Alberto Montoya Martín del Campo.
El Estado mexicano no es responsable del alza internacional del precio de los alimentos, pero sí es responsable de haber abdicado de sus deberes y derechos ante las corporaciones globales y otros países, a través de tratados comerciales, de inversión y fiscales, que han conducido a la actual dependencia alimentaria
Introducción
Un derecho humano fundamental es el derecho a la alimentación. Desde un punto de vista ético, racional y jurídico, es inaceptable el hambre, la desnutrición, y la pérdida de sustentabilidad y soberanía en la producción de alimentos.
Por ello se propone una política de Estado para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional de los mexicanos. Ante la pregunta de ¿quién debe alimentar a los mexicanos?, la respuesta es clara y contundente: los mexicanos.
El Estado mexicano no es responsable del alza internacional del precio de los alimentos, pero sí es responsable de haber abdicado de sus deberes y derechos ante las corporaciones globales y otros países, a través de tratados comerciales, de inversión y fiscales, que han conducido a la actual dependencia alimentaria; que de acuerdo a las tendencias observadas, crecerá aún más en el futuro; de la misma manera que los precios internacionales de los alimentos.
Esta irresponsabilidad es causa directa del aumento de seis millones de mexicanos en condición de pobreza extrema en los últimos tres años. El gobierno federal y el poder legislativo, son los principales responsables de estos hechos.
La Nación mexicana, heredera de la hazaña milenaria de la invención de la agricultura en el continente americano, lugar de origen del 10% de toda la biodiversidad existente en el planeta, con culturas capaces de crear al maíz como una nueva especie, con cerca de dos millones de kilómetros cuadrados de territorio y tres millones de kilómetros cuadrados de mar patrimonial, y sobre todo, con más de 105 millones de hectáreas, más de la mitad de territorio nacional de propiedad social, tiene el derecho y el deber jurídico y ético de establecer una política de Estado para la alimentación de los 112 millones de mexicanos y el millón que se sumará cada año a la nación durante el próximo cuarto de siglo.
Los sujetos históricos de esta política de Estado son los ejidatarios, comunidades indígenas y pequeños propietarios mexicanos. Los argumentos y contenidos de esta política, se exponen de acuerdo a los siguientes argumentos:
Los Campesinos en la Independencia, la Revolución Mexicana y en el futuro de México.
Justificación de la necesidad de una política de Estado para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.
Criterios y contenidos de una política de Estado.
Los Campesinos en la Independencia, la Revolución Mexicana y en el futuro de México
Los campesinos han realizado grandes hazañas y han sido forjadores de la historia de México. Sin su participación no hubiera habido Independencia en 1810, Restauración de la República en 1867, ni Revolución en 1910. Su aportación histórica va mucho más allá de sus reivindicaciones particulares. ¿Cuál puede ser su contribución al desarrollo de México en el siglo XXI?
Sería un grave error de perspectiva hacia el futuro, preguntar sobre el campesinado y pensar sólo en la sociedad campesina, pues su actividad es sustantiva para toda la sociedad.
Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la alimentación, que es universal, pues de él dependen otros como la salud, la educación y el trabajo, por lo que es condición para el pleno desarrollo de las libertades humanas.
Ante la pregunta ¿quién debe alimentar a los mexicanos?, es evidente que el campesinado emerge como un sujeto social, económico y político de importancia para la Nación en su conjunto, y de hecho el único con capacidad, si se establecen las políticas públicas adecuadas, de constituir la base para superar el actual proyecto de subordinación a las corporaciones globales alimentarias, que ha producido graves daños al país.
Una forma de aproximarnos al futuro de la sociedad rural, es analizar los cambios que ha sufrido la propiedad de la tierra a lo largo de los siglos; la situación actual del campesinado mexicano, y sus perspectivas hacia el futuro.
Desde tiempo inmemorial, las familias campesinas en las distintas sociedades, han desarrollado culturas diversas en las que se han establecido relaciones familiares y comunitarias para la producción agropecuaria, forestal y pesquera; así como formas de supervivencia ante los cambios en la naturaleza; acuerdos para el intercambio comercial e invención de procesos técnicos, todo lo cual ha adquirido sentido en el marco de formas específicas de identidad y concepciones del universo. Sus estrategias de auto conservación han sido decisivas para la reproducción de la sociedad y el aumento de la población.
Los mexicanos somos herederos de culturas que tuvieron como logro civilizatorio la invención de la agricultura, la domesticación de múltiples especies vegetales y animales, y el desarrollo de técnicas productivas que han legado a la humanidad el maíz, entre otros granos y vegetales, que hoy constituyen el sustento alimentario de millones de personas e insumo de múltiples industrias en todo el mundo.
Diez por ciento de todas las especies vivientes en el planeta son endémicas de nuestro país. Los sistemas ecológicos en los cuales se han desarrollado, fueron conocidos por nuestros ancestros; protegidos y aprovechados para su supervivencia.
En todos los casos, las familias y comunidades campesinas fueron y siguen siendo los responsables directos de su mantenimiento, ante la extensión de la producción industrial y el crecimiento urbano, con sus necesidades de alimentos para los trabajadores e insumos para la industria.
Al considerar los grandes cambios históricos sobre la propiedad de la tierra, de manera simplificada, pero significativa para el propósito de esta reflexión, se puede señalar que fueron las Leyes de Reforma en el Siglo XIX, las que propiciaron un cambio substancial en el campesinado del siglo XIX.
Ni siquiera la encomienda tuvo tal efecto en la sociedad campesina, como la aplicación de la Constitución de 1857. El Diputado Ignacio Luis Vallarta, según consta en la memoria de los debates para la aprobación de dicha Constitución, argumentó sobre la base de los aportes de Smith y Quesnay, que sólo el interés individual es el que debe guiar la producción de la riqueza para que no sea gravosa; y que la economía no quiere del legislador, sino eliminar todas las trabas y protecciones.
El liberalismo económico se imponía como explicación científica y como proyecto histórico. Los liberales de aquella época soñaban con la disolución del campesinado y su transformación en modernos empresarios guiados por el espíritu de acumulación de riqueza, como finalidad de cada individuo.
