2.11.8. La dimensión ética consiste precisamente en el reconocimiento de que el otro, es un otro yo con la misma dignidad, racionalidad y libertad, cuya igual dignidad, derechos y deberes deben ser respetados.

9.2.11.9. Con la formación y la práctica de la racionalidad ética, es posible la formación de sujetos responsables, y no meramente coaccionados o guiados por la búsqueda del propio provecho, o por el cálculo de la capacidad de ser reprendido por actos indebidos en contra de los demás.

9.2.11.10. La formación de la libertad responsable es entonces la condición para la formación de verdadera ciudadanía, que es aquella que emerge de la convicción profunda de tomar decisiones por lo que de suyo debe ser, en una comunidad política que se debe guiar por la justicia.

9.2.11.11. En la sociedad del conocimiento se requiere el dominio de los nuevos lenguajes, tanto los que corresponden a las matemáticas y estadísticas aplicadas, los que se requieren para ser actores y creadores en las tecnologías y saberes de la sociedad del conocimiento, así como del inglés, que debe ser considerado una lengua extranjera y no una lengua nacional.

9.2.11.12. Su valor instrumental es fundamental, pero no debe ser confundido con la adopción acrítica de la cultura de consumo y entretenimiento que difunden los medios de comunicación masiva, sino como lenguaje para el conocimiento científico y para acceder a las creaciones culturales y científicas que se escriben en esta lengua en todo el mundo.

9.2.11.13. Una tarea fundamental de la educación liberadora en el actual sistema capitalista, es lograr la superación de la enajenación del consumo. En la modernidad se pasó del “Cogito ergo Sum” de Decartes, al “Debo, luego existo”. Para la mayoría de seres humanos en la actualidad, la existencia se vive como una deuda monetaria impagable y omnipresente, que lanza todos los días a los seres humanos a su precaria y temporal satisfacción. Se vive entonces al día, al momento, sin perspectiva ni seguridad del futuro. A la angustia existencial se suma entonces la exigencia cotidiana del sustento económico y por lo tanto la adhesión forzada al sistema.

9.2.11.14. La enseñanza del inglés debe ser por lo tanto posterior al dominio del lenguaje español, y por lo tanto se debe promover su enseñanza eficaz en la educación secundaria.

9.3. Cultura, sociedad del conocimiento y democracia.

9.3.1. México fortalecerá su condición de nación pluriétnica y pluricultural, no como vestigio del pasado, sino como dimensión que se incorpora en el presente con todas sus aportaciones históricas, que contribuyen y alimentan de manera activa la política, la economía y la cultura en el presente y hacia el futuro, con una perspectiva cosmopolita.

9.3.2. Ante el entorno mundial, México debe desarrollar su propia cultura con una perspectiva cosmopolita.

9.3.3. La cultura se declara elemento constitutivo de la soberanía nacional, por lo que se debe tener capacidades de producción cultural propia en todas las artes, en particular las audiovisuales, de tal manera que el 50% de estas creaciones tengan origen nacional y tengan el 50% del acceso a los espacios de exhibición y difusión.

9.3.4. Se promoverá una perspectiva mundial y cosmopolita que le permita a los mexicanos el acceso a una verdadera perspectiva mundial de la cultura.

9.3.5. Se ajustará la ley de inversión extranjera para establecer un límite en las empresas de medios electrónicos, de información, radio, televisión e Internet, de acuerdo a los límites que establecen las naciones más desarrolladas, para ajustarla al 17% que es el límite establecido por Estados Unidos en telefonía, como condición desarrollo democrático de la sociedad mexicana.

9.3.6. Ningún país extranjero en lo particular superará de manera acumulada más del 30% del acceso a los públicos.

9.3.7. Desconcentración mediática. Ningún agente particular dispondrá de más del 10% del uso del espectro radioeléctrico y el conjunto de empresas privadas no debe tener más del 50% del mismo.

9.3.8. Infraestructura de la sociedad del conocimiento. El Estado mexicano recuperará la infraestructura de fibra óptica que le permita disponer de capacidades propias de telecomunicaciones, con capacidad de ofrecer los servicios de Internet de mayor velocidad en todo el territorio nacional, en conexión con los sistemas mundiales.

9.3.9. Se establecerá un sistema democrático de comunicación, cine, radio, Internet, con una radio y televisión ciudadana de alcance nacional y señal abierta, y se multiplicarán las radios comunitarias en las zonas rurales y urbanas.

9.3.10. Se consideran estratégicos los programas de telecomunicaciones y motores de búsqueda, pues los algoritmos que los constituyen, establecen relaciones ideológicas y de poder en las sociedades donde operan.

9.3.11. México debe desarrollar capacidades propias públicas y privadas para los motores de búsqueda y bases de datos del sistema de comunicaciones, de información y conocimiento.

9.3.12. Se debe establecer un sistema de comunicación de Estado dirigido y operado por los ciudadanos en materia de radio, televisión, cine, Internet.

9.4. Soberanía económica multidimensional.

9.4.1. México establecerá políticas de Estado para la autodeterminación económica en todos los sectores económicos.

9.4.2. Economía política. México desarrollará una nueva economía política para el desarrollo libre, justo, soberano e interdependiente de México.

9.4.2.1. Ante la evidencia del fracaso del desarrollo durante los últimos treinta años, se crearán condiciones de economía política para el desarrollo capitalista mexicano, en el entorno de la economía mundial.

9.4.2.2. El desarrollo de México como potencia tecnológica industrial por sus propios medios, es la única vía para dar viabilidad política, justicia y paz social a nuestro país. Tres décadas de una economía política tributaria y dependiente y la inminente involución de México en colonia estadounidense lo demuestran de manera contundente.

9.4.2.3. Ser potencia para México no es una opción, sino una necesidad e imperativo ético de justicia.

9.4.2.4. La eliminación de la desigualdad es una condición inherente de esta condición de ser potencia tecnológica industrial por nuestros propios medios.

