Colegio Nacional de Economistas, A.C.

Se busca una  nueva inserción de la economía nacional en la economía global que parta de lo nacional a lo global. En otras palabras, reglobalizar la economía mexicana a partir de la reindustrialización acelerada de nuestro país, que le dé sustento a un período de crecimiento que supere la atonía de los últimos años en el mediano plazo.

Introducción

La apertura económica modificó negativamente la estructura productiva de México, en la dirección de una economía de servicios sin creación de valor agregado tecnológico e industrial nacional, que hace imposible alcanzar altas tasas de crecimiento económico sostenido, la creación de empleos que requiere la sociedad y el mejoramiento de los ingresos y niveles de vida de la población.

La apertura comercial fue justificada en un primer momento, como política para reducir la inflación y para disciplinar a los industriales nacionales, como si fueran ellos los principales y únicos responsables de la inflación.

Esta política macroeconómica se estableció de manera permanente, con la firma de 12 tratados internacionales de comercio con cuarenta y tres países, y otros tratados de inversión, que prometieron el pleno desarrollo de México en el marco de la economía global.

Sin embargo, esta política tuvo de facto como objetivo principal, facilitar la importación y la inversión extranjera, más que establecer una estrategia exportadora que impulsara el desarrollo de toda la industria y la tecnología nacional, omitiendo además acciones de fomento y protección –política compensatoria- que eran indispensables para atajar el impacto negativo en la industria de capital nacional, de una apertura súbita y unilateral, que luego se hizo permanente.

Las políticas, monetaria, de tipo de cambio y de tasas de interés, fueron estructuradas para proteger al capital financiero, en detrimento de las inversiones industriales; y por otra parte, la política de tipo de cambio se orientó a la sobrevaluación como tendencia dominante, lo que favoreció a los importadores en detrimento de los industriales nacionales.

Ambas políticas buscaron como principal objetivo contener la inflación mediante la importación, lo que nulificó el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable e integral soportado en el aumento del valor agregado tecnológico-industrial nacional en el corto, mediano y largo plazo.

El mercado nacional, cuya demanda era atendida por la oferta de empresas nacionales de manera significativa, fue invadido por productos importados, y por bienes y servicios producidos por empresas de inversión extranjera en México. Los industriales mexicanos y sus productos, de esta manera, fueron sustituidos por empresas y productos extranjeros, con frecuencia de bajo precio y calidad.

Como consecuencia de ello, el país ha sufrido una desindustrialización acelerada que sigue avanzando cada año, lo que se refleja en la reducción del PIB manufacturero del 19.1% en el año 2000 al 17.4% en el año 2010. México ha venido sufriendo así en los últimos años, una mortandad significativa de empresas industriales, (15,000 patrones del sector manufacturero se dieron de baja en el IMSS en el período 2000-2010) y algunas de ellas se han convertido en comercializadoras de productos importados.

El empleo industrial así, se ha contraído de manera vertiginosa en tanto en el período 2000-2010 la industria de la transformación pasó de 4.4 millones de trabajadores a 3.7 millones, conforme a cifras oficiales; es decir se perdieron setecientos mil empleos formales.

La balanza comercial es deficitaria y se sostiene en un débil equilibrio, gracias a las exportaciones de la maquila y de petróleo crudo, por lo que México exporta materias primas y mano de obra, e importa bienes con alto valor agregado.

Lo anterior se convierte en un límite estructural al crecimiento: por una parte, depende del ritmo de crecimiento de la demanda estadounidense, a la que se destina más del 80% de las exportaciones; y por la otra, por cada punto porcentual de crecimiento que se quiera aumentar, aumenta de manera significativa la importación de maquinaria y bienes intermedios, lo que no es sostenible con los actuales niveles de exportación.

El bajo valor agregado nacional de nuestra economía se convierte de facto, en un freno al crecimiento, a la generación de empleos, al mejoramiento del poder adquisitivo del salario y por lo tanto a la formación y desarrollo del mercado interno, que se ha contraído de manera significativa, lo que propicia un aliciente a la economía informal y criminal.

Esta pérdida de empresas industriales, de empleo y de creación de valor agregado industrial, lejos de fortalecer al país, ha debilitado a las finanzas públicas, cuyo soporte principal ha sido el aporte fiscal de PEMEX, mismo que se destina principalmente al gasto corriente y no para la inversión pública, para el apoyo de la inversión privada nacional y mucho menos al desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional.

México ha quedado supeditado a los flujos de inversión extranjera, tanto especulativa como directa, que impiden un proceso virtuoso de inversión de capital nacional, capaz de hacer crecer el mercado interno. Las inversiones financieras, además, no pagan impuestos significativos en México.

Más aún, los flujos de inversión extranjera se han destinado de manera importante a la compra y control de inversiones y empresas de capital nacional, lo que no ha generado una verdadera dinámica de acumulación y crecimiento económico en el país, y sí la financierización y desvinculación de las empresas de la dinámica del mercado interno y del desarrollo integral del país.

Una vez consolidado el control de las empresas nacionales por inversionistas extranjeros, paradójicamente éstas se convierten en demandantes de los bienes importados que dichas empresas producen a nivel global, sin generar cadenas de valor agregado industrial en el país, derivando así en un modelo económico de sustitución de producción nacional por producción externa.

Las franquicias constituyen el sistema más avanzado de este modelo de desindustrialización y apropiación del mercado nacional por inversionistas globales, que generan valor agregado industrial y vía precios de transferencia, prefieren pagar impuestos en sus países de origen erosionando aún más las finanzas públicas.

Por otra parte, el rescate de la banca privada por los contribuyentes mexicanos derivó en que la banca en México esté controlada en su mayoría, tanto como el sistema de pagos, como de captación de ahorro, por corporaciones financieras globales, que aplican las políticas de sus matrices, de reducir el crédito, y de destinarlo al consumo y no a la inversión productiva. De esta manera las empresas industriales de capital nacional se han visto severamente restringidas en sus procesos de crecimiento y expansión, tanto por la restricción de capital para invertir, como por la reducción de acceso a los mercados, todo ello bajo el pretexto de su baja competitividad.

Otra dimensión de esta política de crédito al consumo es que se ha convertido en un sucedáneo para compensar bajos ingresos, como “estrategia competitiva” de mano de obra barata, con un costo financiero significativo para los propios trabajadores. Este endeudamiento se convierte en una espada de Damocles para ellos, ante eventuales alzas de las tasas de interés o desequilibrios en el tipo de cambio, pues parte significativa de este mercado está compuesta por bienes importados.

La consecuencia necesaria de esta estructura productiva y de inserción pasiva en la economía mundial es la debilidad estructural y sistémica de la economía nacional, que se manifiesta en una crisis fiscal permanente; la imposibilidad de alcanzar altas tasas de crecimiento y de generación de empleos en México; una desigualdad creciente en la distribución del ingreso, así como la disminución de los salarios y las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Los resultados de este paradigma ubican a México a la zaga del crecimiento y el desarrollo a nivel latinoamericano y mundial, por lo que se debe actuar de inmediato con un sentido de urgencia para reindustrializar el país.

La reindustrialización acelerada de México, a partir de la evaluación de la política industrial del programa nacional de empresas tractoras, por lo tanto, es un imperativo insoslayable, por lo que se requiere sustentar este proceso en las industrias de capital nacional, tanto privado y social, como público, con un enfoque sectorial y regional. Esta reindustrialización requiere de una política industrial integral, de corto, mediano y largo plazo.

Como un componente básico de esta política, es necesario considerar a las micro, pequeñas y medianas industrias como un actor fundamental; pues su contribución a la reindustrialización del país tiene una importancia estratégica en la recuperación del valor agregado industrial nacional, el crecimiento económico y la generación de empleos formales y el fortalecimiento de las cadenas de valor económico a nivel sectorial, regional y nacional, tal como lo reconocen las políticas públicas gubernamentales.

Por estas consideraciones, el proyecto que aquí se presenta, busca contribuir a detonar la política de desarrollo empresarial gubernamental, que actualmente no tiene un enfoque sectorial, a través de una estrategia sectorial-regional para la industria a nivel nacional, en virtud de las condiciones específicas que aporta la industria a los procesos de valor agregado y tecnológico, lo que justifica un enfoque diferenciado de los servicios, el comercio, las franquicias y otros tipos de empresas.

Para ello, se evalúa la política industrial actual y se diseña una estrategia nacional de reindustrialización acelerada del país, a nivel sectorial y regional, en la que se proponen acciones de fomento, fortalecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas industrias de mayoría de capital nacional.

Las MiPymes industriales claramente tienen un mayor impacto en la creación de valor agregado nacional, el número de empleos y el volumen de la actividad económica, como lo reconoce la estratificación de la propia Secretaría de Economía.

Este proyecto busca así, contribuir al objetivo general del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FPYME), cuyo propósito es evaluar y dar seguimiento a la política industrial que de facto se lleva a cabo mediante el programa nacional de empresas tractoras, y diseñar una estrategia para las MiPymes industriales, que tienen un impacto en cadena hacia otras industrias y sectores, por lo que su efecto multiplicador es significativo, además de dar valor agregado tecnológico y elevar el nivel de competitividad de la economía en su conjunto.

Este proyecto se propone dar un significado integral a la definición de competitividad de las Reglas de Operación (RO) del FPYME, en el entorno nacional e internacional, dado que la competitividad incluye otros factores que no están controlados por las empresas de manera directa, pero que inciden de manera determinante en su rentabilidad y competitividad de la empresa, como la tasa de interés, el tipo de cambio o la política comercial del país.

Este estudio se concibe así como un proyecto estratégico, en la medida que pretende sentar las bases para establecer una política nacional de fomento estratégico para las MiPymes industriales, con lo cual se contribuiría de manera indirecta a la creación, consolidación y competitividad de las MiPymes, así como a promover la inversión productiva, en el contexto de la economía nacional.

Por consecuencia este estudio tiene 7 objetivos básicos, que corresponden a cada capítulo del análisis:

1. La formulación del marco conceptual, analítico y estratégico, a nivel nacional, de una política de reindustrialización acelerada encon base aen la MiPymes, que corresponda a la realidad y objetivos de México en el contexto de la mundialización económica, en el corto, mediano y largo plazo.

2. El análisis de la evolución y situación actual de la industria nacional, así como su comparación internacional y las consideraciones fundamentales para el cambio de estrategia de desarrollo.

3. La definición de los fines, objetivos y metas de la Estrategia de Reindustrialización Acelerada de México, con alcance de corto, mediano y largo plazos, que incluya la inversión nacional pública, privada y social, la creación de empleos, el aprovechamiento de los mercados nacional e internacionales y el desarrollo de tecnologías nacionales, que se pueda convertir en el contenido sustantivo de un acuerdo nacional entre los industriales y las autoridades responsables del fomento industrial.

4 Una aproximación a una evaluación integral del impacto de los tratados de libre comercio, en particular del TLCAN, y la estrategia de comercio exterior para apoyar la estrategia de reindustrialización acelerada de México. 

5. La fundamentación de la necesidad de aumentar los recursos públicos para la reindustrialización acelerada en base a las MiPymes, y que el año 2013 haya mayores recursos en el presupuesto de egresos de la federación, que apoyen la estrategia sectorial y regional de corto, mediano y largo plazo en torno a programas y proyectos específicos de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas.

6. El diseño de una propuesta de mejora del programa nacional de empresas tractoras con el enfoque de reindustrialización acelerada, a partir de determinar sus fortalezas y debilidades, y con ello sentar las bases de una política explícita en materia industrial del país.

7. La sistematización de los problemas actuales en la concepción y ejecución de las políticas públicas, y la elaboración de propuestas para mejorar la sinergia de trabajo del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, a fin de superar todos los obstáculos administrativos o normativos que sean adversos para la concreción de inversiones, la creación de valor agregado y la generación de empleos que prevé la estrategia, mediante un esquema de promoción de negociaciones y acuerdos para elevar esta estrategia a política pública con el reforzamiento de acciones y recursos en el Fondo Pyme.

Para llevar a cabo este trabajo, además de la última base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, (CANACINTRA) y otras más, se levantó una encuesta con 60 reactivos entre 1,240 empresas industriales de todo el país, a efecto de corroborar las hipótesis aquí planteadas en cada apartado.

Este ejercicio demoscópico nos permitió además recabar la opinión de los pequeños y medianos industriales en torno al diseño de una estrategia de reindustrialización acelerada para el país, que aquí se presenta en una primera etapa, y que deberá complementarse con una segunda etapa de ejecución.

La segunda etapa de este proyecto deberá contener las acciones y responsabilidades específicas de todos los actores involucrados en la estrategia -gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, organismos específicos del Estado, cámaras, academia, sistema financiero, poderes legislativos y sindicatos- en torno a la normatividad, uso estratégico de compras de gobierno, financiamiento, asistencia técnica e innovación, comercio exterior e impulso a un nuevo trato, que promueva una nueva cultura productiva nacional.

Igualmente, esta segunda etapa deberá contener la metodología para el desarrollo, aplicación, evaluación y actualización permanente de la estrategia de reindustrialización acelerada del país en base a las MiPymes; el diseño del Sistema de Control y Evaluación de la Implementación de la estrategia, así como su Instrumentación con un enfoque en los sectores, ramas y regiones con mayor capacidad de generar un efecto multiplicador (motriz) en la creación de valor agregado de las industrias públicas, privadas y sociales, de capital nacional, para reorientar y dinamizar el desarrollo como vía primordial para fortalecer la soberanía nacional y el bienestar de todos los mexicanos.

En síntesis, se busca una  nueva inserción de la economía nacional en la economía global que parta de lo nacional a lo global. En otras palabras, reglobalizar la economía mexicana a partir de la reindustrialización acelerada de nuestro país, que le dé sustento a un período de crecimiento que supere la atonía de los últimos años en el mediano plazo.

Cabe destacar, que además de la participación de los economistas miembros del Colegio Nacional de Economistas, A.C. para el desarrollo de esta primera etapa del proyecto, se contó con la participación activa de miembros del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C. (CEEN) y de miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), que aportaron tanto su experiencia académica como profesional.

Capítulo 1

Formulación del Marco Conceptual, Analítico y Estratégico de una Política de Estado para la Reindustrialización Acelerada de México

La reindustrialización de México constituye una dimensión indispensable para recuperar la capacidad de crecimiento y desarrollo económico, social y político de México.

El diseño de una estrategia de reindustrialización acelerada debe ser una política de Estado, en el marco de una nueva economía política con una nueva inserción en la economía global.

En este apartado se busca dar elementos de respuesta a las siguientes preguntas: ¿Porqué México tiene un proceso de involución económica, social y geopolítica durante los últimos treinta años? ¿Qué conceptos caracterizan a la actual economía política mexicana?  ¿Cuáles son las causas que explican la desindustrialización de México? ¿Por qué es imperativa la sustitución de la actual economía política tributaria y dependiente y establecer una política de Estado para el desarrollo y la reindustrialización acelerada de México?  ¿Qué es una política de estado? ¿Cuáles son los contenidos básicos de una política de Estado para la reindustrialización acelerada de México?

Los objetivos de este apartado son:

1. Hacer un análisis de las causas, consecuencias e implicaciones de la economía política tributaria y dependiente que se estableció en las últimas tres décadas, que ha profundizado la desindustrialización y dependencia estructural de México.

2. Contribuir a fundamentar una nueva economía política para México en el siglo XXI; del posicionamiento propio que México debe tener en la globalización–mundialización, y del imperativo de su reindustrialización acelerada, ante la nueva realidad de la economía del conocimiento y el capitalismo informacional global, resultado de la revolución tecnológica digital.

Se formulan los criterios y contenidos básicos geopolíticos, geoeconómicos y estratégicos nacionales, de una política de Estado para la reindustrialización acelerada de México, tomando en cuenta el papel de las empresas tractoras, que se desarrollará en los apartados siguientes: posicionamiento nacional e internacional de la industria en México, y de la industria de mayoría de capital nacional; Fines, objetivos y metas de la Estrategia de Reindustrialización Acelerada de México; nueva inserción de la economía nacional en la economía global: de lo nacional a lo global; propuesta de aplicación de recursos públicos a partir del año 2013; estrategia de empresas tractoras para la reindustrialización acelerada de México; acuerdos para la ejecución de la estrategia de reindustrialización acelerada a través de las políticas públicas.

1.2 Análisis de las causas, consecuencias e implicaciones de la economía política tributaria y dependiente que se estableció en las últimas tres décadas, y que ha tenido como resultado la incapacidad de crecimiento y desarrollo económico suficiente, sostenible y sustentable; la desindustrialización y la dependencia estructural y multidimensional de México.

Un diagnóstico verdadero no consiste en la descripción fenomenológica, sino que requiere un marco teórico y analítico para sustentar las decisiones del Estado y de la sociedad mexicana.

La economía, la política y en general toda la cultura, es contingente de las decisiones y acciones de los seres humanos a través de sus instituciones políticas y sociales.

La involución nacional, la desindustrialización del país y la limitada aportación de valor agregado tecnológico-industrial, requieren ser explicadas teórica y empíricamente en una perspectiva sistémica e integral. Se requiere un diagnóstico causal y no solo descriptivo.

El análisis internacional comparado y estudio diacrónico del desarrollo mexicano a lo largo de ocho décadas, permite afirmar que esta fenomenología no es resultado de la casualidad, sino de decisiones incorrectas y contrarias al interés nacional, que deben ser corregidas.

Hacia el futuro, se afirma que es posible la transformación de esta realidad y que es absolutamente necesario sustituir el actual paradigma.

Las transformaciones de la economía mundial en la segunda parte del siglo XX y en el siglo XXI, tienen como sustrato la revolución tecnológica digital. La invención del transistor y el desarrollo de la cibernética, impulsados por motivaciones bélicas, modificaron el sistema tecnológico del mundo.

Este sistema tecnológico dio la misma base material al procesamiento y transmisión de la comunicación humana y a la información y control entre las máquinas.

La convergencia digital amplía la centralización de las decisiones en todas las organizaciones y facilita la descentralización de la acción social. Todas las relaciones sociales tenderán cada vez más a procesos en red: empresa-red, gobierno-red, sociedad-red, política-red, escuela/universidad-red, sistema ciencia-red, ciudades-red, ejército-red.

El sistema tecnológico-industrial consistirá en sistemas automáticos para producir autómatas, por medio de otros autómatas, que sustituirán la mayor parte del trabajo directo de los humanos sobre los objetos de producción.

Desde el consumo, la automatización flexible establecerá un sistema homogéneo de necesidades y de sus satisfactores. La libertad se buscará reducir a la libertad de consumir.

Este sistema tecnológico avanzará en capacidades y complejidad, con un efecto tal vez más importante para la Humanidad, que la invención de la escritura.

La revolución tecnológica provocó cambios cualitativos en la economía, desplazó la intervención directa del ser humano en la producción, hacia la planificación, administración y control del proceso productivo. La automatización provocó un aumento de la productividad.

A futuro se tendrá una pérdida constante y creciente de la importancia de la mano de obra directa y emergerán nuevos empleos con requerimientos técnicos distintos.

El desarrollo tecnológico aumentará la simplicidad operativa para sus usuarios y operadores, mediante tecnologías cada vez más autosuficientes y pre-programadas.

La constante automatización e innovación reducirá aún más la creación de empleos por unidad de inversión, y polarizará los mercados de trabajo y sus ingresos.

La revolución tecnológica impulsó el capitalismo informacional global, que mantiene sus fines y emplea un universo ampliado de medios cada vez más flexibles y eficaces; al tiempo que concentra el poder económico y modifica el poder del estado.

Las facultades de lo público son ocupadas por los intereses corporativos y los mayores propietarios de riqueza.

El capital financiero adquiere preeminencia; prevalece sobre la economía real, sobre los pactos fiscales y de distribución de la riqueza.

La propiedad corporativa tiene preeminencia sobre otras formas de propiedad. El comercio y la inversión extrajera directa se dirige al control de recursos energéticos, materias primas y mercados, influyendo en la disminución de los salarios.

Los aumentos de productividad y amortización de inversiones, reclaman mercados mundiales. El libre comercio es condición para las inversiones corporativas, lo que explica que más de la mitad del comercio mundial es intra-firma.

El desempeño del capitalismo informacional global demuestra que la idea de la autocorrección y autorregulación de los mercados, es una ideología para su implantación a nivel mundial.

La revolución tecnológica ha acelerado la circulación mundial de inversiones, tecnologías, productos y capitales. Esto ha provocado una crisis de reproducción, consumo y legitimación; pues el Estado y la democracia son incapaces para satisfacer los derechos de la sociedad.

La mayor velocidad de circulación acelera la concentración de empresas y la consolidación de sectores a escala mundial. El poder corporativo es significativo ante el poder regulatorio del Estado nación. La competencia oligopólica limita la libre concurrencia.

La dependencia estratégica de la industria consiste en el hecho de que la producción industrial requiere insumos, materias primas, energía, mercados de trabajo y consumo, que no están disponibles en su totalidad en el territorio de un Estado nación.

El capitalismo informacional global acentúa esta condición; por lo que las corporaciones organizan su producción y comercialización a escala mundial. El libre comercio es necesario para su funcionamiento, ya que permite, si está exento de controles previos y pago de aranceles, aminorar la condición de dependencia estratégica de las potencias industriales.

La necesidad de superar la dependencia estratégica es la matriz lógica explicativa de la doctrina militar y geopolítica de las grandes potencias.

El impacto del capitalismo informacional global en las economías menos desarrolladas, se caracteriza por la tendencia de los inversionistas globales de impulsar la reducción de salarios y prestaciones sociales, suprimir limitaciones a la propiedad extranjera y a la movilidad de capitales; de tomar ventaja y controlar mercados, compras de gobierno y recursos naturales, así como minimizar el pago de impuestos.

La homogeneización de las tendencias aspiracionales de consumo a nivel mundial por medio de la publicidad a través de la radio, televisión, Internet y las nuevas herramientas de la mercadotecnia moderna, son instrumentos privilegiados de la competencia oligopólica.

Las corporaciones globales impulsan la privatización transnacional del Estado nación, lo que equivale al vaciamiento de la soberanía.

Durante los últimos treinta años México modificó su economía política. El Estado mexicano y sus élites económicas, políticas y culturales, tuvieron como principal objetivo y exigencia, satisfacer los requerimientos de los acreedores financieros internacionales y la modificación de la relación del  Estado con la economía. El control de la economía política nacional pasó entonces a los bancos acreedores extranjeros, a las corporaciones globales, a las instituciones financieras y comerciales internacionales y a la hegemonía de Estados Unidos.

Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se dio forma jurídica e institucional a esta vinculación subordinada a la acumulación de las corporaciones globales. La economía nacional no tuvo desde entonces un referente interno, sustentado en nuestra Constitución Política y los fines de la sociedad y el Estado mexicano; sino externo, definido en función de las necesidades de expansión de las corporaciones globales. Al TLCAN le siguieron el Acuerdo Marco, al Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida.

Los principales resultados son: incapacidad permanente para alcanzar altas tasas de crecimiento económico superiores al 2% anual durante los últimos treinta años, y hacia el futuro; la muy insuficiente creación de empleos permanentes y formales; el estancamiento del PIB per cápita durante treinta años; la reducción muy significativa del poder adquisitivo de los salarios mínimos y contractuales, así como de la participación de los salarios en el PIB y la reducción abismal del mercado interno; reducción del sector energético de la economía al 6.43% del PIB en 2008; aumento del sector financiero al 22.9% en 2009; reducción de la petroquímica privada al 1.8% del PIB  en 2011; subdesarrollo empresarial, desaparición de miles de empresas de capital nacional y limitado desarrollo empresarial y tecnológico propio; sustitución de empresas nacionales por empresas de inversión extranjera; limitada creación de empresas de capital nacional de base tecnológica; desindustrialización, cesión de la infraestructura a corporaciones globales, política científica desvinculada del desarrollo nacional y sustitución de las tareas sustantivas de los organismos estatales en actividades estratégicas, por empresas extranjeras; constante pérdida de competitividad ante el mundo durante las últimas décadas; déficit comercial sistémico en productos agropecuarios y manufactureros, que se compensa parcialmente con el superávit de la exportación de petróleo y la maquila.

Adam Smith formula su concepto de economía política, como un pacto social para crear y distribuir riqueza en la sociedad, en donde el Estado tiene una función de promover la capacidad de crear riqueza y de captar impuestos para el “bien común”, buscando que tanto la gente como el soberano (el Estado-nación en su conjunto), se enriquezcan.

En el capitalismo la distribución de la riqueza social no es natural, sino que está establecida por el control diferenciado y acceso a parte de la riqueza, según la propiedad de capital.

La creación y distribución de la riqueza está políticamente mediado: toda economía es política, en la medida de que no existe economía fuera de la sociedad y del Estado.

La metáfora de la “mano invisible” de Smith consiste en afirmar la natural autorregulación de los mercados, bajo la guía del propio interés, como el mecanismo más eficiente –racional– para la generación de la riqueza. Esta tesis se ha extendido a las otras ciencias sociales, que proponen la superioridad de la autorregulación en todas las esferas de la vida social.

Esta tesis es falsa. En el capitalismo informacional global las decisiones económicas no son conducidas sólo por individuos que buscan su propio interés, sino por corporaciones globales.

La frontera entre mercado nacional e internacional se hace compleja y pierde sentido, pues más de la mitad del comercio mundial es intra-firma, a través de los Estados-nación.

Es cada vez más evidente en todo el mundo la falacia de la tesis de la autorregulación de los mercados. La búsqueda del propio provecho, sin autoridad que haga prevalecer el “bien público”, convierte a los mercados en sistemas de apropiación ilícita e injusta de la riqueza.

En los Estados Unidos y otras potencias, se constata la mano decisiva del Estado, para establecer condiciones de financiamiento, producción y comercio en su propio territorio, y para imponer tratados de libre comercio e inversión, incluso mediante procedimientos bélicos.

La teoría económica debe ser revisada a la luz de los cambios en la economía mundial, del impacto de la revolución tecnológica; la concentración del poder tecnológico, de mercado, financiero e ideológico de las corporaciones globales, y la necesaria reformulación del papel del Estado para que el “bien común” prevalezca frente a la “autorregulación” de los mercados.

Contra la tesis de Smith, Stiglitz sostiene que: “No existe ningún fundamento teórico para creer que en las etapas tempranas del desarrollo los mercados, por sí solos, llevarán a resultados eficientes.” Tampoco la experiencia histórica ofrece apoyo a la tesis de la eficiencia natural de la autorregulación de los mercados.

Para el análisis de la relación entre economía y política, Eric Olin Wright sugiere las siguientes categorías, como modos de determinación de la economía política.

Limitación: consiste en el establecimiento de una determinada estructura social que establece límites dentro de los cuales otras estructuras pueden variar.

Selección: consiste en mecanismos sociales que de manera concreta determinan el rango de los resultados posibles dentro de un conjunto estructuralmente limitado de posibilidades.

Reproducción-No reproducción: la dinámica política y la correlación de fuerzas permite o impide que la estructura reproducida pueda cambiar de manera fundamental. 

Límites de compatibilidad funcional: la dinámica política determina qué estructura es funcional (reproductiva) y cuál no (no reproductiva) de una determinada estructura.

Transformación: la dinámica política reformula otras estructuras, a través de un impacto directo en los procesos de limitación estructural, selección y procesos de reproducción/no reproducción de las estructura.

Mediación: un determinado proceso social que da forma a las consecuencias de otros procesos sociales, en particular procesos políticos.

La economía política tributaria y dependiente es la causa que limita de manera sistémica y permanente la capacidad de crecimiento de la economía y el desarrollo de la Nación, ante el contexto del capitalismo informacional global.

Una economía política tributaria y dependiente establece estructuras permanentes que sustituyen la rec toría del Estado para el desarrollo nacional, por tratados internacionales en materia de inversión, comercio, financiamiento y tributación; disminuyen el poder, facultades, instituciones y recursos del Estado-nación; establecen una especialización en el comercio internacional para vender productos de menor valor agregado y comprar bienes y servicios con mayor valor agregado; sustituyen los agentes económicos nacionales por internacionales; disminuyen la creación de valor agregado tecnológico industrial nacional, el ingreso disponible de los ciudadanos, el mercado interno, el ahorro nacional y el ingreso fisca; lo que conduce hacia una condición permanente de semi-estancamiento económico, limitada creación de empleos formales, dependencia estructural de las importaciones y de los procesos de acumulación de las corporaciones globales; lo que a su vez aumenta la polarización económica, social y política.

1.2 Estructuras de la economía política tributaria y dependiente que impiden alcanzar altas tasas de crecimiento económico, desarrollo y equidad social.

Las estructuras establecidas en los últimos treinta años, que limitan las posibilidades dentro de las cuales puede variar la economía política nacional tributaria y dependiente, son:

Los tratados de libre comercio, inversión y fiscales imponen y restringen las decisiones fundamentales que pueda adoptar la democracia mexicana, pues disminuyen el poder nacional y conducen al vaciamiento de la soberanía política.

Los tratados de libre comercio y en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; así como los tratados para la protección de inversiones; de carácter fiscal y de inversión extranjera, limitan estructuralmente el desarrollo de México.

La subordinación jurídica y política favorece la acumulación de las corporaciones globales y sitúa a los objetivos de desarrollo de otras naciones, sobre los fines de desarrollo humano, social, cultural, político y económico de México como Estado nación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los tratados internacionales tienen prelación sobre las leyes federales y están por debajo sólo de la Constitución.

Los mandatos constitucionales fundamentales quedan acotados a los límites acordados en los tratados internacionales de carácter económico. En el TLCAN existe una asimetría jurídica pues es ley suprema para México, y para Estados Unidos requiere una legislación específica.

La esencia del TLCAN es la supresión del proyecto constitucional de desarrollo, la rectoría del Estado y su sustitución por la integración subordinada-dependiente, en las dimensiones económica, política, cultural, diplomática, militar y de seguridad, a los Estados Unidos.

Los mexicanos podemos elegir gobernantes, pero no podemos modificar la substancia de la economía política, lo que vulnera la soberanía del pueblo de México.

La política macroeconómica de control del déficit fiscal y la inflación, se estableció como nueva economía política permanente, mediante la firma de tratados de comercio e inversión.

Esta política tuvo como objetivo facilitar la importación de bienes y la expansión de las inversiones estadounidenses y canadienses en México, más que establecer en México una política industrial y exportadora, que impulsara la industria y la tecnología nacional.

Los tratados limitan las acciones de fomento, compensación y protección del aparato productivo nacional, indispensables ante una apertura permanente.

La política arancelaria aperturista limita las condiciones de rentabilidad de los productores nacionales y es causa directa de la desindustrialización del país.

El TLCAN no incluyó la libre movilidad de la fuerza de trabajo, ni incorpora un tratado migratorio relacionado con la dinámica de los mercados de trabajo de los tres países. El Acuerdo Laboral no se ha cumplido en México ni con los trabajadores indocumentados.

La comparación con el proceso de integración de la Unión Europea es relevante, pues demuestra que no todos los procesos de la globalización son idénticos. El trato igual entre desiguales entraña injusticia. La política de apertura se convirtió en un fin en sí mismo, en lugar de un instrumento de una política de desarrollo.

La segunda limitación estructural es la reforma neoliberal del Estado, que suprimió las responsabilidades, instituciones y recursos del Estado para la conducción de la economía política, que ahora está gobernada por las necesidades de las corporaciones globales.

Las corporaciones promovieron una reforma del Estado que  ha reducido la responsabilidad del Estado a garantizar la propiedad corporativa, el control de la fuerza de trabajo; el control político, social e ideológico de la sociedad, y la supresión de las demandas sociales, que garanticen altas tasas de rentabilidad para las corporaciones globales.

Este Estado a-responsable de la economía política, se manifiesta en: ssubordinación de la Constitución al poder corporativo y los tratados económicos; políticas públicas, leyes, presupuestos para promover la acumulación global; socialización de pérdidas y privatización de los beneficios; eliminación de la planeación y fomento económico estratégico del Estado; privatización de áreas estratégicas del Estado, educación, servicios públicos e infraestructura; apropiación corporativa de compras de gobierno; ausencia de objetivos estratégicos y logro de los fines y objetivos nacionales; ddesaparición de políticas con recursos suficientes para el fomento económico; desmantelamiento del control del Estado sobre el comercio exterior y las aduanas; importación de tecnología y desvinculación de los esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico con la economía y con empresas de capital nacional; control corporativo y limitada democracia laboral; ttendencia al outsourcing, la reducción salarial y de las prestaciones sociales.

La tercera limitación estructural de la economía política nacional es la reducción muy significativa del poder fiscal; y de las instituciones, facultades y funciones del Estado, que suprime el fomento económico y la garantía de equidad y desarrollo social.

La limitación fiscal sistémica es necesaria en la economía política subordinada a la acumulación de las corporaciones globales, principalmente de inversión extranjera.

El soporte principal del gasto público ha sido la utilización de la renta petrolera, que representa del orden del 35%-40% del gasto público federal; y los impuestos al consumo.

La renta petrolera para sustituye la recaudación fiscal de las corporaciones, lo impide que su utilización para la inversión pública, social y privada nacional.

El gasto público contribuye a la rentabilidad y capitalización de sectores y empresas más concentrados de la economía, en particular de inversión extranjera, y no de las empresas de capital nacional, de los organismos del Estado y del sector social.

La reducción del poder fiscal se manifiesta en la reducción del ingreso y gasto público del 44% del PIB en 1982, al 24% del PIB en 2012; los reducidos impuestos a la propiedad, el ingreso y las ganancias, y la exención de impuestos a las ganancias y transferencias financieras, en comparación con el promedio de la OCDE.

Las utilidades de las corporaciones globales que generan valor agregado industrial en México se consolidan en el extranjero, vía precios de transferencia, mínimo pago de impuestos, consolidación de ingresos fiscales, y aplicación de los tratados para evitar la doble tributación.

Los impuestos al consumo de bienes y servicios como proporción del PIB,  son más cercanos al promedio de la aportación fiscal sobre transacciones de bienes y servicios en la OCDE.

La cuarta limitación estructural es consecuencia de la tercera: la reducción drástica de la inversión pública, y en particular en infraestructura, del 12.5% del PIB en 1982, a niveles del 3.5%-4.5% del PIB en la actualidad.

La reducción del poder fiscal del Estado mexicano y de su gasto público limita la inversión pública y los recursos del Estado para el desarrollo; y favorece la concentración de ingresos en los estratos más ricos y las corporaciones globales; lo que disminuye el poder nacional.

La limitación de recursos para la inversión pública conduce a la captura por las corporaciones globales, de las actividades estratégicas que antes realizaba el Estado.

Esta tercera limitación estructural conduce a la privatización del Estado-nación a favor de las corporaciones globales, mediante contratos a largo plazo.

La quinta limitante estructural es la política monetaria orientada exclusivamente a contener la inflación, sin un mandato para promover el crecimiento y la reducción de las tasas de interés para el desarrollo económico, como opera en los Estados Unidos de América, mediante reservas del Banco de México aportadas en un 99% aportas por PEMEX; una política salarial que reduce el salario; una política de tipo de cambio que tiende a una permanente sobrevaluación del peso, lo que contribuye a favorecer a los importadores, limita la rentabilidad de los productores nacionales y la ausencia de controles eficaces para la entrada y salida de divisas.

La sexta limitante estructural es la sustitución de la banca nacional por la banca extranjera y la práctica desaparición y desnaturalización de la banca de desarrollo.