Para ellos era inaceptable e incomprensible mantener el viejo orden novohispano signado por la comunidad patrimonial y el uso comunitario de la tierra por parte de los campesinos, que al igual que la propiedad en manos de la iglesia, eran consideradas bienes de manos muertas.
Ante el despojo de las propiedad campesina y comunal que significó la aplicación de la Constitución de 1857 por Porfirio Díaz, lo cual alcanzó a atestiguar el propio Vallarta, en una reflexión posterior se disculpó por los cambios que había promovido en esa Constitución y su efecto de expropiación de la propiedad ancestral de las tierras comunitarias y familiares, por un grupo muy reducido de individuos y empresas. Afirmó que nunca fue esa su intención, pero el daño estaba hecho.
Hacia 1910 había en México aproximadamente 5,000 haciendas en las cuales estaban acasillados aproximadamente tres millones de campesinos sin tierra. También se estima que había aproximadamente 50,000 propietarios de tierra de extensión comercial, que no alcanzaban las dimensiones económicas, sociales y políticas del sistema de las haciendas.
A la expoliación de las comunidades campesinas se sumó la entrega de tierras para explotaciones mineras a empresas extranjeras, que requerían para su funcionamiento el trabajo de los campesinos convertidos en trabajadores industriales.
Treinta años de permanencia en la Presidencia de la República de Porfirio Díaz, bajo condiciones de pax porfiriana, con sus condiciones intrínsecas de desigualdad, explotación, represión y ausencia de posibilidades de superación de las mismas bajo dicho régimen político, condujo de manera necesaria a la Revolución Mexicana.
En esa lucha los campesinos fueron protagonistas decisivos para la transformación de la estructura de poder y la modificación del curso histórico que tenía la Nación.
La Constitución de 1917 y la reivindicación de la Nación sobre los recursos naturales, la Reforma Agraria, los avances democráticos y el mandato tutelar para los trabajadores del Artículo 123, no pueden ser explicados sin la fuerza social y las luchas de los campesinos.
No obstante, la realización de este proyecto histórico tuvo un avance decisivo hasta que el General Lázaro Cárdenas del Río llegó a la Presidencia de la República. Cárdenas es sin duda el Presidente de México que de manera más honesta y eficaz, condujo sus acciones de gobierno bajo los imperativos éticos y políticos de la Revolución Mexicana.
La Reforma Agraria tuvo durante su mandato un avance cualitativo, que con el aporte de otros presidentes que le sucedieron, transformó la estructura de la propiedad de la tierra en nuestra Nación.
La reforma agraria impulsó no sólo la producción de alimentos, sino también la industrialización del país, que se explica de manera importante por el aporte de los excedentes extraídos de la producción agropecuaria. México aumentó la producción agropecuaria de manera sistemática de 1934 a 1966, generando incluso excedentes anuales para exportar un millón de toneladas de maíz al final de este periodo.
El campo aportó alimentos baratos y empleos para millones de personas, sin que por otro lado, hubieran mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los campesinos.
Hacia 1966 se llegó a lo que se denomina la frontera agrícola, es decir a la condición en la cual el aumento de la producción depende de la introducción de infraestructura productiva –riego, tecnificación, nuevas escalas productivas-, para aumentar la productividad y la producción; y no tan sólo del aumento de la cantidad de tierras bajo cultivo.
Se requería desde ese momento la intensificación de las políticas de fomento y protección de la producción, de la misma manera como lo han hecho las grandes potencias europeas y los Estados Unidos.
El impulso productivo se mantuvo algunos años más, hasta la década de los setenta, pero fue modificado drásticamente desde que se impuso la política de subordinación de la economía política nacional a los procesos globales de acumulación, mediante la firma del TLCAN y de otros tratados de libre comercio e inversión, desde la década de los años ochenta.
El día de hoy, los poco más de 30,000 ejidos que existen en el país, con más de 3 millones de ejidatarios, disponen de un poco más de la mitad del territorio nacional, como propiedad social, a pesar de los embates del neoliberalismo.
Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se propone la disolución de la Nación mexicana, en una colonia estadounidense con régimen de Apartheid, pues se han vulnerado de manera grave las condiciones de mantenimiento y reproducción de la propiedad social y del ejido, como soportes de la autosuficiencia alimentaria del país.
Desde la firma del TLCAN se han perdido más de seis millones de empleos en el campo y se ha expulsado a millones de campesinos por medio de la coacción y violencia económica, de sus comunidades y lugares de origen, para buscar, en condiciones de desamparo y desprotección del Estado mexicano, empleos indocumentados en los Estados Unidos de América.
No sólo se suprimieron las políticas públicas que existían antes de la firma del TLCAN para dar un mínimo de rentabilidad y estabilidad a la producción agropecuaria, sino que se importaron volúmenes significativos adicionales a los pactados en el tratado, a precios subsidiados que hacían imposible a los productores nacionales alcanzar un mínimo de rentabilidad.
El resultado fue que México se convirtió en importador neto de alimentos, a una escala injustificable desde cualquier punto de vista. Hoy en día se importa el 42% de los alimentos y la balanza comercial agropecuaria ampliada, desde la firma del TLCAN, alcanza un déficit acumulado desde entonces de más de 20,000 millones de dólares. Se tiene que importar el 74 por ciento del arroz; y 15 millones de toneladas de maíz amarillo, de las 16 que se consumen. Se importa aproximadamente el 50 por ciento del trigo panificable y de oleaginosas.
La irracionalidad se cierra al considerar que las divisas que envían los trabajadores indocumentados, son las que permiten la importación de alimentos, que antes eran producidos en México por los mismos campesinos migrantes.
El impacto en la migración forzosa del campesinado mexicano es injustificable. Antes de la firma del TLCAN se estima que emigraban alrededor de 28,000 personas al año. Después inició un aumento que ha llegado a ser exponencial y del orden de 500,000 personas anuales. El Ineg reporta que durante el primer semestre de 2010, emigraron casi 500,000 personas, principalmente de las áreas rurales y varones en su mayoría.
