Cuando la gente se educa, pregunta; cuando pregunta y no obtiene respuestas, o cuando éstas no son satisfactorias, las reclama… Tal vez haya que buscar en este razonamiento la lógica de la ley que se anuncia educativa sin serlo y que el gobierno pretende imponer sin debate.
Declaración del CEEN, mayo 30 de 2016
Los recientes hechos de represión por parte de las fuerzas federales contra los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado de Chiapas y en otros estados del país, a secciones sindicales democráticas del SNTE y sindicatos independientes, representación de los trabajadores ante el Estado-patrón, viola derechos fundamentales de libertad de conciencia, expresión, libre tránsito, reunión, asociación y manifestación. Las legítimas acciones de los trabajadores y la sociedad civil son criminalizadas por el Estado para imponer nuevas relaciones laborales sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores.
El eje de la discusión es la reforma que el gobierno federal ha planteado para el sector educativo sin fundamentos técnicos y pedagógicos, que no considera los factores de fondo que provocan el serio problema que enfrenta el sector educativo nacional y sólo plantea una serie de normas de carácter administrativo y laboral destinadas a someter a los maestros que han pedido que sus puntos de vista sean escuchados.
De hecho, cuando se comenzó a discutir el proyecto de ley, fue el mismo gobierno el que invitó a los docentes a presentar sus consideraciones. En respuesta, el magisterio en general, organizado en la CNTE y en otras expresiones con representación legal y legítima preocupadas y ocupadas por mejorar el sistema educativo, realizaron numerosas mesas de debates en todo el país donde participaron investigadores, padres de familia y docentes.
Resultado de esos encuentros, el magisterio organizado presentó a las autoridades el 2 de mayo de 2013 un extenso y documentado informe cuyas ideas centrales apuntaban a enriquecer una verdadera Ley de Educación que abordara desde todos los ángulos cada uno de los factores que constituyen el proceso educativo, con el fin de lograr un cambio radical en el actual estado del sistema. La propuesta terminó por no considerarse, y el presente gobierno impuso una reforma educativa que no considera aspectos importantes de la vida educativa, como las diferencias sustantivas de las condiciones y experiencias en las diversas regiones del país.
Luego de innumerables intentos de dialogar con las autoridades que le habían solicitado la propuesta, los maestros, el 30 de agosto de ese mismo año 2013, elaboraron una carta abierta “A los padres de familia, a las organizaciones sociales en resistencia y al pueblo en general”.
Lamentable pero no casualmente, dicha carta tuvo una difusión casi nula. Corrió la misma suerte que el documento que a solicitud expresa de las autoridades federales se elaboró luego de intensos y sustantivos debates que, como señalamos, realizaron especialistas e investigadores en educación, padres de familia y los propios maestros.
A modo de recuento de las acciones emprendidas ante la indiferencia de las autoridades federales que los habían convocado, en la carta abierta “A los padres de familia, a las organizaciones sociales en resistencia y al pueblo en general” se señala:
Se hizo la entrega el 2 de mayo de 2013 a la Secretaría de Gobernación del documento titulado “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos” a raíz del cual se acordó convocar a la realización de Foros sobre la Reforma Educativa en diferentes estados de la República y uno nacional, donde participaron padres de familia, empresarios, intelectuales, maestros y la sociedad en general.
Los resultados de dichos foros, que dan elementos suficientes y válidos para reconsiderar las reformas hechas, fueron entregados a la Secretaría de Gobernación, comprometiéndose ésta a remitir el documento a las instancias legales correspondientes para su procesamiento (Comisión de Educación de las Cámaras de Diputados y de Senadores); sin embargo, sabemos que dichos resolutivos en ningún momento fueron tomados en cuenta para su análisis.
Agotados los recursos antes descritos, y ante el engaño y autoritarismo de la corrupta clase política, el magisterio democrático, la CNTE no tiene más camino que arribar a la capital de la República donde se concentran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La movilización sobre calles, avenidas, instancias gubernamentales, etc., no con la idea de interrumpir la vida cotidiana de los habitantes de esta ciudad o contra su gobierno, al que sólo los capitalinos pueden valorar, sino más bien para manifestarnos contra un gobierno federal tirano que considera que puede emitir o dictar leyes sin consulta popular, como si se tratara de un gobierno monárquico.
Más adelante se agrega:
Para el caso específico de la impuesta reforma educativa, es al magisterio nacional al que se le ha ignorado al no integrar sus ecuánimes propuestas y, por lo contrario, aprobar por consigna las reformas recomendadas desde la OCDE para concretar el proyecto político neoliberal que contempla privatizar la educación pública.