9.4.2.5. Una economía política que diera continuidad a la obscena concentración de la riqueza, daría continuidad por lo tanto a la violencia del Estado y en la sociedad, lo que no reduciría los actuales índices de impunidad e injusticia, y por consiguiente no reduciría sino que mantendría la polarización social e inviabilidad del desarrollo soberano, justo, y libre de México.

9.4.2.6. La convergencia de México con las naciones más civilizadas, es decir más éticas, del mundo, no se debe referir de manera limitada y equivocada a su convergencia con los Estados Unidos de América, sino con las naciones en las que se ha alcanzado niveles superiores de seguridad y desarrollo humano, en relación a salarios, tributación, desarrollo tecnológico, inversión, desarrollo, sustentabilidad, justicia y cohesión social.

9.4.2.7. Se restablecerá la economía mixta sustentada en la Constitución de 1917, bajo controles democráticos, y se establecerá un nuevo pacto social para el siglo XXI, que restablezca los compromisos históricos de la Constitución de Apatzingán (1813) y de 1917, para lograr las finalidades de México en el siglo XXI.

9.4.2.8. México debe establecer condiciones monetarias, fiscales, de inversión y comercio, que permitan el desarrollo del mercado interno como principal soporte del crecimiento económico y el desarrollo.

9.4.2.9. Se debe establecer una política de sustitución sistemática y gradual del papel e intervención de la inversión y el comercio internacional, en virtud de que sus procesos de acumulación global, de manera sistemática, estructural y permanente, impiden el crecimiento y desarrollo de México.

9.4.2.10. El papel de la inversión extranjera deberá ser complementario y estar subordinado a objetivos y metas de industrialización nacional, de generación de exportaciones y divisas, de desarrollo tecnológico, industrial y de proveedores que participen con bienes de alto valor agregado en las cadenas productivas.

9.4.2.11. Lo anterior es condición necesaria para poder crear nuevos empleos industriales formales y con altos ingresos. A su vez, este crecimiento del mercado interno es el sustento de los ingresos fiscales del Estado mexicano en el siglo XXI, sin los cuales el Estado mexicano no puede garantizar derechos humanos y desarrollo.

9.4.2.12. La política de desarrollo sustentada principalmente en el mercado interno, tiene como dimensión necesaria, el aumento del poder adquisitivo del salario, el cual deberá aumentar, como pacto social fundamental, por arriba de la inflación, con el objetivo de que en una década recupere el 80% del poder adquisitivo perdido durante las últimas tres décadas.

9.4.2.13. Se establece un nuevo pacto distributivo del capitalismo mexicano, para aumentar la participación de los salarios en el PIB a un 60% en una década.

9.4.2.14. Se aumentará la capacidad de ahorro nacional para la inversión productiva y el desarrollo, hasta alcanzar el 40% del PIB en quince años.

9.4.2.15. Se aumentará la inversión pública y privada a 40% del PIB en veinte años.

9.4.2.16. Se aumentará progresivamente la capacidad de crecimiento económico, hasta alcanzar el 6.5% anual en seis años.

9.4.2.17. Se aumentará el PIB per cápita 3% anual.

9.4.2.18. La estrategia de crecimiento económico y desarrollo se sustentará en el mercado interno y no en la inversión extranjera y el mercado externo.

9.4.2.19. Se disminuirá la internacionalización de la economía nacional (suma de importaciones y exportaciones como proporción del PIB) al 34% del PIB y se aumentará el mercado interno al 66% del PIB en un plazo de quince años.

9.4.2.20. El Estado mexicano deberá establecer un conjunto de condiciones financieras, de acceso a crédito, tasas de interés, tasas impositivas, similar a las condiciones que establecen los países con los que se tienen tratados comerciales y de inversión, para inversiones productiva en los sectores primario, secundario y terciario; por lo que es su responsabilidad que se den condiciones reales de libre concurrencia en las relaciones internas e internacionales de los mercados; por lo que las políticas de administración del comercio exterior deben tener como primer criterio el establecimiento de condiciones productivas en el país, equivalentes a las de las empresas importadoras en sus países de origen.

9.4.2.21. México modificará en la práctica el funcionamiento del TLCAN, en lo que se refiere a inversión, compras de gobierno y reservas, para que el Estado mexicano recupere el derecho de imponer a inversionistas extranjeros criterios de desempeño para: que generen divisas que compensen sus importaciones; transfieran tecnologías; destinen al mercado nacional sólo aquella parte de la producción para la cual generaron divisas; alcancen un 49% de contenido nacional en una década y participen en las compras de gobierno de manera supletoria y subsidiaria, al tener las empresas de capital nacional prelación en las adquisiciones de bienes y servicios del sector público, mismas que son resultado de las aportaciones fiscales de los mexicanos y por lo tanto tienen derecho a su utilización como mercado para el propio desarrollo económico.

9.4.2.22. Se modificará el régimen fiscal, comercial y de políticas de fomento económico de México, a favor de las empresas de capital nacional, con prelación sobre las empresas globales, sean de capital nacional o extranjero.

9.4.2.23. Se renegociará la actual deuda pública y se reducirá su tasa de interés, con un compromiso de desarrollo de largo plazo.

9.4.2.24. El nuevo pacto fiscal debe establecer los criterios de tributación de propietarios, personas físicas, empresas, bienes y servicios públicos, equivalente al que actualmente existe como promedio en la Unión Europea.

9.4.2.25. Se establecerá como como criterio de la planeación estratégica de la economía política nacional, la obtención de las necesarias divisas para el comercio internacional, mediante la generación de las mismas por la propia actividad económica de cada sector y rama de la economía.

9.4.2.26. Cesará la política de sustentar la “supuesta competitividad” de México sobre la base de bajos salarios y prestaciones sociales.

9.4.2.27. La competitividad de la economía política nacional será el valor agregado tecnológico industrial y no los salarios.

9.4.2.28. La tasa de ganancia en nuestro país deberá ser similar a la que se obtiene en las economías más desarrolladas del mundo y no deberá nunca rebasar un 10% de la misma.