La familia campesina ha sufrido un impacto devastador, pues se han roto múltiples vínculos familiares, de padres e hijos, cuyas consecuencias naturales son la pérdida de cohesión social e identidad.
En este contexto, los jóvenes pobres de las áreas rurales se han convertido, por necesidad y falta de oportunidades, en eslabones y carne de cañón del crecimiento de la economía criminal, organizada, financiada y armada desde los Estados Unidos de América; y por otro lado, en los reclutas de las fuerzas armadas y policiacas dirigidas a combatirla.
El Estado mexicano en lugar de crear oportunidades educativas y de empleo, ha establecido condiciones para el asesinato indiscriminado, exterminio y represión de los jóvenes.
Más de 50,000 asesinados de la supuesta y mal denominada guerra contra el narcotráfico, son jóvenes en su mayoría, muchos de ellos campesinos, víctimas de una condición permanente y cada vez más grave de ausencia de oportunidades para las nuevas generaciones.
Cada año mueren en la frontera norte más mexicanos que todos los que murieron a lo largo de la existencia del Muro de Berlín. La mayoría son campesinos jóvenes. Los guardias fronterizos estadounidenses han asesinado impunemente, a la vista del mundo entero, a jóvenes y migrantes mexicanos, a balazos, golpes o choques eléctricos, hechos ante los cuales la sociedad y el Estado mexicano han respondido con lamentable indignidad y cobardía.
Pero el daño no sólo ha sido grave e injustificado para la sociedad campesina, sino para todos los mexicanos. El cambio climático y la dependencia de los Estados Unidos de los hidrocarburos del mundo, ha impulsado la producción de biocombustibles. Este país destina 100 millones de toneladas de maíz, de los 300 que produce anualmente, a la producción de etanol; pues sus reservas probadas de petróleo le permiten satisfacer su demanda tan sólo cuatro años.
Este nuevo mercado para el maíz, el efecto del cambio climático en otras partes del mundo como Rusia y su producción de trigo, y la especulación a futuro de los precios de los granos, han impulsado, y lo harán más en el futuro, el aumento e inestabilidad en los precios internacionales de los granos.
El impacto en México es mayor pobreza alimentaria. Tan sólo del año 2006 al 2009, debido al aumento de los precios internacionales, seis millones de mexicanos fueron lanzados a la pobreza extrema, es decir a la imposibilidad de poder hacer tres comidas al día.
Estos resultados contrastan con los alcanzados por Brasil, que con políticas de apoyo a la economía familiar, durante los ocho años de la presidencia de Luis Ignazio Lula Da Silva, ese país logró sacar de la pobreza extrema a 27 millones de brasileños.
Los mexicanos y los campesinos no podemos permanecer pasivos ante esta situación, a la cual los poderes públicos no han enfrentado desde su raíz. Se requiere establecer como criterio de una política de Estado dirigida a garantizar el derecho humano a la alimentación de todos los mexicanos, recuperar el derecho del Estado Mexicano al desarrollo y a la producción de alimentos, mismo que fue cedido en los tratados de libre comercio.
De esta definición política se desprenden otras que deben ser el criterio de las políticas públicas: la de considerar que el sujeto social y productivo que garantice la producción de los alimentos para los mexicanos, sean los campesinos del sector social y privado, así como las agro empresas de capital nacional.
Estas definiciones se deben traducir en el restablecimiento del pacto social constitucional, que ha sido vulnerado por la economía política neoliberal, para que los recursos públicos, sus políticas y programas, se dirijan a la capitalización y aumento de la productividad, eficiencia y producción de los productores nacionales.
La rigidez de la política salarial neoliberal, en la que el único factor de la producción que tiene control de precio es el salario, y no las utilidades o intereses, hacen de esta cuestión una tarea no sólo urgente sino vital para la seguridad nacional.
Se debe terminar con las políticas públicas anti campesinas, y se debe movilizar las inmensas capacidades de recursos y personas de las cuales dispone el país, para que los programas respondan a este criterio de fomento productivo, y por esta vía se de el mejoramiento constante del nivel de vida del campesinado.
Debe cesar de inmediato la política de violencia multidimensional para la familia campesina y cada uno de sus miembros, y reconocer en cambio, el carácter multifuncional de la economía campesina, que es vital para asegurar y mejorar la captación del agua de lluvia, la protección sustentable de la biodiversidad y de los recursos naturales y la producción de alimentos sanos, inocuos y a precios accesibles para toda la población.
Los jóvenes rurales deben dejar de ser carne de cañón de la violencia absurda de la economía criminal y de la violencia del Estado mexicano, que adquiere cada vez más las características de un estado policiaco dirigido a reprimir a la sociedad, y en particular a los más pobres, vulnerables y jóvenes.
Se requiere restablecer y fortalecer la cultura y la organización campesina, su identidad, fortaleza social y económica. El futuro de México es impensable sin un campesinado fortalecido con formación, capacitación, tecnologías, capacidades organizativas y productivas, que sean aprovechadas por ellos mismos, en su propio beneficio y del país.
Este proyecto lo debe concebir y promover la sociedad campesina. Para ello se requiere, en primer lugar, que alcancen la interlocución y capacidad política que les corresponde por su densidad demográfica, cultural, económica y social.
II. Justificación de la necesidad de una política de Estado para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional
Es urgente establecer una Política de Estado para la Soberanía Agroalimentaria y Nutricional, por las siguientes razones:
Dependencia alimentaria creciente y aumento de la pobreza extrema en el campo y la ciudad.
La dependencia alimentaria, que era nula antes de la firma del TLCAN, alcanza ahora una dimensión que constituye una amenaza a la seguridad nacional y es causa directa del aumento de la pobreza extrema en los últimos cinco años.
El 42% de los alimentos que consumimos son importados y cada año aumenta la dependencia alimentaria, pues es necesario alimentar a un millón adicional de personal.
Las causas principales son el TLCAN y la forma de administrarlo del gobierno mexicano, que promueve la importación de alimentos subsidiados y hace imposible la rentabilidad de millones de productores mexicanos; así como la ausencia de políticas universales de fomento productivo en México, en particular para la pequeña agricultura familiar que es mayoritaria en el país.