La modificación de la ley de banca y crédito en 1997 para permitir la inversión 100% extranjera en los bancos, y la presión para su venta a entidades financieras extranjeras, ha evolucionado a una condición en la que el sistema de pagos, de ahorro y crédito, esté controlado en su mayoría por estas entidades financieras de capital extranjero.

México carece de un sistema financiero que ofrezca suficiente crédito, a tasas competitivas  internacionales, con garantías y servicios de análisis de crédito y asistencia técnica, que esté enfocado a financiar el crecimiento desarrollo nacional. La banca de desarrollo se desnaturalizó, redujo su capacidad de fondeo y retrajo su operación de primer piso.

La séptima limitante estructural es la sustitución de las empresas de capital nacional en sectores estratégicos de industria, infraestructura, comercio, por corporaciones extranjeras.

La sustitución de empresas de capital nacional estratégicas por corporaciones de capital extranjero, determina los procesos de acumulación económica.

Las inversiones globales de capital extranjero se apropian de empresas, mercados e inversiones existentes; controlan segmentos más rentables de los mercados y las compras de gobierno; convierten sus operaciones en centros de costo, por lo que presionan para establecer condiciones que minimicen salarios, prestaciones, seguridad social (outsoursing) y pago de impuestos; en tanto que privilegian la generación de utilidades para sus naciones de origen; tienen aportaciones fiscales mínimas e incluso negativas para el Estado mexicano; sofocan el desarrollo tecnológico-industrial nacional y se apropian de los apoyos y subsidios para el desarrollo científico y tecnológico de México; capturan la renta de la explotación y exportación de los hidrocarburos de manera directa o a través del sistema fiscal; imponen sus condiciones de precios en los mercados mediante competencia oligopólica; importan y exportan en función de sus estrategias corporativas globales; utilizan al país para alcanzar altas tasas de ganancia, cuyas utilidades son invertidas en otras economías por razones de falta de rentabilidad, riesgo económico, preferencia política, percepción de seguridad o por políticas globales de inversión; remiten utilidades a sus matrices vía precios de transferencia, pagos de tecnologías, regalías y otros servicios tecnológicos o de pago de propiedad intelectual; tienden a apropiarse cada vez más de la renta natural de tierra, agua, biodiversidad, recursos minerales y energéticos; así como de las industrias, comercios y servicios estratégicos; toman creciente control de la infraestructura de comunicaciones, transportes y de los sistemas de logística;

Las corporaciones financieras extranjeras son una estructura dominante; controlan la banca, la captación del ahorro, el sistema de pagos y el financiamiento gubernamental.

El ahorro de largo plazo de los trabajadores para su retiro es capturado por estas corporaciones financieras globales, lo que limita las inversiones nacionales.

La banca extranjera en México destina una muy reducida magnitud de créditos para la inversión productiva y orienta la mayor parte del crédito al consumo de bienes importados; con altas tasas de interés activas, mínimas pasivas y altísimos costos de transacción, lo que genera utilidades extraordinarias que son remitidas a sus respectivos corporativos.

Por otra parte, se mantienen precios significativamente altos para los consumidores, en la medida que están determinados por la competencia oligopólica.

Ello ha establecido la subordinación sistémica de la economía política nacional, en la dimensión financiera, tecnológica, industrial, comercial, fiscal, alimentaria y de consumo, a las cadenas de valor e inversionistas globales.

La octava limitante estructural es la deliberada supresión de una política de Estado para el desarrollo científico y tecnológico nacional.

La inversión pública y privada en ciencia y tecnología ha sido deliberadamente reducida a su mínima expresión, la balanza tecnológica tiene un saldo negativo en los pasados tres lustros.

La novena limitante estructural es la reducción del mercado interno, que sofoca el crecimiento económico; como consecuencia de la reducción del poder adquisitivo del salario y de la proporción de los salarios en el PIB, que limita el ciclo inversión-empleo-consumo.

La disminución del ahorro nacional por la polarización de la desigualdad de ingresos y riqueza, limita el consumo y la inversión productiva nacional.

Como consecuencia, México es una de las sociedades más desiguales del mundo. Esta desigualdad impide que las reformas de mercado tengan condiciones objetivas de realización. La pobreza extrema y la desigualdad son una injusticia social y un freno al desarrollo.

La décima limitante estructural es la eespecialización dependiente y el déficit comercial sistémico del comercio exterior industrial. El comercio exterior de México se orienta en más de un 80% al mercado estadounidense.

México tiene una dependencia multidimensional de su economía, al ser una potencia importadora de maquinaria, equipo, tecnologías, bienes intermedios, y bienes de consumo.

Las importaciones de bienes de consumo son superiores a la de bienes de capital. La balanza comercial es deficitaria y se sostiene en un débil equilibrio, por la exportación de la maquila y de petróleo crudo.

La undécima limitante estructural es el proceso de acumulación nacional y de inversión transnacional de las corporaciones globales.

Además de la remisión de utilidades, pagos de regalías, patentes, marcas y otros procedimientos por los cuales las corporaciones globales contribuyen a su rentabilidad global, los empresarios mexicanos destinan parte significativa de sus utilidades para realizar inversiones en el exterior.

1.3 Selección estructural de la economía política tributaria y dependiente.

Este conjunto de estructuras de la economía política tributaria y dependiente, es la que explica la involución y desindustrialización del país, lo que se traduce en un muy limitado desarrollo de las industrias y empresas de capital nacional.

De las estructuras limitantes, se han seleccionado políticas públicas que tienen estos contenidos sustantivos:

La economía política tributaria impuesta a México ha prescrito que el mercado interno, no sea el motor de la economía, sino las exportaciones. El Banco Mundial ha impuesto a México y la élite nacional ha aceptado, que el crecimiento económico debe ser impulsado por las exportaciones, y no por el ahorro, inversión, empleo y mercado interno.

El Estado mexicano ha establecido como criterio de toda política económica, el rescate por el pueblo de México del capital financiero y la garantía de utilidades presentes y futuras. Se estableció la prelación de los apoyos del Estado mexicano al sector financiero; las corporaciones financieras globales aplican las políticas de sus matrices, de reducir el crédito y destinarlo al consumo y no a la inversión productiva; las empresas industriales de capital nacional se han visto restringidas en su crecimiento y expansión tanto por la falta de crédito a tasas competitivas para invertir y la reducción de su acceso a los mercados

Se sustituyó a inversionistas nacionales ubicados en el capital comercial, por sistemas comerciales orientados a la importación y no a la comercialización de manufacturas nacionales, mediante la políticas de tipo de cambio; la ssustitución de productos nacionales por importados; la sustitución de cadenas de comercialización y tiendas de departamento de capital nacional, por corporaciones globales de capital extranjero; la walmartización de la economía, por la cual una empresa comercializadora se convierte en gigantesco motor de importaciones y se convierte en una entidad bancaria. Sus importaciones no son compensadas con exportaciones, lo que presiona la balanza comercial y limita la expansión de las industrias nacionales.

Contrario a los mandatos del Artículo 27 y 28 de la Constitución, se han privatizado las actividades sustantivas de los organismos del Estado mexicano, por contratos violatorios de los mandatos de la Constitución para las áreas estratégicas, en favor de corporaciones globales y extranjeras, lo que conduce a que una proporción creciente de la renta petrolera y de las utilidades de las industrias energéticas, sea capturada por corporaciones globales.

Se estableció como política pública permanente,  imponer condiciones desiguales de trato para las empresas de capital nacional en la industria y en otros sectores económicos, con el falso argumento de que se beneficia con ello a los consumidores.

Esta política tiene varios elementos: la ppolítica macroeconómica que reduce los  recursos públicos para el fomento industrial; la desaparición y/o reducción de la política e instrumentos de fomento industrial (banca de fomento, política de exportación); ssustitución de empresas y productos nacionales por corporaciones de inversión extranjera; entrega de recursos naturales y la renta que generan –minería, biodiversidad, hidrocarburos, agua, aire, costas- para su control y explotación por inversionistas globales; limitado presupuesto para el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacional y su desvinculación estructural y estratégica de las industrias de capital nacional y los organismos del Estado; compra de tecnología y pago de regalías y patentes, en lugar de desarrollo de tecnologías e industrias nacionales competitivas; aplicación de la ley de inversión extranjera que facilita la compra o control de inversiones y empresas existentes; transferencia de entidades, recursos y actividades públicas a empresas privadas, principalmente de inversión extranjera directa; ausencia de controles sobre el crecimiento de mercado e inversiones de las inversiones extranjeras en territorio nacional; ausencia de controles y concentración de la actividad publicitaria, que favorece el poder de mercado de las corporaciones globales; ccompras de gobierno entregadas a las corporaciones globales en el  TLCAN y otros tratados, sin reciprocidad real; ccaptura de subsidios y recursos públicos para el fomento económico, por las corporaciones globales, en particular de inversión extranjera; eliminación del control de las divisas del comercio exterior y liberación de la obligación de generar divisas para mantener un equilibrio que permita la sostenibilidad de la importación de bienes y servicios; flujos de inversión extranjera que se destinar a la compra y control de inversiones y empresas de capital nacional,  que se convierten en demandantes de los bienes importados sin generar cadenas de valor agregado industrial en el país, derivando así en un modelo económico de sustitución de la producción nacional por producción externa.

Las franquicias constituyen el sistema más avanzado de este modelo de desindustrialización y la  financierización y desvinculación de las empresas de la dinámica del mercado interno.

Las entidades públicas y empresas de capital nacional en servicios de infraestructura, comunicación, convergencia digital, salud y turismo, han sido crecientemente sustituidas por corporaciones globales de inversión extranjera, así como tendencia a la privatización de la seguridad social y el control de corporaciones globales del turismo y de la minería.

1.4 Consecuencias e implicaciones de la economía política tributaria y dependiente.

Las consecuencias de la economía política tributaria y dependiente son: imposibilidad de alcanzar altas tasas de crecimiento económico y generación de empleos, lo que se traduce en un limitado desarrollo integral y justo para toda la población; una economía de servicios, dependiente de bienes y servicios importados, sin creación suficiente de valor agregado tecnológico e industrial nacional, que hace imposible alcanzar altas tasas de ahorro, inversión y crecimiento económico sostenido, capaz de sustentar la creación de empleos que requiere la sociedad y el mejoramiento de los ingresos y niveles de vida de la población.

El mercado nacional, cuya demanda era atendida por la oferta de empresas nacionales de manera significativa, fue invadido por productos importados, y por bienes y servicios producidos por empresas de inversión extranjera en México.

Los industriales mexicanos y sus productos, de esta manera, fueron sustituidos por empresas y productos extranjeros, con frecuencia de bajo precio y calidad. Desindustrialización acelerada que sigue avanzando cada año, lo que se refleja en la reducción del PIB manufacturero del 19.1% en el año 2000 al 17.4% en el año 2010. Mortandad de industrias y conversión en comercializadoras de importaciones; contracción del empleo industrial a 3.7 millones; supeditación a flujos de inversión extranjera, tanto especulativa como directa; limitada capacidad de ahorro e inversión pública y privada, como resultado del pacto fiscal y de distribución del ingreso y la riqueza.

Las implicaciones de esta economía política son la imposibilidad del crecimiento y el desarrollo independiente de México en el siglo XXI. Entre otras, estas son las más significativas: pérdida de soberanía política por la pérdida de soberanía económica; especialización de ser mercado para productos importados, oferente de energía y recursos naturales; de mano de obra barata en nuestro país y de migrantes sin derechos y con bajos salarios en los Estados Unidos.

Las tendencias previsibles hacia el futuro no contienen una lógica de reversión sino su mayor profundización. El horizonte a futuro es un permanente semi-estancamiento económico, pues es imposible tener estabilidad macroeconómica con altas tasas de crecimiento. El bajo valor agregado nacional se convierte en freno al crecimiento, la generación de empleos, mejoramiento del poder adquisitivo del salario y por tanto, al mercado interno.

La consecuencia de esta estructura productiva y su inserción pasiva en la economía mundial, es la debilidad estructural y sistémica de la economía nacional, la crisis fiscal permanente; imposibilidad de alcanzar altas tasas de crecimiento y generación de empleos; la desigualdad creciente en la distribución del ingreso y la disminución de salarios y calidad de vida.

Los resultados de este paradigma nos ubican a la zaga del crecimiento y el desarrollo latinoamericano y mundial, por lo que se debe reindustrializar al país.

La pérdida de empresas industriales, de empleo y creación de valor agregado industrial, ha debilitado a las finanzas públicas que se destina al gasto corriente y no la inversión pública, para el apoyo de la inversión privada nacional y el desarrollo de ciencia y tecnología nacional.

Se fundamenta la necesidad histórica de modificar la economía política tributaria y dependiente, y de sustituirla por una nueva economía política para el desarrollo nacional soberano, justo e independiente, que requiere una política de Estado para la reindustrialización acelerada de México.

La actual economía política tributaria y dependiente es insostenible e injustificable desde el punto de vista fiscal, social, político, cultural y ecológico, porque la nación no debe ser reducida a condición de objeto de los procesos de acumulación global.

La economía política establecida durante las últimas tres décadas impide de manera sistemática y permanente el crecimiento económico suficiente y el desarrollo justo, libre, equitativo y soberano de la sociedad, por lo que se justifica el imperativo histórico de sustituirla por otra economía política que tenga como premisa el respeto al criterio ético universal de que los seres humanos son fines y no son medio para ninguna otra cosa.

El reconocimiento de que el universo de personas que constituyen el Estado nación son fines y no medios, define con precisión los fines de la comunidad nacional. La existencia de México no se justifica en función de su aporte a la acumulación global corporativa.

Los fines del Estado mexicano exigen la restitución y prelación del Estado nación, sobre los procesos económicos de la globalización; así como la prelación del bien universal y público, sobre el interés y el bien particular.

Esta restitución del imperativo ético como criterio de la acción del Estado, justifica su responsabilidad de promover el desarrollo nacional y la rectoría del Estado sobre el desarrollo. Las garantías y los derechos humanos de los mexicanos y de la Nación en cuanto tal, deben prevalecer sobre cualquier acuerdo internacional de naturaleza económica, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

La cuestión central del diseño de una nueva economía política tiene que ver con la naturaleza, alcance, funciones y dinámica del Estado; con su estructura y fundamento jurídico; los poderes públicos, las premisas culturales y la fuerza propia para garantizar la soberanía ante otros estados; el sistema de propiedad, de régimen político e instituciones para la producción y distribución del ingreso y la riqueza; el conjunto de instituciones gubernamentales de la administración de lo público; las instituciones específicas para fomentar la creación de la riqueza y para mantener un determinado orden social y de distribución de la riqueza.

Las políticas públicas y las intervenciones del Estado sobre la estructura económica requieren una formulación explícita y un compromiso concreto para lograr los fines que éstas se proponen. Las prácticas de las instituciones públicas suponen de manera implícita una política pública o de Estado.

Desde el punto de vista sustantivo se pueden distinguir las acciones e intervenciones directas del Estado en el ámbito económico; el gasto público, su monto, orientación, objetivos y beneficiarios; y la regulación de la actividad económica.

Es indispensable establecer una Política de Estado para el desarrollo nacional en el siglo XXI. Uno de los núcleos fundamentales es la política para la reindustrialización acelerada.

La reindustrialización acelerada de México se define como la política del Estado mexicano para la generación de valor agregado tecnológico nacional en la producción de bienes y servicios, en la sociedad y economía del conocimiento; capaces de satisfacer necesidades humanas éticamente justificables; mediante el desarrollo de las entidades públicas en las áreas estratégicas establecidas en la Constitución, así como el desarrollo de nuevas capacidades públicas análogas a las que han desarrollado las potencias económicas actuales y emergentes; que permita una dinámica de creación de riqueza, ahorro, inversión pública, social y privada; por parte de sujetos económicos y sociales vinculados al pacto ético, fiscal y de distribución de la riqueza, principalmente de capital social y privado nacional; que genere los empleos que demanda la sociedad, con una distribución del ingreso y la riqueza que permita la plena vigencia de los derechos humanos de toda la población y de los derechos de la Nación mexicana, de manera sostenible y sustentable en el corto, mediano y largo plazo.

La reindustrialización acelerada se debe concebir en el paradigma del sistema tecnológico de la convergencia digital y la automatización, lo que requiere una política de desarrollo empresarial en el marco de una estrategia general para el desarrollo de capacidades propias, tanto de empresas de capital nacional como de entidades públicas científicas, educativas y tecnológicas del Estado mexicano.

La reindustrialización acelerada de México, por lo tanto, es un imperativo insoslayable, por lo que se requiere sustentar este proceso en las  industrias de capital nacional, tanto privado y social, como público, con un enfoque sectorial y regional. Esta reindustrialización requiere de una política industrial integral, de corto, mediano y largo plazo.

Los contenidos básicos de una política de Estado para la reindustrialización acelerada de México son los siguientes:

Articulación de una política de Estado integral, en la que exista congruencia entre las dependencias y entidades públicas federales, que propicie la soberanía económica.

Restablecimiento del desarrollo sustentable y justo mediante la consolidación-creación de empresas industriales de capital nacional.

Política de aumento de la productividad y competitividad sectorial y nacional, sectorial y regional, que permita un superávit comercial con el mundo, sobre la base del desarrollo científico y tecnológico autónomo.

Desarrollo del sistema financiero mexicano como sistema de pagos, de ahorro y crédito.

Desarrollo integral del mercado interno: vinculación de los procesos de inversión-producción-salarios-consumo en el entorno del Estado nación.

Recuperación del valor agregado industrial nacional, mediante la sustitución creativa y competitiva de importaciones. 

Desvinculación creativa de la dependencia corporativa global, mediante la sustitución de las condiciones multidimensionales actuales de dependencia, con la creación de capacidades nacionales estratégicas y funcionales; públicas, privadas y sociales; de entidades nacionales y de capital nacional requeridas para lograr los objetivos nacionales y la superación de la actual dependencia.

Reconstrucción de las cadenas de valor agregado y tecnológico, sobre la base de los organismos públicos en las áreas estratégicas y las empresas de capital nacional, impulsada desde la proveeduría de energía y de las compras de gobierno.

Fortalecimiento de las cadenas de valor económico a nivel sectorial, regional y nacional.

Desarrollo, consolidación y creación de micro, pequeñas y medianas industrias, como actoras fundamentales de la reindustrialización.

Capítulo 2.

Evolución y situación actual de la industria nacional, comparación internacional y consideraciones para el cambio de estrategia de desarrollo

El principal objetivo del capítulo 2 es aportar evidencia de la involución y precaria situación actual de la industria mexicana. Después del análisis de las nuevas modalidades de inserción de la economía mexicana en el proceso de globalización, las cuales han implicado una creciente subordinación del Estado-Nación (2.1), se señalan los problemas de dependencia petrolera y pérdida de relevancia de la industria manufacturera (2.2). Posteriormente, se analizan las deficiencias que existen en México para el desarrollo tecnológico industrial (2.3) así como la falta de articulación real en el sistema nacional de innovación (2.4). En el apartado 2.5, se realiza un comparativo de la industria mexicana con Brasil, Rusia, India, China y Corea del Sur (BRICK). Finalmente, en el punto 2.6, se estudia la evolución de los subsectores y ramas del sector manufacturero.

2.1 Antecedentes

México es uno de los países que ha adoptado rápida y prácticamente sin mayor estudio, y con ausencia de un verdadero proyecto nacional de desarrollo, políticas dictadas por los centros de decisión mundiales, realizando en los años ochenta y principios de los noventa, una serie de reformas a la luz del denominado Consenso de Washington.

De esta manera, la economía mexicana ha ido modificando su composición productiva y comercial en forma significativa, conllevando a que si bien algunas actividades han presentado un desarrollo significativo y dinámico, otras en cambio no sólo han perdido importancia, sino que han reducido su capacidad productiva. En efecto, el cambio en la composición de la producción manufacturera ha sido producto tanto del crecimiento de los segmentos globales en que se ha ido especializando la economía como forma de inserción en la economía mundial, como de la competencia creciente de las importaciones que han ido sustituyendo la producción nacional; muchas empresas que antes de la apertura comercial se dedicaban a la manufactura, se convirtieron en comercializadoras de productos de importación. Además, aunque participen en cadenas globales de producción de bienes de alta tecnología, las empresas manufactureras mexicanas han tendido a especializarse en actividades o segmentos de poco valor agregado tecnológico. En efecto, la ausencia de una política industrial dentro de la dinámica de libre comercio y liberalización financiera ha provocado que el modelo de apertura comercial no haya incluido una estrategia de exportación orientada a la consecución de un superávit comercial estructural basado en la producción y exportación de bienes industriales de alto valor agregado.

La falta de capacidad científica, tecnológica e innovadora ha limitado la integración local de cadenas productivas en actividades consideradas estratégicas para el desarrollo. Se ha abierto una brecha productiva y tecnológica cada vez más grande con respecto a las potencias mundiales (Estados Unidos, Alemania, Japón) en lo que refiere a la manufactura. La mayor integración de México a los procesos globales de producción, fomentada por el TLCAN, no ha tenido impactos claramente positivos en el PIB manufacturero, el cual inclusive ha decrecido y se ha vuelto cada vez más dependiente del mercado estadunidense

Asimismo, en el contexto de globalización o capitalismo informacional-global, con las tendencias de integración productiva y financiera más allá de las fronteras nacionales y la consolidación de las relaciones de interdependencia delineadas en función de las necesidades del sistema económico global y de los países hegemónicos para mantener su poder político-económico, en el país no se ha podido completar un proyecto de nación basado en una política económica propia con vistas al largo plazo que permita definir un esquema de integración internacional en el que sean prioritarios los intereses del país.

A raíz de la crisis del petróleo y de la crisis de la deuda externa, los objetivos de política económica se orientaron hacia el ajuste a la baja de la demanda agregada para revertir el desequilibrio externo y cubrir el servicio de la deuda. El crecimiento dejó de ser objetivo. La nueva estrategia contempló: 1) la estabilización macroeconómica, especialmente con los objetivos de reducir la inflación, corregir los precios, contener la demanda agregada mediante la reducción del gasto público, la moderación del crecimiento salarial y el fomento del ahorro interno; 2) la modernización de la economía nacional, mediante la disminución de la intervención económica directa del Estado en la economía, una mayor participación del sector privado y la mayor eficiencia del aparato público en el proceso de desarrollo económico, mediante desregulaciones. Este debilitamiento del aparato institucional, con la desaparición o debilitamiento de instituciones y programas cuyos objetivos se orientaron anteriormente al desarrollo productivo, y las reformas a los preceptos jurídicos básicos, en especial con una supeditación de facto de leyes nacionales a los tratados de libre comercio, han significado pérdida de autoridad y control del Estado, el cual además ha ido mostrando una disminución de su capacidad de control de las actividades de los grandes grupos transnacionales, industriales y financieros. Con motivo del protagonismo truncado del Estado, la economía mexicana se ha vuelto cada vez más subordinada a las fuerzas del capitalismo global, sin visión de crecimiento económico en el largo plazo.

Concretamente la reorientación de los instrumentos de política macroeconómica generó una pérdida de soberanía del Estado en materia de:

● Política comercial y cambiaria: la transición corta de una economía cerrada a una de las economías más abiertas del mundo, sin medidas de protección y sin verdadero programa de desarrollo industrial, no dio tiempo al aparato productivo nacional de adaptarse. Las crecientes exportaciones manufactureras también se acompañaron de incrementos relevantes en las importaciones, indicando en lo particular un problema de dependencia del crecimiento económico basado en las exportaciones a la importación de bienes intermedios y de capital. Los déficits comerciales se han traducido en un déficit casi estructural de la cuenta corriente desde 1980 por lo cual el modelo de apertura comercial adoptado en el país, al privilegiar la importación a la producción, no ha permitido consolidar la estructura productiva del país con generación de alto valor agregado nacional y aumentos salariales. El aumento del comercio exterior, con fuerte componente de comercio intraindustrial transfronterizo, se ha traducido además por una dependencia creciente en las relaciones comerciales con Estados Unidos.

● Política monetaria: orientada hacia el control de la inflación en detrimento del fomento a la inversión en actividades productivas

● Política fiscal: la cual, en lugar de impulsar estratégicamente la economía productiva, orientándola hacia actividades de alta tecnología e innovación, ha consistido en privilegiar el saneamiento de las finanzas públicas y el control inflacionario, desalentando la inversión productiva, repercutiendo en graves déficits en infraestructura física y social y, además, dejando irresuelto el problema de petrolización de los ingresos. No se ha logrado consolidar un sistema tributario eficiente y equitativo que favorezca el ahorro interno, la inversión y por tanto el crecimiento económico.

● Política de liberalización financiera: la cual ha generado una mayor dependencia de la economía nacional a los flujos irregulares de inversión extranjera; de hecho, la inversión especulativa, en especial en la bolsa de valores, ha sido mayor a la inversión extranjera directa en el sector productivo, menos lucrativa, lo que ha participado de una creciente “financierización” de la economía y un desacoplamiento del sector financiero cada vez más autonomizado del sector productivo.

Con la búsqueda de un cabal cumplimiento de la agenda de políticas estructurales dictada por el Consenso de Washington, con la orientación de todos los instrumentos de política macroeconómica hacia el control de la inflación, el pago de la deuda, la apertura comercial indiscriminada y la desregulación financiera, se han dejado de lado las políticas para el desarrollo industrial, tecnológico, de la innovación y de apoyo a la productividad.

El Estado-Nación ha comprometido su capacidad de rectoría de la economía política nacional al mantenerse en la imposibilidad práctica de fomentar el crecimiento económico del país mediante políticas de generación de empleo, el fomento a la inversión productiva, la consolidación y modernización de las cadenas productivas nacionales, y la definición e implementación de una política industrial basada en el desarrollo tecnológico y el aumento de los salarios para consolidar el mercado interno.

La disminución de la soberanía del Estado-Nación también se ha hecho evidente en cambios intervenidos en su estructura jurídica e institucional. Las normas jurídicas nacionales se han vuelto acordes a los cada vez más numerosos tratados de libre comercio firmados por México, sin que las autoridades se hayan dado la tarea de realizar un seguimiento crítico y propositivo de los TLCs para modificarlos en el sentido de una mayor adecuación de los mismos a los mandatos de ley que han buscado aprovechar el poder de compra del Estado para fomentar el desarrollo de las MiPyMEs y proteger sectores industriales de la competencia. En lo particular no se han usado estratégicamente los dispositivos legales que, sin contraponerse a lo establecido en los TLCs, permitirían establecer subsidios a la producción para el mercado interno e intervenir directamente para apoyar algunas actividades industriales estratégicas.

Por otra parte se han realizado cambios en el sistema normativo nacional que tienden a romper con la exclusividad de intervención estatal en áreas estratégicas como son el petróleo, y practicas anticonstitucionales no han sido sancionadas; asimismo, se puede evidenciar la pérdida de protagonismo (cuando no es simplemente la desaparición) de instituciones (en especial la banca de desarrollo) y programas que contribuían a fomentar el desarrollo económico y en particular el dinamismo del sector industrial. En resumen, en la actualidad, México padece de la ausencia de una verdadera política industrial implementada con base en instituciones fuertes.

Adicionalmente, la nueva relación de poder de las transnacionales alimenta la pérdida de soberanía del Estado mexicano que no ha podido conservar el control sobre el conjunto de actividades económicas globalizadas que se llevan a cabo en el territorio nacional. Las firmas transnacionales no solamente tienen importantes poderes monopólicos u oligopólicos de mercado, sino también sobre el capital financiero y la inversión interna, así como en el capital tecnológico. Es decir, unas pocas grandes empresas son a la vez el motor y las beneficiadas del modelo de crecimiento hacia afuera, mientras que la gran mayoría de las MiPyMEs no han logrado subirse al tren exportador y producen para un mercado interno olvidado por la estrategia económica neoliberal.

La globalización de los procesos productivos realizados en México, como consecuencia del redespliegue de actividades de transnacionales en el territorio nacional se traduce por la existencia paralela de actividades productivas con niveles muy desiguales de productividad y remuneraciones que generan una heterogeneidad estructural del sector manufacturero. El fomento a la inversión extranjera, mediante incentivos fiscales y concesiones diversas propuestas a las firmas transnacionales profundiza además la ruptura de las cadenas de producción, valor y abastecimiento nacional, y alimenta la dependencia en las importaciones de capital e insumos intermedios.

2.2 Dependencia petrolera y pérdida de relevancia de la industria manufacturera

A partir de 1976, como consecuencia del incremento en los precios internacionales y de los descubrimientos nacionales, el petróleo empezó a adquirir una alta relevancia en la economía del país. Frente al agotamiento de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, se fomentó un nuevo modelo petrolero exportador. Las divisas obtenidas de las exportaciones de hidrocarburos, en lo particular, serían utilizadas para pagar el servicio de la deuda externa. Pero en 1982, el país se vio envuelto en una nueva crisis económica, y a nivel internacional los precios del petróleo cayeron. Ante este panorama económico, el país adoptó el modelo neoliberal, caracterizado por la orientación hacia más mercado y menos participación del Estado, abriéndose al exterior.

La participación de las exportaciones petroleras en el total de las exportaciones, la cual había alcanzado su máximo valor en 1982, (77.61%), empezó a reducirse drásticamente (hasta un 16% en 2011) debido a un estancamiento de las exportaciones petroleras y a un incremento de las exportaciones no petroleras, particularmente de las exportaciones manufactureras promovidas por el nuevo modelo de apertura económica.

Del modelo petrolero exportador, queda en la actualidad la fuerte aportación de los ingresos petroleros al ingreso total del sector público. Mientras el sector de hidrocarburos representa en la actualidad alrededor del 18% de las exportaciones mexicanas, ha ido aportando ingresos crecientes, los cuales han constituido entre el 35% y el 40% de los recursos totales del gobierno en los últimos 15 años. Es decir se ha aplicado a PEMEX un régimen tributario caracterizado por su calidad confiscatoria que le ha causado a la paraestatal la imposibilidad de contar con los recursos suficientes para su propio desarrollo.

Exportaciones petroleras y no petroleras (Millones de dólares)

*Datos hasta el mes de noviembre.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

Gráfica 2.23. Ingresos petroleros y su participación en el ingreso total del Sector Público

*Datos hasta el mes de noviembre.

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

Mediante medidas como el Programa Integral de Desarrollo de la Industria Petroquímica de 1986-1990, se ha pretendido crear nuevas refinerías y apoyar a la petroquímica básica, pero estas iniciativas han sido abortadas y la actividad de PEMEX se ha centrado únicamente en la extracción y exportación de hidrocarburos. Por consiguiente, la capacidad de refinación en México no ha crecido desde hace tres décadas, lo que ha provocado una creciente dependencia de las importaciones de petrolíferos para satisfacer la demanda.

Como respuesta al problema de dependencia creciente a las importaciones de derivados del petróleo y productos petroquímicos (generado por el uso, durante décadas, de la renta petrolera en beneficio del gasto público, sin haber efectuado paralelamente las inversiones pertinentes para el pleno desarrollo de la actividad petrolera) se presentó en noviembre del 2008 la Reforma Energética, la cual planteó la necesidad de la participación del sector privado en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, en el afán de revertir la caída de la producción; aprovechar el petróleo y el gas natural localizado en aguas profundas del golfo de México, adquirir tecnología, conocimientos y experiencia, adoptando las mejores prácticas de la industria. En los argumentos en contra de esta reforma se planteó en lo particular la defensa del petróleo con base en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales manifiestan la exclusividad y propiedad del petróleo a favor de la Nación Mexicana.

En lo referente al sector manufacturero, a partir de la década de los ochenta, su estructura productiva empezó a experimentar cambios relevantes. A raíz de la crisis de 1982, las políticas industriales, las cuales se habían enfocado a la protección de sectores específicos, fueron desplazadas por políticas horizontales.

Entre 1980 y 1985, la importancia de la manufactura en el PIB creció del 18.34% al 19.15% pero posterior a la apertura de la economía, y en ausencia de una verdadera política industrial, se estancó la aportación del sector manufacturero en toda la década de los noventa, e inclusive para el año 2005 la manufactura representaba solamente el 15.94% de la producción nacional total.

Participación del sector manufacturero en el PIB nacional (%)

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-BIE.

Por otra parte, con base en los resultados de los Censos Económicos del INEGI, sea en términos de unidades económicas, personal ocupado, producción bruta total o valor agregado, el dinamismo del sector manufacturero en la década 1998-2008 fue menor al observado en el periodo 1988-1998. Adicionalmente, entre los años 1998 y 2008, la tasa de crecimiento real promedio anual de la Formación Bruta de Capital Fijo fue negativa: -6.98%; al igual que la tasa de crecimiento real promedio anual de las remuneraciones: -1.09 %

En lo que respecta a comercio exterior, el dinamismo de las exportaciones manufactureras ha sido fuertemente vinculado con la Inversión Extranjera Directa (IED), pues esta última se volvió parte fundamental en la modernización económica y la orientación exportadora de la manufactura desde fines de los ochenta. El desarrollo de la industria automotriz y de la fabricación de equipo y aparatos eléctricos y electrodomésticos, por ejemplo, se realizó con base en la IED.

De forma paralela al auge de las exportaciones, México experimentó una penetración masiva de importaciones, principalmente de bienes de uso intermedio. Las importaciones de manufacturas han experimentado un crecimiento casi constante, con niveles mayores a las exportaciones, generando un déficit estructural de la balanza comercial de bienes manufacturados.

Balanza comercial de la industria manufacturera en México

(Millones de dólares corrientes)

*Con datos hasta el mes de octubre

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI-BIE.

Las maquiladoras, impulsadoras de las exportaciones manufactureras particularmente en la década de los noventa, ilustran la preponderancia, en México, de industrias basadas en el uso intensivo de insumos y materias primas importadas. En efecto, unas de las principales características del sector maquilador han sido su baja contribución al valor agregado total y su desarticulación de las cadenas nacionales, debido a su escasa incorporación de insumos de origen nacional; menos de 4% del total.

Este importante elemento del modelo de desarrollo exportador no ha contribuido a hacer de México una verdadera potencia exportadora ya que ello significaría exportar bienes de alto valor agregado tecnológico a partir de factores nacionales (insumos y mano de obra altamente capacitada y especializada). Algunas empresas bajo régimen maquilador han ido realizando procesos productivos y tecnológicos de complejidad creciente, incorporando cada vez más innovaciones de proceso, realizando gradualmente actividades de diseño e ingeniería de producto; estas empresas se han enfocado hacia la obtención de certificaciones internacionales y distinciones por su desempeño en calidad, medio ambiente y seguridad, al adoptar las mejores prácticas disponibles. No obstante, la mayoría de las transnacionales que tienen fábricas maquiladoras en el territorio mexicano basan su competitividad en procesos intensivos en trabajo poco calificado con bajos salarios.

La reindustrialización acelerada requiere de un proceso de generación de empresas de capital nacional, más intensivas en tecnología, orientadas hacia la investigación y desarrollo y con mayor empleo de personal calificado, que permita transitar de una predominancia de actividades de ensamble realizadas por subsidiarias de firmas transnacionales a la manufactura de productos diseñados por empresas mexicanas.