9.4.2.29. El aumento de la productividad total de los factores se acompañará con políticas de organización y fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Se eliminará la práctica del “outsourcing” para reconocer el valor económico real de la contribución de los trabajadores a la economía nacional y a la tributación del sistema fiscal.

9.4.2.30. Se establece un nuevo pacto fiscal del capitalismo mexicano, para aumentar el ingreso y gasto público de México al 50% del PIB en una década.

9.4.2.31. Se establecerá una contribución fiscal de las empresas en México, equivalente al promedio que tributan como proporción del PIB en  la Unión Europea.

9.4.2.32. Se desconcentrará la actividad económica. Ningún agente privado y ningún país, a través de sus diversas corporaciones en la economía nacional, controlará más del 10% de cualquiera de las ramas y sectores económicos, porque impide la creación social y distribución de la riqueza.

9.4.2.33. La inversión pública estará sometida a criterios de economía política y objetivos de estrategia nacional de desarrollo y por lo tanto no estará sujeta a las reglas de concentración de la inversión privada.

9.4.2.34. Se cancelará todo contrato con la banca extranjera, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que esté vinculado al establecimiento de políticas que beneficien a las corporaciones globales, en detrimento del desarrollo nacional.

9.4.3. Deuda pública. Prohibición de toda deuda que:

9.4.3.1. no tenga como objeto la inversión;

9.4.3.2. no tenga sustento en un proyecto económico que garantice su pago;

9.4.3.3. se destine a gasto corriente, pago de intereses o servicios financieros.

9.4.4. Desarrollo de un sistema bancario y financiero de propiedad mixta nacional, que dé soporte a una política monetaria soberana.

9.4.4.1. México establecerá una política monetaria soberana, mediante los siguientes mecanismos:

9.4.4.1.1. el establecimiento de la moneda plata, a la cual se destinará una proporción significativa de la producción nacional de plata, en virtud de que México es el mayor productor de plata en el mundo (estimada en 130 millones de onzas troy anualmente).

9.4.4.1.2. En segundo lugar, se modificará el mandato del Banco de México, con el objeto de que incluya en sus mandatos constitucionales, no solamente preservar el poder adquisitivo de la moneda, sino también una política monetaria que contribuya al crecimiento económico y la generación de empleos.

9.4.4.1.2.1. Asimismo un tercer nuevo mandato del BANXICO es establecer políticas que contribuyan a la reducción de las tasas de interés en el largo plazo.

9.4.4.1.2.2. Cabe señalar que estos mandatos son los que tiene la Reserva Federal Estadounidense, por lo que no es necesario justificarlas ante el sistema financiero y monetario internacional.

9.4.4.1.3. Un tercer elemento de la política monetaria soberana es el desarrollo de un sistema financiero y bancario nacional, que deberá sustituir a los bancos concesionados de inversión extranjera en un 90% en un plazo de seis años.

9.4.4.1.3.1. México no dispone de un sistema financiero que promueva la inversión productiva en empresas de capital nacional, porque está controlado por entidades extranjeras que no obedecen a los objetivos del Estado mexicano, sino a los de sus matrices extranjeras.

9.4.4.1.3.2. Se desarrollará un sistema bancario y de financiamiento nacional con bancos nacionales de propiedad mixta (50%) de capital público y privado, operadas por entidades privadas, que controlen al menos el 80% del sistema de pagos, ahorro y crédito de la economía nacional.

9.4.4.1.3.3. Se acumularán reservas en oro y plata como garantía del sistema financiero mexicano.

9.4.4.1.3.4. Las minas de oro y de plata son declaradas de interés estratégico nacional, porque se destinarán a la construcción de garantías reales del sistema financiero mexicano.

9.4.4.1.3.5. Para ello se ofrecerá a los actuales concesionarios de minas de oro en el país, en donde oficialmente se producen 100 toneladas anuales de oro, que subestiman la producción y exportación ilegal, la posibilidad de obtener el 15% de las utilidades ad valorem de la producción, y entregar el 100% de la producción al Estado mexicano (actualmente pagan 5 pesos de derechos por hectárea y por año, y 1.5% de impuestos ad valorem); o bien si esto no fuera aceptado por los concesionarios, la expropiación y  explotación directa por el Estado mexicano de todas las minas de oro, cuya producción en cualquier caso, será entregada en un 100% para acumulación y resguardo del BANXICO.

9.4.4.1.3.6. Por este mecanismo, México puede acumular 1000 toneladas de oro en una década, como garantías reales para el desarrollo de un sistema financiero mexicano, propiedad 50% pública y 50% privada, operada de manera privada y social, para atender las necesidades de financiamiento de todos los sectores, ramas y regiones; así como sistema de pago a nivel nacional e internacional.

9.4.4.1.3.7. El sector financiero no autorizará el funcionamiento de mercados especulativos de ninguna naturaleza y se concebirá como instrumento para el ahorro, sistema de pagos y financiamiento para la actividad productiva.

9.4.4.1.4. Un cuarto elemento de la nueva política monetaria es sustituir la reducción del salario como instrumento de contención de la inflación, por una política sistémica de aumento de la productividad, la cual deberá ser medida sistemáticamente por BANXICO en todas las ramas y sectores económicos, por las organizaciones industriales y en todas y cada una de las empresas mexicanas; para disponer de elementos precisos, concretos e históricos para la toma de decisiones macroeconómicas que contribuyan al aumento de la productividad y al mismo tiempo al desarrollo nacional sustentado en una distribución justa del ingreso y la riqueza nacional, bajo condiciones de sustentabilidad real en el corto, mediano y largo plazo.

9.4.4.2. El sector financiero nacional y extranjero no podrá participar en la inversión productiva en ningún otro sector, ni podrá disponer de bienes inmuebles que no estén relacionados directamente con sus necesidades de funcionamiento.

9.4.5. Inversión extranjera.

9.4.5.1. Se establecerán nuevas reglas, para que las inversiones extranjeras en México contribuyan al desarrollo nacional.