Pérdida sistémica de rentabilidad.
Se ha establecido de manera deliberada una política de dependencia de la importación de alimentos de Estados Unidos, que al ser subsidiados en ese país, generan precios internos incapaces de cubrir los costos de producción por los altos costos de la energía y otros insumos como los fertilizantes y semillas, lo que impide la rentabilidad de la actividad agropecuaria para millones de campesinos en México.
Coacción económica, migración forzosa y pobreza.
Se han perdido más de 6 millones de empleos en el campo desde que se firmó el TLCAN; más de tres millones de campesinos emigraron a EUA, en donde producen alimentos que luego importamos y compramos con las remesas que envían, lo que constituye una gigantesca irracionalidad.
Se ha provocado una migración forzosa de millones de habitantes de las zonas rurales, en particular de los varones, en condiciones inhumanas y sin protección de sus derechos humanos.
El clima de violencia multidimensional e incapacidad de garantizar la paz y seguridad a la mayoría de los habitantes de las zonas rurales, tiene ya efectos económicos evidentes, ante la ausencia de instituciones públicas para la producción, financiamiento y la comercialización.
Juventud pobre sin esperanzas de una vida digna, justa y libre.
Se ha provocado la ruptura de decenas de miles de familias rurales y la pérdida de cohesión social en sus comunidades.
Los millones de jóvenes pobres del campo, son las mayores víctimas del crimen organizado y de acciones violentas de las fuerzas públicas.
Hay millones de jóvenes sin esperanza en el campo y la ciudad que son presa del crimen organizado.
Pobreza extrema.
Se estima que de los 21 millones de personas en pobreza extrema, 15 millones son niños y jóvenes, y una gran cantidad de ellos viven en las zonas rurales, lo que se debe tomar en cuenta de manera muy importante al analizar su situación educativa, de empleo, cohesión social y cultural.
Ha aumentado de manera exponencial la pobreza extrema en el campo y la ciudad en los últimos cuatro años, en que más de seis millones de mexicanos adicionales, no pueden cubrir con sus ingresos ni siquiera sus necesidades alimentarias básicas, principalmente entre los niños y jóvenes, pues más de un millón y medio de ellos sólo hacen una comida al día.
Control de corporaciones extranjeras de la alimentación de los mexicanos.
Un reducido número de empresas extranjeras tienen una presencia dominante en varias cadenas agroalimentarias y controlan el comercio y transformación de los alimentos desplazando a los campesinos y productores nacionales mediante la importación de alimentos subsidiados.
Desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano.
Se desmantelaron las instituciones de fomento económico para la mayoría de los productores del sector social, que representan la mayoría en el país y disponen de más de la mitad del territorio nacional.
Ausencia de un sistema universal de crédito a tasas competitivas y de condiciones estructurales para la formación de capital en la mayoría de productores de pequeña escala.
Sólo el 3% de los productores tienen acceso al crédito.
Sofocamiento de la producción nacional.
Como consecuencia de lo anterior, se tiene el absurdo de tener más de 7 millones de hectáreas de tierra sin cultivar.
Los precios internacionales de los alimentos tenderán a seguir aumentando.
Las causas, son las siguientes: el cambio climático que ha afectado la producción en varios países; el aumento de la población; la modificación de los hábitos de consumo en China y la India; la utilización del maíz para producir etanol en los Estados Unidos, donde se destinan 100 de las 300 millones de toneladas que producen, a producir combustible para los automóviles; la especulación financiera con los mercados a futuro de los granos; y la utilización creciente de varios cultivos como insumos industriales para producir plásticos y otros productos.
El aumento de los precios internacionales de los alimentos incide de manera directa en la pobreza extrema.
El aumento de los precios internacionales de alimentos y la política de importación de alimentos subsidiados, ha conducido a la dependencia del 42% del consumo de alimentos en México, y es la causa directa de que seis millones de personas cayeran en pobreza extrema y que no pudieran hacer tres comidas al día en los últimos tres años.
El Estado mexicano no es responsable del aumento de los precios internacionales, pero sí es responsable del alto grado de dependencia alimentaria.
Los aumentos de los precios internacionales de los alimentos empujarán a millones de mexicanos a la pobreza extrema y se agravará el deterioro salarial observado durante más de dos décadas.
Pobreza extrema y amenaza a la estabilidad social.
Si se siguen las actuales tendencias es previsible un aumento de la dependencia alimentaria, lo que constituye una amenaza a la estabilidad social, pues no existen condiciones para aumentar los salarios y compensar el aumento de los alimentos importados.
La dependencia agroalimentaria es una amenaza a la estabilidad social, pues no existen condiciones de aumentos salariales para compensar el aumento de los alimentos importados.
Amenaza del cambio climático y de las políticas agroalimentarias de otros países.
El cambio climático, el aumento del consumo mundial de alimentos, la producción de biocombustibles y la especulación de los mercados, cancelaron de manera permanente las premisas más importantes de la política que favoreció la importación de alimentos:
El contexto internacional se ha modificado de manera permanente y se convierte en una amenaza para la Soberanía Agroalimentaria y Nutricional y para la seguridad nacional.
No se tiene certeza de la disponibilidad de granos y alimentos en los mercados mundiales.
Los alimentos importados serán cada vez más caros que los nacionales.
Varios países del G20 han establecido políticas de soberanía agroalimentaria y no reducirán los subsidios a la agricultura.
El Estado mexicano no puede mantener una posición pasiva ante esta realidad y debe garantizar el bienestar de la sociedad mexicana y el interés nacional.
En conclusión, el actual paradigma es irracional e insostenible y debe ser sustituido por una política de Estado.
Criterios y contenidos de una política de Estado
Es un imperativo histórico establecer una política de Estado para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional. Los criterios de una política de Estado son los siguientes:
Premisas básicas de una política de Estado.
La alimentación y la energía son cuestiones de seguridad nacional.
La soberanía y la seguridad agroalimentaria y nutricional del país constituyen una dimensión soporte para el desarrollo nacional.
La dependencia alimentaria es inaceptable y puede ser revertida, sobre la base de la propiedad social.
