El rescate de la soberanía nacional

Alberto Montoya Martín del Campo.

Es indispensable pensar por nosotros mismos, como sujetos individuales y colectivos, ejerciendo a plenitud nuestro derecho y deber de sustentar el ejercicio de la libertad, sobre la base del desarrollo de la consciencia, la deliberación, el discernimiento ético-político y la imaginación para concebir y diseñar y realizar nuestro propio futuro.

2ayotz-movilizacionIntroducción

La soberanía de la Nación es una tarea permanente, que consiste esencialmente en el ejercicio de la libertad-autodeterminación, de todos y cada uno de los mexicanos, y de México como Estado nación, como una comunidad jurídico-política, construida históricamente sobre la base de principios éticos y de justicia, con una diversidad étnica y cultural; con un territorio extraordinario y una economía política propia. La existencia de México se sitúa en el contexto de la mundialización y de la historia universal.

El momento actual en la historia de México, exige pensar la historia, el presente y el futuro de la Nación. Es indispensable pensar por nosotros mismos, como sujetos individuales y colectivos, ejerciendo a plenitud nuestro derecho y deber de sustentar el ejercicio de la libertad, sobre la base del desarrollo de la consciencia, la deliberación, el discernimiento ético-político y la imaginación para concebir y diseñar y realizar nuestro propio futuro.

No existe soberanía política sin soberanía económica. Es necesario recuperar el proyecto de desarrollo nacional, como proceso histórico sobre esta premisa. El estado-nación mexicano debe cesar de ser un mecanismo de imposición del sistema global de acumulación y avanzar hacia una mayor democracia que se conduzca sobre el imperativo categórico de la justicia.

Contra el proyecto desaparición de México como Estado-nación independiente, se propone que el proyecto histórico de los mexicanos, y su futuro, no consiste en disolvernos en una colonia estadounidense, sino en convertirnos en potencia, sustentada en un Estado nación, cuyo gobierno y sociedad civil tengan la capacidad de satisfacer las necesidades humanas, sobre la base del trabajo, las instituciones, los recursos, fines y decisiones propias, en una relación libre e independiente de cualquier hegemonía en el mundo.

Se requiere para ello, la reafirmación del contenido de justicia y equidad del proyecto constitucional, la rectoría del Estado sobre el desarrollo y una nueva economía política, capaz de dar sustento al proyecto de desarrollo nacional, con una nueva inserción cosmopolita y libre en la economía global y con otras naciones del mundo. La plena democracia es la condición política sustantiva para avanzar en este proyecto histórico.

La coyuntura histórica de la Nación mexicana

México en el siglo XXI. La soberanía política alcanzada con la Independencia es un principio perenne de libertad, justicia e igualdad, que no debe cambiar, sino realizarse por los mexicanos cada vez con mayor plenitud en el siglo XXI.

México tiene una historia profunda y no surgió por generación espontánea. El gran reto actual de los mexicanos es identificarnos en un futuro común. Esta es la convocatoria que nos hace el tiempo histórico a la actual generación de mexicanos.

La gran Nación pluriétnica y pluricultural que ahora somos, deviene de culturas con más de 3000 años de antigüedad, de 300 años como Virreinato de la Nueva España, 200 años de vida independiente y un futuro que ahora está en las manos de la actual generación de mexicanos.

A nuestros antepasados debemos respeto y por ello el deber de honrar su voluntad de independencia, soberanía, libertad, democracia, paz justicia e igualdad, que ahora reconocemos como los objetivos que tienen plena vigencia para los mexicanos en el Siglo XXI.

Afirmamos la viabilidad de México como Estado-Nación a futuro.  México es una nación con historia, dignidad y futuro. La globalización no es una ley de la naturaleza, sino resultado de decisiones humanas, y por tanto imperfecta y susceptible de niveles mayores de humanidad.

El destino de México no es convertirse en un apéndice sin rumbo, libertad, ni voluntad propia ante la globalización. Tampoco el destino de México convertirse colonia subordinada a los Estados Unidos, ni su reserva de mercado, mano de obra barata y recursos naturales.

El futuro de México debe ser una nación con un alto índice de desarrollo humano, es decir, de las personas, sobre la base de nuestras instituciones y economía, con sustentabilidad, en un marco de libertades y vigencia plena de los derechos humanos.

Los Sentimientos de la Nación de Morelos formulados hace dos siglos, constituyen un referente histórico fundamental de la construcción de la Nación Mexicana, que tienen plena vigencia para el desarrollo de México en el Siglo XXI. Sus imperativos ético-políticos tienen valor permanente y universal.

La emancipación campesina, política, social, y de la Nación sobre sus recursos naturales, resultado de la Revolución Mexicana e instituidas jurídicamente en la Constitución de 1917, son ahora plenamente vigentes y contienen tareas aún por realizar.

Por lo tanto, el futuro de México en el siglo XXI, tiene como condición necesaria inicial, el rescate de la soberanía nacional.

Pérdida soberanía y de nuestro proyecto histórico. La crisis de identidad y la auto-negación política del interés nacional, por parte de la élite nacional durante los últimos treinta años, ante la expansión de los intereses de las corporaciones globales y los poderes externos, han conducido a la inviabilidad de la actual economía política; a la violencia multidimensional (económica, social, política, criminal, mediática, cultural) que sufren la mayoría de los mexicanos, y al vaciamiento o pérdida de la autodeterminación de los mexicanos, es decir a la pérdida de la soberanía nacional.