9.4.5.2. La estabilidad macroeconómica solamente es viable si los flujos de comercio, inversión y acumulación de capitales se realizan de manera cualitativamente significativa al interior de la economía nacional.

9.4.5.3. Por lo tanto, es indispensable que los inversionistas globales tributen en nuestro país el mismo porcentaje que tributan en sus países de origen; que el envío de utilidades de sus matrices en otros países no rebase las utilidades reportadas al sistema fiscal mexicano; que la auditoría de precios de transferencia que demuestre violaciones a las normas internacionales, tenga consecuencias de cancelación de sus derechos de inversión en México.

9.4.5.4. Se considerará para efecto de beneficios de la inversión extranjera en nuestro país, exclusivamente a los nuevos flujos de inversión; y no se considerará la reinversión de utilidades obtenidas en México o contratación de deuda extranjera de las empresas.

9.4.5.5. La inversión extranjera no debe representar más de una tercera parte del valor agregado, comercio exterior y participación en el mercado.

9.4.5.6. Se establecen en México los límites de inversión extranjera en todos los sectores de la economía que prevalecen en sus países de origen, porque la economía política de México es interdependiente y no neocolonial.

9.4.5.7. Se establecen los siguientes límites para la inversión extranjera en los siguientes sectores: 10% para la banca; 17% para la telefonía, telecomunicaciones e Internet; 10% para radio y televisión.

9.4.5.8. Se penalizarán los movimientos especulativos de capital (Impuesto Tobin).

9.4.5.9. Se establecerán límites de participación y concentración de las corporaciones globales de capital extranjero en la economía nacional.

9.4.5.10. La concentración de los mercados por empresas en lo particular y grupos de empresas de un mismo país, no debe rebasar el 30% en ningún sector de la economía.

9.4.5.11. La participación de las empresas de capital nacional deben representar un 66% de la economía nacional.

9.4.5.12. El universo de empresas de inversión extranjera no deben controlar más del 30% de ningún sector de la economía nacional.

9.4.5.13. Las inversiones extranjeras pagarán los mismos impuestos en México que pagan en sus países de origen. No se reconocerá como cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Estado mexicano, los pagos de impuestos realizados a otros estados nación.

9.4.5.14. Se modificarán las leyes y políticas de carácter tributario hacia las corporaciones globales para que contribuyan al desarrollo de la economía mexicana.

9.4.5.15. Se cancelar el otorgamiento de subsidios y beneficios fiscales para las corporaciones globales por parte de las entidades federativas y se centralizará el otorgamiento de los mismos en el gobierno federal, en función de los objetivos nacionales y la planeación estratégica nacional.

9.4.5.16. La inversión extranjera generará las divisas que requieran sus importaciones.

9.4.5.17. Se contabilizarán como inversión extranjera sólo de los flujos que representen nuevos aportes de capital, excluyendo las reinversiones con utilidades generadas en el país.

9.4.5.18. Se establecerán requisitos de desempeño a las corporaciones globales para la promoción en México de proveedores con valor agregado nacional.

9.4.6. Energía.

9.4.6.1. Se declara nula de pleno derecho la contrarreforma energética y por lo tanto, nulos los contratos firmados al amparo de la misma.

9.4.6.2. La Constitución mexicana regresará al status previo a la contra reforma energética del Pacto contra México promovido por Enrique Peña Nieto y su coalición de socios.

9.4.6.3. México desarrollará empresas públicas y tecnologías propias para realizar la transición de la matriz energética de hidrocarburos (que actualmente abastecen el 80% de la matriz energética) a energías renovables, que deberán representar el 80% de esta matriz en un plazo de 25 años.

9.4.6.4. La inversión en energía se destinará para lograr que México disponga de capacidades en energías renovables capaces de satisfacer los requerimientos de la matriz energética en un 80% en un plazo de 25 años.

9.4.6.5. Se separará al sector energético de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Congreso de la Unión definirá y controlará la Política Energética de Estado.

9.4.6.6. Cesará la exportación de crudo y se exportarán exclusivamente bienes y servicios energéticos y petroquímicos de alto valor agregado.

9.4.6.7. PEMEX y CFE se restablecerán como organismos públicos del Estado mexicano y las decisiones estratégicas serán adoptadas por ley por el Congreso de la Unión, de manera independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9.4.6.8. Se reestructurarán PEMEX y CFE como organismos del Estado, bajo una planeación estratégica integral del sector energético, que incluya a las energías renovables; con el mandato de desarrollar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales necesarias para satisfacer las necesidades energéticas de México sobre la base de los organismos del Estado mexicano y de fuentes de energía renovables.

9.4.6.9. Se renegociarán, declararán nulos o administrarán, según corresponda, todos los contratos firmados sobre la base de la contra reforma constitucional energética, en función del interés y la seguridad nacional y energética de México.

9.4.6.10. La renta petrolera se destinará en un 80% a la inversión productiva en energía, desarrollo tecnológico, desarrollo industrial e infraestructura.

9.4.6.11. El 20% de la renta petrolera se destinará de manera directa a la superación inmediata de la pobreza y la desigualdad, en particular en la sociedad rural y los pueblos originarios.

9.4.6.12. Se prohibirá la utilización de la renta y utilidades energéticas para gasto corriente o deuda de la administración pública.

9.4.6.13. México recuperará la propiedad, dominio directo, renta petrolera, capacidad de generar valor industrial en refinación y petroquímica, oleoductos, infraestructura, monopolio de importación y exportación de energía, así como mercados y capacidad de distribución de energía a la sociedad.

9.4.6.14. El criterio de sustentabilidad obliga a México a garantizar la transición a energías renovables, por nuestros propios medios en un plazo máximo de dos décadas.

9.4.6.15. Se desarrollarán bases energéticas del sistema nacional de transporte, sobre la base de la generación energética nacional y el desarrollo de vehículos por la industria nacional.