No obstante, la creciente inserción de la economía mexicana en la economía globalizada ha generado un incremento de la vulnerabilidad económica de México frente a las lógicas del capital global y a los choques externos. Entre les tendencias observadas desde hace tres décadas y avivadas por la reciente crisis económica y financiera se puede citar:

● El desplazamiento de muchas empresas, especialmente MiPyMEs, que anteriormente realizaban actividades de manufactura hacia el sector comercio. Frente a la competencia creciente de productos manufactureros de importación, prefirieron reorientar sus actividades hacia la importación de estos mismos productos.

● Un proceso de desaparición de empresas nacionales y sustitución en el mercado por subsidiarias de empresas globales. Actividades como son la producción de maquinaria y equipo, la industria del papel y sus productos, los productos de hule y plástico, los productos de madera y textil y prendas de vestir, la industria automotriz y de transporte así como la transformación de metales y productos metálicos cuentan entre las industrias donde se han experimentado mayores operaciones de adquisición por empresas extranjeras, lo que ha incentivado el proceso de desnacionalización de empresas mexicanas, especialmente en la manufactura.

● La crisis económica mundial reciente así como el contexto de inseguridad creciente que se está viviendo en el país también han impactado directamente en la desaparición de empresas, principalmente aquellas dedicadas a la exportación y a la manufactura.

● Paralelamente, varias grandes empresas mexicanas, desde los noventa, le han apostado a la inversión en el exterior y a la internacionalización de sus operaciones; estas operaciones, si bien permiten a las multinacionales de origen mexicano incrementar sus ganancias y su poder de mercado, no generan directamente empleos en la industria mexicana.

● El incremento en la alta informalidad de las empresas: dentro de la industria manufacturera, la tendencia ha sido a la disminución en el número de patrones registrados ante el IMSS, de 134,741 en 2000 a 118,164 en 2011.

Evolución de los patrones de empresas de la industria de transformación registrados en el IMSS

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS

Esta baja de más de 16,500 empresas de la industria de la transformación en el IMSS a su vez provocó una baja de 487,355 empleados cotizantes al seguro social. El sector informal y el autoempleo en México constituyen una válvula de escape, tanto para los trabajadores como para las autoridades, ante la falta de generación de empleos asalariados y bien remunerados.

2.3 Limitaciones para el desarrollo tecnológico industrial

A pesar de que el gasto en investigación y desarrollo es un requerimiento para generar una dinámica en la cual la capacidad innovadora genere beneficios, en México no se ha logrado cubrir con dicho requisito. Con un gasto en investigación y desarrollo experimental igual a solamente 6,746 millones de dólares en 2009, significando un 0.44% del PIB nacional, no se ha cumplido ni con el mínimo recomendado en los estándares internacionales.

Al haber invertido escasamente en la capacitación tecnológica y científica de sus recursos humanos, México no se ha empeñado a consolidar una sociedad basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Sumado a esto, existe poca participación de la industria en actividades de innovación, siendo que las empresas son quien conoce las necesidades del mercado y deben desarrollar proyectos de desarrollo de nuevos productos, procesos de manufactura, materiales y servicios, con innovaciones sustantivas. Se encuentra un gran número de empresas en el país cuyas capacidades tecnológicas están poco desarrolladas y el desarrollo tecnológico ha tenido una incidencia muy limitada

Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental y porcentaje de PIB, Países seleccionados 2009 (Millones de dólares PPP corrientes¹)

¹La paridad del poder adquisitivo (PPP por sus siglas en inglés) es la tasa de conversión de moneda que elimina las diferencias en niveles de precios entre países.

* 2008

** 2010

Fuentes: Elaboración propia con datos de CONACYT, Informe 2010.

OECD, Main Science and Technology Indicators, 2011

Asimismo, no se ha aprovechado plenamente la IED como vector para el acceso a inversión en I&D, a nuevas tecnologías y a nuevo conocimiento para las empresas. No se puede negar que en términos cualitativos, la IED ha facilitado a México su inserción en cadenas de producción globales, pero en general no han generado eslabonamientos hacia el resto de la actividad productiva nacional.

México es por lo tanto un país consumidor de tecnología; se tiene poco patentamiento (la participación de México en lo que respecta a patentes solicitadas por residentes en el país es casi nula en comparación de países como Japón, Estados Unidos, China y Corea) y su balanza de pagos tecnológica expresa un déficit elevado y que va en aumento. Esto implica al mismo tiempo dependencia y transferencia de tecnología externa.

La infraestructura de innovación es precaria; muy pocas empresas han establecido departamentos formales de I&D; además la inversión en este campo está fuertemente concentrada en las grandes empresas nacionales y principalmente multinacionales, lo cual sin duda hace que las derramas de conocimiento se limiten a este reducido núcleo.

Balanza de Pagos Tecnológica de México 1981-2009 (Millones de dólares)

* Cifras preliminares.

Fuentes: Elaboración propia con datos de CONACYT, Informe 2010

              INEGI, Datos Históricos de Ciencia y Tecnología

              INFOMEX 2011

En el caso de México el crecimiento se ha basado en la disponibilidad y bajo costo de los factores productivos; la apertura de la economía significó el acceso a tecnología de punta, pero especializándose en actividades o segmentos de la producción que agregan poco valor tecnológico y presentan reducidos eslabonamientos en relación con el sector productivo nacional.

A diferencia de los países que han invertido en actividades de ciencia y tecnología y han desarrollado importantes sectores manufactureros con niveles de intensidad tecnológica altos, en México únicamente el 12% de las empresas son de alta tecnología, con base en información de la OCDE.

2.4 Desvinculación entre la Industria y la Academia

El desempeño de cualquier economía está estrechamente vinculado con la posibilidad de desarrollar capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, lo cual involucra la acción coordinada de varios agentes económicos y sociales, tanto públicos como privados, cuyo grado de interacción caracteriza la solidez del Sistema Nacional de Innovación (SNI).

El SNI mexicano cuenta con la mayoría de los agentes reportados en los SNI de otros países exitosos. Pero sus acciones e interacciones a diferentes niveles y con distintas intensidades contribuyen a caracterizar un SNI aún en desarrollo. No se han construido canales y vínculos fuertes y regulares; los agentes individuales, las instituciones y el sistema en su conjunto no se han consolidado. Existen carencias y deficiencias en términos de la cantidad y calidad del recurso humano, del capital y de la infraestructura de apoyo para llevar a cabo las actividades propias de un esfuerzo de innovación tecnológica. Las empresas no logran consolidar sus capacidades de innovación lo que impacta negativamente en el desempeño tecnológico y competitivo de las empresas y de la economía.

La inversión en I&D está fuertemente concentrada en las grandes empresas nacionales y multinacionales, lo cual sin duda hace que las derramas de conocimiento se limiten a este reducido núcleo, debido, además, a la muy baja propensión de las empresas mexicanas (en comparación con las empresas de Reino Unido, Corea o Alemania por ejemplo) para colaborar con otras empresas u organizaciones en actividades de innovación. La colaboración de las empresas con la academia (Universidades y Centros de investigación) en actividades de innovación es igualmente muy reducida en comparación con Corea por ejemplo.

Si bien en México se ha incentivado la formación de parques industriales, clústers y redes que fomenten la innovación, los esfuerzos han sido enfocados a la academia en los cuales las empresas no ven reflejado los beneficios de integrarse a este tipo de dinámicas. Se han desarrollado instrumentos que buscan estimular la vinculación entre los agentes del SNI, pero aún se carece de una perspectiva que sistemáticamente fomente la formación de redes de colaboración e intermediación entre los agentes que intervienen en la producción y uso del conocimiento; que asegure la vinculación entre las cadenas industriales existentes y la investigación; que fortalezca la interacción entre disciplinas, campos y áreas del conocimiento.

Los esfuerzos futuros en materia de ciencia y tecnología se deben orientar hacia el establecimiento de estrategias de innovación que logren desarrollar nuevas capacidades tecnológicas, generar y adquirir nuevos conocimientos, asegurar la capacidad de transformarlos en nuevos procesos productivos y productos. Dichas estrategias deben ir acompañadas de una infraestructura de apoyo financiero y académico (es decir un SNI articulado) en la cual las empresas sigan siendo el agente principal donde se desarrollen procesos y productos nuevos, realizando convenios con centros de investigación y universidades para minimizar costos y hacer uso del recurso humano capacitado con el que cuenta el país.

Lo anterior es realizable bajo un marco que promueva la colaboración de agentes públicos y privados para financiar proyectos de diferente naturaleza. Una evolución primordial es que las universidades no sólo deben formar recurso humano o conocimiento científico, sino también deben ser difusoras del conocimiento y buscar la solución de problemas de la sociedad a través de la investigación aplicada y colaboración con el sector empresarial. El SIN debe entonces proveer una infraestructura financiera e institucional estable de manera que la inversión en proyectos innovadores genere expectativas de ganancia y no incertidumbre, de lo contrario, las empresas seguirán sin generar valor agregado.

2.5 Políticas públicas de desarrollo económico basado en la industria: comparación México-BRICK

Para que México siga siendo considerado como economía en crecimiento, junto con países como Brasil, Rusia, India, China, Corea del Sur (BRICK), Indonesia y Turquía; se vuelve imperativo impulsar estratégicamente el crecimiento industrial y en lo particular manufacturero, desarrollando una verdadera política pública para el desarrollo industrial, la cual puede integrar elementos similares a algunas de las acciones que han implementado los BRICK, cada uno con diferentes estrategias para incentivar su industria.

Por ejemplo, han utilizado varios instrumentos de política comercial y política monetaria favorables al desarrollo de la industria, lo que les ha dado mayor participación en el mercado internacional con respecto a exportaciones de bienes manufacturados a nivel mundial, principalmente China.

Crecimiento promedio anual real de las exportaciones manufactureras de los BRICK y de México (%)

*Rusia se toma en cuenta a partir de 1993

Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de Comercio

Los BRICK presentan heterogeneidad en términos de tasa de apertura comercial pero (con excepción de Corea) resultan ser menos abiertos que México, que multiplicó los acuerdos comerciales y abrió en varias ocasiones de manera unilateral su mercado; mientras que en los BRICK, detrás de políticas etiquetadas como liberales, se han desarrollado políticas de proteccionismo de sectores estratégicos.

Con respecto a los BRICK, la manufactura mexicana presenta una pérdida de competitividad debido a su menor capacidad de incrementar la productividad; por ejemplo, Corea es cuatro veces más productivo que México. Sumado a esto, los salarios del sector manufacturero en el país crecieron a un ritmo cuatro veces menor al de China, recalcando que los bajos costos laborales en México siguen siendo uno de las principales atractivos para la inversión extranjera.

Brasil, por ejemplo, vivió un proceso de apertura comercial más lento que el mexicano; a pesar de la reducción de las tarifas arancelarias que se dio a partir de 1988, el régimen comercial brasileño continuó siendo sumamente restrictivo. Brasil implementó posteriormente la sustitución competitiva de importaciones y se dio un estímulo a las exportaciones mediante exenciones fiscales y créditos subsidiados. Las actividades industriales estratégicas de Brasil han sido seleccionadas mediante distintos programas plurianuales para el sistema productivo, y su estrategia de desarrollo industrial regional fomenta la creación de complejos industriales para las áreas definidas como estratégicas. Aunado a esto, se fomenta la inversión en I&D en estas áreas mediante incentivos fiscales para innovación en las PyMEs y se promueve la vinculación entre los sectores privado y público con programas orientados a impulsar el desarrollo científico y tecnológico y la innovación.

Rusia, a partir de 1992, decidió liberar el comercio y modernizar las industrias que ya se habían consolidado en tiempos de la Unión Soviética; las exportaciones de hidrocarburos financiaron la política industrial. Posteriormente se fomentó la iniciativa privada mediante estímulos fiscales y en 2004 se implementó una política comercial proteccionista que incluía medidas fiscales para favorecer directa o indirectamente a productores nacionales e incrementos en tarifas arancelarias. Desde 2007 la banca de desarrollo se encarga de disminuir la preponderancia de las materias primas al apoyar los sectores innovadores de alto valor agregado y de manera general todos los proyectos de tecnología de punta, a pesar que desde 1990 el gasto en I&D ha disminuido considerablemente, estando aún por encima del promedio internacional.

India, por su parte, después de la apuesta al desarrollo de la industria pesada con fuerte intervención del sector público en la era Nehru-Mahalanobis, se abrió al exterior a principios de los años noventa (manteniendo sin embargo importantes medidas proteccionistas en ramas manufactureras específicas y sobre todo en productos agrícolas); realizó importantes reformas estructurales y definió nuevas áreas estratégicas, en lo particular el desarrollo de software pero también la investigación y desarrollo en nuevos fármacos, el diseño de componentes automotrices, el desarrollo de actividades en los campos de la nanotecnología y biotecnología, entre otras industrias de fuerte carácter tecnológico, científico e innovador.

China, al igual que India, pese a que inició su proceso de apertura comercial al finalizar la década de los ochenta, reduciendo en lo particular el control gubernamental sobre la entrada de divisas externas, mantuvo instrumentos de protección selectiva de su mercado interno. Al mismo tiempo, al crear las zonas económicas especiales, inició su inserción en la economía globalizada. En la actualidad las 56 zonas industriales de alta tecnología encabezan la innovación industrial del país que, desde 1985 orientó sus políticas hacia la construcción de una nación basada en la ciencia y la educación. Las políticas económicas quinquenales más recientes se han orientado hacia la modernización de las industrias tradicionales pero también le han dado un lugar prioritario al desarrollo de industrias innovadoras basadas en la ciencia y tecnología como son las TICs, la biotecnología y las energías verdes.

Al inicio de su proceso de industrialización impregnado de nacionalismo económico, Corea del Sur aplicó una clara estrategia de protección de sus industrias nacientes a fin de permitir la generación de industrias nacionales fuertes que posteriormente pudieran competir en los mercados globalizados. La fuerte rectoría e intervención del Estado ha sido central en el desarrollo y la consolidación de sectores clave en la economía coreana, como son el automotriz, el sector de semiconductores, el de equipo de comunicaciones, la construcción naval y la siderurgia. El capitalismo dirigido se ha traducido por la implementación de una política deliberada de desarrollo de grandes conglomerados, los “chaebols”, la cual ha inducido una fuerte concentración económica pero ha permitido generar consorcios y marcas nacionales con fuerte proyección en los mercados internacionales. Adicionalmente, la Small and Medium Business Administration ha jugado un papel esencial en el financiamiento y la capacitación para los pequeños y medianos empresarios. El Proyecto Alto Avance Nacional, implementado entre 1992 y 2002, fue un instrumento clave de la política pública orientada al desarrollo tecnológico e industrial mediante la cual Corea ha consolidado su crecimiento como economía basada en el conocimiento y la capacidad tecnológica nacional.

En virtud de sus impresionantes resultados económicos recientes, los BRICK se han afirmado como potenciales fuerzas económicas y políticas de las próximas décadas en un nuevo orden mundial. No obstante, la trayectoria de crecimiento económico en los diferentes países BRICK no ha sido lineal ni desprovista de fuertes limitantes. Tampoco en todos los casos se ha acompañado de un claro desarrollo social y democrático.

En Corea, el llamado “milagro económico” fue interrumpido por la crisis financiera de 1997, mientras que Rusia y Brasil fueron golpeados en 1998 y 1999, respectivamente. Estos dos últimos países siguen fuertemente dependientes de las exportaciones de productos primarios; en lo particular Rusia, donde el modelo de industrialización de corte guiado por el Estado desarrollista mantiene al país en un esquema de cuasi monoproducción petrolera. Por otra parte, en los años más recientes en Brasil y Rusia, se ha incrementado sustancialmente la dependencia a las inversiones extranjeras. Aparte de su elevada dependencia a las exportaciones energéticas, Rusia presenta bajos niveles de productividad y competitividad en varias ramas manufactureras. Asimismo, el sistema financiero nacional no ha logrado fomentar una dinámica virtuosa de transformación del ahorro en inversión productiva.

Entre los lastres para el mayor desarrollo económico brasileño, se encuentran también los rezagos en materia de infraestructura y las deficiencias del sistema educativo, en especial para asegurar la disponibilidad de mano de obra cualificada en el sector industrial y las actividades de servicios de alta tecnología, con respecto al aún enorme camino por recorrerse para que Brasil se convierta en una economía basada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico.

En el caso de China, las espectaculares tasas de crecimiento del PIB, en lo particular de la manufactura, no ocultan los problemas de permanencia de altos niveles de pobreza, fuertes desequilibrios regionales, contaminación ambiental, avances limitados en materia de democracia y subsistencia de condiciones de producción y explotación laboral dignas de los países subdesarrollados, aún cuando los salarios, de manera general, hayan experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.

De la misma forma India sufre de una creciente desigualdad territorial. Ante las actuales presiones inflacionistas que agudizan el problema de la pobreza, el país está confrontado a la urgente necesidad de iniciar las reformas estructurales que le permitirían aminorar los problemas de falta de eficiencia y competitividad que aún experimentan muchos sectores económicos por exceso de burocracia estatal y escasez de empuje a la iniciativa privada.

De manera general, los BRICK sufren de una débil capacidad de recaudación fiscal y de insuficientes inversiones productivas, con bases nacionales. A la excepción de Corea y China, no aparecen realmente como potenciales potencias económicas basadas en una industria nacional fuerte, equilibrada e innovadora. Sin embargo, en la definición de una política de re-industrialización acelerada en México, se pueden integrar algunas características de las estrategias implementadas por los BRICK.

Por ejemplo, como lo hizo Corea, se pueden proteger industrias estratégicas para México como son la fabricación de productos químicos básicos, el moldeo por fundición de piezas metálicas, la fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica, además de definir con precisión las industrias con potencial para desarrollar tecnología y canalizar hacia las mismas el gasto en investigación y desarrollo.

Paralelamente, es necesario que México realice una revisión de su sistema de incentivos a la producción científica y de los programas de vinculación entre los sectores académico y empresarial y que se diseñen políticas tecnológicas de mediano y largo plazo que promuevan fuertemente las actividades de I&D.

Se tienen que profundizar las acciones incipientes de desarrollo industrial con bases regionales, como ha sido el caso en Brasil, Rusia, India y China. Se necesita una política nacional integral, pero que contemple un desarrollo industrial diferenciado regionalmente, basado en la creación y el fortalecimiento de parques industriales de alta tecnología, clústers y corredores industriales y logísticos, desarrollados esencialmente alrededor de empresas de capital nacional.

2.6 Análisis por subsectores y ramas

De la observación de la importancia y evolución de los 21 subsectores manufactureros en términos de empleo y producción con base en la información de los Censos Económicos 1999 y 2009 del INEGI, se puede destacar lo siguiente:

Importancia y evolución de los subsectores manufactureros, 1998-2008 (Pesos 2008)

TCA: Tasa de Crecimiento Anual

Fuente: Elaboración propia, con base en los Censos Económicos 1999 y 2009, INEGI

● En 2008 como en 1998, el subsector de la industria alimentaria (311) fue el que generó mayor empleo (17.9% del total del empleo manufacturero en 2008), por delante del subsector de fabricación de equipo de transporte (336) en el que se encontraba en 2008 el 11.6% del empleo manufacturero.

● El subsector 339 es el que presentó mayor crecimiento porcentual del empleo en el periodo 1998-2008, con una tasa promedio anual de 4.48%; este subsector concentra un gran número de actividades manufactureras, entre las cuales se encuentran las industrias dedicadas a la fabricación de equipo y aparatos no electrónicos para uso médico, dental y para laboratorio, material desechable de uso médico y de artículos oftálmicos, y otras manufacturas no clasificadas en otra parte. No obstante en términos absolutos, los subsectores 311 y 336 fueron mayores generadores de empleo.

● Las industrias que tuvieron pérdida en empleo en el periodo 1998-2008 son las correspondientes a los subsectores 313, 315, 316, 324 y 337. En términos absolutos, el subsector de fabricación de prendas de vestir (315) fue claramente aquel con mayor pérdida de empleo: -158,044 personas ocupadas entre 1998 y 2008.

● En relación a la producción bruta total, en 2008, la industria química (325), pasó a ser el subsector de mayor importancia con el 16.5% del valor total de la producción manufacturera, por delante de los subsectores 336 y 311 que en 1998 eran las dos industrias con mayor aportación a la producción manufacturera.

● El subsector de fabricación de productos derivados del petróleo es el que presentó mayor crecimiento en el periodo de estudio con una tasa de crecimiento anual real de 12.22%, así como en términos absolutos.

● Los subsectores que presentaron disminuciones, en términos reales, en su producción en el periodo de 1998-2008, son los siguientes: 313, 314, 315, 316, 321, 323, 334 y 337. El subsector de fabricación de insumos textiles fue el más afectado en términos de crecimiento promedio anual: -5.08%; y el subsector de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (subsector 334) presentó la mayor disminución en pesos constantes.

● Con excepción del subsector 339 (otras industrias), no se observa un subsector cuya productividad sobresalga con el resto de las industrias, es decir, existe un estancamiento en la industria manufacturera mexicana: no se cuenta con un crecimiento real sostenido debido a que existe generación poco significativa de valor agregado (+2.2% de crecimiento promedio anual en toda la manufactura entre 1998 y 2008) y la creación de empleo es limitada (+1.2%).

● Considerando la formación bruta de capital fijo, el subsector 339 es el único que presenta un crecimiento real, y poco significativo (0.56%) en el periodo 1998-2008. Es por lo tanto evidente que en la manufactura mexicana no existe una apuesta a la capitalización, ya que no creció la FBCF mientras que en la mayoría de los subsectores creció la mano de obra; lo anterior es un obstáculo para que las empresas realicen innovación organizacional y de procesos de producción, lo que impacta directamente en la producción bruta total.

● Los subsectores de la industria manufacturera que recibieron mayormente inversión directa extranjera son la industria alimentaria y la industria de fabricación de transporte. La relevancia de contar con importantes flujos de IED radica en el hecho de que esta inversión tiene el potencial de generar empleo, estimular la competencia, transferir tecnología e innovación e impulsar las exportaciones, todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo.

● En términos de remuneraciones pagadas al personal ocupado, la mayoría de los subsectores presentan un crecimiento real poco significativo entre 1% y 5%. Los subsectores 337, 316, 324, 313 y 315 son los que muestran decrementos de las remuneraciones totales en el periodo 1998-2008, se distinguen estas industrias por ser las que utiliza mano de obra barata.

● Se observa que los subsectores 337, 316, 324, 313 y 315 son los que muestran decrementos de las remuneraciones totales en el periodo 1998-2000, se distinguen estas industrias por ser las que utiliza mano de obra barata.

En términos generales, se aprecia que la industria manufacturera se encuentra estancada y en muy pocos casos muestra signos de crecimiento con escasa significancia; es necesario un plan estratégico que incluya la modernización y reorganización de las distintas industrias de México, con la finalidad de aumentar la productividad y el valor agregado de las mismas.

En cuanto a las 86 ramas manufactureras (ver anexo), tomando en cuenta la información definitiva de los Censos Económicos 2009, y enfocando el análisis en términos de empleo, remuneraciones, producción y formación bruta de capital fijo, se tiene que:

● En términos de empleo, las ramas más importantes son: 1) la rama de fabricación de partes para vehículos automotores (rama 3363), con el 9.47% del total de personal ocupado en la manufactura; 2) la elaboración de productos de panadería y tortillas (rama 3118), con el 9.03% del total del empleo manufacturero; 3) la confección de prendas de vestir (rama 3152); y 4) la industria de fabricación de productos de plástico (rama 3261). Es decir, tienen particular relevancia en el empleo manufacturero tanto en ramas tradicionales de manufactura, con procesos altamente intensivos en mano de obra como ramas cuyos procesos son más modernos y más intensivos en capital.

● En términos de remuneraciones pagadas, la fabricación de autopartes mantiene el primer lugar en orden de importancia, con el 12% del total de remuneraciones pagadas en la industria manufacturera en 2008; siguen en orden de importancia la rama de fabricación de productos farmacéuticos (rama 3254), con el 4.15% del total, la rama de fabricación de productos químicos básicos (rama 3215) y la industria de fabricación de productos de plástico. Estas cuatro ramas con mayor relevancia en términos de remuneraciones totales son manufacturas que se basan, más que otras industrias como la textil, la del calzado, la alimentaria, etc., en el uso de mano de obra especializada y capacitada, la cual se le retribuye con mayores salarios.

Importancia de las ramas manufactureras en 2008

PO: Personal ocupado total; REM: remuneraciones totales, millones de pesos; PB: Producción bruta total, millones de pesos; FBCF: Formación bruta de capital fijo, millones de pesos

En verde las 29 ramas manufactureras con más alto nivel en la variable considerada

En amarrillo las 28 ramas manufactureras con nivel intermedio en la variable considerada

En rojo las 29 ramas manufactureras con nivel más bajo en la variable considerada

Fuente: Elaboración propia con base en información de los Censos Económicos 2009, INEGI

● En cuanto a producción bruta total, la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (rama 3241) es la industria manufacturera más importante, con 11.66% de la producción total. Siguen en orden de importancia, la fabricación de productos químicos básicos, la fabricación de automóviles y camiones (rama 3361) y la rama de autopartes.

● Considerando la formación bruta de capital fijo, la fabricación de partes para vehículos automotores también es la rama de mayor importancia, seguida de la industria de las bebidas (rama 3121), de la fabricación de productos de plástico, por delante de la rama de fabricación de cemento y productos de concreto (rama 3273). Éstas son ramas donde en lo particular grandes empresas, nacionales y extranjeras, han invertido en capital fijo, a diferencia de la mayoría de las otras ramas manufactureras conformadas casi exclusivamente de MiPyMEs, las cuales, debido a un acceso muy restringido al financiamiento, no han logrado invertir en capital fijo para modernizar sus procesos de producción y siguen siendo ante todo industrias altamente dependientes de la disponibilidad de mano de obra barata.

Resumiendo y considerando de manera conjunta la importancia relativa de cada una de las ramas en las cuatro variables seleccionadas, se tiene una visión general de cuáles son las ramas manufactureras más/menos importantes en la economía mexicana.

Entre las ramas con mayor aportación (con alto nivel relativo en cada una de las cuatro variables seleccionadas) se tienen:

Rama 3113: Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares

Rama 3115: Elaboración de productos lácteos

Rama 3118: Elaboración de productos de panadería y tortillas

Rama 3121: Industria de las bebidas

Rama 3152: Confección de prendas de vestir

Rama 3222: Fabricación de productos de papel y cartón

Rama 3231: Impresión e industrias conexas

Rama 3254: Fabricación de productos farmacéuticos

Rama 3261: Fabricación de productos de plástico

Rama 3273: Fabricación de cemento y productos de concreto

Rama 3353: Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica

Rama 3363: Fabricación de partes para vehículos automotores

Por el lado opuesto, las ramas manufactureras que en 2008 tenían una aportación reducida, en términos de empleo, remuneraciones, producción e inversión, a la economía mexicana eran:

Rama 3159: Confección de accesorios de vestir

Rama 3161: Curtido y acabado de cuero y piel

Rama 3169: Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

Rama 3211: Aserrado y conservación de la madera

Rama 3325: Fabricación de herrajes y cerraduras

Rama 3332: Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalmecánica

Rama 3333: Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios

Rama 3335: Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica

Rama 3346: Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos

Rama 3364: Fabricación de equipo aeroespacial

Rama 3365: Fabricación de equipo ferroviario

Rama 3366: Fabricación de embarcaciones

Rama 3369: Fabricación de otro equipo de transporte

Rama 3379: Fabricación de productos relacionados con los muebles

De manera general, estas ramas de menor importancia son ó ramas tradicionales, ó actividades de producción de bienes de capital o equipo que aún no han logrado consolidarse en el país.

Reconociendo que la relevancia de una actividad económica se puede medir básicamente en cuanto al empleo que permite generar para la población activa y en términos de su valor de producción, destacan 8 ramas significativas en la industria manufacturera mexicana, siendo la rama de autopartes la que realmente resalta tanto en términos de empleo generado como de valor de producción.

Ramas manufactureras más importantes en 2008 con base en empleo y producción

Fuente: Elaboración propia, con base en información de los Censos Económicos 2009, INEGI

En términos de la evolución del empleo y de la producción, en la década 1998-2008, las 86 ramas tuvieron desempeños ampliamente distintos. La rama de fabricación de equipo aeroespacial fue la de mayor crecimiento en términos de empleo (+228%) y de valor de producción (+701%, en términos reales), no obstante estos aumentos se realizaron sobre valores iníciales muy limitados y la industria aeroespacial, aunque presente desafíos interesantes para el futuro, sigue siendo una actividad de peso limitado en la economía mexicana.

Entre las otras ramas que experimentaron incrementos porcentuales sustanciales, tanto en términos de personal ocupado como de valor de producción se encuentran la fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones (rama 3336), la fabricación de equipo ferroviario (rama 3365) y la fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio, (rama 3391). Sin embargo, en los casos de las ramas 3336 y 3365, las evoluciones en términos absolutos son poco relevantes.

Las variaciones absolutas son más significativas en la rama 3391:

65,350 empleos creados en la década 1998-2008, con lo cual la rama de fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio fue la tercera rama donde más empleo se generó (detrás de la rama de elaboración de productos de panadería y tortillas y de la rama de fabricación de autopartes)

Una variación absoluta del valor de producción equivalente a 19,835 millones de pesos constantes de 2008, lo que ubica a la rama 3391 como la 12ª con mayor crecimiento real del valor de producción, adelantada en especial por la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, la rama de química básica, la industria de autopartes, la industria básica del hierro y del acero y la fabricación de productos de plástico. Queda por lo tanto claro que las ramas en las que se generaron los mayores crecimientos en el valor real de la producción son manufacturas que han contado con inversión y que han experimentado procesos de modernización, aunque mucho falta todavía para llevarlos totalmente a cabo.

Entre las ramas con desempeño negativo, en la década 1998-2008, tanto en empleo como en valor de producción, destacan:

La rama de fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios (rama 3333), en la cual se perdieron 5,889 empleos (- 51.75%) y 77.2% del valor de la producción, en términos reales (la sexta mayor pérdida en valor absoluto)

La rama de fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos (rama 3169), con -14,449 empleos (la sexta mayor pérdida absoluta) y un valor de producción reducido, en términos reales, en un 54.82%.

Las mayores pérdidas en el número de personas ocupadas se registraron en las ramas de la confección de prendas de vestir (rama 3152), de la fabricación de muebles (rama 3371), y de fabricación de telas (rama 3132).

Destacan con niveles altos (relativamente) de productividad laboral y de remuneración promedio por empleado la industria de derivados del petróleo, la química básica, la industria automotriz, la manufactura básica de hierro y acero y las industrias de metales no ferrosos, excepto el aluminio. La inversión en capital fijo en estas ramas no es extranjera a los incrementos de productividad.

Evolución del empleo y de la producción en las 86 ramas manufactureras, 1998-2008

Nota: se excluyó la rama 3364 y la rama 3372 no se pudo graficar por falta de información estadística en los Censos Económicos de 1999.

En anaranjado, las 13 ramas específicamente analizadas en el reporte general.

Fuente: elaboración propia con base en los Censos Económicos 1999 y 2009, INEGI

Por otro lado, se tiene un grupo importante de ramas manufactureras caracterizadas por una productividad baja y unas remuneraciones por empleado también muy limitadas.

En términos de productividad, las ramas con desempeño más bajo son la de las otras industrias manufactureras (rama 3399), la de fabricación de otros productos textiles (rama 3149) y la de fabricación de otros productos de madera (rama 3219). En cuanto a remuneraciones promedio, aquellas ramas más débiles son también las ramas 3149 y 3219, y la de elaboración de productos de panadería y tortillas.

Con la finalidad de avanzar en la comprensión de la evolución de la industria manufacturera desde la apertura comercial y en la identificación de las características de las ramas manufactureras que han constituido ventajas o desventajas frente a la competencia creciente, y asimismo con el objetivo de ilustrar la situación competitiva que se está dando en los diferentes sectores industriales definidos por la CANACINTRA, se han estudiado más a profundidad a 13 ramas de la industria manufacturera. Esas son: 1) elaboración de productos lácteos; 2) confección de prendas de vestir; 3) confección de otros productos textiles; 4) fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; 5) impresión e industrias conexas; 6) fabricación de productos químicos básicos; 7) fabricación de productos de cemento y productos de concreto; 8) moldeo por fundición de piezas metálicas; 9) fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica; 10) fabricación de equipo de comunicación; 11) fabricación de partes para vehículos automotores; 12) fabricación de muebles; y 13) Fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio.

Se revisó la evolución de estas 13 ramas manufactureras, en términos de su desempeño a nivel nacional (producción, empleo, productividad, remuneraciones, inversión, utilización de la capacidad instalada, etc.) así como en términos de comercio internacional y dando un enfoque peculiar al posicionamiento de las manufacturas mexicanas en el mercado de Estados Unidos.

Adicionalmente se han realizado dos estudios especiales de la industria del plástico y de la rama aeroespacial.

Del análisis general de la industria manufacturera y de los estudios específicos, destacan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

México es importador neto en muchas ramas manufactureras y el incremento en las importaciones de insumos es una tendencia común a muchos subsectores y ramas, debido a la escasez de proveedores locales que cuenten con estándares internacionales de calidad, así como por las facilidades fiscales y arancelarias y por un tipo de cambio sobrevaluado que favorece las compras en el exterior y que resta competitividad a los productos nacionales.

En el país se cuenta por un lado con una industria rezagada tecnológicamente con procesos artesanales y con maquinas y equipos anticuados; por otro lado, se tiene una industria con tecnología avanzada, que puede ser nacional pero importadora de paquetes tecnológicos o en su caso dominada por empresas transnacionales, que además no generan cadenas productivas y de valor agregado en la industria mexicana. No se ha tenido inversión significativa de capital fijo, por lo que la capacidad instalada está obsoleta y no es utilizada al máximo nivel.

La manufactura se caracteriza por una creciente falta de competitividad debido a la carencia de recursos financieros, al predominio de condiciones productivas y tecnológicas atrasadas, a una baja cultura de la calidad (excepto en algunos sectores como el médico, el automotriz y el aeroespacial), a la escasa innovación en diseño, a la incapacidad de crear marcas propias, innovación y al desarrollo tecnológico escaso así como a una inadecuada atención a la evolución de la demanda nacional e internacional.

Por todo lo anterior, en México se requiere con prontitud la elaboración e implementación de una política pública agresiva para el desarrollo de actividades industriales (incentivos fiscales, fácil acceso al financiamiento, subsidios para fomentar proyectos de I&D en empresas nacionales, regulación de competencia y vigilancia de prácticas de comercio ilegales, desarrollo de cadenas productivas); una política de fomento a la producción nacional de bienes de capital para solventar el atraso en equipo y maquinaria que limita los niveles de productividad, así como un eficiente apoyo para el desarrollo de la mercadotecnia y de los canales de comercialización adecuados.

Esta política debe, además, integrar una diversificación de los mercados y el aceleramiento de la consolidación del mercado interno; lo anterior en especial para romper con la situación de alta dependencia con el mercado de Estados Unidos, pero también para conservar la mayor parte de las cuotas de mercado al interior del territorio nacional frente a la competencia creciente de las importaciones chinas, y de países desarrollados y emergentes.