La Constitución establece bases suficientes para recuperar y mantener la soberanía agroalimentaria y nutricional
Se debe restablece la alianza entre el Estado mexicano y el campesinado, que fue fracturada por la política de apertura a la inversión y el comercio internacional.
Criterio de soberanía.
Una política de Estado debe tener como criterio general a la autodeterminación del Estado Nación en todas y cada una de las dimensiones del desarrollo nacional.
Autodeterminación o soberanía en el siglo XXI, es la condición por la cual el conjunto del Estado Nación tiene la capacidad de satisfacer las necesidades y objetivos de la sociedad, bajo condiciones de libertad, justicia, dignidad, democracia, sostenibilidad y sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo, sobre la base del trabajo, los recursos, las instituciones y la conducción de la sociedad y las capacidades de las instituciones públicas nacionales.
La Constitución debe de prevalecer sobre los tratados internacionales de naturaleza económica; sobre las negociaciones derivadas de ellos y los acuerdos específicos, que deben ser compatibles con lo dispuesto por la Constitución y los objetivos de desarrollo nacional.
El derecho humano al desarrollo de los pueblos, así como el derecho humano para utilizar los recursos naturales para su propio desarrollo, se debe hacer prevalecer por los mexicanos, ante los tratados comerciales firmados con otras naciones.
La alimentación es cuestión de soberanía y seguridad nacional. Más aún, cuando la disponibilidad de alimentos en el mercado mundial, y el aumento a futuro del precio internacional de los mismos, son causa directa de pobreza en nuestra nación, en virtud de la actual y creciente dependencia alimentaria.
Los alimentos constituyen el bien salario por excelencia, por lo que su significado no se reduce a un sector productivo, sino al conjunto de la economía de la Nación, pues implica la capacidad de alimentar al total de la población nacional.
El criterio de soberanía exige la inmediata administración del comercio exterior de los alimentos, granos e insumos para la producción de los mismos, de acuerdo al interés nacional, así como la cancelación del capítulo agropecuario del TLCAN. Se tienen amplios argumentos jurídicos, económicos, políticos y sociales para tomar esta decisión de inmediato.
El impacto del TLCAN en la sociedad rural y la dependencia agroalimentaria es muy grave, pues se ha beneficiado a muy pocos y perjudicado a millones.
Se debe actuar en la defensa de oficio, contra las prácticas desleales de comercio practicadas por otros países, principalmente por los Estados Unidos de América. Se debe establecer el control de la calidad e inocuidad de los productos importados, que actualmente es insuficiente.
Este criterio de soberanía exige prohibir la experimentación, ampliación a fase piloto, importación y comercialización de alimentos transgénicos en nuestro país.
Contrario al vergonzoso exhorto del Pleno del Senado de la República, para “solicitar a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira, que liberen los permisos de las siembras experimentales de maíz genéticamente modificado (en superficies de hasta una hectárea por proyecto) para que pasen a la fase piloto (500 hectáreas por permiso) en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas”, se deben cancelar los permisos otorgados.
Es falso que los transgénicos sean una alternativa superior en términos técnicos, de productividad-rentabilidad y evidentemente de sustentabilidad. Los gobernantes mexicanos han ignorado de manera deliberada los estudios al respecto y omitido valorar las decisiones que se han tomado en varios países de la Unión Europea y Japón, para prohibir la siembra y comercialización de transgénicos. Al actuar así, actúan en contra del interés y la seguridad nacional.
A ello se debe añadir el hecho de que este paradigma técnico constituye una forma de imposición de un control productivo y comercial de los alimentos en México, en beneficio de las corporaciones globales, principalmente estadounidenses.
Sustento jurídico.
La política de Estado debe tener sustento en la Constitución y los intereses nacionales.
Una política de Estado requiere de una base legal, para que las instituciones, sus mandatos y recursos, no estén sujetos a disposiciones administrativas cambiantes según los titulares de las mismas, o bien de acuerdo a las preferencias o lealtades partidarias de los servidores públicos responsables de ejecutar dichas políticas.
Las políticas de Estado no son partidarias, sino resultado de la realización de los mandatos constitucionales.
Existe un mandato constitucional que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho a la producción y el acceso a la alimentación, al trabajo, la educación y todos los derechos humanos.
Es imperativo dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y a las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Es imperativo dar cumplimiento al derecho humano a la alimentación, y al deber del Estado mexicano de promover la producción de alimentos que permita a toda la población el ejercicio de este derecho.
Se requiere modificar la Ley de Planeación, para que se convierta en un verdadero sistema de planeación democrática sobre las cuestiones de la economía política nacional, en la que se eliminen las facultades –anticonstitucionales y democráticas- por las cuales el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la potestad de evaluara y modificar el Plan Nacional de Desarrollo, sin el concurso, participación y compromiso corresponsable del Poder Legislativo y de la Sociedad.
Se debe actualizar y profundizar la minuta de la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, aprobada por la H. Cámara de Diputados en abril del 2006, y pendiente desde entonces de dictaminación y aprobación en la Cámara de Senadores.
Se debe modificar la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión para evaluar, ratificar o modificar el texto de los tratados internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal, en función de los intereses de la nación.
Se debe modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras cuestiones, para que el Consejo Consultivo previsto en la misma, tenga carácter vinculante, y para que se garantice una verdadera representatividad de la sociedad rural en el mismo.
Es necesaria una política de Estado integral para aumentar la productividad y rentabilidad sistémica del sector agroalimentario, movilizar productivamente a la sociedad rural y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, ante las amenazas económicas y del cambio climático.
Se requiere focalizar aún más el gasto público hacia el logro de metas de productividad, transformación, diversificación productiva, rentabilidad, sustentabilidad y aumento del nivel de vida, con acciones corresponsables entre gobierno y las organizaciones productivas y sociales de la población rural.
Se deben revertir las reformas neoliberales al Artículo 27 constitucional, y restablecer la condición de la propiedad social como imprescriptible e inembargable, así como establecer el derecho prioritario de explotación de los recursos del subsuelo a favor de los ejidos y comunidades indígenas, así como su derecho y obligación de resguardar la biodiversidad, a favor del Estado nacional.