9.4.7. Soberanía agroalimentaria y nutricional.

9.4.7.1. La soberanía agroalimentaria y nutricional se considera cuestión de seguridad nacional, por lo cual se considerarán las siguientes dimensiones: territorio, biodiversidad, agua, financiamiento, comercio interior y exterior, desarrollo energético, producción de semillas, producción de fertilizantes, administración de sistemas de almacenamiento, sistema de precios de garantía (rentabilidad), sistema de industrialización de bienes y productos agropecuarios, se someterán a una planeación estratégica nacional, sustentada en presupuestos multianuales.

9.4.7.2. Se establece una planeación de Estado para la soberanía agroalimentaria y nutricional.

9.4.7.3. El Estado garantizará que el agua, suelo y biodiversidad sean considerados elementos inalienables del patrimonio nacional, mismo que será resguardado por el Estado para beneficio de la sociedad mexicana y de la humanidad.

9.4.7.4. México realizará una administración del TLCAN y de todos los demás tratados internacionales de comercio, bajo el criterio de considerar la soberanía agroalimentaria y nutricional como el criterio fundamental, consistente con los tratados internacionales de derechos humanos, por los cuales el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho humano a la alimentación, con prelación sobre los tratados comerciales y económicos.

9.4.7.5. Los productos básicos y estratégicos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, serán considerados prioritarios en las políticas públicas, que deberán garantizar la rentabilidad necesaria a los productores, para mantener la actividad agropecuaria en condiciones de continua capitalización, aumento de productividad y ampliación de la sustentabilidad de agua y biodiversidad.

9.4.7.6. El empleo rural será considerado prioritario para el desarrollo nacional, como una condición indispensable para la reproducción reproducirse económica, ecológica y cultural de la sociedad campesina. El ejido tendrá pleno reconocimiento como organización económica, social  y política.

9.4.7.7. La importación de alimentos básicos y estratégicos estará condicionada al nivel alcanzado por la producción nacional, por lo que siempre será considerada complementaria ante insuficiencias de la producción nacional.

9.4.7.8. La autorización de importaciones deberá siempre comprobar la ausencia de subsidios o mecanismos artificiales de alteración de los precios de importación.

9.4.7.9. Se llevará a cabo una planeación estratégica de la producción agroalimentaria, así como de la política alimentaria, de manera conjunta con las organizaciones de los productores, en primer lugar las organizaciones ejidales de la propiedad social y también de los pequeños propietarios, de manera que dicha planeación, programación, reglas de operación, distribución de los recursos públicos a programas, regiones y productores, así como los resultados alcanzados, se decidan y ejecuten bajo la corresponsabilidad público, privada y social, a través del Consejo establecido en la LDRS; impulsando de manera sistemática el desarrollo de cadenas directas de comercialización de los productores a los consumidores y el desarrollo de la agroindustria alimentaria nacional.

9.4.7.10. El Estado mexicano de manera conjunta con las organizaciones de productores nacionales, invertirá en la infraestructura estratégica que permita hacer funcional la oferta estacional y la demanda permanente de alimentos, mediante sistemas de almacenamiento y comercialización de propiedad social, desarrollados con apoyos y subsidios públicos, al ser considerados estratégicos para la seguridad y la soberanía agroalimentaria y nutricional.

9.4.7.11. Las empresas productoras y comercializadoras extranjeras no recibirán subsidios del Estado mexicano más allá del 10% de los impuestos pagados por estas empresas al Estado mexicano.

9.4.7.12. El Estado restablecerá los organismos públicos para la investigación de la biodiversidad y la investigación genómica, para garantizar la oferta de semillas necesaria para la autosuficiencia agroalimentaria, que incluya la cadena desde la generación de acuíferos y bosques, bajo el criterio de declarar a México nación libre de transgénicos, en virtud de ser una nación megadiversa, así como centro de origen y difusión de miles de especies vegetales. El Estado en convenio con la sociedad rural y especialmente indígena, garantizará y preservará la biodiversidad nacional.

9.4.7.13. El Estado garantizará la producción de los insumos que requiere la producción agroalimentaria y nutricional, y de manera especial, la producción de fertilizantes, tecnologías, maquinaria y equipo para aumentar la producción y productividad de los sistemas de riego, conservación, energía, transformación, almacenamiento, transporte y todas las requeridas como industrias de bienes de capital por el sector primario; como una dimensión fundamental de la política de reindustrialización acelerada de México.

9.4.7.14. La política de administración de los tratados internacionales de comercio e inversión deberá incluir como criterio de igualdad de condiciones productivas de los productores nacionales, lo que justifica la imposición de salvaguardas y otros instrumentos de protección de la producción nacional, al considera el acceso al crédito y las tasas de interés, como un criterio básico de dicha evaluación.

9.4.7.15. El ejido será considerado como entidad de interés público y todos los programas públicos y reglas de operación les otorgarán este reconocimiento, para el acceso a los recursos de los programas públicos, en igualdad de circunstancias al acceso individual a dichos programas.

9.4.7.16. El Estado garantizará ante las entidades financieras a la propiedad social, en igualdad de circunstancias a la propiedad privada, para efectos de garantías necesarias para el otorgamiento de empréstitos.

9.4.7.17. Los programas sociales del Estado mexicano no tendrán autorización de importar ningún producto, ni de vender productos alimentarios importados. Su infraestructura de almacenamiento y comercialización será integrada a la estrategia integral de producción para la soberanía agroalimentaria y nutricional.

9.4.7.18. Se deberá terminar con la pobreza alimentaria en un plazo máximo de seis años. La metodología para determinar el monto del salario mínimo, establecerá anualmente el contenido del mismo que corresponda a la compra de alimentos y el Estado deberá garantizar el acceso a los mismos a todos los trabajadores, mediante una cuantificación monetaria de su valor; mismo que deberá ser incluido en las decisiones que se adopten en relación al monto de dicho salario mínimo.

9.4.7.19. En la planeación estratégica de largo plazo del desarrollo nacional y la soberanía agroalimentaria, nutricional, energética y de la biodiversidad, tendrá como principal objetivo, la eliminación de la desigualdad campo-ciudad, en particular la desigualdad nación-pueblos originarios.