Para los sectores tradicionales con gran importancia en términos de empleo, aparece fundamental el rediseño y la ejecución eficiente de instrumentos y programas de desarrollo empresarial que busquen incorporar las MiPyMEs a las cadenas de valor. Para esto se deben impulsar a que realicen la transición desde su carácter artesanal (con inadecuada escala de producción, técnicas obsoletas, incapacidad para invertir en tecnología) hacia la consolidación de empresas con nuevas técnicas basadas en el saber artesanal pero con mayor capacidad de producción, utilización optimizada de la maquinaria, mejores procesos de control de calidad, desarrollo de proveedores y avances hacia la diferenciación y la especialización en productos de mayor valor agregado para consolidar su competitividad, tanto en el mercado interno como en los mercados de exportación. Adicionalmente, se debe de apostar a la innovación y diseño para crear productos diferenciados, y buscar la generación de marcas propias.

Por otro lado, para los sectores que están inmersos en cadenas globales de producción donde el modelo competitivo está íntimamente relacionado a la necesidad de innovación constante como condición de permanencia en el mercado, se debe fomentar a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, el desarrollo de infraestructura de calidad, personal calificado, y así lograr la especialización de productos, la implementación de nuevos procesos, el diseño de producto, la estandarización de los productos y procesos para alcanzar las principales normas internacionales, así como el desarrollo de nuevos materiales; todo esto bajo la protección de los derechos de propiedad industrial. Además se debe promover la consolidación de cadenas y clústers, conjuntando esfuerzos de empresas, gobierno e instituciones de enseñanza e investigación, lo anterior a fin de mejorar la eficiencia y productividad de estos sectores de manera sostenible y a largo plazo.

En la industria aeroespacial del país, se deben reforzar y coordinar las estrategias de atracción de inversiones extranjeras promovidas tanto a nivel federal como estatal y acompañarlas de mecanismos que promuevan las interrelaciones y la cooperación entre empresas extranjeras y nacionales para que México, a mediano plazo, llegue a desarrollar y fortalecer capacidades propias de producción, diseño y marcas en este campo. La industria aeroespacial es una rama en la que México tiene la oportunidad de generar empleos altamente especializados (con remuneraciones sustanciosas) y constituye una opción de actividad estratégica a desarrollar como elemento clave de una industria nacional renovada que no se base principalmente en la disponibilidad de mano de obra barata utilizada en plantas maquiladoras desarticuladas del resto del sector productivo, sino que arraigue su competitividad en capacidades endógenas a los territorios locales y nacional, en el desarrollo tecnológico e innovador.

Capítulo 3.

Fines, objetivos y metas de la Estrategia de Reindustrialización Acelerada de México.

En este capítulo se presentan los fines, objetivos y metas de la Estrategia de Reindustrialización Acelerada de México.

El objeto de este apartado es proponer y fundamentar los cambios que requieren el paradigma de economía política de México y la reindustrialización del país.

La estrategia se formula siempre desde la razón interna del Estado-nación y supone una visión sobre la relación del Estado con el sistema internacional.

Una estrategia verdadera requiere una perspectiva de conjunto, integral, sistémica y orientada a un fin determinado, del cual se desprenden los medios.

La acción de los poderes públicos se debe concebir como acción corresponsable con la sociedad, es decir como política de Estado y bajo su rectoría.

La realización de los objetivos de la estrategia de reindustrialización acelerada de México requiere establecer condiciones diferentes a las actuales.

En la economía del conocimiento, la reindustrialización no es una cuestión sectorial, sino el núcleo desde el cual se modifica la forma de crear valor.

Los fines, objetivos y metas de la reindustrialización acelerada, se deben entender en el marco más amplio de los objetivos y capacidades de desarrollo económico de la Nación, frente al desafío de la economía global.

El contenido de este capítulo busca fundamentar las decisiones que debe adoptar el Estado mexicano, para poder realizar efectivamente los objetivos nacionales.

3.1 Finalidad de México como Estado nación ante la economía global, en el corto, mediano y largo plazo: ser potencia económica tecnológico-industrial en el siglo XXI, como condición necesaria para poder garantizar los derechos humanos.

Ser potencia no es una percepción externa, sino una autodeterminación, es decir, un acto interno de afirmación de la propia libertad y soberanía del Estado nación, a la que le asiste el derecho humano al desarrollo de los pueblos.

Ser potencia como país, consiste en la capacidad soberana de definir y satisfacer por sí mismo las necesidades humanas básicas de todos los mexicanos; sobre la base principal de nuestro trabajo, recursos, medios y esfuerzos, ante la economía global del conocimiento; teniendo como base un orden jurídico-político libre, soberano y justo; sustentado en una economía política estructurada en torno al mercado interno.

Ser potencia económica tecnológico-industrial es una condición histórica necesaria para garantizar los derechos humanos de toda la población y el derecho humano al desarrollo de México.

Para México, ser potencia por sus propios méritos, no tiene como propósito la acumulación de riqueza y capital como fin en sí mismo; sino el desarrollo humano pleno, libre y justo de todos los individuos; y el desarrollo soberano de la Nación.

Ser potencia consiste en la creación por la vía política, de condiciones para que el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los mexicanos, pueda satisfacer las necesidades de toda la población; sobre la base de los poderes públicos e instituciones nacionales; mediante un uso sustentable y racional de nuestros importantes recursos naturales; en una relación interdependiente, humana y justa con el sistema internacional.

Ser potencia consiste en tener poder nacional suficiente para garantizar las libertades, el autogobierno, la soberanía militar, la seguridad nacional, la justicia; y la soberanía económica de la economía política nacional.

Ante la privatización y globalización que impuso el poder corporativo global, México debe tomar la decisión soberana de ser potencia sobre la base de sus propias fuerzas económicas, sustentadas en la inversión pública, social y privada de capital nacional, como una posición no negociable.

México debe afirmar su autodeterminación de ser potencia económica tecnológico-industrial; como condición necesaria e indispensable para superar la actual dependencia multidimensional en la que es imposible alcanzar altas tasas de crecimiento económico, generación de empleos, mayores niveles de desarrollo humano, libertades, justicia y soberanía; y para garantizar los derechos humanos.

Ser potencia requiere que la acumulación nacional tenga prelación sobre la acumulación de las corporaciones globales; que el mercado y la acumulación interna sean los factores más importantes de la inversión, producción, mercadeo, consumo y acumulación; y exportar valor agregado tecnológico y productivo.

Ello significa superar la actual condición de país maquilador y dependiente de la industria, energía, alimentación, financiamiento, comercio, información, convergencia digital, y tecnología de las corporaciones globales.

También requiere que los sujetos preponderantes y determinantes de la economía política sean los organismos del Estado en las áreas estratégicas señaladas en la Constitución, y las empresas de la propiedad social y de capital nacional.

Ser potencia mundial significa desarrollar capacidades científicas propias,  tecnológicas, de ingeniería e industriales sustentadas en la revolución digital, y de su aplicación por sistemas de innovación conducidos por el Estado, y realizados por la sociedad y las empresas e instituciones nacionales, bajo un paradigma sustentable de desarrollo.

El criterio jurídico-político de ser potencia consiste en que el Estado prevalezca sobre los intereses particulares, es la rectoría del Estado sobre el desarrollo; mediante la planeación democrática.

Ser potencia económica tecnológico-industrial no es una opción, sino una condición necesaria para lograr los fines de México como Nación soberana y justa.

La nueva economía política para el desarrollo nacional soberano y justo, que le permita a México ser potencia económica tecnológico-industrial, se define como un orden social de producción y de distribución justa y equitativa de la riqueza y el ingreso; cuyo pacto social tenga como contenido la justicia y permita la plena vigencia de los derechos humanos y la Nación mexicana; sustentado en la soberanía económica y el mercado interno; que se constituya en la base para la satisfacción de las necesidades humanas éticamente justificables, de todos los mexicanos; con un pacto fiscal justo que de sustento a la rectoría del Estado para el desarrollo; sobre la base fundamental del trabajo y capacidades de las empresas de capital nacional; con la intervención estratégica y directa a través de entidades públicas y organismos del Estado mexicano que sean necesarios; así como el desarrollo de nuevas capacidades públicas; análogas a las que han desarrollado las potencias económicas actuales y emergentes; en base a la prelación de los bienes públicos sobre los privados y la subordinación del interés de la propiedad privada al interés público; en el que se restablezca el derecho, la justicia y la dignidad del trabajo, con oportunidades para toda la población actual y futura; con un control y usufructo garantizado por el Estado en beneficio de los habitantes del país, de los recursos naturales agua, tierra, biodiversidad, energía, espacio aéreo, convergencia digital y recursos minerales; con una nueva inserción en la economía global, en la que se reconozca a las empresas de capital nacional, a la propiedad social y a los organismos estratégicos y políticas públicas del Estado mexicano, como los sujetos.

Sólo una nueva economía política como la que se ha definido, podrá lograr de manera sostenida altas tasas de crecimiento económico y del producto per cápita, para ofrecer a toda la población la formación y educación básica, y de educación superior a la población que se requiera para el desarrollo nacional; desarrollar la tecnología nacional necesaria para nuestro desarrollo; garantizar a todos los mexicanos las oportunidades de emprendimiento económico, empleo e ingresos justos, en una sociedad más igualitaria; de manera sostenible y sustentable en el corto, mediano y largo plazo.

El fracaso en el crecimiento económico, distribución de la riqueza, justicia y competitividad internacional exige otra economía política.

La economía no es fin, sino medio para la realización de todos los seres humanos, por lo que no se justifica adoptar  una posición pasiva y de auto negación.

Los fines de la nación son internos y también para una relación interdependiente con la economía y la geopolítica mundial; se deben sustentar en nuestra historia, identidad pluriétnica y pluricultural y nuestros intereses propios y legítimos; así como fortalecer la autodeterminación política de México como Estado nación, teniendo como fundamento el criterio ético-político de los Derechos Humanos.

La justificación ética de ser potencia económica tecnológico-industrial se fundamenta en el imperativo categórico, no condicionado a nada, de que sólo los seres humanos son fin en sí mismos, y que todo lo demás son medios.

En el siglo XXI, el concepto ético universal reconocido son los derechos humanos de los individuos y de los pueblos, constituidos en Estados-nación. Ser potencia equivale a la capacidad de autodeterminación, y la capacidad real del orden social de garantizar los derechos humanos del Estado nación.

En las naciones libres, independientes y soberanas, los fines nacionales son los que determinan los objetivos hacia el desarrollo interior y exterior. Las naciones libres no subordinan su desarrollo a los procesos de la globalización ni nulifican sus intereses legítimos como naciones soberanas ante el sistema internacional.

El criterio ético fundamental consiste en considerar a cada uno de los individuos como fines en sí mismos y no como medios para ninguna otra cosa.

La reforma de la economía política actual es condición necesaria para el desarrollo nacional, pues el poder corporativo global tiene intereses propios.

Recuperar la soberanía económica de México y ser potencia económica tecnológico-industrial, son condiciones necesarias para revertir la actual involución de México en una colonia estadounidense, con un régimen de apartheid; afirmar y hacer prevalecer la existencia de México en el futuro como un Estado nación soberano e independiente; fortalecer a México como Estado nación, con capacidad real y autónoma de ser garante de la soberanía y de las libertades y derechos humanos de todos los mexicanos; hacer prevalecer los intereses y el poder nacional de México, como comunidad ético-política-jurídica-histórica, ante las fuerzas de la globalización; superar la actual condición de dependencia multidimensional y desarrollar capacidades propias en la economía del conocimiento; garantizar los derechos humanos de toda la población y del pueblo de México ante las fuerzas de la globalización.

La justificación racional de esta finalidad, está en el hecho demostrado de que la inserción pasiva y el control por los inversionistas globales de las actividades estratégicas de la economía nacional durante las últimas tres décadas, ha sido y será incapaz de realizar los fines nacionales.

La justificación política está en que el Estado nación y sus poderes públicos deben prevalecer sobre cualquier interés privado nacional o extranjero.

La finalidad soberana de que México sea potencia, justifican los posicionamientos geoeconómicos y geopolíticos de México.

México debe ser potencia económica tecnológico-industrial, por las siguientes razones geoeconómicas: una población con una base demográfica suficiente; una masa crítica de empresarios, trabajadores, profesionistas, científicos, técnicos y nuevas generaciones con educación básica; un territorio importante; algunos recursos energéticos y recursos naturales muy significativos; una estructura productiva y economías de escala importantes; con potencial extraordinario para avanzar en la producción de valor agregado tecnológico-industrial; y un potencial de aumento del ingreso y del mercado interno; así como cultura, identidad e instituciones políticas propias.

La justificación geopolítica es la necesidad de superar la dependencia estadounidenses en nuestro comercio exterior e inversión extranjera; la irreversible disminución de su poder relativo mundial que limita nuestra tasa de crecimiento. México debe crear capacidades propias en las nuevas fuentes de energía; y exportar hacia otras economías.

La reindustrialización acelerada de México es esencial para recuperar la capacidad de crecimiento y desarrollo soberano y justo hacia el futuro.

El concepto de competitividad que se propone es el siguiente:

Por competitividad nacional, a diferencia de la competitividad empresarial, se entiende la capacidad de la economía nacional para producir bienes y servicios de alta calidad, a precios iguales o menores a los de otras naciones, mediante la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación; la formación y capacitación de los trabajadores, la eficiencia empresarial y de las instituciones públicas; que permite elevar la productividad del trabajo humano, en una relación sustentable con la naturaleza; y como consecuencia, elevar de manera simultánea los salarios de los trabajadores, las utilidades empresariales y los impuestos, lo que en conjunto permite elevar de manera sostenida y sustentable la calidad de vida, el desarrollo humano y la esperanza de vida de toda la población, garantizando con ello las libertades, el estado de derecho, los derechos humanos de los individuos, los derechos humanos de la Nación y la soberanía o autodeterminación de la comunidad nacional.

Reindustrialización acelerada significa que ante la necesidad urgente, imperativa e inaplazable de cuadruplicar la tasa de crecimiento económico de la última década (1.5%), de manera sólida, sustentable, sostenible y sin generar desequilibrios macroeconómicos; para poder generar un millón de nuevos empleos formales y permanentes; en la nueva economía del conocimiento; es indispensable al menos triplicar el ahorro e inversión nacional; pública, privada y social; así como cuadruplicar el esfuerzo científico-tecnológico y la innovación, bajo la economía política que sea ha propuesto.

Ser potencia económica tecnológico-industrial exige alcanzar de manera permanente, sostenible y sustentable, tasas de crecimiento que permitan ofrecer empleo a todos los mexicanos, lo que sitúa los requerimientos mínimos indispensables de crecimiento en el rango del 6% a 7% de aumento anual del PIB, cuestión que ha sido, y será imposible de alcanzar bajo la actual economía política; por su propia naturaleza intrínseca.

La reindustrialización acelerada también significa que los recursos públicos para el fomento de las industrias de capital nacional, de los organismos del Estado y las industrias de capital social, aumenten de manera acelerada.

Se requiere una nueva velocidad para el diseño, operación y constante adaptación de las políticas públicas, en relación a los requerimientos de la economía; también respuesta en tiempo real a las demandas de los empresarios.

La reindustrialización acelerada de México, de acuerdo a la nueva economía política que tiene como finalidad que México sea potencia económica, y como condición a la rectoría del Estado mexicano. Se define como: una política del Estado mexicano para la generación del conocimiento científico, tecnologías  y procesos de innovación; con la participación de empresas de capital privado y social nacional y entidades públicas científicas, educativas, estratégicas y tecnológicas del Estado mexicano; que sean aplicados en empresas de capital privado y social e instituciones nacionales para crear valor agregado tecnológico en la producción de bienes y servicios; en la economía y la sociedad del conocimiento; promoviendo la participación de trabajadores y empresarios vinculados al pacto ético, fiscal, de desarrollo y de distribución de la riqueza y el ingreso en México; con el aporte que sea requerido en la generación de insumos, energía y servicios, por parte de los organismos del Estado en las áreas estratégicas que señala la Constitución; mediante el dominio directo y desarrollo de capacidades propias sobre el sistema tecnológico de la convergencia digital y la automatización; y de la difusión de estas tecnologías en todo el sistema económico e institucional del país;  que permita una dinámica de inversión pública, social y privada para la creación de valor agregado tecnológico-industrial en todos los sectores y ramas económicas, desde la transformación de los recursos naturales y energéticos, hasta el desarrollo de los productos y tecnologías de la economía del conocimiento.

Este concepto es opuesto al paradigma de apertura pasiva y subordinada a la dinámica global de la inversión y comercio establecido hace tres décadas.

La Política Industrial se puede definir como el sistema que relaciona de manera orgánica las siguientes políticas: política científica, de desarrollo tecnológico e innovación; de aumento de valor agregado tecnológico y capacitación; de aumento de valor agregado nacional de las empresas de capital nacional, de los organismos públicos y de la inversión extranjera directa; de aumento de la productividad-salarios, para el aumento del mercado interno; de sustitución de importaciones de bienes intermedios y de consumo; de exportación y administración de los tratados comerciales; de competitividad de la infraestructura, servicios y costos financieros.

Los objetivos de la reindustrialización nacional acelerada, derivados de la finalidad de ser  potencia económica tecnológico-industrial, son los siguientes: que el sustento del crecimiento y desarrollo económico de México sea de manera preponderante y determinante el mercado interno; aumento de la participación del PIB industrial en el PIB nacional, al menos un 1% anual, para alcanzar un 30% del PIB en el año 2022; reintegración y reindustrialización acelerada el sector energético, y de las áreas estratégicas que señala la Constitución, por organismos del Estado; integración productiva de la Nación, en la que todas las entidades federativas contribuyan a la reindustrialización de México; disminución cualitativa y significativa, en una década, de la dependencia energética, petroquímica, farmacéutica, alimentaria, informática, electrónica, tecnológica, de bienes intermedios y de bienes de consumo; reintegración de cadenas productivas por la alineación de las políticas arancelaria, comercial, de financiamiento, desarrollo tecnológico y fomento; aumento de la productividad de todas las industrias de capital nacional, sobre la base de inversión en ciencia y tecnología nacional; generación de  valor agregado tecnológico-industrial nacional, con industrias de capital privado y social nacional y organismos del Estado; sustentabilidad y autosuficiencia de divisas en el transcurso de la próxima década, en todas y cada una de las ramas, cadenas y sectores industriales; generación en los próximos diez años de un superávit comercial industrial; instalación y funcionamiento de una infraestructura integral multimodal; producción y funcionamiento de medios de transporte de alta tecnología; aplicación de patentes disponibles y desarrollo de nuevas patentes.

3.2 Estrategia general de reindustrialización acelerada, para que México sea potencia económica tecnológico-industrial con capacidad de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos.

La reindustrialización acelerada de México requiere una estrategia que disponga de todos los medios necesarios para su realización.

Los elementos de la estrategia se deben conceptualizar y llevar a cabo de manera simultánea y con una perspectiva integral. La estrategia tiene los siguientes elementos: ser una política de Estado; un nuevo pacto social; promover y mantener condiciones macroeconómicas para la rentabilidad y competitividad de las cadenas de valor de las industrias de capital nacional; desarrollo integral del mercado interno; reindustrialización acelerada del sector energético e impulso a la reindustrialización del país con la renta petrolera, sus actividades industriales, tecnológicas y de mercados; infraestructura de transporte integradora del territorio y de la economía nacional.

Se deben cumplir los requisitos que debe cumplir la estrategia de reindustrialización acelerada, como política de Estado: tener objetivos a nivel del Estado nación; tener como criterio general la soberanía de la Nación; fundamentar las finalidades que se busca alcanzar como resultado del desempeño del conjunto de instituciones públicas, privadas y sociales; tener fundamentos filosóficos, éticos y racionales de  los principios y criterios que sustentan los objetivos de desarrollo; disponer de una base legal para las instituciones, sus mandatos y recursos; establecer un sistema de corresponsabilidad de deberes y derechos, entre los poderes públicos, los tres órdenes de gobierno y los esfuerzos de la sociedad; ser resultado de una planeación, ejecución, evaluación y modificación democrática de las políticas públicas; disponer de los recursos que aseguren la realización de los fines y objetivos nacionales; contar con un diseño institucional adecuado; ser evaluada en relación al desempeño general y objetivo del sistema en su conjunto.

Para que México sea potencia se requiere voluntad política de los mexicanos para dar vigencia a la Constitución; que los derechos humanos de los mexicanos y del país tengan vigencia práctica; fortalecer la democracia económica mediante la creación de un Consejo Económico, Social y Ambiental; crear instituciones bancarias mixtas y crear un Fondo Nacional de Inversión con la renta petrolera.

Es necesario aplicar la Constitución y revertir la reducción de las capacidades legales, de recursos, y la disminución institucional de las últimas tres décadas.

Se requiere establecer un proceso pactado de sustitución de la actual economía política, por otra capaz de crear condiciones para la generación de valor agregado científico-tecnológico incorporado a la economía nacional.

La rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, conducida sobre bases democráticas, es una condición necesaria para hacer compatible la creación de la riqueza con la moderación de la opulencia y la indigencia.

La rectoría del Estado sobre el desarrollo es indispensable para superar la lógica e intereses intrínsecos de las corporaciones y los poderes globales.

La aplicación firme y precisa de los principios constitucionales plasmados en los artículos 1, 39, 25, 26, 27, 28 y 123, entre otros, en la perspectiva del reconocimiento de los derechos y deberes humanos, políticos, económicos, sociales y culturales, concebidos de manera integral y relacional, nos otorgan una base de certidumbre jurídica e institucional para la reconstrucción nacional.

Es fundamental que el Estado garantice el control nacional y desarrolle capacidades tecnológico-industriales, que garanticen el usufructo de industrias estratégicas, sobre la biodiversidad, tierra, agua, subsuelo, petróleo, gas, uranio, plata, y sobre la riqueza de los minerales del subsuelo.

Se requiere revertir la reforma del Estado que impulsó el paradigma neoliberal.

Los países con mayor desarrollo humano y participación del gasto público en la economía, constituyen un referente para establecer un Estado benefactor en México.

El Estado mexicano tiene el deber de garantizar los derechos humanos.

Los países más avanzados económicamente se guían y establecen principios y prácticas en sus economías políticas, diferentes de los que nos han impuesto.

La afirmación de la rectoría del Estado mexicano conduce a la necesidad de evaluar y en su caso renegociar los tratados internacionales de comercio, inversión y fiscales, en función de los intereses y objetivos nacionales.

Se debe aplicar la planeación democrática del desarrollo consignada en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un marco federalista que integre a la Nación.

La política para la reindustrialización debe ser resultado de una planeación, ejecución, evaluación y modificación democrática de las políticas públicas.

Para ello se debe establecer un Consejo Económico, Social y Ambiental de Estado, a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas.

Se debe diseñar mediante un proceso democrático un Programa Especial de Desarrollo Tecnológico-Industrial, de Innovación y Comercio Interior-Exterior, en el que se plasme una visión nacional, federalista y sectorial-regional de los objetivos nacionales.

El Estado debe garantizar las condiciones que faciliten y promuevan la inversión de las industrias de capital privado nacional y de la propiedad social.

La rectoría del desarrollo por parte del Estado debe coordinar políticas y acciones que llevarán a cabo el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios; con las cámaras y confederaciones de industriales en todo el país.

Se debe establecer un sistema de corresponsabilidad de deberes y derechos, entre los poderes públicos, los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

En la política industrial de Estado debe existir congruencia, armonía, cooperación y coordinación entre las dependencias y entidades públicas federales.

La estrategia de desarrollo económico tecnológico-industrial de cada una de las entidades federativas, deben ser parte y estar integradas en la estrategia nacional.

Los objetivos del país deberán ser traducidos en criterios específicos de desempeño de las instituciones públicas.

Se debe alcanzar un gasto público semejante al que existe en los países más desarrollados. Todos los ciudadanos y empresas deben contribuir de manera equitativa y proporcional a los ingresos públicos; para elevar de manera gradual y sustentable el gasto público a un 42% del PIB en un plazo de quince años, que es el promedio actual de los países de la OECD.

El método político para abordar esta cuestión es proceder sobre la base de la argumentación y la información verificada, en un marco comparativo internacional.

Es inútil repetir la tesis de que sólo los impuestos indirectos al consumo son la vía para aumentar la recaudación.

Se debe recuperar la soberanía fiscal del Estado. Todos los procesos de creación de riqueza, en particular por las corporaciones globales de capital nacional o extranjero, deben pagar impuestos análogos a los que tributan en sus países.

En el pacto fiscal es necesario hacer equivalentes las obligaciones y derechos de las personas físicas y personas morales, con los de los países desarrollados.

Es necesario revisar de manera integral el régimen de consolidación fiscal, las exenciones y deducciones actuales y los tratados para impedir la doble tributación.

Debe haber transparencia y rendición de cuentas bajo supervisión ciudadana, sobre la aportación que cada sector hace a los ingresos fiscales.

Reintegrar la rectoría del Estado en la seguridad social; garantizar el ahorro de los trabajadores y destinarlo a  la inversión productiva.

Se debe establecer un impuesto a los movimientos especulativos de capitales.

La política de reindustrialización acelerada ciertamente contribuirá a la formalización de la economía informal, pues creará nuevos incentivos.

Las políticas macroeconómicas deberán propiciar la rentabilidad de las empresas de capital nacional y su competitividad internacional.

Las políticas monetaria y de tipo de cambio son determinantes para la orientación del comercio y la inversión.

Se debe modificar el marco constitucional y la ley que rige al Banco de México, para que recuperar la soberanía de nuestro sistema de pagos e incorporar el mandato de promover el crecimiento económico y el empleo, así como condiciones de reducción de las tasas de interés a largo plazo.

La política cambiaria debe evitar el sesgo importador.

Se debe diversificar el riesgo de las monedas de reserva y respaldar la política monetaria mediante el uso de recursos propios como la plata y el oro.

Una condición necesaria para el crecimiento, es el desarrollo de un sistema bancario de capital privado nacional que sustituya a los inversionistas extranjeros.

Es necesario establecer una política para reducir el monto y el servicio de las deudas interna y externa en los próximos quince años, crear un sistema financiero de inversión nacional, y una verdadera banca de desarrollo, ya que la reducción del crédito de la banca de desarrollo para las empresas mexicanas está directamente relacionada con el aumento de la deuda pública.

Es indispensable que la banca en México se ajuste a los criterios que los propios países industrializados han establecido para la propiedad de su sistema bancario.

Las tasas de interés activas que aplican los bancos no tienen justificación en función del riesgo, sino en una competencia oligopólica, que debe ser revertida.

Es posible convocar a la ciudadanía y promover el ahorro, así como dirigir las políticas de las AFORES para apalancar a las instituciones bancarias nacionales.

El sistema bancario requiere una adecuada política de desarrollo institucional, de apalancamiento, operatividad y eficiencia en apoyo a la industria.

La política de crédito y de tasas de interés, así como de garantías y operatividad, requiere una intervención directa y concertada con los industriales nacionales.

Se deben cancelar concesiones bancarias a empresas comerciales extranjeras.

Se requiere restablecer el mandato y las capacidades de la banca de desarrollo e impulsar una banca privada local y nacional. Desarrollar bancos de capital nacional debe ser una prioridad inmediata.

El cambio de fondo de la economía política hacia otra sustentada en los derechos humanos, consiste en construir los vínculos entre comercio, producción, tributación, inversión, salarios, distribución de la riqueza, consumo y ahorro, de manera que estén vinculados a un nuevo pacto social de creación y distribución del ingreso en el Estado nación mexicano.

En la medida que sea posible este pacto social, será posible también avanzar hacia mayores niveles de crecimiento, desarrollo económico y humano.

La economía política de Estados Unidos, Japón o China se sustenta en lo interno, y los mercados externos crean empleos en sus países.

El desarrollo integral del mercado interno requiere otras premisas en el siglo XIX.

El pacto social de producción y distribución del ingreso y la riqueza es una cuestión medular de toda economía política.

El trabajo y el derecho a la formación de sindicatos son derechos humanos fundamentales, que ahora reconoce la Constitución y obligan al Estado mexicano.

El desarrollo del mercado interno debe reconocer el imperativo ético de considerar a los seres humanos como el único fin de toda economía política.

Reducir el poder adquisitivo del salario como el principal instrumento para mantener la estabilidad macroeconómica, conduce al aumento de la desigualdad, la pobreza extrema y la violencia multidimensional; y también al semi-estancamiento económico permanente y la dependencia multidimensional.

Competir con bajos salarios no sólo es indigno y carece de ética política, sino que también es ruinoso desde el punto de vista del crecimiento económico.

Las naciones con mayores niveles de desarrollo humano, de niveles de bienestar y garantías de los derechos humanos, tienen una mayor proporción de los salarios en el PIB, y una mayor proporción de gasto público e impuestos en relación al PIB.

Este es el paradigma que debe guiar a México en estas cuestiones que son fundamentales para un verdadero desarrollo económico, humano y cultural.

Fortalecer el poder económico de México es equivalente a fortalecer la capacidad de los mexicanos para crear y al mismo tiempo distribuir la riqueza.

Un elemento central de la recuperación del mercado interno consiste en un nuevo pacto entre comercio-inversión-productividad-salarios-impuestos.

Se debe tener como criterios, garantizar la seguridad jurídica a trabajadores y empresarios, fortalecer la libertad, democracia y autonomía sindicales, desmantelar el sistema corporativo sindical de estado, atacar a fondo la corrupción en el mundo del trabajo, flexibilizar de manera concertada la contratación colectiva, con sindicatos legítimos, capacitar para la productividad con beneficios compartidos, mediante un acuerdo de largo plazo para aumentar los salarios por arriba de la inflación, y sobre la base de los aumentos de productividad y crecimiento económico.

Este pacto social supone una acción política de Estado, por la cual se establezcan acuerdos entre los factores de la producción, que sean apoyados con acciones de los poderes públicos, para que el sector privado pueda realizar inversiones que contribuyan, junto con la capacitación de los trabajadores y de los propios empresarios, a aumentar la productividad; de manera que estos aumentos de productividad y el crecimiento de la economía, se conviertan en los criterios sociales y políticos para aumentos realistas, pero eficaces, de los salarios por arriba de la inflación.

Aumentar los salarios por arriba de  la inflación, sobre la base de aumentos de la productividad, mediante la inversión de capital, organización y capacitación productiva; permitirá aumentar de manera sólida, constante y eficiente, la proporción de los salarios en el PIB; y además garantizar el acceso a la seguridad social universal del inicio al fin de la vida humana, sustentado en este nuevo pacto para la política salarial y para la distribución social de la riqueza y el ingreso.

Ello requiere acciones corresponsables para la medición de la productividad a nivel nacional, por factores de la producción, y en cada una de las ramas, sectores industriales y empresas.

Si se aumenta la productividad por arriba de la inflación no se sostiene la tesis de que un aumento salarial tenga un efecto inflacionario.

La política salarial debe concebirse de manera integral y no con una concepción reduccionista de costos de producción de las empresas.

Aumentar el poder adquisitivo del salario no sólo tiene como efecto mejorar las condiciones de vida y bienestar de las familias mexicanas, sino también es condición para que exista demanda efectiva, es decir mercado.

La nueva política de desarrollo debe construirse desde un pacto social  sustentado en el mercado interno (inversión, innovación, productividad, competitividad e ingresos); en el que participen industriales y comerciantes con empresas de capital nacional; trabajadores, campesinos, profesionistas; e instituciones científicas, tecnológicas y de innovación nacionales; con etapas claramente establecidas para ser desarrolladas a lo largo de la próxima década; que tenga el objetivo de aumentar de manera sistemática el poder adquisitivo del salario, por arriba de la inflación y sobre la base de la productividad, sustentado a su vez en la introducción organizada de innovaciones para aumentar la productividad de los factores de la producción y la racionalización de los mercados.

El aumento de los salarios es condición necesaria para el aumento del mercado interno, pues éste consiste en el ingreso disponible de los ciudadanos, mismo que se destina al consumo, al ahorro y la inversión.

Es indispensable vincular los aumentos salariales con aumentos del producto nacional y de la productividad, como ya lo hicimos en el pasado en México y actualmente lo está haciendo Brasil, para poder restablecer el círculo virtuoso del crecimiento y el desarrollo.

Esta política integral de productividad e ingresos debe ser definida en función de los intereses nacionales, para lograr los mayores estándares internacionales.

El pacto de aumentos salariales por arriba de la inflación a lo largo de los próximos diez años, debe tener como propósito alcanzar una participación de los salarios en el PIB, equivalente al que ahora tienen los países desarrollados con mayores índices de desarrollo humano, cercano al 50% del PIB.

En una primera etapa se debe tener como objetivo, recuperar la pérdida que tuvo en México la participación de los salarios en el PIB en los últimos 21 años.

Bajo el pacto que aquí se propone, estos aumentos del salario no serán ni inflacionarios, ni factores de inestabilidad macroeconómica.

El énfasis central del cambio de la economía política tiene que ser un acelerado proceso de modernización e innovación tecnológica.

México tiene tratados de libre comercio con 42 naciones. Las empresas mexicanas requieren Trato internacional, que les garantice el gobierno mexicano.

Las MiPymes son factor importante de creación de valor, empleo y pueden tener un papel más significativo en el futuro, si se establece una política para ello.

La economía informal sólo se formalizará, en la medida que se mejoren las condiciones de rentabilidad, simplicidad fiscal y ausencia de competencia desleal.

Las empresas maquiladoras pueden avanzar en su nivel de integración. Sin embargo, ello requiere de una política de estado.

Una política de Estado para el desarrollo de la sociedad rural y la soberanía alimentaria propiciaría el empleo productivo de millones de personas.

México debe crear nuevas fuentes de riqueza permanentes, en el contexto de la nueva economía digital, y la producción de bienes de alto valor agregado.

Sólo se beneficia de una política de apertura, quien se convierte en exportador y no en importador.

La recuperación del mercado interno para el desarrollo nacional, tiene que ver en primer lugar con fortalecer la inversión nacional y acotar la extranjera.

El TLCAN limita estructuralmente al Estado mexicano para tener una política de fomento industrial, en virtud de que no se pueden exigir criterios de desempeño a los inversionistas extranjeros; ni se establecen límites a la inversión extranjera; límites para adquirir empresas existentes; ni límites de concentración.

El TLCAN es intrínsecamente injusto, pues los inversionistas originarios de otros países sólo tienen derechos y no tienen obligaciones.

La inversión extranjera directa no es un fin en sí mismo, ni debe ser considerada el principal motor de la economía y de la industria nacional.

La política arancelaria del TLCAN tampoco es un fin, sino un medio; además, se ha demostrado altamente ruinosa para la inversión, el crecimiento y la industria nacional, por lo que es imperativo en una primera etapa, una evaluación integral de la misma, en un marco comparativo internacional; adoptar medidas correctivas, urgentes; cancelar concesiones realizadas fuera de los tratados de libre comercio; y se proceder a la aplicación de medidas de protección para la industria nacional, mediante los instrumentos establecidos en los propios tratados, como las salvaguardas; todo lo que necesariamente conduce a hacer renegociaciones de los tratados internacionales de libre comercio e inversión, en la medida que éstos limiten el desarrollo soberano de México.

Las empresas nacionales de alcance global, al no existir suficientes condiciones para la expansión de sus negocios en México, han invertido en otros países.

Es falsa la percepción de que es imposible la renegociación del TLCAN; pues de hecho ya se ha renegociado para acelerar la apertura comercial.

Los tratados internacionales que protegen derechos humanos, tienen prelación sobre otros de carácter comercial o financiero.

La Constitución establece la obligatoriedad para todos los servidores públicos y para las políticas públicas, de garantizar los derechos humanos; lo que obliga a revisar la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre la jerarquía de los tratados.