Se deben cancelar las concesiones mineras otorgadas durante la última década, sin pago de impuestos en México y en perjuicio de los campesinos y de todos los mexicanos
Sujetos responsables de la política de Estado.
Los sujetos responsables de la realización de la política de Estado deben ser los ciudadanos y sus organizaciones, así como las instituciones y poderes públicos nacionales.
Los habitantes de la sociedad rural, que constituyen aproximadamente 30 millones de mexicanos, son los sujetos y objeto de la política de Estado.
En el caso de la alimentación como derecho humano, esto significa que los ejidatarios y miembros de la comunidades indígenas, así como los pequeños propietarios, son los sujetos responsables de alcanzar y mantener la soberanía agroalimentaria y nutricional, y de ninguna manera las corporaciones globales extranjeras.
Con el propósito de debilitar la organización económica del campesinado, durante los últimos lustros, las dependencias del gobierno federal y las entidades públicas han negado el derecho de los ejidos y comunidades indígenas, de participar en los programas y recursos públicos destinados al desarrollo rural sustentable; al mismo tiempo que han destinado subsidios y apoyos a corporaciones globales extranjeras.
Las reglas de operación de los programas, que actualmente no reconocen a los ejidos y comunidades indígenas como sujetos de los programas y recursos públicos, deben ser modificadas, conforme a lo establecido en la Constitución, para que los ejidos y las comunidades indígenas, y no solo sus miembros en lo individual, puedan acceder a los recursos de todos los programas productivos, sociales y de infraestructura establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los programas de las entidades federativas.
Finalidades y objetivos.
Se deben tener finalidades y objetivos a nivel del Estado nación, a corto, mediano y largo plazo, mismos que deberán ser traducidos en criterios específicos de desempeño de las instituciones públicas, por lo que no se deben tomar los objetivos de las instituciones públicas, como si fueran equivalentes a los objetivos de la Nación.
Se requiere fundamentar las finalidades que se busca alcanzar como resultado del desempeño de las instituciones públicas, privadas y sociales, para el pleno desarrollo de todos los individuos.
Se debe establecer los fundamentos racionales y éticos de los principios y criterios que sustentan los objetivos de desarrollo humano sustentable y la soberanía, justicia e independencia nacional.
La finalidad es garantizar el derecho humano a la producción sustentable de alimentos y a su acceso para toda la población.
Los objetivos son los siguientes:
Garantizar la producción nacional y sustentable de alimentos sanos e inocuos, y su acceso para toda la población, y la eliminación de la actual dependencia alimentaria y nutricional, sobre la base de los productores y recursos nacionales, en particular por los productores del sector social.
México debe tener hambre cero en un plazo máximo de cinco años.
El objetivo debe ser crear condiciones para las actividades productivas de la sociedad y juventud rural, que en este momento sufren una violencia multidimensional de pobreza extrema, y de falta de oportunidades educativas y de producción.
En relación al desarrollo social, se debe eliminar la pobreza, reconstruir el tejido social, roto por la violencia económica y criminal; garantizar el derecho humano a la educación y la salud a toda la población rural e indígena; mejorar la calidad de la vivienda campesina y desarrollar en la sociedad rural, todos los servicios públicos eficientes y modernos que requiere la sociedad del conocimiento.
Promover una cultura alimentaria que promueva lo mejor de la gastronomía mexicana, considerada patrimonio cultural de la humanidad, que ataje de manera directa y frontal los intereses particulares, que han incidido en prácticas de consumo que han conducido a la obesidad de la población y a graves y costosos problemas de salud pública como consecuencia de la misma.
Incorporar a la nutrición y la salud, en el marco de la política de Estado para la producción y consumo de alimentos, de manera que se garanticen de manera simultánea, los derechos humanos de los mexicanos en estas dimensiones.
Reconocer el carácter multifuncional de la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura así como las actividades industriales, comerciales, de servicios e informáticas, requeridas por el desarrollo rural sustentable.
Movilizar la capacidad productiva de la propiedad social y de la pequeña propiedad de la Nación, que actualmente representa aproximadamente siete millones de hectáreas, y millones de hombres y mujeres desplazados de las zonas rurales.
Desarrollar la infraestructura productiva requerida para garantizar la soberanía y la seguridad nacional alimentaria, mediante el aumento de la productividad y sustentabilidad del sector primario, en particular la inversión en infraestructura hidroagrícola, producción de semillas mejoradas, fertilizantes orgánicos y no orgánicos, según las condiciones agroecológicas, sistemas de innovación, desarrollo de tecnologías sustentables, sistemas de almacenamiento, logística, transporte e información de precios, que optimicen el ingreso de los productores y reduzcan el precio de los alimentos para los consumidores.
Crear en número de empleos requeridos por la sociedad rural, con altos ingresos, valor agregado y diversificación productiva.
Recuperar la soberanía sobre la biodiversidad nacional y garantizar el uso sustentable de los recursos naturales, mediante la investigación científica y el patentamiento y registro de la propiedad intelectual que garantice el dominio de la Nación sobre sus recursos naturales.
Desarrollar un paradigma sustentable de producción alimentaria y energética en el campo para el corto, mediano y largo plazo. En esta paradigma se debe considerar el aumento de la productividad, así como la eficiencia y la sustentabilidad, así como el aumento del valor agregado, para sustituir las actuales importaciones, y generar, en su caso, excedentes de exportación.
Elevar significativamente el nivel de vida de la población rural, y eliminar la pobreza extrema y la pobreza en todas sus manifestaciones, mediante un plan de acción inmediata, con el objetivo de que esto se logre en un plazo de seis años.
Elaborar un plan para las fronteras y costas nacionales, para que la propiedad social se beneficie de todo su potencial productivo y económico.
Restablecer las instituciones de fomento productivo que han sido desmanteladas durante las últimas tres décadas, y desarrollar aquellas que exige la evolución tecnológica, la sustentabilidad y el cambio climático.
Planeación democrática.