Cerca del final se señala:
En esta mal llamada reforma educativa se establece la autonomía de gestión de las escuelas, la cual afecta la economía de los padres de familia ya que de manera directa tendrán que costear la educación de sus hijos, pues el gobierno federal se deslinda de su responsabilidad de mantener el funcionamiento de las escuelas. Lo anterior significa que ya no destinará recursos económicos para construir escuelas, equipar y dotar de materiales didácticos, etcétera.
En el documento ignorado por las autoridades que lo solicitaron, “Hacia la educación que necesitamos los mexicanos”, se afirma:
No es una reforma que retome las grandes carencias y les ofrezca una respuesta más allá de medir. Nada les ofrece desde la educación que sirva para apoyar los esfuerzos personales y colectivos que hacen gran parte de los mexicanos por salir de la pobreza y la subordinación. Al contrario, es una reforma persecutoria que amenaza con despedir a miles de maestros y con seguir descalificando como insuficientes a millones de niños. Esta reforma no habla de rutas y propósitos capaces de convocar a familias, maestros y estudiantes a modificar el deplorable estado en que se encuentra desde hace décadas la educación nacional. Ofrece básicamente –aunque ahora como mandato constitucional y legal– las mismas estrategias que se anunciaron y que se han aplicado –sin éxito– desde 1992: medir, vigilar, estimular y, sobre todo ahora, castigar.
El magisterio, que tiene una visión amplia sobre el futuro de país, apunta centralmente:
Los trabajadores de la educación ratifican su compromiso de participar en el debate y en la construcción de propuestas viables y pertinentes para alcanzar la justicia social en nuestro país.
Proponen una ruta con foros en escuelas, zonas escolares, regiones, estados y en el plano nacional, propiciando una amplia consulta y participación de los maestros, estudiantes, padres de familia, investigadores y demás sectores de las comunidades.
La importancia del planteamiento radica en que la mal llamada reforma “educativa” no surgió de un proceso de amplia participación y no puede llamarse democrática.
Ante la importancia que tiene para la vida presente y futura del país el magisterio democrático, la CNTE en general expresa:
Seguiremos reivindicando nuestro derecho, el de los padres de familia y estudiantes de todos los niveles de ser escuchados. Llamamos a un diálogo serio y responsable al gobierno federal y a los poderes Legislativo y Judicial que permita la solución a las legítimas demandas y reivindicaciones.
Se ignora igualmente la propuesta alternativa de los otros referentes del magisterio, construida a partir de su realidad diaria, como la de la sección XVIII elaborada durante más de tres años con base en la experiencia de 3 mil escuelas, y las de la sección 22 de Oaxaca y Guerrero.
Tres años después, la respuesta del gobierno federal sigue siendo la misma: ignorar el debate, desconocer el esfuerzo de los maestros expresado en la propuesta sustantiva presentada y tratar de imponer una ley de carácter administrativo y laboral que no atiende ninguno de los problemas de fondo de la educación en nuestro país.
Por su parte, el Movimiento del Magisterio Democrático Nacional, en los resolutivos de su más reciente reunión en Querétaro, señala:
La reforma educativa se encuentra empantanada y en plena descomposición por la violencia con que se manifiesta, la agresión compulsiva contra los sectores dinámicos del magisterio, el viraje regresivo en que se conduce para agredir los derechos, la privación de legitimidad y apoyo popular, la carencia de propuestas y resultados. El magisterio nacional ha resistido de manera digna y heroica para contribuir a su bancarrota; el Estado mantiene la obsesión por sostenerla recurriendo a más violencia; se hace necesario de manera contundente la conjunción de los más posibles: los maestros, estudiantes, padres de familia, organizaciones sociales y populares para ampliar la fuerza en el sentido de la defensa de la educación pública, la estabilidad en el empleo, el trabajo justo y el salario digno, y la derrota final de la punitiva reforma.
Cuando la gente se educa, pregunta; cuando pregunta y no obtiene respuestas, o cuando éstas no son satisfactorias, las reclama… Tal vez haya que buscar en este razonamiento la lógica de la ley que se anuncia educativa sin serlo y que el gobierno pretende imponer sin debate.
El Centro de Estudios Estratégicos Nacionales (CEEN) denuncia el manejo parcial, sectario y sesgado que la enorme mayoría de los medios masivos de comunicación dan al debate, tergiversando los hechos y estigmatizando a los maestros organizados y con representatividad legal y legítima, sin darles con la mínima equidad el espacio y la oportunidad para expresar sus puntos de vista.
Con igual firme convicción, el CEEN considera imprescindible que todo proyecto de ley se construya con base en un debate sustantivo donde tengan derecho a participar todos los sectores involucrados y la sociedad en general, así como con respaldo al derecho de las organizaciones y los ciudadanos a manifestarse y reclamar, ser escuchados y atendidos.
https://ceen.org.mx/2016/05/30/hacia-la-educacion-que-necesitamos-los-mexicanos/
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