En el plazo inmediato se requiere la administración del comercio exterior, y la aplicación de la rectoría del Estado, tomando en cuenta el interés nacional.

Es necesario restablecer la política arancelaria para la sustitución competitiva de importaciones, el retiro de concesiones unilaterales y aplicación de salvaguardas;  para dar racionalidad y rentabilidad de las cadenas productivas.

Las ventajas que México tenía hace tres lustros, prácticamente ya no existen, en virtud de que Estados Unidos ha firmado un número muy importante de tratados de libre comercio con otros países en América Latina y con los países asiáticos.

Por otro lado, en la medida de que se tengan condiciones de reducido crecimiento económico o recesión en los Estados Unidos, esto se refleja en la economía nacional. México debe por tanto diversificar sus mercados externos.

Se abren oportunidades de exportación hacia mercados emergentes, con los países del grupo de los BRICS, así como Turquía, América Central y la CELAC.

Realizar y aprovechar este potencial, requiere una política de producción y exportación, de diversificación de mercados y generación de superávit comercial.

La desnacionalización de la estructura de comercio interior, tiene como efecto acentuar el carácter importador de la economía nacional,  y se convierte en una barrera de entrada para los industriales mexicanos.

El programa de fomento de las micro, pequeñas y medianas industrias, como proveedoras de las empresas tractoras, tiene un potencial de exportación e incorporación de valor agregado tecnológico industrial, que requiere una acción más estratégica y proactiva para aprovecharlo.

En relación a las compras de gobierno, aunque existen avances al respecto; aún se está lejos de aprovechar el potencial de las industrias de capital nacional.

Para lograr convertir a las compras de gobierno en una gigantesca tractora para el impulso de la industria de capital nacional, se requiere una acción coordinada de la Secretaría de Economía, con todas las dependencias y entidades públicas.

México debe cancelar el beneficio del acceso a compras de gobierno del TLCAN, pues no existe ninguna reciprocidad y es injustificable mantenerlo.

Es indispensable establecer límites a la concentración de mercado, pues de otra manera no habrá posibilidad de desarrollo de las industrias y tecnologías de capital nacional.

La alineación de las acciones de las políticas públicas para el fomento tecnológico e industrial, tiene el objetivo de establecer condiciones integrales para promover la inversión de las industrias de capital nacional y su rentabilidad, para que sea superior a la rentabilidad de los negocios financieros, comerciales y de importación o contrabando.

Objetivos y metas.

Reducir la dependencia de las importaciones para cada rama y sector de la industria, con metas anuales, mediante la sustitución competitiva de importaciones, por empresas de capital nacional y el funcionamiento de los organismos del Estado en las áreas estratégicas.

En una década sea eliminada la dependencia energética, petroquímica, farmacéutica, alimentaria, informática, electrónica, tecnológica, de bienes intermedios y de bienes de consumo.

Generar valor agregado tecnológico-industrial nacional, con industrias de capital privado y social nacional y organismos del Estado mexicano, para satisfacer el mercado interno y el de exportación.

El desarrollo científico y tecnológico autónomo, orientado a satisfacer de manera directa las necesidades de la sociedad mexicana, es el sustento de la política de aumento de la productividad y competitividad sectorial y nacional, sectorial y regional de las industrias de capital nacional y de las empresas públicas.

Sobre esta base se puede plantear alcanzar un superávit tecnológico y comercial con el mundo.

Sujetos de la reindustrialización.

La reindustrialización acelerada de México es un imperativo insoslayable, por lo que se requiere sustentar este proceso en las  industrias de capital nacional, tanto privado y social, como público, con un enfoque sectorial y regional que integre cadenas de creación de valor y consumo en el mercado nacional.

Los sujetos económicos fundamentales son los empresarios de capital nacional, los trabajadores, profesionales y técnicos que participan en ellas; los millones de participantes en el sector social de la economía y los organismos del sector público responsables de las actividades económicas reservadas al Estado.

Desarrollar, consolidar y crear nuevas micro, pequeñas y medianas industrias, como actoras fundamentales de la reindustrialización, es la estrategia básica.

Se debe impulsar también a la economía del sector social, que tiene un gran potencial de desarrollo. La SAGARPA y la Secretaría de Economía deben integrar sus estrategias, instrumentos y mecanismos de operación.

Se requiere adecuar el régimen fiscal para la promoción y apoyo a las micro, pequeñas y medianas industrias.

Se debe considerar a la inversión extranjera como un complemento de la inversión nacional, y subordinarla a los objetivos del desarrollo nacional.

México debe construir una desvinculación creativa de la dependencia corporativa global y multidimensional, en los próximos lustros.

Aumentar la productividad industrial, mediante la articulación de la política científica y tecnológica con la política de reindustrialización acelerada.

Establecer una política de desarrollo científico y tecnológico que corresponda al interés nacional y aumente el potencial de la Nación para resolver sus necesidades.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología, puede ser acelerado por órdenes de magnitud, mediante una política de Estado apalancada en adquisiciones de bienes y contratación de servicios de las entidades públicas, así como la reorientación del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores.

Se debe romper con la desvinculación de los investigadores de las instituciones en las cuales desempeñan sus actividades.

Es necesario que el CONACYT establezca compromisos y convenios, y otorgue recursos específicos a las instituciones de educación superior y centros de investigación, con agendas institucionales de investigación, para crear masas críticas en las distintas áreas de conocimiento. Se requiere una política de patentamiento acelerado.

La política de innovación requiere la disponibilidad de las tecnologías para aumentar la productividad; mediante recursos financieros a tasas muy reducidas para adoptar tecnologías; y la asistencia técnica para su aplicación.

Acción estratégica coordinada en tiempo real.

Se requiere alinear las políticas arancelaria, comercial, de financiamiento, desarrollo tecnológico y fomento productivo, para tener una capacidad de respuesta prácticamente inmediata a los procesos productivos y tecnológicos que han avanzado en complejidad e interdependencia.

En la economía del conocimiento, el tiempo es determinante. La hipercompetencia de los mercados obliga a las empresas y a las instituciones públicas, a responder de manera muy acelerada a los cambios en las señales de los mercados, de los cambios en las tecnologías, las modificaciones de las condiciones macroeconómicas, así como eventos y condiciones emergentes y estructurales como el cambio climático.

Aumentar los recursos públicos por órdenes de magnitud.

Resulta un prurito autolimitante, contrario a las prácticas reales de otros países, el no disponer en México de los necesarios subsidios y recursos, tanto para la fase de investigación de prototipos tecnológicos, como para su implantación a escala piloto, y para su generalización una vez alcanzadas las patentes para su explotación comercial abierta. Esta autolimitación debe ser superada de inmediato.

3.3 Reindustrialización acelerada del sector energético, como impulsor de la reindustrialización del país; mediante la renta petrolera, sus actividades industriales, tecnologías y mercados.

El “sector energético” no es un sector económico, sino una dimensión estructural de la economía política, con impacto en toda la vida social; por lo que es cuestión de soberanía y seguridad nacional.

La política energética no se debe definir para garantizar el pago de la deuda externa y el rescate bancario; garantizar la exportación de crudo y la seguridad energética de los Estados Unidos de América; y ofrecer oportunidades de inversión y utilidades a las corporaciones petroleras globales.

El sector energético es el soporte más importante para un nuevo paradigma de desarrollo nacional. Para ello se requiere restablecer y fortalecer las actividades económicas estratégicas que la Constitución reserva al Estado mexicano.

La primera condición necesaria de cualquier cambio significativo de la actual involución nacional, es recuperar la renta y la industria petrolera como actividad sustantiva de los organismos del Estado, para el desarrollo de México.

Para que México pueda impulsar su desarrollo sobre la base de sus recursos naturales y energéticos, es necesario darle a estos recursos un carácter de impulsores de la inversión pública, social y privada; de detonadores de desarrollos tecnológicos, y de financiamiento para la inversión nacional.

El criterio que debe guiar la recuperación de la renta para el desarrollo nacional, es recuperar el carácter propietal de la renta petrolera y revertir la tendencia actual de transferir dicha renta y las utilidades de la industria a los inversionistas privados, por medio de un sistema integral de contratos.

La renta debe ser administrada por una entidad diferente de la SHCP, y sus decisiones fundamentales deberán ser tomadas por el Congreso de la Unión.

El destino de los recursos de la renta petrolera deberá ser acordado por el Congreso de la Unión y no por la SHCP, mediante un mandato específico de ley.

El criterio de estas inversiones debe ser transformar los beneficios que proporciona la renta de un recurso natural estratégico y no renovable; en un patrimonio constituido por conocimiento científico, tecnologías, patentes, capacidades de ingeniería, infraestructura de la sociedad del conocimiento, y recursos financieros, que impulsen la creación de riqueza con alto valor agregado tecnológico en el sector energético y de transporte, y en todas las áreas económicas de país; y convertir esta renta en un patrimonio e inversión que permita a la actual y futura generación de mexicanos, satisfacer sus necesidades humanas sobre la base de su propio trabajo, en la economía del conocimiento.

Se debe destinar el 90% de la renta petrolera a la inversión en un plazo de cinco años y el 10% restante para beneficio de la población más pobre del país.

Esta decisión no debe ser posterior a cualquier negociación de un nuevo pacto fiscal, sino por el contrario, debe ser la premisa inicial, a la cual deberán ajustarse las obligaciones fiscales de individuos y empresas en el futuro.

En consecuencia, se debe modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para despetrolizar las finanzas públicas.

La renta petrolera se debe destinar, en primer lugar, a inversiones en el sector energético, concebido de manera integral con energías renovables y no renovables, incluyendo la generación de electricidad, así como la energía nuclear, solar, eólica, maremotriz y geotérmica, entre otras; para que garantice la producción suficiente y a precios competitivos, de energía, combustibles y productos petroquímicos; que a su vez impulsen las inversiones de la industria petroquímica de inversión privada nacional, con el objetivo de eliminar las importaciones de estos productos en un plazo de diez años.

La inversión en el sector energético debe tener dos objetivos particulares a ser desarrollados en la próxima década: el desarrollo de un nuevo sistema energético con un balance sustentable de energías renovables y no renovables; y el desarrollo de un sistema de transporte multimodal de personas y mercancías de alta tecnología y eficiencia, desarrollado con capacidades nacionales.

Ello requiere un nuevo régimen fiscal y de financiamiento para PEMEX, liberarlo de ser garante de última instancia de la deuda nacional y contribuyente mayoritario. Se debe eliminar la discrecionalidad contraria al interés nacional que ha venido aplicando la SHCP en las últimas tres décadas en relación al organismo.

Con los recursos de la renta petrolera no destinados al sector energético, se deberá crear un Fondo Nacional de Inversiones, que sea la base financiera de la reindustrialización acelerada de México.

Sólo si se recupera la renta petrolera para el desarrollo nacional soberano, es posible establecer finalidades distintas a la política energética dependiente actual.

Sobre la base de la premisa anterior, se proponen las siguientes finalidades para la política energética:

Suprimir la actual prioridad de explotación acelerada de los yacimientos, para la exportación de crudo sin valor agregado a un solo mercado; y de importación de refinados y petroquímica. México debe suspender la exportación de crudo en un plazo no mayor de cinco años.

Fortalecer el poder nacional a través de la recuperación de la soberanía energética, definida como la capacidad del Estado mexicano de garantizar por medio de los organismos públicos, las empresas de capital nacional y la ciencia, tecnología e ingeniería nacional; las necesidades energéticas de la población.

Fortalecer la rectoría estatal del desarrollo, sobre la base de los organismos del Estado mexicano en las actividades energéticas, que estén articulados en cadenas productivas con empresas de capital privado y social nacional.

El Estado mexicano deberá tener una perspectiva integral del sector energético-industrial, en el que se incluya la explotación y transformación de los hidrocarburos, la generación y distribución de electricidad, la utilización de todas las fuentes de energía renovable y no renovable; y revertir la tendencia de dispersión, privatización, extranjerización y dependencia que se ha observado a lo largo de los últimos treinta años.

Dar soporte a un nuevo pacto social de crecimiento, reindustrialización acelerada y distribución de los beneficios del desarrollo económico; sustentado en el mercado interno, con aumento de salarios por arriba de la inflación.

Impulsar la reindustrialización acelerada para que México sea una potencia económica tecnológico-industrial.

Elevar la contribución de la energía al PIB nacional, mediante el aumento de su valor agregado tecnológico-industrial, con tecnologías y patentes propias.

Desarrollar el núcleo de energías renovables sobre la base de capacidades nacionales.

Atajar los riesgos globales del paradigma energético mundial, del cambio climático, el peak oil, y la inseguridad de las plantas nucleares.

Atajar los siguientes riesgos nacionales de carácter macroeconómico y sectorial, que ya están presentes en la actualidad, y que se profundizarán necesariamente si no se establece de inmediato una política de Estado diferente.

Para establecer una política energética soberana que responda al interés de los mexicanos, es indispensable crear condiciones políticas que logren lo siguiente: considerar a la política energética como cuestión de soberanía y seguridad nacional; detener y revertir legislativamente la reforma petrolera privatizadora, anticonstitucional y desnacionalizante aprobada en 2008; establecer como facultad y atribución del Congreso de la Unión la aprobación de la plataforma de producción y exportación petrolera, las inversiones del sector, el destino de la producción al consumo nacional de manera exclusiva, en un plazo inmediato.

El Poder Legislativo debe fijar la plataforma de producción y de reposición de reservas. La explotación del petróleo no debe estar en función de su aportación al fisco, sino del desarrollo nacional en el corto, mediano y largo plazo. Fijar esas cifras debiera ser función prioritaria del Congreso de la Unión, con la participación del Consejo Económico, Social y  Ambiental, y ser objeto de legislación especial.

Hacer valer la Constitución y los derechos pactado en el TLCAN en relación con la energía, la electricidad y la petroquímica, como áreas reservadas al Estado mexicano.

Desplazar, terminar o cancelar los anticonstitucionales contratos incentivados y no incentivados, firmados con empresas privadas nacionales y extranjeras.

Establecer un programa emergente para restablecer y reintegrar los organismos del Estado responsables de las actividades estratégicas.

Concebir a la política energética como un eje y principal impulsor de la reindustrialización del país, del desarrollo científico y tecnológico, y del restablecimiento de la banca de desarrollo; mediante la utilización de las compras de gobierno para impulsar las empresas públicas, y de capital nacional.

Cancelar la celebración de licitaciones internacionales de PEMEX y CFE a futuro, pues son ámbitos reservados al Estado mexicano.

Desarrollar alianzas económicas y políticas con los países de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que tenga como eje la política energética.

Derivado de las condiciones políticas expuestas, se proponen los siguientes criterios para una política energética de Estado: reconocer y aplicar los mandatos constitucionales en su formulación; considerar a la soberanía energética como una condición irrenunciable de la seguridad nacional; desarrollo de una política integral energética que incorpore a los hidrocarburos, al sector eléctrico, la energía nuclear y las fuentes de energía renovable; planeación y relación integral de PEMEX con CFE para el desarrollo del sistema energético que incorpore a las energías renovables para el siglo XXI; vinculación explícita de la política energética, con la política de reindustrialización acelerada de México.

La división de poderes y coordinación de decisiones para la conducción de una Política Energética Integral de Estado, requiere distinguir los ámbitos de responsabilidad y asegurar su adecuado funcionamiento.

Se debe establecer que los organismos e instituciones del sector de energía, son instituciones de Estado, y no simples empresas de propiedad pública.

Se propone distinguir las decisiones de Estado; las responsabilidades del Poder Ejecutivo Federal; las de los organismos de Estado del sector energético; de la Auditoría Superior de la Federación; de la Secretaría de Economía, el CONACYT, la SEMARNAT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Reguladora de Energía. Se deberá adecuar su normatividad de acuerdo a los objetivos, estrategias y metas de la Política Energética de Estado.

Se debe establecer una política de infraestructura que tenga el objetivo de integrar al territorio nacional y abaratar los costos de transporte de bienes y personas, sobre la base de entidades públicas o de capital nacional en donde sea requerido.

La política de infraestructura, transporte y logística, es determinante para la reindustrialización acelerada de México, que conduzca al país a ser una potencia económica tecnológico-industrial.

México debe recuperar la soberanía sobre los ferrocarriles y sobre la infraestructura necesaria para lograr sus objetivos como Nación.

Es necesario el desarrollo acelerado de un sistema de transporte marítimo de cabotaje que integre las costas  y abarate el costo del transporte en el país.

Se debe establecer una política de Estado para la instalación de una infraestructura de fibra óptica que conecte a todos los hogares, oficinas e instituciones del país, que sea propiedad del Estado y pueda ser operada –no concesionada- por inversionistas privados. Se deben cancelar las concesiones de fibra óptica cedidas recientemente por debajo de su costo a empresas de comunicación de nuestro país.

Capítulo 4

Aproximación a una evaluación integral del impacto de los tratados de libre comercio, en particular del TLCAN, y la estrategia de comercio exterior para la reindustrialización acelerada de México.

México se vio comprometido a realizar, de manera unilateral y selectiva, una primera etapa de apertura comercial en los inicios de la década de los años ochenta. Entre las razones se cuenta el crecimiento exponencial de la deuda pública y más tarde el de las tasas de interés internacionales ; una política de subsidio de precios de materias primas, energéticos, alimentos y transportes por parte de las empresas paraestatales; una grave inestabilidad financiera, ocasionada por el crecimiento de la deuda pública, la reducción de los precios internacionales del petróleo y por la elevación del nivel de precios internos, a lo que se sumó la dificultad de llevar a cabo una reforma fiscal; el cierre del crédito a México por instituciones crediticias internacionales; la operación de un aparato productivo ineficiente en virtud del excesivo proteccionismo; que no contaba con la calidad, la eficiencia y la productividad, ni admitía la adopción de innovaciones y la absorción o desarrollo de nuevas tecnologías.

En los inicios de 1981, la gran especulación y salida de capitales se sumó la nacionalización de la banca, lo que originó la necesidad de establecer el control cambiario y  devaluar la moneda en 1982. Ello condujo a aplicar programas de ajuste macroeconómico y con ellos el desmantelamiento de la estructura de protección, con lo que se redujo el nivel promedio de 75%  de los aranceles y una dispersión de 12 niveles,  a un promedio de 20% ad valorem, y una dispersión de solo 5 niveles arancelarios. Ello, sin obtener nada a cambio de la comunidad internacional. Dicha apertura fue “propuesta” por las instituciones financieras internacionales, que condicionaron su ayuda a México a la aplicación de determinadas “disciplinas”. Simultáneamente, EUA aplicaba derechos compensatorios a exportaciones mexicanas, que no contaban con la “prueba de daño”. La apertura mexicana descansó en los argumentos de lograr una nueva vinculación con el mercado mundial, y que ésta permitiera la introducción acelerada de progreso técnico y el aumento de los patrones de eficiencia y competitividad en la actividad productiva doméstica, “aún a costa de la desaparición de empresas y actividades”.

Para hacer definitiva la apertura comercial, sucesivos gobiernos desde 1982 hasta hoy, han consolidado(o comprometido) la liberación, de manera tanto multilateral como bilateral, siendo el  TLCAN con Canadá y Estados Unidos la figura más acabada de los compromisos asumidos. Así, la apertura comercial en México se haya vuelto, si no irreversible, sí muy compleja para desactivar; aunque ello no es imposible.

Las consecuencias para México de la extrema apertura comercial han sido muy graves en las actividades productivas en general, pero en el sector industrial el efecto es drásticamente lesivo, provocando desindustrialización, desregulando todos los sectores y abriéndolos a la competencia del exterior, confiando con candidez o mala fe que las empresas extranjeras traerían a México tecnología, innovación y conocimiento. La venta de empresas paraestatales y la reducción del aparato administrativo encargado de la operación (aunque la alta burocracia crece en recursos) han sido generadoras de una concentración económica privada de gran calado, que se opone a la desregulación y a una competencia más abierta, numerosa y activa. .

Es cierto que el intercambio total con el mundo ha crecido en más de 1 000% entre 1980 y 2011. Sin embargo, la suma de los saldos desfavorables de la balanza comercial en ese periodo asciende a 176.1 mil millones de dólares. Desde el año 1996, México no obtiene un solo resultado positivo de su balanza comercial. Por el lado de la estructura de las importaciones, los bienes intermedios forman la columna vertebral de las importaciones mexicanas con 72.8% del total importado. Le siguen en valor los bienes de consumo (15.4%) -sobretodo alimentos-. En cuanto a las importaciones de bienes de capital, que serían la muestra palpable de la llegada de tecnología, se mantienen sin grandes variaciones en 10 a 12% a lo largo del periodo de análisis.

En cuanto a las exportaciones, el 15.5% de ellas provienen del petróleo;  las del sector industrial representan el 81.3%. En esos dos conceptos se alcanza el 96.8% del total exportado. De las manufacturas vendidas al exterior, un 61.8% provienen de varios subsectores, y un 19.5% lo representa la industria automotriz. Las ventas al exterior de productos agropecuarios y de las industrias extractivas son muy reducidas, y en el primer caso, esporádicas. No es exagerado  hablar de la dependencia de los ingresos fiscales, respecto a las exportaciones de hidrocarburos.

En adición a la liberación negociada, México ha llevado a cabo un proceso de liberación comercial unilateral. Por un lado, se ha puesto en vigor el  Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), a partir de octubre de 2008, que contiene una serie de medidas para reducir y suprimir aranceles de importación, así como la eliminación de los diversos programas de exención arancelaria que, según el Programa, se volverían innecesarios. No habría excepción a esta liberación unilateral, medida en que quedarían incluidos productos de consumo y alimentos estratégicos para la dieta nacional. La idea es que cuando el Programa concluya, el 80% de las fracciones de la tarifa estén exentas de arancel, y el restante 20% esté en un máximo de 10%. El arancel promedio bajaría a 4.8% al concluir la desgravación, y eventualmente llegaría a un nivel cercano al 2%, menor al de EUA que es 3.9 %. El PICE también procedió a la eliminación de las cuotas compensatorias a importaciones de China (13 de diciembre de 2011).

Lo que ha logrado una medida así es “desviar comercio” hacia economías con las cuales aún no existe un TLC: China, Camboya, Vietnam, Singapur, India, Malasia, Corea, Taiwán y Tailandia, países que no han ofrecido reciprocidad a cambio. En adición, el Programa omitió introducir cambios importantes y consecuentes en la Ley Aduanera y en la Ley de Comercio Exterior. A la fecha, el Programa se ha sumado a diversas políticas y estrategias del Gobierno Federal que han tenido en conjunto consecuencias negativas no sólo en las manufacturas sino en toda la economía.

Sumada a la liberación unilateral, cotidianamente se presenta una subvaluación de productos importados en las aduanas, sumada a la carencia de control en las importaciones, muchas de ellas de grandes cargamentos de bienes que se declaran a precios ridículos, y sobre ese valor declarado es que se pagarían impuestos en extremo reducidos. En resumen, los productos importados de países con los que no tenemos Tratado están hoy en día en mejor posición competitiva en el mercado mexicano de los provenientes de países con TLCs, y desde luego que de nuestras exportaciones en esos mercados.

La apertura extrema a la que se ha llegado no solo ha acentuado la desindustrialización y el desempleo. También ha implicado un sacrificio fiscal que no tiene ningún provecho ni para la sociedad ni para el mismo gobierno. Entre 1980 y 2010 los ingresos federales provenientes de la aplicación de impuestos al comercio exterior disminuyeron en 90% (de poco más del 1% del PIB al 0.1%), por lo que el Gobierno Federal ha sustituido sus fuentes con la renta petrolera.

Otra acción que se suma a las anteriores, es la contenida en el  Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programa IMMEX). En virtud de que el Gobierno ha “desaparecido” la contabilidad relativa a los procesos de maquila, y para tener una idea del contenido nacional real, se ha escogido hacer el análisis vía empresas IMMEX, concepto en el cual se suman las operaciones de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación,  que permite acercarnos a un dato más seguro.

a) De la Exportación Total de México en el año 2010 – 313.8 miles de millones de dólares (mmdd), sólo el 23.4% fue Exportación Definitiva (69.9 mmdd). Esta porción a su vez estuvo compuesta por 13.9% de petróleo, 6.1% de productos agroindustriales y 3.4% de otros productos que podemos considerar de mediano y alto grado de integración nacional. El 76.6% restante lo constituyó el rubro de productos elaborados bajo el esquema IMMEX, de los cuales, el 51.14% fue reexportación de insumos extranjeros importados temporalmente. Alrededor del 75% de esos productos se destinan a EUA o Canadá.

b) De la Importación Total de México en  2010, (326.5 mmdd) la Importación Definitiva representó el 49.4%, en tanto que la Importación IMMEX o Temporal fue el 50.6% restante, De éste último porcentaje, el 69.6% procedió de los países con TLC (el TLCAN  es el 50.95%).

c) Es de notar que, si la examinamos por rubros, la Importación Definitiva procedente de los TLC registró un decremento muy importante, sobre todo por las reducciones provenientes del TLCAN y, en menor grado, con los otros TLC; pero en contraste, con los países sin TLC se registró un incremento destacado. El intercambio con países sin Tratados, en el periodo, 2001/2010, registra que nuestras exportaciones se incrementaron 17.4 mmdd. El país con el  mayor incremento fue China, con 3.9 mmdd, seguido de Panamá con 0.64 mmdd, Corea, con 0.63, Australia 0.57  y Singapur con 0.42 mmdd. Por lo que se refiere a la importación, el país que mayor incremento registró en sus ventas a México también fue China, con 37.7 mmdd, seguido de Corea con 8.5, Malasia 3.2 , Taiwán 2.5, Tailandia 1.99, Antillas Neerlandesas 0.8, Indonesia 0.7, Vietnam 0.69 Filipinas 0.66 e India  con 0.54 mmdd.

En resumen, los resultados de la apertura comercial general son los siguientes:

i) El comercio exterior de México ha crecido, pero lo ha hecho a tasas superiores a las de la producción. Ello evidencia la integración del país al esquema de producción internacional impulsado por las grandes corporaciones internacionales. Sin embargo, la producción doméstica no se ha articulado suficientemente a esos procesos.

ii). El comercio exterior se ha incrementado con los Tratados, especialmente el tlcan, pero ello no se tradujo en altas tasas de crecimiento de la economía. México le apostó al mercado exterior como motor de crecimiento, pero no ha cubierto esa función.

iii) La Economía de México está en una posición titubeante: con grandes oligopolios, entregada al capital internacional, con una feroz desigualdad en la distribución de la riqueza y una parte muy importante de la población nacional por debajo de la línea de pobreza.

iv) Hay demostración empírica de que la competitividad descansa en el conocimiento, la tecnología y la innovación. Seguimos estando lejos de invertir el 1% el pib en investigación y desarrollo.

v) La situación se agrava al reducirse las reservas probadas de petróleo. La dependencia actual respecto a la gasolina importada es suicida, y obedece a obscuras resistencias a realizar inversiones en materia de refinación.

vi) Si deseamos hacer frente al desempleo, la economía tendrá que crecer de manera sostenida al 5% anual. Ello no es una meta inalcanzable, pero debe darse una nueva orientación al modelo de desarrollo económico.

En cuanto al intercambio comercial bajo los Tratados Comerciales que en una parte de la serie de estudio abarca 45 pero deben contabilizarse solamente 43 tras las denuncias de Venezuela, quien era parte del G3(noviembre de 2006), y Bolivia ( 2010), podemos decir:

De 313.8 miles de millones de dólares (mmdd) que México exportó en 2010, el 92.4% estuvo dirigido hacia los 45 países con los que hemos firmado TLC’s. Excluyendo nuestras ventas a Bolivia y Venezuela (-1.7 mmdd), nuestra exportación total a los 43 países fue de 288.3 mmdd. Tomando en consideración a los 45 países, en  el periodo 2001/2010, nuestras ventas a todos ellos registraron un incremento de 154.6 mmdd, al pasar de 133.7 a 288.3 mmdd. Evidentemente, la relación bajo el TLCAN es la más intensa. Nuestra exportación con este destino registró un incremento de 114.4 mmdd al pasar de 142.3  a 256.7 mmdd.

El segundo incremento más importante de nuestras ventas al exterior entre 2000 y 2010 lo tuvo la Unión Europea, con 9.0 mmdd. Le sigue el G3 con 4.11; el Triángulo del Norte con 1.6, Chile con 1.5, Costa Rica, con 0.5, AELC con 0.45, Nicaragua con 0.2, y Uruguay 0.1. Conviene señalar que con Japón, nuestra exportación sufrió un decremento de 619 millones de dólares.

La importación total, en el año 2010, ascendió a 326.5 mmdd. El 63% llegó procedente de los países con los que tenemos firmados Tratados. En el periodo 2001/2010, las operaciones procedentes de estos países se incrementaron en 61.3mmdd al pasar de 146.3 a 207.6 mmdd.  El mayor incremento en las adquisiciones fue procedente del TLCAN con 38. 6 mmdd seguido de la Unión Europea con 17.8 mmdd y  Japón con 6.9.

Una evaluación del impacto de los tratados de libre comercio en el intercambio comercial de México nos arroja lo siguiente:

Si el propósito –al menos en el dicho- de las Autoridades de México con la apertura comercial y la adopción del liberalismo económico era, a través del TLCAN y luego con la firma de otros Tratados, formar parte de un esfuerzo que le permitiera integrarse y sacar provecho de las ventajas comparativas de cada país en la producción compartida; aumentar sus exportaciones; conseguir seguridad de acceso en la participación de México en el mercado de Norteamérica ; incrementar la competitividad en la producción de bienes y servicios en el mercado regional e internacional, e incrementar el valor agregado regional para generar más empleos y elevar el nivel de vida de la población, los objetivos no se han logrado.  La meta para firmar los otros 11 Tratados apoyaba el esfuerzo arriba indicado, y también lograr una sana diversificación geográfica de nuestro intercambio, lo que tampoco se ha conseguido.

A diecisiete años de que entró en vigor el TLCAN, podemos decir que el comercio con Canadá y Estados Unidos se incrementó de manera importante, y hasta el año 2000 el dinamismo de nuestras exportaciones hacia nuestros socios del TLCAN fue superior que hacia el resto de los países. Sin embargo, a partir de ese año se inicia un retroceso, de tal manera que si en el año 1993, ese mercado representó, en cifras redondas, el 88% para nuestras ventas al exterior, en el 2010 sólo correspondió al 83%.

En el mismo periodo 1993/2010, la exportación mexicana a los otros países con Tratado se incrementó en 431%, en tanto que nuestras ventas a los países sin TLC se incrementaron en  837%. Debe aceptarse que los datos del intercambio en el primer año de análisis son muy reducidos, pero lo que sí muestran son tendencias muy claras.

Por el lado de las importaciones desde los países con los que tenemos Tratados como proveedores del mercado mexicano, también vieron reducir su proporción entre 1993 y 2010, de 88.1% a 69.9%, siendo los países del TLCAN los que mayormente generan esta disminución ya que su proporción como proveedores del mercado mexicano descendió de 68.8% a sólo 50.9%.Los otros países con TLC también redujeron su participación como proveedores al mercado mexicano en -0.61%, sin embargo, las compras a países con los que no tenemos TLC  han incrementado su participación en 18.4%, al pasar de 11.92% a 30.43%.

Parte importante de este negativo proceso, es el desplazamiento de algunas de las producciones que EEUU había establecido en nuestro país hacia otros destinos, desde  los cuales actualmente estamos importando insumos para ensamblar en nuestro territorio y reexportar hacia EEUU y otros países.

La ventaja que obtuvimos en los primeros años de la apertura se ha erosionado, debido a que, entre otras razones, Estados Unidos y Canadá han establecido mecanismos preferenciales similares para otros países. Habría que examinar qué tipo de políticas públicas han establecido esos países que los mantienen en un nivel competitivo, cual es su estructura productiva y que aliento le proporcionan, y cuál ha sido su política comercial dentro del concierto de lo que sucede en el mundo. El impulso inicial que recibieron nuestras exportaciones después de la entrada en vigor del TLCAN, motivó a los funcionarios mexicanos a firmar una larga lista de TLC’s, hecho que fue totalmente irresponsable ya que no permitió que la ventaja que teníamos con Canadá y Estados Unidos se consolidara y, menos, que nos posicionáramos adecuadamente.

La ausencia de una política activa de desarrollo industrial y competitividad, ha dejado a México sin brújula. A ello debe sumarse la simulación, la falta de ideas y la carencia de programas que ha caracterizado a la promoción productiva y al impulso de las exportaciones.

También es importante manifestar que la concentración de nuestro intercambio en Estados Unidos, no es el resultado de una estrategia mexicana deliberada, sino producto de una fuerte dependencia del sistema productivo mexicano, que en su mayor parte se realiza desde y hacia Estados Unidos, debido a que, fundamentalmente, son empresas norteamericanas las que se benefician y obtienen provecho.

La ausencia de políticas públicas adecuadas, dirigidas a crear condiciones para hacer crecer la producción, el empleo y la competencia, se ha traducido en pérdida de competitividad de la economía mexicana, lo que ha generado, entre otras desviaciones, una creciente importación de bienes de consumo para el mercado mexicano así como de insumos de terceros países que va a proveer al mercado americano, lo que contribuye a que mantengamos un superávit.

La integración económica que se proponía en los objetivos de los Tratados, no se ha logrado, o al menos no siguiendo pautas de justo equilibrio, y nuestra relación económica se muestra más dinámica con otros países con los que no tenemos Tratado, como es especialmente el caso de China.

La apertura y desarme arancelario unilateral establecido por el Gobierno, ha favorecido a otros países con los que no tenemos un acuerdo preferencial y ha generado una competencia desleal para la planta productiva nacional, pues las medidas adoptadas se han realizado sin que el Gobierno se ocupe de crear condiciones adecuadas para que los empresarios mexicanos produzcan en un nivel competitivo, contribuyan en la promoción de las exportaciones atendiendo a las necesidades de la planta productiva mexicana, y todo el esquema en su conjunto, sea consistente con un proyecto nacional de desarrollo.

Otros efectos destacados de la apertura comercial se observan claramente en el  comportamiento del PIB, y el crecimiento explosivo del desempleo y la pobreza en México. En el primer caso, podemos decir que de acuerdo a las estadísticas del periodo 1980-2011, el crecimiento promedio del PIB difícilmente llegó a ser superior al 2%. La tasa promedio de crecimiento del PIB  ha sido claramente insuficiente para contrarrestar la pobreza progresiva de la población. De los 52 millones de pobres, 11.7 millones viven en pobreza extrema. Otro renglón que a la vez es causa y efecto de la pobreza, es el desempleo. Como producto de la crisis económica 2008-2009, se perdieron poco más de 700 mil empleos. Si hacemos referencia al promedio de empleo generado en los últimos 10 años (entre 2001 y 2011) el promedio por año en el periodo fue ligeramente superior a las 100 mil plazas, que se compara muy desventajosamente con los años anteriores a 1980, en los que el promedio superó en todos los casos los 400 mil empleos.

El aumento del desempleo y el mayor subempleo no solo son problemas lacerantes de injusticia social. También, provocan que se reduzca el poder de compra y el consumo interno. Debe reconocerse que, de los mexicanos que tienen empleo, hay un 7.76 por ciento de mexicanos que están subocupados  La consecuencia es evidente: México padece el gran problema de falta de ingresos, y explican el creciente fenómeno de aumento de la pobreza y la delincuencia.