Se requiere establecer una planeación estratégica para detener y revertir la dependencia alimentaria, que aporte referentes para la toma de decisiones a los poderes públicos y actores sociales y privados, en las siguientes cuestiones:
Los intereses nacionales ante la evolución geopolítica de la alimentación en el mundo.
El potencial agroalimentario nacional y la evolución de la demanda a futuro.
Las causas sistémicas de la pérdida de rentabilidad y competitividad de algunos segmentos de las cadenas nacionales de producción, transformación, comercialización y estrategias para su superación.
Las metas específicas a lograr secto-regionalmente los periodos 2012-2018, y 2018-2024.
Los acuerdos políticos e institucionales requeridos para realizar las acciones de manera corresponsable.
La identificación de leyes, políticas, recursos y operatividad requeridas por las políticas públicas.
La estrategia y argumentos para las negociaciones internacionales del país en la materia.
La discusión y acuerdo de los objetivos de la política de Estado se debe hacer de manera democrática. Estos objetivos constituyen la sustancia de las tareas de planeación nacional para su logro eficaz.
La planeación democrática de la política de Estado en materia agrolimentaria y nutricional, requiere una participación sistemática, permanente, eficaz, inteligente y capaz de incidir en las políticas públicas.
Los objetivos enunciados con anterioridad, deben ser traducidos en metas de las políticas de Estado, de manera que a dichas finalidades, correspondan las acciones corresponsables del gobierno y la sociedad mexicana.
Los objetivos de naturaleza económica, tecnológica y de paradigma de producción y consumo, deben tener una perspectiva integral, en la que esté incorporada como dimensión esencial la soberanía sobre la biodiversidad y la sustentabilidad ante el cambio climático.
La planeación debe también incorporar la dimensión energética, tanto para la producción como para la elevación de la calidad de vida de la población rural.
La planeación democrática debe tener sustento en la ley de planeación enunciada con anterioridad, y debe ser la base para la formulación de los programas e instituciones requeridas para el logro de los objetivos y metas nacionales.
La planeación multianual debe considerar los plazos establecidos en la minuta de referencia, de corto (seis años), mediano (doce años) y largo plazo (veinticuatro años).
La planeación multianual debe ser evaluada y actualizada bianualmente, sobre la base de los esfuerzos y los resultados alcanzados al nivel del Estado nación, mediante procedimientos transparentes y vinculantes.
Esta planeación debe ser por lo tanto la base para la programación y presupuestación anual, lo que deberá traducirse en propuestas concretas que deberá incluir el proyecto de presupuesto de egresos que presente el Poder Ejecutivo Federal, así como por el ejercicio de las facultades exclusivas de la H. Cámara de Diputados, de aprobar el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Federalismo.
La política de Estado debe considerar al federalismo como condición necesaria en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, que impacten positivamente y eleven los niveles de vida de la Sociedad.
La participación de la sociedad rural, a través de sus organizaciones representativas a nivel local, estatal y nacional, así como de las entidades federativas, en la planeación, ejecución, evaluación y actualización permanente de las políticas públicas, es condición de una verdadera política de Estado.
La planeación nacional debe considerar como nivel inicial a las 16 provincias agronómicas del país, el potencial productivo de regiones y tipos de productores, en el marco de una acción concertada que permita la óptima utilización y movilización de los recursos de la Nación y el trabajo de los mexicanos, tomando en consideración el potencial y compromiso de todas y cada una de las entidades federativas, para alcanzar y mantener la soberanía agroalimentaria y nutricional.
Corresponsabilidad pública, social y privada.
Una política pública definida sólo por las entidades y poderes públicos, no puede ser considerada una política de Estado. Para que lo sea, se debe establecer un sistema de corresponsabilidad de deberes y derechos, entre los poderes públicos, los tres órdenes de gobierno, con sus respectivos mandatos legales; en el que se sumen y vinculen de manera coherente los esfuerzos de la sociedad, así como los recursos públicos, privados y sociales requeridos para realizar las tareas para el logro conjunto de los objetivos nacionales.
La política de Estado debe ser resultado de una planeación, ejecución, evaluación y modificación democrática de las políticas públicas, en las que participen no solo las instituciones públicas, sino también las organizaciones e instituciones de la sociedad corresponsables y participantes en esa dimensión de la acción social, con metas para lograr los objetivos nacionales en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, que no se limita, ni es contingente de la temporalidad de la gestión de las instituciones o poderes públicos.
Las metas a lograr deben ser compartidas por el sector público, social y privado. La lógica de la obligatoriedad para las instituciones públicas, y de la inducción de las acciones privadas, debe corresponder con el diseño de los programas e instrumentos de las políticas públicas.
Es indispensable que la ejecución de las políticas públicas den prioridad al logro de objetivos y metas nacionales, con el concurso de múltiples y diversos actores e instituciones de la Nación, más que distribuir los recursos según las preferencias o antipatías políticas, según las preferencias electorales de las organizaciones de productores.
Se debe establecer una política para el fortalecimiento estructural de todas las organizaciones campesinas y de las comunidades rurales y pequeños propietarios, con el objeto de que avancen en su integración económica; en la planeación de largo plazo del desarrollo de sus organizaciones; la generación de empresas, cooperativas y otras formas de actividad económica del sector social; la organización de instituciones propias de ahorro y crédito productivo y de consumo; que permita, mediante su desarrollo acelerado y a escala, apoyadas por los poderes e instituciones del Estado mexicano, sustituir a las empresas globales que se han apropiado de áreas y sectores estratégicos de las cadenas agroalimentarias en nuestro país.
Estas empresas de las organizaciones campesinas deber incluir no sólo la producción de bienes y servicios primarios, sino la comercialización, la industrialización y la generación de empresas comerciales, de servicios para los productores y de comercio final para los habitantes de las ciudades.
El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con un nuevo carácter vinculante, tanto con entidades federativas como con las organizaciones de productores, debe ser el mecanismo para acordar la provisión de los recursos necesarios para la realización de la política de Estado, mediante compromiso concretos del gobierno federal con los productores de todo el país.
Se debe revisar la organización de los sistemas-producto, se deben poner en manos de los productores primarios y no de los compradores de insumos y se debe democratizar su funcionamiento.
Diseño, base institucional y recursos públicos.
