Alberto Montoya Martín del Campo.[1]

Es necesario plantear los graves problemas nacionales y el proyecto de desarrollo de los mexicanos, como debate sobre dos proyectos históricos opuestos y contradictorios: la desaparición total de la soberanía nacional ante las corporaciones globales y los Estados Unidos de América, lo que significa inviabilidad económica, política y social, así como más desigualdad, autoritarismo y violencia para su mantenimiento en México; o la recuperación del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos.

Plantear la cuestión como debate de políticas públicas, de la calidad de su ejecución, o de la capacidad, desempeño y eticidad –o falta de ella– de los partidos políticos o los gobernantes; es insuficiente e incorrecto, porque impide un verdadero debate nacional que permita explicar y crear condiciones políticas, que permitan superar la actual involución de México en colonia estadounidense.

Es indispensable un debate nacional de fondo el que participemos todos los mexicanos, y que los ciudadanos podamos evaluar los compromisos y acciones de los partidos políticos, en relación con estos dos proyectos históricos, con sus promotores y beneficiarios.

Las manifestaciones de la corrupción del proyecto histórico de los mexicanos
en las últimas tres décadas, son múltiples.

Algunas de las más significativas, son las siguientes:

• Crecimiento económico de 2% promedio anual durante tres décadas;

• reducción del gasto público al 25% del PIB;

• reducción del 80% del poder adquisitivo del salario y de su participación en el PIB (29%);

• importación del 50% de los alimentos, 8 millones de hectáreas sin cultivar y migración económica de millones de campesinos por falta de rentabilidad e inversión pública en el campo;

• estructura productiva caracterizada por la importación de bienes con alto valor agregado tecnológico industrial y exportación preponderante de materias primas o bienes con reducido valor agregado;

• balanza comercial sistemáticamente deficitaria, compensada insuficientemente con exportación de crudo;

• desindustrialización, pérdida de capacidad industrial manufacturera y dependencia tecnológica e industrial;

• inmensa desigualdad social, mitad de la población (55 millones) en condiciones de pobreza y 28 millones en pobreza extrema y alimentaria;

• sistema financiero controlado por inversionistas extranjeros que obtienen en nuestro país las mayor proporción de sus utilidades en el mundo;

• crisis fiscal sistémica, en la que las corporaciones extranjeras tributan en sus países de origen y las corporaciones globales de capital nacional no contribuyen a los ingresos de la nación de manera proporcional como lo manda la Constitución;

• gasto público, que lejos de reducir la desigualdad social y económica, concentra el ingreso y la riqueza;

• concentración y oligopolización de casi todas las ramas económicas, en las que participan corporaciones globales, principalmente de capital extranjero;

• deterioro general del sistema educativo y el de salud;

• elevados niveles de violencia social, delictiva y crecimiento exponencial de organizaciones criminales que superan ampliamente a las instituciones y capacidades de las fuerzas públicas;

• impunidad muy grave en el sistema de procuración y administración de la justicia;

• graves reversiones políticas en la calidad procedimental y sustantiva de la democracia;

• despolitización de amplios sectores de la sociedad y nula respuesta gubernamental a planteamientos de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y sociales;

• oligopolios mediáticos que proponen el pensamiento único de los intereses de las corporaciones globales y de sus aliados políticos y partidarios, en tanto que ridiculizan a la oposición política y criminalizan la protesta social;

• grave reversión en materia energética, al pasar de una condición de soberanía energética; hacia otra en la que se propone deliberadamente, la dependencia energética de corporaciones y poderes extranjeros;

• pérdida grave de soberanía económica, política, diplomática y ahora también, militar;

• incapacidad e impotencia del Estado mexicano de garantizar a todos los mexicanos los derechos humanos individuales y colectivos.

Causalidad histórica de todos estos fenómenos:
No existe soberanía política, sin soberanía económica.

La explicación de la coyuntura histórica no se encuentra en las políticas públicas -leyes, instituciones, mandatos y presupuestos del gobierno– sino en la pérdida de nuestro proyecto histórico.

Estos fenómenos están relacionados y constituyen dimensiones de un todo, de un modelo, paradigma o configuración integral del orden social. No constituyen realidades aisladas, distintas o independientes unas de otras.

Esta coyuntura tampoco es una fase de un proceso histórico que de manera natural superaría estas graves deficiencias, irracionalidades e injusticias y que supuestamente llevaría a México a un nivel superior de desarrollo. Por el contrario, estas dimensiones se retroalimentan desde su propia negatividad.

La respuesta a la pregunta sobre la causa que explica toda esta degradación, es la pérdida del proyecto histórico de México en las últimas tres décadas, en las que se diluyó el poder nacional; lo que conduce a la nulificación de la libertad e imposibilidad del desarrollo de los mexicanos en el siglo XXI.

Este orden social no es natural; es resultado de decisiones humanas. Las denominadas “leyes” económicas, no son leyes de la naturaleza, sino decisiones humanas concebidas desde una determinada conceptualización de la realidad social, y formuladas desde posiciones de interés y relaciones de poder, que asignan finalidades y medios para la vida humana.

El proyecto dominante en México fue establecido por las corporaciones y poderes globales, que buscan desaparecen la soberanía del Estado-nación mexicano y ponerlo a su servicio.

En los últimos treinta años se instaló en México una economía política tributaria y dependiente, diseñada y controlada por las corporaciones globales de capital nacional y extranjero, que han tomado el control de los poderes públicos, justamente para suprimir el poder nacional y del estado nación, ante las corporaciones globales, poniendo el gobierno, y por su conducto, a la sociedad mexicana en su conjunto, a su servicio.