9.4.7.20. Los jóvenes rurales serán los sujetos privilegiados de las políticas públicas en materia de educación, salud, deporte, cultura, ciencia, tecnología y calidad de vida. La política nacional deberá tener como objetivo y criterio principal de evaluación, la generación de oportunidades de vida para los jóvenes rurales, el arraigo a la comunidad y la región, la recuperación y transmisión de saberes ancestrales, el fortalecimiento de familias y comunidades, y la protección ante los embates y violencia del crimen organizado. De manera especial, se restablecerá la transición intergeneracional de la propiedad social, los saberes técnicos y la cultura en la sociedad rural, que además deberá contribuir a la seguridad de las comunidades y su capacidad de proteger los recursos de la nación ante intereses corporativos globales y extranjeros.

9.4.8. Reindustrialización acelerada de México.

9.4.8.1. La inversión extranjera directa ha venido sustituyendo cadenas y segmentos significativos de las cadenas de valor agregado de la industria nacional, lo que ha creado una estructura productiva dependiente de las importaciones de dichos bienes, que no conduce a la industrialización de México, sino a la pérdida de su capacidad industrial propia.

9.4.8.2. Se han perdido millones de empleos en la industria y miles de empresas manufactureras.

9.4.8.3. Es establecerá una política de reindustrialización acelerada para todos los sectores y ramas de la industria, con impulso determinante del sector energético, mismo que regresará a las bases constitucionales, legales y orgánicas previas a la contra reforma del 2013, como fundamento y soporte de la estrategia nacional de reindustrialización.

9.4.8.4. La reindustrialización de las manufacturas se realizará mediante la aplicación de las tecnologías de automatización más avanzadas, desarrolladas en el país.

9.4.8.5. Se establecerá una política definida de sustitución de importaciones de bienes de capital, tecnologías, insumos intermedios y programación, como fuente de crecimiento y desarrollo económico nacional y factor de equilibrio del sector externo.

9.4.8.6. México establecerá como criterio de la política de reindustrialización, alcanzar de manera acelerada altos porcentajes de valor agregado tecnológico industrial.

9.4.8.7. Se establecerá un nuevo concepto de competitividad, según el cual el desarrollo tecnológico industrial, el aumento del valor agregado nacional, el aumento de la productividad total de los factores, el aumento de los salarios mínimos y contractuales, el desarrollo equilibrado de todas las regiones del país, la utilización óptima e industrialización de los recursos naturales del país, y la generación de superávits comerciales en todas las ramas y sectores industriales; sean considerados el contenido y criterio de la competitividad nacional, por lo que se desechará por carente de fundamento teórico y de la historia económica, el concepto de economía colonial que se ha impuesto por agencias extranjeras, según las cuales competitividad se definiría, falsamente, como la capacidad de un país de “atraer y retener inversiones”.

9.4.8.8. Se establecerá una estrategia de desarrollo de capacidades industriales con empresas de capital nacional, para todos los sectores y ramas de la industria.

9.4.8.9. Se desarrollará la legislación correspondiente y las políticas de Estado, para superar las relaciones de dependencia de cada uno de los sectores económicos.

9.4.8.10. Se fomentará a las empresas de capital nacional con prelación sobre la inversión extranjera.

9.4.8.11. Se establecerá una política de reindustrialización acelerada con su correspondiente política de comercio exterior y exportación, que permita obtener un superávit comercial sistemáticamente, sobre la base de exportaciones de alto valor agregado tecnológico industrial.

9.4.8.12. México exportará bienes y servicios de alto valor agregado y buscará eliminar la exportación de materias primas.

9.4.8.13. Se establecerá una política industrial para la sustitución competitiva y estratégica de bienes y servicios.

9.4.8.14. Todas las empresas comerciales deberán garantizar por sí o por convenios con proveedores, la obtención de las divisas requeridas para el pago de las importaciones que realicen.

9.4.8.15. Los precios que paguen los consumidores mexicanos se deberán comparar permanentemente con de los precios que pagan los consumidores extranjeros, en medicinas, manufacturas, servicios telefónicos y de Internet, alimentos, entre otros, para promover acciones que permitan tener acceso a estos bienes y servicios en condiciones de igualdad.

9.4.8.16. Se establecerán límites a la concentración de las actividades económicas.

9.4.8.17. Las compras de gobierno estarán dirigidas al desarrollo de las tecnologías e industrias nacionales. Las compras de gobierno se destinarán en un 80% a empresas de capital mexicano.

9.4.9. Desarrollo científico, tecnológico y de innovación nacional.

9.4.9.1. México desarrollará tecnologías propias mediante la suma estratégica de los mercados y el gasto público, destinado al desarrollo de empresas mixtas de capital nacional.

9.4.9.2. Se establecerá una política nacional propia para el desarrollo de ciencia, tecnología e industrias de bienes de capital y de información, que impulsen la estrategia nacional de reindustrialización acelerada.

9.4.9.3. México debe aprovechar las compras de gobierno para desarrollar industrias y tecnologías propias en los sectores más avanzados de la industria informática, robótica, bienes de capital, telecomunicaciones, y procesos de automatización.

9.4.9.4. Las dependencias y entidades públicas deberán desarrollar capacidades propias para  manejar de manera directa con equipos, programación y bases de datos, la información pública y estratégica; sobre la base de desarrollo de capacidades institucionales apoyadas por empresas de capital  nacional asociadas con universidades nacionales, en todos los ámbitos de la administración pública.

9.4.9.5. Conacyt establecerá un programa de desarrollo acelerado de empresas de base tecnológicas, en asociación con universidades nacionales y los propios egresados obtienen premios en certámenes internacionales de robótica, automatización y diseño de nuevas tecnologías informáticas y de aplicaciones diversas.