La política de Estado requiere establecer el marco institucional, legislativo, normativo, programático, presupuestario y de rendición de cuentas, suficiente y necesario para la realización de las responsabilidades públicas, la definición de las misiones de las instituciones; la organización en la conducción de los asuntos públicos y la rendición de cuentas transparente hacia la sociedad.
Los recursos públicos se deben destinar de manera asimétrica, hacia la mayoría de los productores y hacia los grupos y entidades más pobres, para apalancar sus estrategias productivas.
Se debe contar con un diseño institucional adecuado para el logro de los objetivos nacionales, con la participación de los poderes públicos y de organizaciones e instituciones de la sociedad.
La administración del comercio exterior alimentario debe ser potestad de la SAGARPA y no de la Secretaría de Economía.
Las instituciones financieras de soporte a la política de Estado, deben garantizar el crédito al 100% de los productores, y estar gobernadas en sus cuestiones sustantivas, de políticas de ahorro y crédito, por la SAGARPA, pues ellas no constituyen fines en sí mismos, ni tienen el propósito de generar rendimientos financieros, sino de canalizar recursos financieros para la realización de las acciones que requiere la política de Estado. A la SHCP le debe corresponder un papel de vigilancia institucional y no de definición de las políticas de financiamiento al campo.
El Estado mexicano debe restablecer y fortalecer a todas las instituciones que fueron liquidadas, privatizadas o disminuidas en las últimas tres décadas, en relación con el comercio interior y exterior, la información sobre producción y precios en los distritos productivos y a nivel nacional, la eficiencia de un sistema nacional de abasto que permita a los productores apropiarse del precio pagados por el consumidor final; la provisión de semillas, maquinaria, tecnologías e insumos productivos que contribuyan a la productividad y aumento de la producción nacional de alimentos.
Se deben centralizar los esfuerzos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, con el objeto de que correspondan con los objetivos y metas de la política de Estado, mediante una vinculación corresponsable de las instituciones públicas con las organizaciones de productores.
Se debe prohibir la entrega de subsidios a corporaciones globales de cualquier naturaleza, y cancelar los permisos otorgados en relación con los cultivos transgénicos.
Recursos suficientes.
Una política de Estado que no dispone de los recursos para su realización, no es una política de Estado. Estos recursos no se limitan a los recursos públicos, sino también a los recursos que puede movilizar la propia sociedad.
Se requiere disponer de los recursos financieros, de personal e institucionales, tanto públicos como sociales y privados, que aseguren la plena realización de los fines y objetivos nacionales.
Los recursos deberán ser suficientes y eficientemente administrados, en función de los objetivos y metas nacionales, de acuerdo a los sujetos preferentes y garantes de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
El ejercicio de los recursos públicos debe estar en función del logro de las metas nacionales, desde la contribución de las entidades federativas.
Se debe garantizar los recursos necesarios para detonar la movilización productiva con fuertes inversiones públicas, sociales y privadas de capital nacional, para impulsar el trabajo organizado e integrado de los campesinos con potencial de generar excedentes comercializables; así como diversificar tanto las actividades productivas en las zonas rurales, como las fuentes de ingreso de las familias campesinas.
En consecuencia, se debe dar un enfoque de producción y sustentabilidad al Programa Especial Concurrente que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (PEC).
En la actualidad, el PEC incluye todos los recursos de las dependencias y entidades, que se destinan a la sociedad y los territorios rurales, alcanzando un monto del orden del 10% del presupuesto total del gobierno federal. Sin embargo, se estima que los recursos destinados al fomento productivo de la sociedad rural son aproximadamente un 17% del PEC.
La insuficiencia de recursos para el fomento productivo es una decisión equivocada de los gobiernos mexicanos a lo largo de varias décadas. Esta situación debe terminar, lo que implica en primer lugar, que desde el punto de vista del ingreso, todas las corporaciones globales, tanto de capital nacional como extranjero, cuyas evidentes ganancias se expresan en utilidades obtenidas en la bolsa de valores y en sus remesas e inversiones hacia el exterior, deben contribuir al fisco nacional en la forma equitativa que la Constitución establece.
En el diseño y evaluación de las políticas de gasto e inversión pública para la soberanía y la seguridad agroalimentaria y nutricional, se debe hacer una verdadera estimación de los costos y los beneficios. En primer lugar se debe reconocer de manera explícita el costo de la falta de sustentabilidad ecológica del actual paradigma industrial, corporativo, de monocultivo y control transnacional, que nos ha llevado a la actual dependencia alimentaria.
Se debe incluir en estas estimaciones, los costos de la pérdida de biodiversidad y de control sobre la misma por parte del Estado nacional; la pérdida humana a causa de la migración que ha generado la falta de rentabilidad de las actividades agropecuarias; el costo de oportunidad por la importación de alimentos en lugar de su producción nacional.
Esta falta de perspectiva estratégica e integralidad que caracteriza al liberalismo de las corporaciones que han defendido la mayoría de los gobernantes mexicanos en las últimas décadas, requieres ser desmantelado desde su raíz, y ser sustituida por una verdadera perspectiva de carácter integral y estratégico, en función del interés nacional.
Evaluación de una política de Estado
La política de Estado debe ser evaluada en relación al desempeño general y objetivo de la Nación en su conjunto, en su capacidad de lograr los fines, objetivos y metas de la política de Estado, y no como mera acumulación de los logros o deficiencias particulares de instituciones.
La evaluación permanente de toda política de Estado, exige la plena transparencia y participación ciudadana, desde las fases de diagnóstico y diseño de las acciones institucionales, la evaluación formativa y sumativa de las políticas públicas, y la modificación/transformación de las decisiones.
En este sentido, es importante fortalecer las instituciones nacionales en el poder ejecutivo, legislativo, de la Auditoría Superior de la Federación, de las instituciones nacionales de educación superior e investigación, del CONACYT y sus centros de investigación, así como de las instituciones que existen en todas las entidades federativas, para disponer con su concurso del análisis objetivo de la realidad productiva y social del campo mexicano, para su evaluación en función de las finalidades, objetivos y metas de la política de Estado.