Para ello han instalado estructuras de poder transnacional –específicamente estadounidense- en las relaciones económicas, sociales, mediáticas y políticas; que por el momento parecen inamovibles, duras, intransigentes y totalmente impermeables a las demandas, críticas y propuestas de los sectores más amplios de la sociedad mexicana, y que han sido desconocidas por la mayor parte de los partidos políticos.

Durante los últimos treinta, años se cancelaron los pactos sociales y políticos fundamentales de la Constitución de 1917 y se sustituyeron por la hegemonía de las corporaciones globales y extranjeras sobre la sociedad mexicana.

El error histórico estratégico consiste en suponer que la subordinación total a los intereses y poderes de las corporaciones globales, que ponen a la sociedad mexicana al servicio de su acumulación de capital; conduciría al desarrollo económico, elevación de la calidad de vida, mayor democracia, igualdad social, justicia, y poder de interdependencia ante el sistema internacional y las pretensiones de hegemonía de las naciones más poderosas.

Esto no ha ocurrido durante los últimos treinta años, ni ocurrirá en el futuro; pues no está diseñado para este objetivo. Este proyecto histórico extranjero está diseñado para impedir el desarrollo y aumento del poder de autodeterminación nacional, y para establecer la dependencia multidimensional de México hacia los Estados Unidos de América y sus corporaciones globales.

La cuestión fundamental del momento histórico que vive México, es si profundiza su vaciamiento de soberanía económica y política; o si recupera su soberanía económica para recuperar su soberanía política ante las corporaciones y poderes globales.

Ronda Uno: demostración más reciente del desmantelamiento
de la nación.

El marco de referencia enunciado es indispensable para entender y explicar las decisiones iniciales en torno a la primera licitación de la denominada Ronda Uno.

La contra reforma constitucional, legal e institucional en materia de energía, concebida, promovida, organizada, diseñada, pactada e impuesta por los Estados Unidos de América, en acuerdo con el conglomerado de intereses económicos y políticos de un reducido grupo de mexicanos, es la manifestación más reciente y brutal del uso de la Nación mexicana para el interés energético, económico y geopolítico de una potencia extranjera.

En virtud de la vinculación de la energía en la economía y la economía política mexicana, la cesión de propiedad, renta, soberanía territorial, soberanía sobre las infraestructura estratégicas, industrias, mercados y tecnologías de la explotación de los hidrocarburos y la electricidad; la contra reforma conduce de manera inevitable a la inviabilidad de la economía política mexicana en el muy corto plazo.

La contra reforma constitucional energética no maximiza, sino que minimiza el ingreso para el Estado, como está establecido en la Constitución.

Es imposible demostrar que se aumenta la renta a favor del Estado con la contra reforma energética, cuando en realidad ésta se minimiza; como lo demuestran los términos de las licitaciones de la ronda uno, en las cuales se garantiza el aumento del pago por parte del Estado mexicano –por la misma unidad de trabajo-, según aumente el precio internacional del petróleo.

Las bases de licitación de la Ronda Uno, establecen que si el precio internacional del petróleo es inferior a 45 dólares, se pagarán 738 dólares por unidad de trabajo a los contratistas extranjeros; en tanto que será de cerca de 1,400 dólares, si el precio del petróleo llega a 110 dólares; por el mismo trabajo realizado. ¿Es posible concebir mayor traición a los intereses de los mexicanos?

El mandato constitucional anterior garantizaba que el Estado mexicano recibiera el 100% de la renta de los hidrocarburos. Los términos de los contratos autorizados, con dificultad alcanzarían un 20% de la renta total a favor del Estado mexicano.

Además de ser claramente inconstitucionales, incluso en los términos de la contra reforma energética aprobada en 2013; dichas bases de licitación y contratos, manifiestan de manera directa, clara, inequívoca y cínica; la voluntad y compromiso, legalmente establecido, de transferir la renta petrolera, que pertenece a la Nación, a los bancos y empresas extranjeras a las que se adjudicaron los contratos.

Si las empresas extranjeras tienen el derecho de apropiarse de la renta petrolera, al recibir un pago mayor, según aumento el precio internacional del petróleo; entonces, también, todos los subcontratistas mexicanos participantes en las actividades derivadas de los contratos establecidos por el Estado mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con empresas extranjeras; tienen el legítimo derecho de incluir en sus cláusulas, los mismos términos de aumento de los precios por las actividades realizadas, que el Estado les reconoce a los contratistas internacionales.

La hipótesis más probable es que estas cláusulas no serán incluidas en las relaciones entre la industria mexicana de la construcción y las corporaciones energéticas y bancos extranjeros.

Las empresas extranjeras no lo permitirían, el gobierno mexicano no lo autorizaría y las empresas de capital nacional tal vez ni siquiera lo exigirían, contentándose con recibir las migajas al hacerse cargo de la realización de una parte importante de las actividades incluidas en los contratos, en condiciones de mínima utilidad y rentabilidad.

Es necesario recordar además, que el artículo 1106 del TLCAN prohíbe al Estado mexicano, exigir ningún criterio de desempeño a los inversionistas extranjeros, en lo que se refiere a contenido nacional, desarrollo de proveeduría nacional; o transferencia de tecnología; por lo que no se realizará el supuesto impulso de las industrias y tecnologías nacionales que mandatan las leyes secundarias.

El escenario más probable es la subcontratación de proveedores propios y con los cuales tienen alianzas estratégicas las corporaciones globales y el muy débil desarrollo e impulso a industrias de capital nacional.

[1] Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C.