La desindustrialización, efecto medular del proceso de apertura, es tan preocupante como lo expuesto. Históricamente, el desarrollo económico del país se fincó de manera determinante en la actividad manufacturera. Hasta la década de los años setenta, el PIB industrial tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 6.3%, que se consideraba satisfactoria. Sin embargo, hacia finales de esos años, el crecimiento industrial se estancó y posteriormente se ha reducido consistentemente. En los primeros 11 años de este siglo las exportaciones manufactureras sólo han crecido al 3.3% y el valor agregado menos del 1% anual.

En lo que se refiere a recomposición del capital, la privatización de la empresa pública, la profundización del proceso de monopolización del capital nacional que lo lleva a una nueva etapa de transnacionalización, y la inversión extranjera directa, generan una estructura polarizada y de alta concentración de una parte-numéricamente pequeña- de la industria mexicana. Las diferencias estructurales entre el pequeño, mediano y gran capital son abismales y es creciente el proceso de desnacionalización en la industria nacional. Si nos enfocamos a las condiciones de financiamiento, de tecnología y productividad las diferencias son más profundas. Los grandes grupos mexicanos, por ejemplo, se financian desde hace más de 15 años en el mercado financiero internacional, y hoy su deuda es superior a los 68 000 millones de dólares. 

Los subsectores que presentan un mayor grado de concentración con casi el 60% de la producción manufacturera son : el de la industria química; fabricación de equipo de transporte, fabricación de equipo de computación; comunicación; medición y otros equipos; industria alimenticia; componentes y accesorios electrónicos; el de la fabricación de equipo de generación eléctrica; y aparatos y accesorios eléctricos.

A los de la apertura comercial, debemos sumar los efectos concomitantes de la política monetaria, la paridad cambiaria y las limitaciones que impone la  deuda externa bruta total. Las tres políticas (monetaria, cambiaria  y de endeudamiento) tienen vinculación estrecha con la política comercial.

El desequilibrio estructural de la balanza comercial, que manifiesta la  incapacidad histórica de la economía mexicana para generar las divisas que consume, había obligado a realizar  ajustes periódicos que se caracterizan por una devaluación inflacionaria y por una recesión con desempleo, que desestabilizan al país y que tiene un gran costo social.

En el caso de la política monetaria, las autoridades han realizado una serie de ajustes, sustituyendo el “corto” por una tasa objetivo para las operaciones de fondeo bancario a plazo de un día. Las tasas a las que se remuneran excedentes en las cuentas corrientes o se cobran los sobregiros se han fijado en cero, y de dos veces la tasa de fondeo bancario a plazo de un día, respectivamente. En política cambiaria, por su lado, el Banco de México utiliza un mecanismo para adquirir reservas internacionales que ahora ascienden a 140.9 mmdd. Estos datos sobresalientes de las políticas monetaria y cambiaria se concatenan con la deuda externa bruta de México (257 mmdd) que la ha llevado a un nivel nunca observado, lo que incluye deuda para financiar obras de infraestructura energética (Pidiregas).

El monto de ese endeudamiento con acreedores del exterior significa el 183% del saldo de la reserva internacional de divisas  (que como se dijo es de 140.9 mil  millones de dólares). Esa es una razón que contribuye grandemente a que las autoridades quieran mantener un dólar lo menos caro: la magnitud de la deuda externa bruta de México, aunque ello afecte la competitividad de las exportaciones De ahí que, si no están articulados al sector real, el tipo de cambio y el endeudamiento son dos variables que obedecen a sus propias dinámicas y no será sencillo acompasarlas a la política comercial, sino al revés.

En suma, si una economía desarrollada es una economía industrializada, la desindustrialización de México es síntoma preocupante de que nuestro país avanza aceleradamente hacia más subdesarrollo, sin que se observen cambios de la política económica que corrijan esta realidad. Por ello, la idea de pensar en un modelo económico alternativo para México surge de la necesidad de reflexionar en torno de la incapacidad del actual para ofrecer respuestas al problema del desarrollo tanto económico como social del país. A la ausencia de una política industrial que ordene u oriente el proceso de industrialización de largo plazo, se suma la falta de conducción, por parte del Estado, de una política nacional de investigación y desarrollo, para reducir la brecha existente entre México y la comunidad internacional avanzada. El hecho es que México está en el lugar 58 de 142 naciones en algunos de los principales conceptos de competitividad; pero hay varios en que rebasamos la posición número 100.

Dos asuntos adicionales merecen ser contemplados. Uno es la insuficiencia del ahorro interno para financiar las inversiones productivas que requiere el país. México tendría que incrementar en cinco puntos o más el ahorro interno como proporción del pib, para lograr un desarrollo sano. El otro es el tema fiscal, en su parte recaudatoria. La tendencia mundial es a elevar la importancia de los impuestos al consumo y reducir aquellos aplicables a la renta, y es importante que la sigamos. La escasa recaudación se dedica, salvo por una pequeña parte, a cubrir los gastos corrientes de una burocracia que, a pesar de la reducción de la presencia del Estado, ha seguido creciendo en números

Por todo lo expuesto, es indispensable y urgente establecer una  la política comercial a cargo del Estado, para la reindustrialización acelerada de México. Esa Política debe asentarse en Principios, y necesita  articularse a los logros en el campo del conocimiento y el desarrollo técnico. Por ello,  debe descansar en la interdependencia internacional; la competitividad; y la concertación social. Con la reindustrialización debe lograrse la vertebración intersectorial de la industria con la agricultura y los servicios, y sería el eje de la difusión, asimilación progresiva y adaptación de patrones tecnológicos, y de inserción internacional.

La propuesta que se ofrece es que México establezca las bases para una expansión económica sostenida, que debe basarse en el aprovechamiento de cuatro estrategias de desarrollo que están interconectadas:

a) El establecimiento de una política productiva, que determine y priorice sectores de oportunidad para las empresas mexicanas; contribuya a la mejora sustancial de su productividad y competitividad. De entrada, debería revisar de manera prioritaria la apertura comercial unilateral y no pactada; y en un segundo momento, las concesiones otorgadas en Tratados y Acuerdos Comerciales, para adoptar las medidas de protección que procedan, y, en los casos en que así proceda, establecer salvaguardas e incluso retiro de concesiones.

b) Definir, y articular con aquella política, los procesos de innovación y desarrollo tecnológico interno, y otorgarle recursos suficientes a la educación y a la investigación científica; La innovación contrarresta los rendimientos decrecientes; la diversificación productiva, al permitir incorporar una mayor cantidad de bienes al proceso productivo, facilita obtener incrementos generalizados y sostenidos de la productividad.

c) Establecer prioridades en materia de sectores y productos, mercados, regiones.

d) Acompasar la política monetaria y financiera

Esas cuatro estrategias de desarrollo, a su vez, pueden canalizarse a partir de dos líneas de acción complementarias: la primera, consiste en aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que ya poseemos, y la segunda, que consistiría en generar nuevas ventajas mediante la transformación productiva,  que contribuirían a generar una estructura de producción más amplia, densa y diversificada atractiva para el mercado interno, o para atender la demanda global.

Estas 2 líneas de acción son complementarias, pues la primera puede proporcionar recursos a la segunda, mientras que ésta evoluciona y madura para aportar la modernización y las características conceptuales del cambio que debe imponerse a la producción mediante una nueva visión, productos y conceptos novedosos o procesos que confieran al producto mejores cualidades, que pueden aplicarse en los sectores tradicionales y modernos. Ambas estrategias demandarán del resto de la economía aquellos bienes y servicios que requieren, y así los impulsarán.

Por cuanto al establecimiento de una política de desarrollo productivo, se requiere basarla en el Plan Nacional de Desarrollo y su respectiva Ley, en su carácter de instrumento jurídico vigente. Con ello,  se podría soslayar o posponer la discusión de una superestructura nueva, los debates sin fin que generaría y la intervención de fuerzas con intereses de parte que frustren el esfuerzo.

Recientes estudios empíricos muestran que a medida que se elevan sus ingresos, los países modifican el patrón centrado en la producción y la exportación, y evolucionan hasta alcanzar mayores grados de diversificación. Para hacerlo, los países proceden a hacerlo mediante la imitación y la adaptación, y a continuación o paralelamente, realizan un esfuerzo creciente para llegar a la frontera tecnológica. Al diversificar la producción y las exportaciones, se obtienen dos grandes ventajas de índole práctica para el crecimiento económico. Por un lado, se produce una mejora en los ingresos, lo que reduce la vulnerabilidad a las oscilaciones en los precios y la demanda externa. Por otro lado, la inversión y el hecho de “aprender haciendo” mediante la implementación de nuevas actividades traerá aparejado un efecto dinámico favorable para toda la economía. Ello, preservando el objetivo de mejorar esencialmente la competitividad.

Al elegir una trayectoria de explotación de oportunidades y de exploración de nuevas áreas productivas, depende de las perspectivas del mercado interno, y no sólo de las del internacional, así como de la disponibilidad de recursos (incluyendo, en especial, los humanos y sus conocimientos y experiencias acumulados, y las capacidades de organización y gestión en todos los sectores) para que, en el mediano plazo, la estructura económica se alejara progresivamente de la estructura vulnerable actual. La diversificación aumenta el grado de flexibilidad ante contingencias. Sin embargo, también es cierto que la diversificación puede tener como contrapartida altos costos de producción.

En cuanto a la segunda estrategia (definir, y articular con la política productiva, los procesos de innovación y desarrollo tecnológico interno) debe reconocerse que la competitividad es un paradigma en la competencia entre personas, empresas y países. De todos los factores que pueden impulsarla, dos en particular son indispensables: la innovación y el desarrollo tecnológico, por una parte, y la generación de patentes y marcas, que deben ser objeto de derechos de propiedad intelectual, por el otro. Todo ello para el surgimiento de un proceso de innovación autónomo. En lo que México desarrolla competencias en las tecnologías avanzadas pueden aprovecharse patentes vencidas en otros países, que pueden poner al día a varios sectores. Es muy recomendable, así mismo,  la creación de un Sistema Nacional de Innovación, de carácter técnico e independiente, que sería la instancia de coordinación de los esfuerzos que realizan todos los sectores:

La tercera propuesta se concreta en sectores, productos, mercados y regiones. La propuesta se basa en la siguiente clasificación, que distingue tanto los mercados actuales que deben atenderse, como los potenciales cuyo enfoque debe programarse.

MERCADOS NACIONALES

Mercado interno de consumo tradicional en que se necesita satisfacer la demanda y generar demanda efectiva.

Mercado interno para sustituir importaciones

MERCADOS INTERNACIONALES

Mantener y acrecentar el abastecimiento a mercados a los que ya exportamos

Ingresar a mercados  nuevos con producción tradicional o nueva

En cada uno de esos sub-rubros se presentan elementos de sustentación y se ha preparado una explicación razonada, que justifica su contribución a la Reindustrialización, así como su carácter estratégico. De igual manera, en cada caso se ha preparado una lista indicativa de sectores y productos que pudieran estar considerados para su desarrollo, que se presenta en anexos al Documento general.

La cuarta estrategia consiste en Acompasar la política monetaria y financiera. Un elemento central que debe formar parte del concepto de gobernabilidad económica tanto a nivel nacional como internacional,  se refiere al buen manejo de los tres pilares de la economía: moneda, finanzas y actividad productiva y de servicios. Ello pone de relieve la necesidad de normas e instituciones que regulen el funcionamiento de los ingredientes monetarios y financieros, en beneficio de los proyectos, políticas y estrategias que se persiguen y en general de toda la economía. La estabilidad macroeconómica es un requisito indispensable para el crecimiento económico: el desarrollo del sector productivo, la atracción de la inversión nacional y extranjera, el control de la inflación, la eficiencia de las políticas sociales y la disminución de la pobreza son influidas por ella. Es el marco de referencia para que las acciones sectoriales, públicas y privadas, se maximicen en favor de un desarrollo integral.

La estabilidad se manifiesta también en financiamiento para lograr una economía sólida en el largo plazo, como forma de alcanzar un aumento permanente de los niveles de ingreso de los países. Por ello, las políticas monetaria y financiera deberían complementar, no sustituir, las soluciones estructurales.

La propuesta también se refiere al Enfoque Regional. La pugna entre buscar las ventajas de la globalización o buscar el desarrollo interno, es un falso debate.

Es necesario, formular una política de desarrollo productivo nacional-territorial-sectorial que coadyuve a consolidar  una eficiente productividad de la industria, de la agricultura  y de los servicios asociados. Con ese fin,  debe establecerse una cadena integradora de proveedores vinculados a la empresa que va a exportar, que contribuya a maximizar la oferta exportable, para aprovechar las oportunidades que hoy ofrecen los Acuerdos Comerciales, y los mercados de alto dinamismo importador. Con ello se logrará el crecimiento de las exportaciones, y también de las Pymes, al articularse con aquella o mediante un esfuerzo individual. Varios Estados de la República han iniciado un  despegue industrial o productivo que ha impactado en el sector externo nacional, ya sea mediante el aumento de exportaciones, o la atracción de empresas e inversión nacional y extranjera, beneficiándose del efecto multiplicador de ella. Sin embargo,  el desarrollo industrial no ha permeado en todo el país y hay que tomar acciones para lograrlo.

La propuesta, para concluir, pretende determinar objetivos, recomendar direcciones, y proponer asignación de tareas, e indirectamente de recursos. Un mejoramiento continuo de los resultados de la exportación debe basarse en la existencia de una estrategia nacional de exportación realista, y en la capacidad de gestionarla.

Capítulo 5.

Propuesta de aplicación inmediata de recursos públicos disponibles.

A partir de 1982, nuestro país realizó cambios estructurales en la participación del Estado en la economía, cambios institucionales y un rediseño en la atención de las políticas sociales con la finalidad de ajustarse al nuevo paradigma internacional exigido desde los organismos financieros internacionales. Esto significó una reorientación de las políticas públicas y una compactación del presupuesto público, el cual pasó de representar el 42.5% del PIB en 1982, para ubicarse a finales de 1994 con una participación del 23.02% y en el mismo periodo, el déficit público pasó de representar el 14,5% al 0.28%; para ello, se realizaron acciones en materia de desregulación económica, privatización de paraestatales, políticas de estabilización, separación de la política fiscal de la monetaria para el control estricto de la inflación y un impulso decidido y sostenido a la apertura económica, todo con la finalidad de adaptar al país al nuevo modelo del liberalismo económico.

Todo ello contribuyó a que, para finales del sexenio 1988-1994, cambiara la estructura del presupuesto programable orientado al sector industrial, el cual pasó de representar el 13.5% del PIB en 1984 para representar tan sólo el 0.3% en el año 2000.La industria pública desapareció y la política industrial-salvo el sector energético-, se abandonó y se abandonaron los subsidios y las barreras arancelarias, dando paso al impulso a políticas de regulación y de competencia empresarial abierta. Dentro de ello se dio paso al fortalecimiento y desarrollo de las MiPymes y a una intensa y desproporcionada competencia transfronteriza, sin haber calculado previamente el impacto sobre el desarrollo económico del país.

El 30 de noviembre de 2002, fue publicada la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que en su exposición de motivos mencionaba los problemas para las MiPymes derivados de la inserción pasiva en la economía global: la pérdida de rentabilidad, su incapacidad para generar empleo y la reducción de la magnitud del mercado interno, señalando su falta de encadenamiento al sector externo que mostraba a esas fechas una concentración de su mercado de exportación del 90%.

Con la Ley se propuso que los recursos presupuestales no podrán ser inferiores en términos reales al presupuesto del año anterior; una aplicación general y coordinada de la ley con instituciones, gobiernos y agentes privados y sociales; una visión nacional y regional; y la aplicación del principio de subsidiariedad para posibilitar la actuación del nivel de gobierno que fuere más eficiente.

Finalmente, la Ley, aún vigente, no logró sus intenciones. La Auditoría Superior de la Federación ha mostrado en los resultados de revisión de la cuenta pública problemas de implementación de recursos del fondo pymes y un cuestionamiento serio de su operatividad y resultados.

La encuesta para el Diseño de la “Estrategia de Reindustrialización Acelerada de México”, realizada en paralelo a este estudio, nos muestra que el 90% de los 1,240 participantes no exporta; el 73% de los participantes en la encuesta considera muy malos ó malos los Apoyos a la Competitividad; de acuerdo con los participantes, un 72% consideró que la actual asignación de recursos no obedece a las prioridades de los organismos intermedios, incluyendo a las Cámaras; 61% determinó que no obedece a la calidad de los proyectos y/o productos, y un 56% cree que tampoco obedece a una regionalización.

El 71% considera la carencia y/o dificultades para acceder a recursos financieros como el mayor obstáculo para innovar en su empresa. Sin embargo, según el informe 2011 asociado al cumplimiento del Programa Sectorial de Economía 2007–2012 la banca de desarrollo ha hecho un esfuerzo determinante en la multiplicación del crédito, lo que representó 4.8% del PIB; si comparamos dicho peso relativo con el porcentaje del PIB alcanzado en los programas directos de apoyo empresarial de 0.14%, prácticamente ha implicado una mayor capacidad de generación de oportunidades a través del crédito que por la vía presupuestal.

En suma, la atención actual de sector industrial está basada en esquemas regulatorios de la actividad económica y en una gran estrategia de fortalecimiento de la competitividad; en ello se aprecia un fortalecimiento para MiPymes, donde se encuentran las empresas tractoras, sin embargo, la experiencia reciente demuestra que los recursos son canalizados a través de esquemas generalizables de fortalecimiento de la gestión empresarial, que no privilegian sectores prioritarios y dada la magnitud de éstos (sólo el 0.14% del PIB), no tienen incidencia alguna sobre el fortalecimiento y corrección de desequilibrios del sistema económico, en aras de acortar y eslabonar cadenas estratégicas de impulso al desarrollo y crecimiento de la economía.

Las consideraciones expuestas representan un marco ó punto de partida que puede auxiliar la conformación del presupuesto público en el corto plazo y desde luego dependerá de los lineamientos de política pública que se considere por el próximo gobierno.

Finalmente además de medidas que ayuden al direccionamiento de los recursos presupuestales se sugiere que el presupuesto para una nueva  política industrial que de forma integral se determine, sea duplicado anualmente hasta alcanzar un porcentaje del producto interno bruto similar al presentado por las economías más desarrolladas.

Capítulo 6.

Propuesta de mejora del Programa Nacional de Empresas Tractoras con el enfoque de Reindustrialización Acelerada.

Marco teórico de las cadenas de valor y su potencial para impulsar la industrialización.- el apoyo a los pequeños y medianos negocios siempre ha sido canalizado, en mayor o menor medida en forma individual, ya sea que produzcan mercancías de uso final o cuando el producto manufacturero es insumo de empresas de mayor tamaño. Esto prevaleció incluso cuando las PYMES industriales mantuvieron vínculos con grandes empresas que operaban en economías cerradas, y no obstante que algunas de ellas competían en el mercado internacional las PYMES continuaban ligadas a ellas en su propio país de origen. En un mercado interno protegido las cadenas de valor se estructuraron internamente sin enfrentar la competencia externa, además que las grandes empresas mantenían todavía un esquema de producción integral. Sin embargo, la evolución de la economía mundial ha llevado a nuevos esquemas de mercados abiertos donde son las cadenas de valor y las regiones quienes compiten en los mercados nacional e internacional. Es precisamente la evolución de la forma de producción hacia procesos flexibles que requieren de proveedores confiables y adaptables a los cambios en las preferencias de los mercados que se incrementó el interés de las grandes empresas por establecer vínculos con la PYMES y a ubicarse en las regiones donde se han creado las condiciones de infraestructura que crean economías externas.

Aún cuando existen diversas definiciones de cadena de valor, generalmente aluden al eslabonamiento o enlace de actividades que producen bienes o servicios y agregan valor en cada uno de los eslabones que la integran en un proceso secuencial de producción – consumo.  Generalmente una cadena de valor es liderada por una empresa de “cabeza” o “tractora” que se caracteriza por su capacidad para establecer vínculos con empresas generalmente pequeñas y medianas mediante la contratación de suministro de bienes y servicios, necesarios para su propia producción destinada al consumo final; entonces, el concepto de Empresa Tractora (ET), se refiere a una gran empresa que realiza o podría realizar su actividad requiriendo para ello la producción y/o prestación de servicios de varias pequeñas y medianas empresas (PYMES) en forma relevante y continua.

El enfoque de empresas tractoras es impulsado por diversos organismos nacionales e internacionales sustentándose en el fortalecimiento de la articulación entre los eslabones de las cadenas de valor encabezados por las empresas “ancla” o “tractoras”, de tal forma que el nivel de competitividad del producto final sea el resultado del esfuerzo en cada uno de los eslabones y que, para lograr este objetivo, es necesario el apoyo de las instituciones públicas de fomento al desarrollo de la pequeñas y medianas empresas.

Políticas públicas de fomento a la vinculación entre las empresas tractoras y las PYMES han sido adoptada por los gobiernos de distintos países, considerando que ésta vinculación contribuye a generar empleos mediante la subcontratación con empresas de servicios y con empresas manufactureras. Las PYMES se distinguen por constituir generalmente el mayor número de unidades económicas y proporcionar el mayor número de puestos de trabajo. En la economía de los países miembros de la OCDE, las PYMES proporcionan empleo entre el 70 % y el 90 %.

Mediante la asociación vertical con grandes empresas existentes se pretende asegurar un mercado a las PYMES y ventajas para las ET que fortalecen la competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor que lideran; además el desarrollo de cadenas de valor, a partir del impulso a grandes empresas estratégicas públicas y privadas, se ha propuesto promover sectores y regiones dentro un territorio.

El enlace entre las ET y la PYMES, supone para estas últimas no solo un mercado de bienes y servicios que abastecen a las grandes empresas, sino también el avance tecnológico para satisfacer la demanda exigente en calidad y precio de las empresas tractoras, especialmente de las empresas que se desempeñan en el mercado internacional. No obstante, las PYMES que participan en las cadenas de valor, dependen de los intereses de las ET, sobre las cuales se tiene poco control o ninguno por parte del Estado y puede llegar a incurrirse en subsidios a las grandes empresas para evitar que se retiren del país donde operan y dejar a la deriva a las PYMES asociadas. En el fondo, el fomento del “asocianismo” entre empresas grandes y pequeñas refleja una estrategia basada principalmente en el fortalecimiento de las empresas existentes, más que el fomento a la creación de nuevas PYMES. Desde la vertiente regional, los clusters o agrupamientos industriales se desarrollan generalmente en torno a la localización de la ET decidida de acuerdo con sus propios intereses, no siempre compatible con una política pública de desarrollo regional, agudizando el desequilibrio en el territorio, a menos que exista una política pública de desarrollo regional que cree las condiciones de entorno para orientar el asentamiento de ET y sus cadenas de valor, en regiones donde se pretende impulsar el desarrollo desde la óptica del gobierno.

En este contexto y desde una estrategia  de Estado que promueva la industrialización y el fomento a las PYMES vinculadas a empresas tractoras, debería tener el propósito de crear una base industrial capaz sí de generar empleo, pero mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor en sectores y ramas de actividad industrial seleccionadas por su posibilidad de posicionarse en forma competitiva en los mercados nacional e internacional. Generalmente esta visión tendría también como objetivo dirigir el desarrollo hacia aquellos territorios donde más se necesita de fuentes de empleo, por lo que la participación de otros sectores de la administración pública es necesaria para crear condiciones que hagan posible la instalación de la ET y sus Pymes asociadas.

Experiencias internacionales.- La revisión llevada a cabo en este trabajo respecto de las experiencias más relevantes en el fomento a las pequeñas y medianas empresa en países de Asia, Europa y Latinoamérica proporcionan elementos que pueden ser tomados en cuenta para el diseño de una estrategia de reindustrialización en México. Entre los elementos más relevantes se encuentran los siguientes.

Se reconoce la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la creación de fuentes de empleo, generación de valor agregado y la innovación.

Existe una política Industrial de Estado explícita o implícita que conduce el desarrollo de las MIPYMES orientada hacia sectores industriales estratégicos.

Generalmente el apoyo a las micro pequeñas y medianas empresas abarcan desde apoyos individuales hasta proyectos específicos de cadenas de valor en torno a empresas tractoras.

Los proyectos de desarrollo industrial con base en cadenas de valor consideran a las empresas tractoras estratégicas para el desarrollo económico, de acuerdo con una política industrial consistente en fortalecer sectores y ramas específicas que, como país, se pretende inscribir en el segmento de liderazgo mundial.

Se han creado organismos públicos fuera del aparato burocrático,   para canalizar los apoyos a MIPYMES, con el propósito de ganar en eficiencia y en eficacia.

Operan organismos públicos asociados con organizaciones empresariales para el desarrollo sectorial y/o por rama de actividad que apoyan al organismo encargado de los apoyos a las PYMES, mediante diagnósticos, la identificación de oportunidades de negocio en la cadena y requerimientos del tipo de apoyo según el grado de desarrollo de cada pequeña y mediana empresa, así como programas para el desarrollo de proveedores locales.

Los apoyos van desde financiamiento con tasas preferenciales de acuerdo con el grado de consolidación de la empresa, capacitación técnica y gerencial, hasta estímulos fiscales igualmente diferenciados.

El Estado cuenta con centros de desarrollo tecnológico que desarrolla proyectos en esta materia y ponen a disposición de las pequeñas y medianas empresas, listos para aplicarse.

La asociación entre PYMES y empresas tractoras son un instrumento para el desarrollo regional mediante el fomentos de clusters, agrupamientos industriales o distritos industriales y parques industriales especializados en alguna rama de la industria y parques tecnológicos.

Existe un marco jurídico normativo del contenido nacional en el abastecimiento de insumos para empresas tractoras nacionales y extranjeras.

Se están tomando acciones para proteger las economías basadas en PYMES que tienen una alta dependencia del mercado externo, ya que están expuestas a graves impactos ante crisis económicas y financieras globales lo que  puede llevar a la desaparición de un importante número de unidades, afectando la planta laboral nacional.

El Actual Programa de Empresas Tractoras en México.- con el propósito de identificar los alcances logrados respecto a la instrumentación de la política de apoyo a las PYMES, se  realizó un análisis estratégico de la política PYME en General y del resultado del Programa de ET particular. Un análisis estratégico es, en esencia, identificar la compatibilidad del actual Programa de Empresas Tractoras con los lineamientos de la actual política de fomento a las MIPYMES, así como sus atributos para contribuir a una política de Estado orientada a la reindustrialización acelerada en México.

En este trabajo se identificaron los  criterios para evaluar el éxito de la política nacional de apoyo a las PYMES, partiendo de  los objetivos de la intervención del Estado Mexicano en cuanto a su rectoría en el desarrollo nacional y el fomento de las actividades que demande el interés general, tal como lo señala la Constitución. Además, se analizó el contexto institucional de diversos pronunciamientos en torno a esta política y se revisaron las funciones y mandatos de diversas estructuras burocráticas, instrumentos de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, así como la legislación que obliga a realizar dicho apoyo -Planes Nacionales de Desarrollo, Fondos y Reglas de Operación, Programa Sectorial, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-.

Los criterios de análisis estratégico derivado de la revisión de los propósitos de la política pública en torno PYMES, así como de las instituciones e instrumentos creados, se refieren a:

incremento en el número de micro pequeñas y medianas empresas;

aumentos en el valor agregado nacional y;

crecimiento en el empleo.

En la instrumentación de la política PYME destaca la Creación del Fondo PYME, para atender distintos sectores y productos. Uno de estos sectores es el Programa de Empresas Tractoras orientado a consolidar cadenas productivas y asociaciones empresariales; proyectos detonadores del desarrollo sectorial y regional, así como MIPYMES con potencial exportador.

En este contexto los productos a los que se dirige el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, denotan, por una parte, una estrategia e instrumentos compatibles con una política de desarrollo económico basada en el desarrollo empresarial y, por otra, una intención de crear, mediante el asocianismo, condiciones de competitividad de las cadenas productivas y fortalecer sectores y regiones.

Análisis estratégico del impacto agregado en la industria manufacturera.- de acuerdo con la información disponible, a nivel nacional, en el periodo 1998 y el año 2008 no se pudo superar la tasa de crecimiento en el número de empresas de la industria manufacturera, que se registró en este indicador durante el periodo 1988- 1998, a pesar de los esfuerzos realizados en los distintos programas de apoyo a la MiPymes (9.5%, tasa promedio anual de crecimiento  1988- 1998 y 2.5% en el periodo 1998-2008). De igual forma, la tasa promedio de crecimiento del empleo en el sector manufacturero fue solo de 1.11 % promedio anual en el período 1988-2008, mientras que en los diez años anteriores (1988-1998) esta tasa fue de 4.69 %. La tasa de crecimiento promedio anual del valor agregado en el sector manufacturero también fue menor en el período 1998-2008 (2,1%), respecto al periodo 1998-2008 (3.4%).

La actual política de apoyo a MIPYMES específica en que sectores o ramas económicas se pretende contribuir a la generación de empleo, no obstante en su instrumentación responde a la demanda de los Organismos Intermedios, por lo que puede suponerse que los apoyos del Programa de ET no están relacionado con una estructura industrial previamente definida, ya que sus objetivos están orientados a contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación indiscriminada de nuevas empresas y a la consolidación de la MiPymes existentes y fortalecimiento de proyectos productivos en general. Sin una clara  orientación de política industrial, que indique y obligue hacia qué tipo de actividades manufactures debiera orientarse el país, para competir en los mercados nacional e internacional, los alcances de esta política son acotados a obtener resultados en el mejoramiento de las capacidades empresariales y no a precisamente está orientada a los objetivos que pudieran esperarse de una Política Industrial de Estado que defina con precisión que sectores y ramas se quiere consolidar.

Los resultados obtenido de la encuesta realizada a 1200 PYMES indican un bajo efecto de los apoyos de la política PYME en la planta industrial conformado por estas empresas. La apreciación que tienen tres cuartas partes (75 %) de las empresas consultadas es que la actual asignación de recursos del FONDO PYME no forma parte de una estrategia de política económica o industrial. Además, la mayoría considera que la asignación de recursos es discrecional y que obedece a “otros criterios”. Aún no se refleja la incidencia del Fondo Pyme en el número de PYMES que exportan, ya que de acuerdo con la muestra solo el 90 % de estas empresas exportan sus productos. Del 10 % de las PYMES que sí exportan solo el 33 % envía al exterior más de la mitad de su producción. El 69 % de las empresas no tienen cursos de capacitación para mejorar su capacidad gerencial-administrativa y  solo el 38 % manifiesta tener como obstáculo la necesidad de cursos de capacitación y técnicas de promoción.

De igual forma tampoco se han dejado sentir avances significativos en los efectos para el desarrollo tecnológico. Solo el 7 % del presupuesto de las unidades económicas consultadas se destina a innovación y el 72 % de las empresas encuestadas señalaron que los apoyos económicos para la competitividad son malos y muy malos; de las empresas que invierten en innovación un porcentaje bajo (6 %) de recursos se destinan a investigación y desarrollo. Más de las tres cuartas partes de las empresas no establecen alianzas tecnológicas con otras empresas; la incidencia de las Universidades y centros de investigación en la capacitación tecnológica es reducida ya que esto se manifiesta en solo el 24 % de las empresas, mientras que los proveedores de maquinaria y equipo suministran esta capacitación en el 59 % de las empresas consultadas.

El 78 % de las empresas considera malo y muy malo el  procedimiento para acceder al  financiamiento debido a la incapacidad de cumplir con las condiciones de crédito del sistema financiero formal (garantías, registros legales, etc.) No obstante que más de la mitad de las empresas declararon que conocen los financiamientos, subsidios y apoyos relacionados con el FONDO PYME, solo el 29 % ha utilizado recursos provenientes de este instrumento.

El impacto del Programa de ET en las PYMES.- Menos de una tercera parte de las empresas consultadas en la encuesta conoce el programa de Empresas y Tractoras del Fondo PYME; el 75 % de las mismas no ha firmado convenio con la SE respecto a este Programa. De las 1200 empresas consultadas solo 380 conocen el programa de Empresas Tractoras y de éstas solo 95 (25%) manifestaron tener un convenio con la SE, pero únicamente 57 firmaron un convenio con alguna ET; el 90 % se trató de empresas gacelas que en su mayoría se integraron a una cadena productiva. No obstante las PYMES involucradas con alguna ET tienen una opinión favorable respecto al Programa en temas como los siguientes y el 81 % de estas empresas manifestaron que  están participando en la consolidación de la cadena productiva para  ser más competitivas.

Al total de las 57 empresas que establecieron convenios con ET les parece importante el Programa y que,  en 53 de ellas, el aumento de ventas  fue de entre 80 y 100 %. También se aprecia que se obtuvieron beneficios en cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos, en 50 empresas. Sin embargo es conveniente precisar que si bien todas las empresas manifestaron que aumentó el número de empleados producto de su vinculación con una ET, únicamente el 8 % de las 57 empresas señalaron que el aumento de personal fue mayor al 30 %, mientras que el 49 % indicó que este aumento fue menor al  10 %. Cabe señalar que los efectos en la exportación aun no se ha dejado sentir en las empresas consultadas que tienen convenios con alguna ET, ya que 53 de las 57 unidades productivas no envían sus productos al exterior.

Análisis estratégico del Programa de Empresas Tractoras.- de acuerdo con los objetivos generales pareciera que el Programa de ET tiene la posibilidad de contribuir a la reindustrialización con el fin de consolidar sectores y ramas industriales seleccionadas de acuerdo con una estrategia de industrialización acelerada y orientada a ramas específicas. No obstante, en la práctica el Programa opera en forma reactiva, es decir que atiende a las solicitudes de los Organismos Intermedios, sin que esto garantice que los apoyos incidan en proyectos estratégicos derivados de una Política de Estado para la reindustrialización acelerada y dirigida expresamente para consolidar cadenas de valor estratégicas para el país. La ausencia de objetivos claros respecto a qué ramas manufactureras se quiere impulsar mediante este Programa, impide definir indicadores de impacto para medir los avances hacia objetivos específicos de desarrollo industrial, como consecuencia de la insuficiencia de vinculación entre el Programa y los estudios y diagnósticos sectoriales, así como de cadenas de valor por ramas manufactureras.

La forma de instrumentar el Programa a través de Organismos Intermedios limita y afecta el desempeño del Programa debido a que la autoridad que suministra los recursos no tiene contacto directo con las empresas y empresarios beneficiados. Esto a su vez dificulta el seguimiento de la aplicación de los recursos proporcionados y, desde luego, la medición de los impactos del Programa. La falta de proyectos específicos por ramas estratégicas planteados desde la autoridad, es otra limitante para un mejor desempeño del Programa de ET.  Esta insuficiencia complica evaluar los impactos del Programa ya que no se tiene control sobre la fijación del objetivo superior de cada proyecto, de sus objetivos específicos, de los componentes que lo integran y de las acciones requeridas para cumplir con los lineamientos de una estrategia de industrialización acelerada. Las metas son fijadas por los propios beneficiarios a través de los Organismos Intermedios y rara vez dan cuenta cabal de los logros alcanzados en los indicadores de impacto.

El programa de Empresas Tractoras y la generación de empleo.- el monto total del apoyo de la SE a estos proyectos durante los últimos cinco años  fue de 3.3 mil millones de pesos y la inversión total incluyendo los recursos de los Estados y del sector privado fue de 6.7 mil millones de pesos. Ligado a estos proyectos se generaron 5133 empleos (1027 empleos en promedio anual) principalmente en la industria automotriz y en los proyectos de tecnología.