9.4.10. Estrategia territorial y dominio directo de las Infraestructuras de Estado.

9.4.10.1. El Estado establecerá una política soberana de desarrollo de la infraestructura para la integración territorial, económica, social y cultural de los mexicanos, con prelación a una infraestructura al servicio de las necesidades de las corporaciones globales. Esta política soberana se aplicará a:

9.4.10.2. Puertos.

9.4.10.3. Aeropuertos.

9.4.10.4. Carreteras.

9.4.10.5 Vías férreas.

9.4.10.6. Transporte público de pasajeros a nivel urbano y nacional.

9.4.10.7. Almacenamiento y distribución de alimentos básicos y estratégicos.

9.4.10.8 Almacenamiento y distribución de energéticos, petroquímicos y petrolíferos.

 

10. Tesis sobre la estrategia política para realización de los fines nacionales; la recuperación del poder nacional y sus fases de desarrollo durante 2018-2024.

10.1. El desafío histórico de México es recuperar su independencia y soberanía ante el capitalismo informacional global y la política neocolonial estadounidense.

10.2. El Pueblo de México tiene el derecho de resistencia ante la pérdida de la libertad individual causada a sus integrantes sometidos a condiciones de pobreza extrema; y del país en su conjunto ante el sistema de poder internacional.

10.3. De la resistencia del Pueblo de México, al pleno ejercicio de su derecho de soberanía plasmado en el Artículo 39 de la Constitución, México tiene como tarea inmediata tener la capacidad de hacerse representar en los poderes públicos.

10.4. Hace cien años el Pueblo de México llevó a cabo una Revolución que estableció un nuevo pacto social y los plasmó en una nueva Constitución.

10.5. Las elecciones presidenciales y federales de 2018 son la última oportunidad de recuperar el proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos, y suprimir el proyecto neocolonial de los Estados Unidos.

10.6. Los movimientos sociales, en la medida que buscan incidir en las organizaciones de representación política y en el gobierno, en lugar de considerarse a sí mismas como representación directa de la sociedad, se autolimitan en su capacidad de modificar la estructura de poder. La relación entre movimientos sociales y partidos políticos no es sencilla ni se puede resolver de manera superficial.

10.6.1. El criterio fundamental es el auto reconocimiento de las organizaciones y movimientos sociales, como realidades con dignidad y derecho de soberanía, que tienen  pleno derecho a participar en las decisiones y corresponsabilidades de lo público.

10.6.2. Si los movimientos sociales no tienen la perspectiva de totalidad, de reconocerse en el conjunto social, y mantienen por lo tanto luchas y reivindicaciones particulares, están por definición fuera de la posibilidad de incidir en la dirección y las decisiones del conjunto.

10.6.3. La cuestión por lo tanto, es la discusión sobre la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Si las organizaciones sociales no tienen voluntad de incidir en las decisiones sobre el conjunto social, se auto marginan de las decisiones políticas; si los partidos funcionan según los apetitos e intereses de sus burocracias y dirigencias, y funcionan sin vinculación orgánica con los movimientos sociales, se corrompen y no tienen ninguna capacidad de representar al Pueblo.

10.6.4. En México se observan ambos fenómenos y tal vez ello explique la aplastante derrota del Pueblo de México ante la capacidad política de los representantes del capitalismo global y la oligarquía nacional en las últimas tres décadas.

10.6.5. La disyuntiva histórica es por lo tanto: ser Pueblo libre o esclavo posmoderno.

10.7. El Proyecto de Nación debe garantizar el derecho a rebelarse ante el uso y abuso de la Ley para legitimar lo ilegítimo en materia económica.

10.7.1. En México existe una crisis de legitimidad en algunos ámbitos del ejercicio del poder público. Destaca, entre estos, el ámbito de las leyes adoptadas en los últimos 35 años en materia económica que, al amparo del ordenamiento jurídico, han cancelado el ejercicio democrático y soberano de la sociedad para rebelarse a las decisiones tomadas por la tecnocracia asentada en el poder público y solapada, cuando no impulsada también por los grupos políticos y económicos que velan únicamente por sus intereses, sin cuestionar la legitimidad de leyes injustas que afectan a la mayoría de la sociedad.

10.7.2. La ilegitimidad de las reglas económicas impuestas por el marco jurídico, es consecuencia de una serie de artimañas por parte de los actores que detentan el poder público, haciendo que  la economía  pierda su esencia política dándole carácter de “ley natural inmanente” y despojándola de su contenido de relaciones humanas.

10.7.3. Al incorporar las decisiones en materia económica al marco legal, se está obligando a su aceptación y obediencia, ya que quien se oponga a dichas leyes estará incurriendo en un acto ilegal, lo que puede implicar sanciones, pero lo más grave es que dichas leyes, aun cuando hayan sido, en principio, aceptadas y aprobadas por la sociedad, los resultados obtenidos con su aplicación irrestricta es injusta y perjudicial para el desarrollo del país.

10.7.4. Por tal razón hace necesaria  su  reorientación o inclusive su derogación, en los casos en que es evidente que los resultados no son compatible con los beneficios esperados cuando se aprobaron, y más aún, cuando los resultados lejos de mostrarse positivos reflejan un alto grado de injusticia social, generan mayor pobreza, desigualdad en las oportunidades de desarrollo individual y la concentración de la riqueza en algunos cuantos, en detrimento de los muchos.

10.7.5. La incorporación de decisiones de política económica al marco jurídico, tiene el germen de la ilegitimidad desde el origen mismo de la creación de la norma cuando esta no es necesaria, carece de los atributos de validez y de justicia social como para que sea aceptada por una sociedad informada. La falta de información y de cultura política en la sociedad, hace que ésta sea víctima propicia del abuso ejercido por la tecnocracia en el poder.

10.7.6. La incorporación de normas económicas en la legislación y más aún en la Constitución, es ilegítima desde el momento mismo en que no se hace una realista “declaratoria de necesidad” de crear una norma legal por la que tendría que pronunciarse la sociedad, como válida; es decir que no se debe considerar legítima una ley cuando solo se basa en declaraciones de que dichas leyes son las que “México necesita” -como las que instrumentan las “reformas estructurales”- sin que se explique por qué se necesita, para qué, en qué momento es más adecuada y sobre todo cuando no se precisa cuáles son los beneficios esperados en su aplicación en términos de que sean justos, razonables y equitativos.