El programa de Empresas Tractoras y los sectores industriales.- en el período 2007- 2011. La Dirección de Agrupamientos Industriales de la Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio de la SE, apoyó cinco sectores con el impulso a 16 proyectos vinculados con empresas tractoras. Destacan los proyectos vinculados con la industria automotriz, seguidos de los proyectos de la agroindustria y de la industria maquiladora.

El Programa de Empresas Tractoras y el desarrollo Regional.- la aportación del Programa de ET al desarrollo regional no ha tenido el impacto que pudiera esperarse en cuanto al apoyo para el crecimiento  económico en regiones de menor desarrollo. Esto puede apreciarse atendiendo a los recursos que se destinaron por parte de la Secretaria de Economía en el programa de Empresas Tractoras por región en el periodo 2007- 201I  durante este período de los últimos cinco años el 76 % de los recursos se destinaron solo en dos regiones (Noroeste y Centro Occidente) de las cinco macroregiones en que se dividió el país en el sexenio 2001- 2006. Tan solo tres Entidades Federativas absorbieron el 46% de los recursos de este Programa de ET (Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí).

El contenido nacional en el abastecimiento a Empresas Tractoras.- también es notoria la ausencia de normatividad para exigir un porcentaje mínimo de insumos nacionales en el abastecimiento a empresas tractoras nacionales y foráneas incluidas en el Programa. Esta falta de normatividad minimiza los posibles impactos en la integración de las cadenas productivas con PYMES nacionales y desestimula el interés de las mismas para mejorar su tecnología y  productividad que las haga elegibles para abastecer a las ET.

Los indicadores de evaluación del Programa de ET.- igual que los indicadores del Fondo PYME, los indicadores  del Programa de Empresas Tractoras se inclinan más a medir los avances en la eficiencia de la operación y cumplimiento de las reglas de operación elaboradas con una óptica de ejercicio presupuestal, que medir la eficacia respecto a objetivos estratégicos. La falta de este tipo de indicadores es precisamente la ausencia de objetivos estratégicos que deriven de una política de industrialización. La carencia de una política de desarrollo industrial repercute en la falta de estudios y diagnósticos sectoregionales de los que sea posible extraer una estrategia y su instrumentación mediante la elaboración de proyectos específicos por sector o rama industrial con objetivos y metas susceptibles de medirse mediante la construcción de indicadores para medir el impacto del apoyo a las PYMES que puede darse mediante el Programa de Empresas Tractoras.

Un nuevo enfoque del Programa de Empresas Tractoras en la Estrategia de reindustrialización.- en función de la revisión de experiencias internacionales respecto a los apoyos a pequeñas y medianas empresas, así como el análisis de lo que hasta ahora sido el Programa de Empresas Tractoras en México, se considera conveniente reenfocar este Programa hacia objetivos más claros de la reindustrialización del país. El programa requiere responder en este sentido a una política de Estado que privilegie la participación de las PYMES de capital nacional en las cadenas productivas para fortalecer su competitividad y poder posicionarse entre los países líderes en el mercado internacional.

Las PYMES, una política de Estado y el fortalecimiento de cadenas productivas competitivas.- el Programa de empresas Tractoras podría tener un mayor impacto en la industrialización acelerada, si estuvieran vinculadas con programas de consolidación de sectores manufactureros, seleccionados con criterios de Política pública, para su fortalecimiento en aras de incrementar la competitividad de sus cadenas productivas estratégicas y posicionar a México en el segmento de países líderes a nivel mundial. Prácticamente en todos los países, aun en los que más defienden una menor intervención del Estado en la economía, definen en que sectores y ramas industriales quieren fortalecerse, así como qué tipo de apoyos deben  proporcionar a las pequeñas y medianas empresas para que participen en las cadenas productivas seleccionadas.

El Programa de Empresas Tractoras instrumento para consolidar sectores y ramas industriales estratégicas.- el propósito del Programa de Empresas Tractoras, por sus propios atributos, estaría destinado a jugar un papel de mayor relevancia que el actual en la industrialización del país. Este Programa debería ser un instrumento eficaz para impulsar la reestructuración de la base industrial privilegiando aquellos sectores y ramas industriales que más convengan en función de la posibilidad de crear o en su caso fortalecer la integración de cadenas productivas de carácter nacional. Para ello, se requiere de decisiones que actualmente rebasan los lineamientos de las reglas de operación que no distinguen sectores, ramas industriales ni capital nacional o foráneo. En este contexto es conveniente considerar el potencial del Programa de Empresas Tractoras no sólo como posible generadora de empleo, sino como parte de una política de reindustrialización.

El Programa y el desarrollo Regional.- el Programa de Empresas Tractoras requiere fortalecer su función de impulsar el desarrollo regional, con la visión de abrir nuevos espacios para la inversión y no como hasta ahora solo reaccionando a demandas de gobiernos estatales y empresas tractoras en los espacios donde actualmente se ubican ya que de esto solo se puede esperar una mayor concentración de la inversión y el empleo, agudizando los desequilibrios entre regiones. Es conveniente que el Programa de ET mejore su función, basándose en diagnósticos y estudios regionales para definir qué y cómo se apoyará a PYMES para participar en cadenas de valor regionales de acuerdo con una política de llevar progreso a todas las regiones. Esta visión debe aplicarse también a la forma en que deben actuar otros instrumentos de apoyo para la integración de distritos o aglomerados industriales, clusters y parques tecnológicos. Los apoyos deberían ser selectivos y diferenciados de acuerdo cada proyecto regional.

Una política proactiva en la instrumentación del Programa de Empresas Tractoras.- se debe tender a constituirse en el instrumento que promueva las cadenas productivas mediante una actitud proactiva y no como hasta ahora que lo hace más bien desde una posición reactiva y es preciso sustentar las decisiones de apoyo en estudios y proyectos específicos por sector, rama y/o región, así como la identificación de oportunidades de negocio para PYMES, y programas de proveedores, elaborados desde el gobierno federal, con la participación de los agentes económicos del sector empresarial y gobiernos estatales o locales, según sea necesario. La integración de proyectos estratégicos permitirá establecer para cada uno de ellos indicadores de impacto y metas que facilitan el seguimiento de los avances hacia resultados y, que a su vez, podría dar lugar a ajustes y mejoras en cada proyecto. Actuar de esta forma fortalece el control del Programa y garantiza orientar los apoyos hacia objetivos definidos en el contexto de una política de desarrollo secto-regional.

Un organismo autónomo para los Programas de Apoyo  las PYMES incluyendo el Programa de Empresas Tractoras.- La particularidad e importancia de un instrumento como el Programa de Empresas Tractoras requiere de autonomía para su funcionamiento. Es por ello que se considera pertinente constituir un organismo autónomo descentralizado  con presupuesto propio de tipo paraestatal que no esté sujeto a las reglas de operación de los Programas incluidos actualmente en el Fondo PYME, y sí regirse por las disposiciones para entidades descentralizadas. Como organismo autónomo deberá por sí mismo elaborar los proyectos estratégicos y no dejar esta función a los Organismos Intermedios que hasta ahora funcionan como tal. Los proyectos estratégicos secto-regionales que involucran a Empresas Tractoras, deben ser diseñados por este organismo autónomo y definir los objetivos, metas y estrategias, así como los indicadores de impacto por proyecto, así como un sistema de seguimiento y evaluación impactos. Esto implica prescindir de los OI en proyectos estratégicos de empresas tractoras y asumir internamente el seguimiento de los proyectos o bien definir nuevos criterios para seleccionar OI especializados de acuerdo a los sectores y/o ramas de proyectos sectoriales y/o regionales estratégicos, así como definir nuevas funciones que garanticen el éxito de los mismos. La creación de una instancia autónoma que opere un Programa de Empresas Tractoras, estaría poniendo a México a la altura de los países que con éxito promueven la industrialización mediante organismos de este tipo.

Los Proyectos estratégicos de Empresas Tractoras.- un proyecto estratégico de ET se concibe como el conjunto de acciones interdependientes que se construye entre la PYMES y una gran empresa, y que contribuyen, en conjunto, a fortalecer una cadena de valor competitiva que permite avanzar hacia los objetivos sectoriales y regionales planteados por el gobierno federal y que crean nuevas condiciones en términos cuantitativos y cualitativos para el desarrollo de sectores y ramas industriales, y/o en espacios territoriales. Si bien la selección de los proyectos estratégicos de Empresas Tractoras sería definida desde las instancias del gobierno federal, los diagnósticos, estudios, identificación de oportunidades de negocio, requerimientos de tecnología y apoyo para el desarrollo gerencial, puede ser motivo de establecer alianzas estratégicas del organismo autónomo que operaría el Programa, en primera instancia con las grandes empresas públicas como PEMEX y CFE e instituciones como el IMMSS y el ISSTE, así como con dependencias administrativas federales como la SEDENA Y LA SEMAR que requieren de productos especializados susceptibles de ser suministrados por la PYMES nacionales.

En paralelo es conveniente explorar las alianzas con grandes empresas de largas cadenas productivas ya operando en el país, o las empresas nacionales a la que se debería impulsar para su establecimiento, como la industria aeronáutica y la de construcción naval. Además es conveniente que se buscara en forma proactiva las alianzas con cámaras y asociaciones empresariales de giros específicos, que inclusive pueden fungir como Organismos Intermedios especializados o por lo menos como interlocutores calificados. Por ejemplo desde el programa podrían explorar la posibilidad y conveniencia de consolidar cadenas de valor en alianza con algunas cámaras industriales específicas por ejemplo con las siguientes, entre otras, según el proyecto estratégico de que se trate. 

El Programa de Empresas Tractoras y el desarrollo Tecnológico.- es evidente que en la medida en que se definan proyectos estratégicos desde el Organismo Autónomo, mayor eficiencia y eficacia se tendrá en los apoyos para tal efecto, ya que estarían orientados a fines específicos de interés estratégico y no a criterios de los actuales OI o a intereses particulares de las grandes empresas que no necesariamente son los mismos que el interés del Estado. Igual que se hace en otros países, es conveniente que por parte de instancias como CONACYT se desarrollen tecnologías que son requeridas en los proyectos estratégicos de Empresas Tractoras y que se pongan a disposición de las PYMES que aspiran a vincularse con alguna ET participante en el Programa. Esto independientemente de que el Programa fomente el desarrollo de centros tecnológicos para desarrollar tecnologías que apoyen a PYMES interesadas en adquirir estas tecnologías e incorporarse a cadenas de valor. De esta forma el apoyo del Programa al desarrollo tecnológico estaría respondiendo tanto a la oferta como a la demanda.

El contenido nacional en proyectos estratégicos de Empresas Tractoras.- en México el Programa de ET basado en grandes empresas de capital foráneo debería contar con una normatividad que obligue a estas empresas incorporar un porcentaje no menor al 30 % de contenido nacional. Esto disminuye el riesgo de que los efectos positivos del instrumento se trasladen a otros países desde donde se envían insumos provenientes de filiales de la misma empresa, prestándose a demás a la posibilidad de distorsiones por los precios de transferencia que impactan negativamente en la recaudación fiscal en México.

El Programa de Empresas Tractoras y el financiamiento a PYMES.- la política financiera actual ha venido operando con criterios del sistema de la banca comercial que no tiene obligación de financiar a la pequeña y mediana empresa y en todo caso no tiene un criterio diferencial en las tasas de interés. El apoyo del Fondo Pyme con garantías líquidas a los bancos que prestan a PYMES, reduce el riesgo de los créditos pero no se refleja en menores tasas de interés, por lo que el apoyo realmente es a la banca y no a pequeñas y medianas firmas. Es necesario que el Programa de ET, se apoye en una política distinta de financiamiento a PYMES. El financiamiento a empresas que se incorporen como proveedores de grandes empresas requiere de tasas de interés preferenciales.  Si el financiamiento es por la banca comercial y esta cuenta con garantías líquidas por parte del gobierno, este apoyo debe “amarrarse”, por una parte, con la obligación de financiar a PYMES en proyectos estratégicos del Programa y, por otra, mejorar las condiciones crediticias incluyendo menores tasas de interés, ya que para el banco se reduce el riesgo de los prestamos.

Capítulo 7

Promoción de negociaciones y acuerdos para elevar la estrategia a política pública con el reforzamiento de acciones y recursos en el Fondo Pyme.

En este capítulo se proponen las negociaciones y acuerdos fundamentales para elevar la estrategia de reindustrialización acelerada a una política pública de corto plazo, que evolucione hacia una política de Estado en el mediano y largo plazos.

La reindustrialización acelerada para impulsar a México hacia una condición de potencia económica tecnológico-industrial, se justificó sobre la base de la imposibilidad de la actual economía política tributaria y dependiente, de alcanzar tasas de crecimiento superiores al 2% anual del PIB, de crear más de un millón de empleos formales anuales durante la próxima década, que son necesarios para la cohorte demográfica de jóvenes que se incorporarán a la población económicamente activa, además de mitigar el rezago actual; que permita elevar el nivel de vida y bienestar de los mexicanos, como condición para gozar del pleno ejercicio de sus derechos humanos.

La premisa que fundamenta los objetivos del desarrollo nacional, es la imposibilidad racional, ética y política, de aceptar la involución actual del país como una fatalidad determinista e inmodificable; y por el otro lado, la certeza fundamentada de que es posible lograr resultados diferentes con una economía política ordenada bajo otros principios políticos y económicos. No debe olvidarse que la ausencia de una política activa de desarrollo industrial y competitividad, ha dejado a México sin brújula.

Superar esta inercia histórica requiere reconocer una finalidad histórica distinta, que consiste en que México sea potencia económica tecnológico-industrial, para poder garantizar a todos los mexicanos sus derechos humanos, lo que a su vez exige como condición, ejercer el derecho humano al desarrollo de la Nación.

La reindustrialización acelerada es una condición y un objetivo necesario que debe ser alcanzado en el corto plazo; pues es la política que de manera directa se propone la creación de valor agregado tecnológico-industrial, y es el principal impulsor del cambio de la actual economía política, hacia otra sustentada en los derechos y deberes humanos.

Esta reindustrialización debe a su vez situarse y tomar como punto de partida, la condición actual del país, así como las políticas públicas concretas, cuya modificación podrá realizarse mediante un conjunto de acciones en el corto, mediano y largo plazo.

La ausencia de políticas públicas adecuadas, dirigidas a crear condiciones para hacer crecer la producción, el empleo y la competencia, se ha traducido en pérdida de competitividad de la economía mexicana, lo que ha generado, entre otras desviaciones, una creciente importación de bienes de consumo para el mercado mexicano así como de insumos de terceros países para abastecer la demanda de empresas vinculadas.

Si la actual condición del país se construyó al menos durante los últimos treinta años, lo que aquí se propone es una acción gradualista pero firme y consistente para modificar las capacidades productivas y distributivas de nuestra economía política, así como de su inserción en la economía global, en un horizonte inmediato (un año) y de corto plazo (2013-2018).

Este apartado tiene los siguientes objetivos:

Definir los criterios políticos, institucionales y de decisiones de política pública inmediatos y de carácter estructural en el año 2013, para llevar a la práctica la política de reindustrialización acelerada de México como política pública y de Estado.

Se requiere proponer los criterios metodológicos que se deben tomar en cuenta para promover un cambio del modelo de desarrollo, con solidez política, institucional y eficacia económica, para que México pueda tener mayores tasas de crecimiento económico de manera sostenible y sustentable, que le permitan acceder a una condición de potencia económica tecnológico-industrial.

Proponer una secuencia de decisiones y acciones que permitan avanzar en la realización de los fines, objetivos y metas de la reindustrialización acelerada de México, que dé respuesta en el plazo inmediato a las siguientes preguntas:

¿Qué acciones inmediatas se pueden promover, en este año de elecciones presidenciales, para promover la reindustrialización de México y fortalecer a la economía política nacional?

¿Qué acciones inmediatas se pueden realizar para mejorar el programa de empresas tractoras de la Secretaría de Economía?

Definir las decisiones de Estado que se requieren para que México sea una potencia económica tecnológico-industrial, a partir de cambios sistémicos, graduales y sólidos, capaces de modificar la actual economía política, h hacia otra que tenga como objetivo la soberanía económica de la Nación y una nueva inserción en la economía global, para lo cual se requiere dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la secuencia lógica y temporal de estas acciones, tomando en cuenta su viabilidad política y complejidad?

¿Quiénes y a través de qué mecanismos deben participar como corresponsables en la concepción, decisión, ejecución corresponsable, evaluación y adecuación permanente de una nueva estrategia de desarrollo, y una nueva economía política impulsada por la reindustrialización acelerada?

Proponer la elaboración durante el año 2012, de una estrategia sectorial-regional de reindustrialización de México, relacionada con una política de innovación y desarrollo tecnológico orientada a la diversificación de exportaciones y a la sustitución competitiva de importaciones, que se pueda ejecutar a partir del año 2013.

7.1. Metodología del cambio político e institucional.

La primera condición de toda metodología de un cambio de paradigma de desarrollo, es el respeto a los mandatos de la Constitución, como condición de funcionamiento de la sociedad mexicana en un marco de Estado de derecho.

La voluntad política de los ciudadanos se ha visto vulnerada de diversas maneras en el último cuarto de siglo. La democratización política y económica plena de la Nación, es la condición de posibilidad de un cambio hacia un desarrollo incluyente y soberano.

Un cambio a profundidad del paradigma de desarrollo requiere una metodología para la formulación, ejecución, evaluación y actualización permanente de la estrategia de reindustrialización acelerada del país.

La oportunidad de la elección presidencial y de un programa de gobierno para el periodo 2012-2018, ofrece de manera necesaria opciones para cambios de fondo al proyecto nacional de desarrollo.

Los requisitos necesarios para tener eficacia en el diseño y ejecución de la política de reindustrialización acelerada, como vector dinamizador del cambio de la economía política nacional, son los siguientes:

Establecer, fortalecer y dar permanencia a la participación institucionalizada y transparente de la sociedad, en particular de los industriales de capital nacional.

Diseñar de manera conjunta, realizar y evaluar de manera sistemática, los compromisos conjuntos entre los tres niveles y órdenes de gobierno y la sociedad.

Realizar de manera simultánea las acciones que se requieren para la reindustrialización acelerada del país.

Reconoce el necesario proceso gradual de trasformación, que debe ser consistente en el tiempo.

Tener una dirección política coherente y coordinada de las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas y de los organismos públicos sectoriales que deben concurrir a la política de reindustrialización.

Dar un enfoque sectorial y regional que involucre a las industrias públicas, privadas y sociales, de capital nacional en cada una de las entidades.

Establecer un sistema de información y comunicación para la gestión coordinada, transparente, corresponsable y eficaz de la política de reindustrialización.

Evaluar, dar seguimiento, y ajuste sistemático y permanente a la estrategia, en función del avance en el logro de los objetivos nacionales, así como de nuevos desafíos y cambios en el entorno nacional e internacional.

El sistema de seguimiento y evaluación de resultados respecto a los objetivos planteados por el gobierno federal, en el marco de una política de Estado que involucra a la sociedad, requiere tener un mayor contacto con los beneficiarios e involucrar a los Organismos Intermedios en el seguimiento a los resultados.

7.2 Acciones inmediatas a realizar durante 2012 para detener y revertir la desindustrialización de México.

Las acciones inmediatas que se pueden realizar, son aquellas que no requieren de mandatos legales adicionales y para las cuales existen recursos presupuestales aprobados para el año 2012.

Estas acciones inmediatas son muy importantes, pues permitirán avanzar en la creación de condiciones para una modificación cualitativa de las políticas públicas a partir del próximo gobierno.

El propósito de estas acciones es detener el proceso de desindustrialización y preparar los cambios de las políticas públicas hacia la reindustrialización acelerada.

Las dimensiones más importantes de estas acciones inmediatas son las siguientes.

Política arancelaria.

● Es indispensable dar congruencia a la política arancelaria, desde el punto de vista de la cadena de valor, para promover la rentabilidad y competitividad de la cadena en su conjunto, y de cada uno de los eslabonamientos productivos.

La política de reducción de aranceles no es en sí misma una estrategia de competitividad de la industria y de economía nacional, sino un instrumento que debe ser aplicado en función de los objetivos de reindustrialización acelerada del país.

El propósito debe ser que los eslabonamientos productivos tengan una racionalidad de rentabilidad y competitividad desde las industrias de menor, hasta las de mayor valor agregado.

El análisis de estos eslabonamientos y de las condiciones de cada uno de los segmentos industriales es una base indispensable y permanente de la política de reindustrialización del país.

● Supresión de todos los beneficios otorgados de manera unilateral a países con los que México no tiene firmados tratados de libre comercio.

No existe justificación económica ni de otra naturaleza, para acelerar la apertura de nuestras importaciones a países con los que no se tiene siquiera una reciprocidad en materia comercial. Las decisiones tomadas recientemente en esta materia deben ser revertidas a la brevedad.

● Aplicación de salvaguardas y retiros de concesión tanto a productos del sector agropecuario como del industrial.

Existe un número importante de bienes sobre los cuales México puede argumentar con solidez, un conjunto de condiciones que justifican la aplicación de salvaguardas, ante las condiciones del mercado internacional, las prácticas de las corporaciones globales, e incluso las políticas de apoyos y subsidios de otras naciones.

● Suspender la adhesión de México al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), hasta no tener un proyecto de desarrollo industrial y tecnológico propio, que a su vez incorpore una política de exportación específica hacia estos países, a nivel producto; estableciendo como condición para la eventual participación en el mismo, que se tenga una estimación de los beneficios netos esperados con las exportaciones hacia estos países y de las empresas de capital nacional que participarían en estas exportaciones.

Se debe definir en primer lugar una estrategia para apoyar a los exportadores nacionales hacia estos mercados; y una vez definido el interés nacional en los mercados de referencia, participar en dichas negociaciones, para garantizar la realización eficaz del interés nacional.

● Defensa de oficio de la Secretaría de Economía y de otras instituciones del gobierno mexicano, ante las medidas proteccionistas de otras naciones, así como ante la presencia en el mercado mexicano de bienes o servicios cuyos precios impiden o nulifican la rentabilidad de las industrias de capital nacional.

Política de sustitución competitiva de importaciones

Se requiere realizar de inmediato una acción que debe quedar establecida como actividad permanente, para integrar todas las políticas, intervenciones e instrumentos del Estado mexicano, que contribuyan al objetivo de lograr una sustitución competitiva de las actuales importaciones de maquinaria, equipo, tecnologías, bienes intermedios y bienes de consumo.

Las oportunidades para el desarrollo de las industrias de capital nacional están claramente especificadas por la estructura y contenido de las importaciones.

Sin embargo, la generación de la oferta que sustituya dichos bienes, no es fruto del azar o de la iniciativa de otros países o corporaciones, sino que requiere una actividad e iniciativa estratégica del gobierno mexicano y de las industrias de capital nacional.

La cuestión sobre qué cadenas de valor industrial y tecnológico deben ser promovidas por una política industrial, tiene elementos muy precisos de definición, derivados de las importaciones de los bienes que actualmente realiza la economía nacional.

Lo anterior requiere una nueva relación, vinculación, compromiso y corresponsabilidad entre el gobierno federal, las entidades federativas y las organizaciones de los industriales, principalmente los de capital nacional, para generar dicha oferta competitiva.

Con este propósito, es conveniente establecer comités de acción público-empresas de capital nacional, para cada una de las cadenas de valor económico, que permita identificar, acordar y generar la oferta competitiva para sustituir las actuales importaciones.

● Acciones para impulsar el Programa de Empresas Tractoras y Gacelas.

Como parte de la sustitución competitiva de importaciones, es necesario identificar y seleccionar proyectos estratégicos del Programa de Empresas Tractoras  para su inmediata instrumentación.

Si bien la selección de los proyectos estratégicos de Empresas Tractoras sería definida desde el Fondo PYME; los diagnósticos, estudios, identificación de oportunidades de negocio, requerimientos de tecnología y apoyo para el desarrollo gerencial, puede ser motivo para establecer alianzas estratégicas con grandes empresas públicas (por ejemplo, PEMEX, CFE) y dependencias federales, que por la magnitud de su demanda pueden desempeñar el papel de tractoras (por ejemplo SEDENA, SEMAR, IMSS, ISSTE). De manera que funcionen como empresas relacionadas de capital nacional (proveedoras) de las grandes empresas públicas, al igual que operan los grupos de empresas multinacionales con sus filiales, y se generen redes de apoyo para su expansión y asociación.

En una segunda instancia habrá que impulsar a sectores estratégicos como el energético, software, biotecnología, logística, química, entre otros, así como ramas industriales como por ejemplo, la construcción naval y la industria aeronáutica, con esquemas de alianzas entre los sectores público, privado y social.

● Se deben promover proyectos estratégicos impulsores de nuevas cadenas globales de valor, mediante el diseño y puesta en marcha de proyectos de escala e integradores, capaces de satisfacer con sus productos amplias necesidades de la sociedad mexicana en materia de transporte, energía, vivienda y salud, entre otros.

● Se puede y debe aprovechar el enorme acervo de patentes que han llegado al término de su exclusividad, y constituyen un bien público, para desarrollar aplicaciones industriales inmediatas en beneficio de las industrias de capital nacional.

Gasto público orientado a la reindustrialización acelerada de México

Se debe proponer y sustentar con bases macroeconómicas un aumento significativo del gasto público orientado a la reindustrialización acelerada de México, en al menos un 500% en relación al PEF del año 2012, en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que se presente para el año 2013, y modificar su forma de aplicación –reglas de operación- para cumplir con los fines y objetivos de la reindustrialización acelerada de México.

Autonomía y redireccionamiento estratégico del Fondo Pyme

● Dar autonomía al Fondo Pyme.

La particularidad e importancia del Fondo, y en especial del Programa de Empresas Tractoras, requiere de autonomía para su funcionamiento.

Se considera pertinente incluir en el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2013, los recursos necesarios para constituir un organismo autónomo descentralizado de carácter paraestatal, con presupuesto propio, que no esté sujeto a las reglas de operación dictadas por la Secretaría de Hacienda, y sí regirse por las disposiciones para entidades descentralizadas.

El Fondo deberá fijar objetivos en función de los objetivos de las políticas públicas gubernamentales, por lo que no es una responsabilidad que corresponda a los Organismos Intermedios (OI).

De la misma manera, deberá elaborar de manera directa el marco general de los proyectos estratégicos y dejar el desarrollo y operación de los mismos a los Organismos Intermedios.

Los proyectos estratégicos secto-regionales que involucran a Empresas Tractoras, deben ser diseñados considerando los objetivos, metas y estrategias, así como los indicadores de impacto por proyecto, y diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de impactos.

Esto implica definir conjuntamente con los OI los proyectos estratégicos de empresas tractoras y asumir internamente el seguimiento de los proyectos, o bien definir nuevos criterios para seleccionar OI especializados de acuerdo a los sectores y/o ramas de proyectos sectoriales y/o regionales estratégicos, así como definir nuevas funciones e indicadores de seguimiento que mida los avances respecto a objetivos nacionales y arroje elementos de juicio para reorientar estrategias y acciones.

● Triplicar al menos los recursos del fondo PYME para el año 2013.

El Fondo deberá erigirse en un factor relevante de la política de desarrollo industrial y no únicamente en un instrumento de desarrollo empresarial, por lo que habrá que proponer en el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año, triplicar cuando menos el monto de los recursos destinados al apoyo de las PYMES, con una cifra de alrededor de 21,000 millones de pesos.

● Criterios generales de las reglas de operación del Fondo Pyme

Las reglas de operación deben ser dictadas por el Propio Fondo, en virtud de que es la instancia que debe responder a la instrumentación de una política nacional de reindustrialización.

También habrá que distinguir los criterios de los distintos programas del Fondo, ya que algunos están más orientados al desarrollo empresarial indiscriminado y otros están más enfocados a la construcción de una nueva estructura industrial.

Tratándose de criterios para el apoyo con recursos a microempresas, nuevos emprendedores y pequeñas y medianas empresas, los criterios deberían enfatizar la creación de nuevas empresas y la generación de empleos; mientras que los apoyos a las empresas gacela y empresas tractoras, sería conveniente que consideren el fortalecimiento de sectores, ramas industriales y regiones seleccionadas por su impacto estratégico multiplicador.

En este sentido deberían prevalecer criterios como el valor agregado, el registro de patentes, la consolidación de cadenas de valor, la incorporación de nuevas empresas tractoras de capital nacional, la consolidación de ramas industriales con presencia significativa y preferente de empresas de capital nacional, así como las ubicadas en regiones de menor desarrollo.

Los beneficiarios por lo tanto deben ser distintos y no como hasta ahora en que se consideran en forma indiscriminada, al cumplir solamente con el estatus de micro, pequeña o mediana empresa, de manera que se le dé un enfoque preponderantemente industrial.

El enfoque de asociacionismo entre firmas en una cadena de valor tiene distintos objetivos; por ello es indispensable separar los criterios de evaluación de las reglas de operación, según los propósitos y no aplicarlos en forma indiscriminada; tratándose de impulsar la asociación entre grandes empresas y PYMES.

Tratándose de proyectos estratégicos de desarrollo industrial regional, la participación del Fondo requiere ser orientada hacia proyectos estratégicos definidos en conjunto con otros agentes institucionales tanto del orden federal como estatal y municipal, así como los actores relevantes del sector privado de capital nacional, todos ellos trabajando hacia objetivos comunes.

De esta forma los apoyos para la creación o consolidación de aglomerados, parques y conglomerados industriales, tendrán mayores posibilidades de éxito. Por esta razón los criterios para proporcionar el apoyo del Fondo requiere la presentación de proyectos regionales y no sólo de iniciativas desvinculadas de otras acciones y compromisos que requieren estos proyectos.

El Fondo Pyme deberá incluir en sus lineamientos, su vinculación operativa y eficaz con los objetivos de desarrollo de las cadenas de valor sectorial-regional, y con los programas de desarrollo científico y tecnológico.

Triplicar al menos los recursos de la banca de desarrollo en el PEF de 2013 y que opere como banca de primer piso.

En 2013 se debe al menos triplicar los recursos fiscales para la banca de desarrollo y restablecer sus operaciones a nivel de primer piso, que les permita aumentar significativamente el otorgamiento de créditos directos, destinados a actividades productivas que formen parte del Programa de Reindustrialización, con plazos flexibles, tasas competitivas a las aplicadas por nuestro principal socio comercial y que prevea plazos de gracia.

● Es necesario que el Fondo PYME establezca una relación operativa con la Banca de Desarrollo, estableciendo tasas preferenciales para la PYMES industriales, y en particular las vinculadas con proyectos estratégicos de Empresas Tractoras y el Programa de Proveedores.

Desde el diseño de los proyectos de desarrollo sectorial, por rama y grandes empresas industriales de capital nacional, se requiere la incorporación de esquemas de financiamiento de la Banca de Desarrollo, en apoyo a la PYMES vinculadas con dichos proyectos.

Integrar los programas y recursos del PEF para el fomento industrial y tecnológico.

Se requiere revisar las duplicidades en los programas de fomento industrial e integrar otros fondos y programas de fomento industrial y/o empresarial a la política de reindustrialización acelerada.

Vincular el gasto público del gobierno federal con el de las entidades federativas, municipios y del Distrito Federal, para apoyar la estrategia de reindustrialización.

Se debe incluir en los convenios entre el gobierno federal y las entidades federativas para la reindustrialización de México, enfoques de demanda y de oferta, para la generación de oferta tecnológico-industrial en todas las entidades federativas, según sus vocaciones productivas o los proyectos regionales de desarrollo.

Incorporar en dichos convenios el compromiso de utilizar el gasto público federal, estatal y municipal, de manera única o vinculada, para promover el desarrollo de las industrias de capital nacional, el desarrollo tecnológico y la innovación nacional.

Triplicar los recursos del CONACYT para el desarrollo tecnológico-industrial

En 2013 se debe triplicar al menos los recursos del CONACYT para el desarrollo tecnológico y la innovación, y dirigirlos de manera exclusiva a las industrias manufactureras de capital nacional.

En la medida en que el Fondo defina proyectos estratégicos, mayor eficiencia y eficacia se tendrán los apoyos para el desarrollo tecnológico requeridos en estos proyectos.

Los proyectos tecnológicos estarían orientados a fines específicos de interés estratégico, de acuerdo con una política pública de desarrollo industrial.

De la misma manera como se hace en otros países, es conveniente que el CONACYT apoye el desarrollo de tecnologías que son requeridas en los proyectos estratégicos de Empresas Tractoras seleccionados por su interés público, y que se pongan a disposición de las PYMES que aspiran a vincularse con alguna empresa global participante en el Programa.

Lo anterior independientemente de que el Programa fomente el desarrollo de centros tecnológicos para desarrollar nuevas tecnologías genéricas que se pongan a disposición de PYMES interesadas en aplicar estas tecnologías para mejorar su competitividad en los mercados nacional e internacional.

De esta forma el apoyo del Fondo al desarrollo tecnológico estaría respondiendo tanto a la oferta como a la demanda.

Se debe crear un Sistema Nacional de Investigación, que tenga una agenda para el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, que responda a los proyectos estratégicos de reindustrialización del país, que debe ser pactada y acordada con las entidades federativas, con los centros públicos de investigación, con los organismos especializados de investigación del Estado mexicano y con las instituciones de educación superior e investigación del país, mediante la creación de un sistema nacional de transferencia de tecnología (SINATEC) que sea autofinanciable.

Este SINATEC, estará integrado por el Sistema Nacional de Investigación y su correspondiente agenda nacional de investigación y desarrollo de tecnologías, que deberá triplicar el presupuesto del Sistema Nacional de Investigadores. La agenda nacional deberá ser realizada mediante una corresponsabilidad institucional y no con los investigadores o sus redes académicas.

El Sistema Nacional de Investigadores deberá apoyar el desarrollo de este Sistema Nacional de Investigación y ajustar su normatividad para dar incentivos reales a la cooperación entre investigadores y sus redes de trabajo, así como entre instituciones de educación superior e investigación nacionales, y a su vez con organizaciones, cámaras y asociaciones de industriales de capital nacional. Sus criterios de evaluación deberán ser modificados para suprimir los incentivos negativos al trabajo real de colaboración científica y de desarrollo tecnológico nacional.

Esta política tecnológica debe tener como eje importante a una política de patentamiento, en la cual las propias instituciones públicas tengan beneficios directos, así como los investigadores participantes y las empresas de capital nacional u organismos públicos participantes.

Las instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales, deberán establecer en el plazo inmediato un sistema de laboratorios de certificación industrial al servicio de las empresas de capital nacional, para que dispongan de estos servicios de manera subsidiada, así como restablecer la obligación de la certificación de todos los productos importados y producidos en el país por estos laboratorios nacionales.

Aplicación inmediata y a profundidad de la reserva de todo el sector energético, a favor del Estado mexicano, negociada y establecida en el TLCAN.

● Se deben aplicar de manera inmediata los beneficios negociados en los tratados de libre comercio en materia energética.

En el TLCAN el Estado mexicano se reservó la totalidad del sector energético, la refinación o procesamiento de petróleo crudo; la petroquímica básica, insumos y ductos; la explotación de los hidrocarburos, la energía eléctrica, energía nuclear, entre otras cuestiones.