10.7.7. En México la crisis de legitimidad por la incorporación de la política económica al rango constitucional,  impulsada por los “expertos tecnócratas” que ejercen el poder público, se evidencia en leyes como las de inversión extranjera que no generan empleo, la legalización del anatocismo que permite a los bancos cobrar intereses sobre intereses, las que dan libertad absoluta al gobierno en turno para sujetarse a leyes de organismos internacionales o del marco jurídico en otros países, las que modifican el estatus de estratégicos a ciertos recursos como los hidrocarburos, los minerales y, en general, los recursos con los que la naturaleza a provisto para beneficio de la Nación en su conjunto y no solo para algunos grupos económicos nacionales y extranjeros; solo por mencionar algunos de los muchos ejemplos de leyes ilegítimas.

10.7.8. Un nuevo Proyecto de Nación debe “desnaturalizar la economía” e impedir la incorporación de normas económicas que quieran presentarse como leyes inmanentes e inobjetables, para devolverle a la economía política su carácter de actividad humana, de instrumento de justicia social, de distribución de la riqueza, de reducción de la pobreza y de equidad en el acceso para todos los mexicanos a las oportunidades para su desarrollo, así como garantizar el usufructo de los recursos naturales en beneficio de todos los mexicanos y mantener la soberanía para decidir cuándo, cómo y con qué propósito establecer convenios en materia de cooperación con otros países o bloques de países, para el desarrollo económico de México, siempre anteponiendo el interés nacional, frente a los intereses económicos trasnacionales.

10.7.9. Aunado a lo anterior y como un aspecto relevante un nuevo Proyecto de Nación debe garantizar la posibilidad de que la sociedad participe en forma determinante para objetar y, en su caso, modificar o abrogar aquellas leyes que se establecieron ilegítimamente o impedir que se establezcan nuevas leyes de manera ilegítima que y que afectan los intereses de la sociedad en su conjunto, o que por cambios en el devenir histórico ya no cumplen con los atributos de justicia, equidad y eficacia que en su momento pudieron justificar su incorporación al marco jurídico.

10.8. La relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos se puede guiar por los siguientes principios:

10.8.1. Los movimientos sociales son independientes de los partidos políticos en su identidad, dirección política, organización, capacidad de iniciativa, decisiones estratégicas y realización propia de los objetivos nacionales.

10.8.2. Los movimientos sociales se resguardan, en tanto representantes de la sociedad organizada, la autonomía y capacidad de crítica de políticas públicas y de servidores públicos, partidos y gobierno.

10.8.3. Los movimientos sociales se deben autoexigir una disciplina permanente de diálogo, deliberación ética y política, pues estas son condiciones necesarias de cualquier vinculación con partidos y con los poderes públicos, así como con otras organizaciones y movimientos sociales.

10.8.4. Es indispensable la formación histórica, teórica, ideológica y ética de todos los miembros participantes en los movimientos sociales.

10.8.5. Las organizaciones y movimientos sociales deben contribuir de manera simultánea y permanente a la formación de la ciudadanía, a través de medios propios de educación y comunicación, tales como radios comunitarias, periódicos y programas difundidos a través de Internet.

10.8.6. La relación política de los movimientos con los partidos políticos, y viceversa, es necesaria para cambiar la correlación de fuerzas políticas.

10.8.7. Los movimientos sociales y los partidos políticos no son fines en sí mismos, sino medios o instrumentos para la transformación ética de la sociedad.

10.8.8. Por lo tanto deben ser modificados o incluso sustituidos, si sus realizaciones concretas no contribuyen a las finalidades históricas de la nación.

10.8.9. Los movimientos sociales deben realizar de manera permanente un análisis de las decisiones y posicionamientos concretos que van adoptando los partidos políticos, para determinar la propia posición ante los mismos, sea como interpelación, acción conjunta, alianza u oposición, según sea el caso.

10.8.10. La formación de dirigentes a nivel local y comunitario es una obligación de todos los movimientos sociales.

10.8.11. La formación de dirigentes exige en primer lugar la definición del proyecto y responsabilidades del movimiento, como dimensión que contribuye a un proyecto histórico de desarrollo de México como un todo; y por la otra parte, la formación de formadores y capacitadores en todo el país.

10.8.12. Se debe fortalecer la relación y vínculo entre movimientos sociales ante los procesos electorales, bajo los criterios, en su caso, de finalidades nacionales compartidas, corresponsabilidad, acción conjunta, en función de lograr mayores grados de democracia, libertad y justicia en la nación.

10.8.13. La relación entre movimientos sociales y partidos debe ser tal, que permita el crecimiento tanto de los movimientos como de los partidos; en tanto que no se deben ni subordinar, limitar recíprocamente o peor aún enfrentar; en tanto que la unidad del funcionamiento del poder del capitalismo ha demostrado una unidad estratégica y de acción que explica la subordinación de la sociedad mexicana al capitalismo informacional global y la hegemonía estadounidense.

 

Notas

1. Nadal, Alejandro. “Un día más en la crisis”, La Jornada, Agosto 17, 2016. Los activos de los cinco mayores bancos estadounidenses, JP Morgan, Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs) equivalen al 60% de la economía estadounidense.
2. 2016 marks the 100th anniversary of the founding of the Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) at Norwich University. In celebration of that historical milestone, Norwich will host the ROTC Centennial Symposium.  As part of such an event, Norwich University hosted General Mark A. Milley, 39th U.S. Army Chief of Staff, on Thursday April 21, 2016 at 7:00 p.m. in Kreitzberg Arena. GEN Milley presented Leading Through Complexity, the keynote address of the ROTC Centennial Symposium.Se puede ver la conferencia completa del Gral. Milley en:https://www.youtube.com/watch?v=gUt-W95E9Zg