Esta reserva prevalece sobre cualquier otro contenido o artículo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En consecuencia, los contratos para la adquisición de bienes o la contratación de servicios que no puedan ser generados por los organismos públicos, desde los de ingeniería, consultoría y diseño, hasta los de obra pública, construcción y desarrollo de tecnologías o cadenas de proveeduría, logística y transporte, deben ser otorgados de manera exclusiva, salvo excepciones de fuerza mayor, a las instituciones nacionales de investigación y desarrollo tecnológico, y a empresas de capital nacional.

● Se debe eliminar las licitaciones internacionales en PEMEX y CFE todos aquellos que tengan características de contratos de servicios integrados y contratos de riesgo.

Se requiere adecuar de manera inmediata la normatividad de PEMEX y de la CFE, para incorporar el mandato de promover de manera planeada y sistemática, su propio desarrollo industrial y tecnológico, y fomentar de manera directa el desarrollo de industrias de capital nacional.

● Uso estratégico de las adquisiciones y contratos de servicios de PEMEX y CFE para las industrias de capital nacional, para impulsar la reindustrialización acelerada del país, el desarrollo tecnológico propio y la innovación.

Es necesario instrumentar un sistema de vinculación entre las grandes empresas públicas y las PYMES que hayan pasado por una estricta evaluación técnica para su certificación e integrarlas en un catastro operado por el Fondo.

Para la certificación el Fondo puede apoyarse en instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el CONACYT, Asociaciones de Profesionales Técnicos, Instituciones de Estudios Superiores y Centros de Investigación Tecnológica.

Es necesario incorporar en los procesos de adquisición y contratación de grandes empresas públicas la obligatoriedad de considerar la oferta de empresas registradas en el Catastro del Fondo, mismas que serían objeto de apoyo para cumplir con los requisitos de las empresas contratantes.

● La política de desarrollo competitivo de la oferta de bienes para el sector energético nacional, requiere vincular los procesos de adquisición y contratación de servicios de PEMEX y CFE, con el sistema de financiamiento, para que las industrias de capital nacional dispongan de financiamiento a tasas competitivas, garantías y asistencia técnica.

● Se deben celebrar exclusivamente contratos de obra pública y cancelar todos los contratos de servicios múltiples y contratos de riesgo que hayan sido suscritos contraviniendo la Constitución.

● Se debe establecer proyectos conjuntos entre PEMEX y CFE con el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, para el desarrollo o evaluación de tecnologías, que permita su implantación eficiente en los procesos productivos; mediante contratos directos entre entidades de la administración pública federal, a través de comités responsables de la asignación de dichos proyectos; en los que participen las instituciones de educación superior e investigación nacionales, los institutos públicos de investigación, otras universidades mexicanas, así como las empresas industriales, de consultoría e ingeniería de capital nacional.

Se debe utilizar para este propósito y con una perspectiva estratégica, el fondo establecido por la Ley de Petróleos Mexicanos para el fomento de desarrollo tecnológico.

Adquisiciones y contrataciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Se deben utilizar las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para anclar con su demanda el proceso de industrialización acelerada del país.

El gasto público genera un mercado de extraordinaria importancia para la reindustrialización acelerada de México.

Para ello se requiere tener como base una planeación conjunta y proactiva, de las estrategias de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la APF; con las cámaras industriales representantes de las industrias de capital nacional.

Esta planeación debe determinar las acciones necesarias de fomento económico para la generación de la oferta competitiva que pueda satisfacer las demandas planteadas por las compras de gobierno.

La ejecución, seguimiento, evaluación y actualización de dicha planeación, se debe hacer con las cámaras e industrias de capital nacional.

La oportuna programación de la demanda de bienes y servicios de las instituciones de la Administración Pública Federal, permitirá identificar por parte del Fondo y las Cámaras industriales según su giro específico, las empresas susceptibles de ser proveedoras y recibir oportunamente los apoyos del Fondo PYME o de otro instrumentos de apoyo según se requieran.

● Se debe fortalecer la normatividad de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, con un mandato específico para que el gasto público promueva el desarrollo de industrias de capital nacional y fomente el mercado interno; con criterios cuantitativos que deberán ser observados en la calificación de las propuestas, en los que se consideren valoraciones explícitas a favor de las empresas de capital nacional, sobre cualquier otra oferta.

Se debe hacer un uso estratégico y proactivo de las compras de gobierno, con un enfoque de oferta, para detonar nuevas capacidades productivas y tecnológicas de las industrias de capital nacional, para dinamizar la reindustrialización acelerada, el desarrollo tecnológico propio y la innovación.

● Un criterio de la gestión de la administración pública federal, paraestatal, estatal y municipal, debe ser la cooperación, planeación conjunta y coordinación entre las dependencias y entidades públicas, con un enfoque de demanda, para aumentar las compras de gobierno a las industrias de capital nacional.

● Cabe señalar que las entidades federativas ni siquiera están obligadas por los tratados internacionales de libre comercio e inversión en materia de compras de gobierno, por lo que deberán orientar todas sus adquisiciones y contratos a empresas de capital nacional.

Compras del sector privado como impulsoras de las cadenas de valor nacional

● Se debe promover una anticipación estratégica de las compras de las grandes empresas nacionales y multinacionales, que permita generar la oferta competitiva para aumentar el contenido nacional de las exportaciones.

Se requiere contar con una normatividad que obligue a las empresas de capital foráneo incorporar un porcentaje no menor al 30 % de contenido nacional, que sería revisable periódicamente.

Esto disminuye el riesgo de que los efectos positivos del instrumento se trasladen a otros países desde donde se envíen insumos provenientes de filiales de la misma empresa, prestándose a demás a la posibilidad de distorsiones por los precios de transferencia que impactan negativamente en la recaudación fiscal en México.

Tratándose de grandes empresas nacionales la norma de contenido nacional deberá indicar un porcentaje máximo de insumos importados definido por tipo de empresa y la capacidad del Fondo para promover la proveeduría con empresas de capital nacional.

Evaluación de las importaciones de las empresas comerciales y de sus balanzas de divisas.

Se debe realizar una evaluación de las importaciones que realizan las empresas comerciales y de sus balanzas de divisas, para impulsar la sustitución competitiva de importaciones e integrar valor agregado nacional en sus exportaciones.

Se debe dar un seguimiento a las importaciones y exportaciones de las cadenas de comercio al mayoreo y menudeo, a las tiendas departamentales y grandes comercios, para promover una oferta estratégica que fortalezca a la industria de capital nacional y tienda a reducir la dependencia de las importaciones.

● Esta evaluación y la formulación de propuestas para generar una oferta competitiva por parte de las industrias de capital nacional, debe ser parte de la estrategia general de sustitución competitiva de importaciones, y deberá relacionarse con la política arancelaria correspondiente.

● Así mismo, se deberá iniciar con el redireccionamiento del programa de industria maquiladora, para que incorpore en un plazo perentorio, un mayor contenido regional y nacional de insumos, y se restablezcan los programas de apoyo a las empresas proveedoras de maquila mediante la simplificación del régimen aduanal (IMMEX), sobre todo para aquellas maquiladoras industriales “sensibles” y de tercera generación para que se conviertan en establecimientos permanentes en México.

Preparación de las condiciones políticas e institucionales para un cambio consensuado y estratégico de la economía política nacional

Para preparar las condiciones políticas e institucionales para un cambio consensuado y estratégico de la economía política nacional durante el periodo 2013-2018, que tenga como vector de impulso a la reindustrialización acelerada de México, se requiere dar vigencia práctica a los mandatos constitucionales que establecen el sistema nacional para la planeación democrática del desarrollo, de acuerdo al objetivo de que México sea potencia económica tecnológico-industrial en el siglo XXI.

El fortalecimiento institucional y político de la democracia económica es una condición necesaria para que México sea potencia económica con capacidad de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la Nación.

El fortalecimiento institucional y político de la democracia económica, entendida como una red de personas o grupos de personas e instituciones, formando una única comunidad o articulando varias, bajo condiciones de derechos y deberes plasmados en un sistema jurídico, en el que sus miembros pueden acceder a la propiedad de lo que emprenden y por tanto al capital y los factores necesarios para desarrollar la producción, de un modo efectivo; así como la participación del universo de ciudadanos en las decisiones sobre la economía política nacional, sobre las grandes estrategias de desarrollo, crecimiento y distribución del ingreso y la riqueza, mediante procedimientos institucionales, democráticos, transparentes y subordinados a la rendición de cuentas, es una condición necesaria para que México sea potencia económica con capacidad de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la Nación.

Fortalecimiento institucional y político de la democracia económica

El fortalecimiento institucional y político de la democracia económica debe constituir la base para la modificación pactada, gradual y sistemática de la actual economía política, y el desarrollo de una economía política soberana, justa y competitiva.

● La nueva economía política para el desarrollo nacional, debe dar cumplimiento a los mandatos de fomento económico y distribución del ingreso y la riqueza que obligan al Estado mexicano, derivados del Artículo 1 de la Constitución en materia de derechos humanos, que establece una relación vinculante con los tratados firmados por el país en materia de derechos humanos.

● Es importante una reforma constitucional para establecer el Consejo Económico, Social y Ambiental de Estado, con la participación de la sociedad mexicana, que sea una institución de Estado, lo que implica que no esté controlada por el gobierno federal o de las entidades federativas, ni por grupos limitados de la ciudadanía o de los factores de la producción, y que deberá tener financiamiento público y facultades para participar de manera sustantiva y relevante en la deliberación y propuesta de políticas de Estado, iniciativas de ley y proyectos presupuestales, en un marco de transparencia, corresponsabilidad y democracia.

● Se requiere una reforma constitucional para que el Poder Legislativo y las entidades federativas participen en la planeación del desarrollo nacional.

● Se deben sustituir las facultades que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de planeación, y trasladarlas a una entidad específica, en un proceso participativo que involucre a la sociedad, las entidades federativas y al poder legislativo.

En la actualidad la SHCP es juez y parte, pues propone la planeación y el presupuesto, y posteriormente lo aplica, sobre la base de la aprobación de la H. Cámara de Diputados.

Asimismo, no se justifican las facultades que le da la Ley de Planeación para realizar la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y hacer las modificaciones al mismo que considere necesarias.

Rectoría del Estado para el desarrollo soberano, equitativo y competitivo en la economía global

● México tiene bases constitucionales suficientes para la modificación de la actual economía política. Se debe dar vigencia plena a este marco constitucional.

● Una política de Estado no es una política gubernamental, sino una construida de manera conjunta y corresponsable con la sociedad. El gobierno no se reduce tampoco al gobierno federal, sino que debe incorporar a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como a los organismos del Estado, al Banco de México y a los poderes Legislativo y Judicial.

● La política de reindustrialización acelerada tiene por tanto que ser concebida en el marco de un Nuevo Pacto Industrial y Laboral para el Desarrollo de México como Potencia Económica.

● Se requiere diseñar un Sistema de Control y Evaluación de la Implementación de la Estrategia de Reindustrialización Acelerada. El seguimiento puntual de la estrategia de reindustrialización, su evaluación corresponsable permanente y dinámica, es una condición para su ejecución exitosa.

Planeación estratégica nacional de mediano plazo

Se requiere una verdadera planeación estratégica nacional de mediano plazo (2013-2018), por los procedimientos de la democracia económica que se han propuesto, para la reindustrialización acelerada de México, que precise sectores y productos, mercados y regiones.

Es conveniente que se actúe en forma proactiva en la construcción de alianzas con cámaras y asociaciones empresariales de giros específicos, que inclusive pueden fungir como Organismos Intermedios especializados o por lo menos como interlocutores calificados.

Por ejemplo se podría explorar la posibilidad y conveniencia de consolidar cadenas de valor en alianza con algunas cámaras industriales según el proyecto estratégico de que se trate y el giro específico bajo el que están constituidas.

En esta planeación estratégica es necesaria la participación, con las responsabilidades que corresponden a sus mandatos legales y misiones específicas, de las siguientes instancias.

● Gobierno federal.

● Poder legislativo.

● Entidades federativas.

● Gobiernos municipales.

● Banco de México.

● Banca de Desarrollo

● PEMEX

● CFE

● CONACYT.

● Cámaras industriales.

● Sindicatos.

● Organizaciones campesinas

● Instituciones de educación superior e investigación.

● Colegios profesionales.

● Asociaciones de consumidores y ciudadanas.

● Sistema bancario de capital nacional.

La planeación estratégica nacional debe tener un carácter sectorial y regional, capaz de realizar todas las potencialidades de los importantes recursos naturales en todo el país, así como del desarrollo alcanzado en el sistema de ciudades, en la infraestructura, las capacidades productivas y la vocación posible de cada una de  las regiones del país.

La perspectiva de las cadenas de valor industrial deben reconocer el sistema productivo desde la producción de bienes del sector primario y de los bienes de la sustentabilidad, lo que significa que debe reconocer el objetivo estratégico de la recuperación de la soberanía agroalimentaria y nutricional, hasta los sistemas industriales dirigidos a la explotación industrial de la nanotecnología, la biotecnología, la energías renovables, y la cultura mediática; sobre la base de empresas de capital nacional.

Una dimensión que deberá ser considerada es la formulación de un Plan Nacional de Energía de corto, mediano y largo plazo, que establezca condiciones reales para su desarrollo por entidades públicas y de empresas de capital nacional en las áreas que permite la Constitución. Una propuesta avanzada de este plan la formuló el Ing. Rafael Decelis.

Otra dimensión impulsora del desarrollo industrial-tecnológico es el aumento de la eficiencia energética del sector industrial.

Agenda legislativa para una nueva economía política para que México sea potencia económica tecnológico-industrial

Se requiere dar prioridad a una agenda legislativa, que se aparta sustancialmente de las propuestas que han sido denominadas como “reformas estructurales”, que no consisten en otra cosa, sino en una mayor apertura a la inversión y al comercio exterior, a la privatización aún mayor de las instituciones públicas, a la reducción del poder adquisitivo del salario y de las prestaciones sociales y de la seguridad social, así como la reducción aún mayor del poder y recursos del Estado mexicanos para promover el desarrollo.

Es evidente que una estrategia de reindustrialización acelerada tiene como requisito la formulación de otra agenda legislativa, que parte de una finalidad distinta, que consiste en avanzar hacia una condición de ser potencia económica tecnológico-industrial, que a su vez se concibe como un medio para garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos.

La agenda legislativa que contribuya al interés del desarrollo nacional tiene propósitos y contenidos opuestos a las denominadas “reformas estructurales” que promueven las corporaciones globales y los organismos internacionales que responden a sus intereses.

Se deben abrogar todas las disposiciones contrarias a la Constitución que fueron aprobadas en 2008 en la denominada reforma energética, en particular en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional y la Ley de Petróleos Mexicanos, pues son privatizadoras y desnacionalizantes, además de contrarias a los mandatos de la propia Constitución.

Se debe abrogar la Ley de Asociaciones Público Privadas, pues es una vía para la privatización del Estado Nación a favor de las corporaciones globales y no para el desarrollo de México como potencia económica tecnológico-industrial.

La Ley de Adquisiciones debe ser modificada para incluir el mandato de todas las dependencias y entidades públicas, de orientar sus licitaciones para la adquisición de bienes y contratación de servicios, de manera preferente a empresas de capital nacional.

Acuerdo nacional sobre la definición, administración autónoma de la SHCP y destino de la renta petrolera para la inversión productiva

El desafío histórico estructural para que México sea potencia económica, requiere superar dos cadenas sofocantes del crecimiento que fueron establecidas en las últimas tres décadas: por una parte, el secuestro de la renta petrolera para cubrir las obligaciones financieras del gobierno mexicano, incluyendo el rescate bancario cuyos beneficiarios fueron los inversionistas financieros globales, así como el déficit de recaudación fiscal de los mayores contribuyentes y de las corporaciones globales; y por el otro lado, el endeudamiento, vaciamiento de sus actividades productivas sustantivas de los organismos del Estado mexicano en el sector energético.

Revertir esta situación equivale a restituir el dominio de la Nación sobre sus riquezas naturales, y orientarlas a la inversión productiva.

Este cambio es condición de posibilidad para reducir la dependencia energética, financiera, industrial y tecnológica del país, así como para generar condiciones de precios competitivos de los energéticos y las materias primas.

La privatización y extranjerización de PEMEX y la CFE inciden de manera directa en los altos costos de la energía eléctrica y de los insumos productivos, por lo que se requiere restablecer la inversión pública, con menores tasas de interés aplicables a las inversiones que se han realizado, que deberán ser compradas por el Estado mexicano, así como para que las inversiones que se hagan en el futuro sean inversiones del Estado mexicano.

La base de la cual dispone la Nación para su propio desarrollo, es la renta petrolera, y la explotación del oro y la plata, si se destinan a la inversión productiva, a la capitalización de la cadena de valor de los hidrocarburos, así como al financiamiento del desarrollo del nuevo paradigma energético que reduzca el peso específico de los hidrocarburos.

Ello requiere una deliberación nacional sobre la definición de la renta petrolera, y la creación de una entidad que tenga como responsabilidad la administración de esta renta, en función del desarrollo nacional, como un recurso que deberá ser invertido y no consumido en gasto corriente.

Este acuerdo supone un amplio debate público, sustentado en el análisis y juicio sobre el destino que se da actualmente a los ingresos que aporta PEMEX; sobre su magnitud y tendencias hacia el futuro, para que se pueda fundamentar una propuesta de uso alternativo destinado al desarrollo tecnológico-industrial y el apalancamiento de una política macroeconómica guiada por el criterio del desarrollo soberano del país.

La renta petrolera se debe destinar exclusivamente a inversión y de manera especial a la inversión científica y tecnológica, el desarrollo industrial, el financiamiento y crédito para la producción, la infraestructura competitiva del siglo XXI, así como la inversión productiva en las cadenas de valor del sector energético y el cambio de paradigma hacia fuentes de energía renovables que reduzcan la dependencia del uso de los hidrocarburos.

Se requiere garantizar con los recursos de la renta petrolera la inversión en refinación y petroquímica que restablezca la cadena de valor de los hidrocarburos, de manera integrada en la planeación del sector energético como una unidad sistémica; y reducir la exportación, hasta eliminarla en el mediano plazo, de crudo sin valor agregado tecnológico-industrial.

Por otra parte, se deben cancelar las concesiones otorgadas a empresas extranjeras para la extracción de oro, plata y uranio, para constituir una reserva nacional de minerales preciosos que den sustento a las reservas del Banco de México.

Sector energético como motor del financiamiento y reindustrialización de México

Los organismos del Estado mexicano en las áreas estratégicas y prioritarias que señala la Constitución, deben ser los grandes impulsores de la reindustrialización de la Nación.

Se debe cancelar la actual política de entregar las actividades sustantivas de los organismos del Estado mexicano en las áreas estratégicas a corporaciones privadas principalmente de capital extranjero, en particular para el sector energético y petroquímico, y fortalecer las capacidades técnicas y productivas de los organismos del Estado mexicano.

Al mismo tiempo, es necesario que la dinámica productiva de las entidades públicas del sector energético, se conviertan en el gran dinamizador de la reindustrialización del país, al constituir un factor de demanda que puede dar condiciones de rentabilidad a un creciente número de industrias de capital nacional.

Contrario a lo que se ha venido haciendo durante las últimas tres décadas, la modernización del sector energético no consiste en su privatización y desnacionalización, contraria a los mandatos de la Constitución, sino por el contrario, el reforzamiento de los organismos del Estado en la explotación de los hidrocarburos, la generación y suministro de energía eléctrica y la generación de fuentes renovables de energía, por entidades públicas y empresas de capital nacional.

La actual inercia no sólo no contribuye a maximizar el acceso a la renta petrolera, sino también a la pérdida de las utilidades industriales y de capacidades estratégicas en la industria.

En esta definición recae el posible desarrollo de México como potencia económica tecnológico-industrial, o la continuidad de la actual involución del desarrollo nacional.

Decisiones de política macroeconómica para que México sea potencia económica

Las decisiones de política macroeconómica requeridas para que México sea potencia económica sobre la base de capacidades, recursos, instituciones, organismos de Estado en las áreas estratégicas y empresas de capital nacional, deben tener como objetivo el crecimiento económico, el desarrollo nacional y el desarrollo industrial-tecnológico de México, y no la administración de condiciones que se limitan a una estabilidad paralizante del crecimiento económico y el desarrollo, en función de garantizar mercados y utilidades a corporaciones globales de capital nacional y extranjero.

Política Monetaria para el crecimiento económico, el desarrollo, la creación de empleos y la reducción de las tasas de interés.

La política monetaria no debe tener como único objetivo mantener el poder adquisitivo de la moneda.

En primer lugar, por su impacto en la política salarial, este poder adquisitivo no se mantiene para la mayoría de la población asalariada con menores ingresos o en condiciones de pobreza, pues reduce de manera permanente su poder adquisitivo.

La política monetaria debe también promover el crecimiento, la generación de empleos y la reducción de las tasas de interés en el mediano plazo, lo que requiere modificar la Constitución y la Ley del Banco de México para que incluya estos objetivos.

● Política de reservas del BANXICO en oro, plata y una canasta de divisas, para sustentar una política distinta de financiamiento público y privado.

Se debe aprovechar la ventaja comparativa que representa para México el disponer de reservas y recursos significativos de metales preciosos como el oro y la plata, de la cual somos el país productor más importante del mundo.

Se deben cancelar las concesiones mineras a empresas de inversión nacional y extranjera, que han llevado a cabo durante la última década un verdadero despojo de la riqueza minera del país, y construir con los recursos de metales preciosos, la base de una reserva monetaria capaz de apalancar el desarrollo de una nueva economía política sustentada en el desarrollo del mercado interno y la soberanía económica del país.

México debe establecer una política monetaria sustentada en un patrón mixto, en el cual sus reservas directas en dichos metales, bajo resguardo del Estado mexicano en territorio nacional, sea mayoritaria a las reservas que se establezcan mediante una canasta de divisas internacionales, y que puedan dar sustento a una política de financiamiento y crédito con la suficiente solidez y credibilidad, para garantizar los endeudamientos públicos y privados que se justifiquen para hacer las inversiones requeridas para el desarrollo nacional.

● La política monetaria mexicana deberá coordinarse con la política monetaria de los países miembros de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), ante las políticas monetarias de la Unión Europea y  de los Estados Unidos de América, que han tomado decisiones para contribuir con ellas a la expansión de sus negocios y del comercio internacional de sus propias corporaciones, en detrimento de condiciones reales de libre competencia en los mercados mundiales.

Política comercial orientada para la exportación y la generación de un superávit comercial en la industria

Se requiere una política de comercio exterior, concebida como política de exportación y no de importación, a fin de eliminar el déficit comercial histórico.

Pero es imposible tener una política de exportación que no esté sustentada en una estrategia de reindustrialización, pues la sola firma de tratados internacionales de comercio, no sólo es totalmente insuficiente, sino que se constituye en un obstáculo al desarrollo de la economía, la industria, la ingeniería y la tecnología nacionales.

La propuesta de expansión de las exportaciones mexicanas hacia mercados emergentes, que constituyen oportunidades concretas y realistas para nuestro país,  ha sido presentada en el capítulo cuarto.

Política de reducción de tasas de interés y de formación de entidades bancarias de capital nacional que proporcionen crédito competitivo.

Sobre la base de la política monetaria soberana, el Banco de México, de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen la responsabilidad, en el marco de sus facultades legales, de crear condiciones para que exista crédito para propósitos productivos, que esté accesible a todos los industriales, de todos los sectores, en todo el país, a tasas competitivas, plazos, condiciones y garantías, equivalentes a las que disponen los industriales en otras partes del mundo; así como para el desarrollo de un sistema bancario de capital nacional, en todas las entidades federativas, que sustituya en al menos un 80% la participación de las entidades de inversión extranjera en el sistema financiero mexicano.

Para este propósito, se requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gestione los términos de la concesión del servicio bancario proporcionado por la Banca privada, en lo que respecta al financiamiento a PYMES.

Asimismo, se deberán destinar recursos fiscales a escala para el fortalecimiento de la Banca de Desarrollo, tanto en sus capacidades de financiamiento, como también operativas para el otorgamiento de créditos, el desarrollo de proyectos de inversión y la asistencia técnica, para que funcione como banca de primer piso en todo el país, y en todos los sectores económicos; eliminando los condicionantes de exigencia de rentabilidad, que caracterizan a la banca de desarrollo en todos los países desarrollados, y de acuerdo a la escala de operación y condiciones de funcionamiento con los sectores privados, como lo realizan las actuales potencias económicas.

Si el financiamiento es por la banca comercial y ésta cuenta con garantías líquidas por parte del gobierno, este apoyo debe comprometerse, por una parte, con la obligación de financiar a PYMES con condiciones crediticias preferenciales en plazos de amortización y, por otra, menores tasas de interés, ya que para el banco se reduce el riesgo de los préstamos.

También es conveniente explorar la posibilidad de establecer una norma respecto a un cierto porcentaje de la capacidad de financiamiento de la Banca privada a PYMES.

Las tasas actuales de interés que pagan las micro empresas (16-27%) son las más altas que se cobran, por lo que se requiere una política de reducción significativa de tasas de interés para las MIPYMES, sustentada en garantías públicas y en el marco de políticas de fomento industrial y de competitividad.

La banca privada de capital nacional y la Banca de Desarrollo, deben crecer a una tasa acelerada, capaz de sustituir en un 80% la participación de las entidades bancarias de capital extranjero en nuestro país en la captación de ahorro y otorgamiento de crédito, en un plazo de cinco años.

Las inversiones extranjeras en el sistema bancario nacional deben ajustarse a los límites de inversión extranjera que se aplican en la Unión Europea, que no debe superar el 25%.

Se debe hacer una evaluación de los montos pagados por el FOBAPROA hasta la fecha y procurar una reducción del adeudo faltante, tomando en consideración las utilidades obtenidas y la remisión de las mismas a sus filiales, por parte de los bancos propiedad de inversión extranjera.

Política de tipo de cambio para la rentabilidad y competitividad de las industrias de capital nacional.

La política de tipo de cambio debe monitorear el desempeño de la economía nacional y del resto del mundo, en particular con los países con los que tenemos la mayor relación comercial, con el objeto de eliminar el sesgo de sobrevaluación que ha prevalecido, pues es un obstáculo estructural para el desarrollo de la industria de capital nacional.

Para este propósito se debe establecer por parte del Banco de México, del INEG y de la SHCP, un Consejo Consultivo sobre la Evolución del Sistema de Precios Nacionales e Internacionales, en el que participen colegios profesionales, cámara y asociaciones de industriales y especialistas, para dar seguimiento puntual y sistemático a la evolución de los precios de energéticos, materias primas, servicios de soporte a los productores y a la producción, así como de las divisas, con el propósito de determinar la política de tipo de cambio, en función de garantizar a los industriales de capital nacional, condiciones macroeconómicas que les permitan aumentar su rentabilidad y competitividad, tomando en consideración también los precios de intercambio intra-firma, los precios de transferencia, así como otros factores que inciden en la formación de los precios, como condiciones oligopólicas, anticompetitivas y de manipulaciones especulativas en los mercados nacionales e internacionales.

Política de endeudamiento basada en el ahorro nacional

La deuda pública se deberá suscribir en moneda nacional y sobre la base del ahorro nacional.

La política de endeudamiento debe cancelar la suscripción de deuda pública destinada al pago de intereses de empréstitos anteriores, pues a ello se han destinado aproximadamente las dos terceras partes del aumento de la deuda pública en el último lustro.

Por otra parte, el endeudamiento debe ser nacional, para evitar los riesgos derivados de la previsible inestabilidad y bajas tasas de crecimiento en la Unión Europea y los Estados Unidos de América en el próximo futuro.

Pacto de productividad y salarios

La demanda agregada debe aumentar sobre bases consistentes de productividad e inversión en tecnología.

La demanda agregada nacional debe constituirse en el principal factor dinamizador del crecimiento económico, y ello es una consecuencia de la política salarial del país.

Romper el círculo vicioso de considerar al salario, junto con la reducción del gasto público, como las dos anclas para contener la inflación, constituye tal vez el principal desafío político de México en el futuro inmediato.

Por ello es necesario establecer una institución de Estado como el Consejo Económico, Social y Ambiental, en la cual sea posible la deliberación argumentada de la problemática nacional, así como de las condiciones y evolución de la economía mundial, que permita el diseño y la suscripción de acuerdos generales, sectoriales e incluso de ramas e industrias específicas, que permitan aumentar los salarios por arriba de la inflación y sobre la base del aumento de la productividad, mediante la inversión e innovación tecnológica y la formación y capacitación tanto de los empresarios como de los trabajadores.

El Banco de México y el INEG deberán tener el mandato de dar seguimiento a la productividad nacional, factorial, sectorial y de ramas de producción, con el objeto de dar fundamento a una política salarial sustentada en los aumentos de la productividad y la productividad, y por arriba de la inflación, como mecanismo permanente, sistemático y pactado para aumentar el poder adquisitivo del salario y el tamaño del mercado interno.

Financiamiento interno para el desarrollo

El financiamiento interno para el desarrollo requiere disponer de todos los recursos disponibles del ahorro nacional, para propósitos productivos y de inversión, lo que a su vez permitirá crear mayor riqueza.

Pero este financiamiento tendrá que ser impulsado por el Estado, mediante una política que incentive el ahorro con propósitos productivos, mediante nuevas formas de asociación económica de los ciudadanos, las organizaciones empresariales y los recursos públicos.

Relanzamiento de la banca de desarrollo y de la banca privada nacional

México requiere un relanzamiento firme, sustentado y estratégico de la banca de desarrollo. Además de aumentar los recursos públicos para este crecimiento, es necesario recuperar sus capacidades de análisis de crédito y asistencia técnica.

Esta política debe relacionarse con la política para el desarrollo de una banca de capital privado nacional, capaz de ofrecer el financiamiento para propósitos productivos, que la banca privada de capital extranjero, ha demostrado que no tiene la intención de fomentar.

Nueva política fiscal homologada a los estándares internacionales en cuanto a niveles de recaudación y regímenes fiscales

Se requiere un análisis fundamentado de la contribución de los sectores y  ramas económicas al PIB, relacionado con la contribución de los mismos a los ingresos fiscales del país.

Toda actividad económica debe contribuir al financiamiento público y toda utilidad generada en la economía nacional debe tributar para el financiamiento del Estado.

La deliberación y análisis de esta cuestión es también medular para el diseño y acuerdo de una economía política distinta, orientada a triplicar las tasas de crecimiento económico observadas durante los últimos treinta años.

De nuevo, esta cuestión requiere una verdadera democracia económica, sin la cual será imposible que se establezca la prelación del bien público sobre el bien privado.

Asimismo, sin esta cohesión nacional y acuerdo, será imposible la renegociación de los términos de la participación de los inversionistas globales en la economía nacional, pues los mecanismos y tratados para impedir la doble tributación y los regímenes de excepción y de consolidación de ingresos fiscales, se han constituido en condiciones estructurales que son importantes para el nivel de utilidades que obtienen estos inversionistas en nuestro país, pero que son insostenibles desde el punto de vista económica y profundamente injustos desde el punto de vista de una economía política que establezca condiciones equivalentes a las que establecen las naciones económicamente más avanzadas en el mundo.

No es aceptable el principio de privilegio según el cual existan inversionistas globales que estén desvinculados con las obligaciones que les debe corresponder con el Estado mexicano. No debe haber privilegios de inversión y generación de utilidades, sin la obligación de tributación al Estado nacional.

Sobre esta base de deben renegociar los tratados para impedir la doble tributación, que para México equivalen al pago de impuestos en otros países, de las utilidades generadas en el país.

Evaluación y ajuste a los tratados de libre comercio e inversión y en materia fiscal.

Se requiere una evaluación integral, objetiva, transparente y sistemática de la política de apertura comercial y a la inversión que se ha seguido en las últimas tres décadas.

Esta evaluación es la base para generación de estrategias de crecimiento económico  y competitividad, así como para establecer condiciones de producción equivalentes para los industriales de capital nacional.

Asimismo, sobre esta base se debe argumentar sobre los ajustes y modificaciones que son indispensables a dichos tratados, con el objeto de que cumplan con las condiciones de equidad y reconocimiento de las asimetrías, que le permitan a México participar de manera competitiva y equitativa en el desarrollo de la economía mundial, sobre la base del desarrollo de México como potencia económica por méritos y capacidades propias; todo lo cual es condición de posibilidad para que México pueda garantizar a todos los habitantes, sus derechos humanos, concebidos de manera integral. Para ello se requiere:

Realizar una evaluación integral del TLCAN, del tratado con la Unión Europea y con Japón; propuestas de modificación y negociación.

Hacer una evaluación de la relación comercial y de inversión con China, Corea del Sur y los países asiáticos.

Proponer una nueva vinculación estratégica, de inversiones conjuntas y comercio con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC).

Renegociación y ajuste de los tratados en materia fiscal, para que existan condiciones equitativas y justas en las relaciones entre la economía política nacional y las políticas de tributación de las naciones económicamente más desarrolladas.

Reorganización institucional del Estado mexicano para un desarrollo integral.

Las políticas anteriores requieren un cambio institucional de fondo, que restablezca las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar el desarrollo nacional, sobre la base de la rectoría del Estado sobre el desarrollo y el impulso de las capacidades públicas, sociales y privadas en el ámbito productivo, capaces de satisfacer las necesidades de la población en materia de empleo, ingreso, bienestar social, vivienda, salud, educación y en general de todos sus derechos humanos.

Estos cambios institucionales deben crear las nuevas capacidades públicas, entre las cuales destacan las siguientes:

Cambio constitucional y legal del Banco de México.

Fondo Nacional de Financiamiento como entidad que administre la renta petrolera, que tenga una autonomía institucional en la cual no intervenga la SHCP, y que responda a los mandatos de la planeación nacional y del Poder Legislativo.

Ley de Adquisiciones y Ley de Obra Pública para la reindustrialización acelerada de México.

Integración territorial por medio de un sistema de infraestructura multimodal.

El Estado mexicano debe emprender de inmediato las inversiones en infraestructura que le permitan la integración territorial productiva, en lo que se debe considerar la reversión de las concesiones a inversionistas extranjeros y a favor de empresas de capital nacional, en materia de ferrocarriles e infraestructura de comunicaciones y transportes, para que respondan a las necesidades de integración productiva sectorial y regional del país.

En este proyecto se debe dar prioridad al desarrollo de un sistema de transporte marítimo de cabotaje que permita dinamizar las costas del país en ambos océanos, y se integre con una infraestructura multimodal en el Istmo de Tehuantepec, mediante el desarrollo de una marina mercante nacional capaz de integrar el país a costos de logística competitivos. 

Infraestructura para la Sociedad y la Economía de la Información

El Estado mexicano debe cancelar las concesiones de fibra óptica de la extinta Compañía de Luz y Fuerza, que fueron entregadas a un valor menor a la inversión realizada, así como utilizar la infraestructura de fibra óptica de la CFE, para establecer una conectividad de todo hogar, toda oficina y toda institución educativa a una red de fibra óptica que de soporte a la convergencia digital y a los avances de capacidades que se vayan alcanzando en el desarrollo de Internet.

Esta infraestructura debe ser de Estado, es decir de propiedad pública, independientemente que para su operación puedan participar empresas de capital nacional.

Anexo capítulo 1

Ramas de la industria manufacturera, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

Fuente: Elaboración propia