Proyecto hegemónico estadounidense. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) modificó el proceso histórico de la Nación mexicana.

Este tratado y los acuerdos posteriores (Acuerdo Marco, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte –ASPAN-, Iniciativa Mérida), no constituyen acuerdos ni proyectos para el desarrollo de México; sino la base jurídica, política e ideológica para la expansión del comercio, inversiones y control del mercado mexicano por las corporaciones globales, principalmente estadounidenses, con el objetivo de reducir el poder nacional y del Estado mexicano, en todas sus dimensiones, para transformar a México en una colonia estadounidense  bajo un régimen de Apartheid, con fronteras exclusas en las que las decisiones estructurales fluyen del norte hacia el sur, pero no del sur hacia el norte, lo que se constituye en una amenaza por la que los mexicanos estamos en proceso de ser convertidos en extranjeros en nuestra propia patria.

La fase más reciente se dirige al control de la fuerza armada permanente, las instituciones de inteligencia y seguridad nacional, las policías y el sistema judicial, mediante la subordinación a las decisiones, políticas y estrategias de sus homólogos estadounidenses.

La crisis de pagos de la deuda externa de 1982 provocada por un aumento extraordinario de las tasas internacionales de interés, constituyó la coyuntura que aprovechó Estados Unidos para modificar el curso del proyecto histórico nacional, al imponer a través del FMI y BM, no sólo condiciones asimétricas de responsabilidad en el pago de la deuda externa, que requirieron el pago de un 10% en promedio del PIB para su servicio a lo largo de la década de los años 80, sino también la imposición de modificaciones profundas en la economía política nacional, contrarias a los mandatos de la Constitución de 1917.

El instrumento de este proceso fue en un primer momento el capital financiero y su relación con la política macroeconómica –de las finanzas públicas- del país (1982 en adelante), para proceder en un momento posterior, en la crisis de 1995, a la reducción extrema de la banca privada nacional y su sustitución por las instituciones financieras globales; cuyas prácticas actuales demuestran su carácter tributario, al ser beneficiarias del rescate bancario realizado por los mexicanos, mantener tasas de interés activas extraordinariamente altas en comparación con las pasivas, y cobrar altas comisiones; lo que ha convertido al sistema financiero y de pagos en México en un sistema de tributación significativo para las utilidades de los inversionistas financieros globales. El sistema financiero es el mecanismo que Castells denomina “la madre de todas las acumulaciones”.

A partir de la incorporación de México al GATT en 1985 y la posterior firma del TLCAN y otros tratados de libre comercio e inversión, el capital industrial que encontró en nuestro país nuevos mercados para su productos, así como condiciones salariales y fiscales que magnifican sus utilidades.

El objetivo de la hegemonía estadounidense es sustituir las inversiones, empresas y productos nacionales, por extranjeros; impedir o sofocar el desarrollo científico-tecnológico aplicado a la economía; desindustrializar al país y limitar el desarrollo de industrias y servicios generados por empresas de capital nacional; tomar control del sistema de pagos y de las actividades de banca y crédito, para acceder al ahorro de los trabajadores y usuarios, que permita la obtención de utilidades oligopólicas a sus matrices; generar una economía sistémicamente importadora de tecnologías, alimentos, bienes industriales y energéticos; desaparecer o adquirir las empresas de capital nacional estratégicas en la banca, comercio, medios de comunicación, infraestructura y telecomunicaciones; realizar las actividades estratégicas que la Constitución reserva al Estado mexicano por corporaciones extranjeras; realizar utilidades en México y establecer precios de transferencia y condiciones fiscales, que conviertan a las filiales en México en centros de costo, mediante precios de transferencia alterados y el  prácticamente nulo pago de impuestos; imponer mercados de trabajo sistemáticamente depredadores del poder adquisitivo del salario y de las prestaciones sociales; orientar el desarrollo educativo a la formación de operadores funcionales de tecnologías; limitar el desarrollo de la identidad y el interés nacional y fomentar una cultura pseudoindividualista de competencia y de consumismo en la población; así como nulificar las capacidades jurídicas, normativas y técnicas del gobierno mexicano, y sustituirlas por la aceptación de normatividades externas, fuera del control del Estado nacional, para facilitar el proceso de acumulación de las empresas globales.

La inercia histórica conduce a México a un estatus colonial. La inercia de las tendencias actuales conduce de manera necesaria a la total disolución de la soberanía y de la existencia de México como Estado-Nación independiente, para convertir al país en una colonia bajo un régimen de  Apartheid de los Estados Unidos de América.

El futuro de México en el Siglo XXI está abierto a la decisión de los mexicanos. Sin embargo, la historia demuestra que el futuro no está determinado, ni es una fatalidad, sino resultado de nuestras decisiones presentes. También, que las condiciones y la conciencia de la injusticia, han conducido en el pasado a la organización del pueblo, para realizar acciones inéditas, emergentes y transformadoras de la sociedad, incluso mediante luchas armadas cuando los procesos políticos han cerrado otras opciones. A la actual generación de mexicanos corresponde decidir la cancelación o recuperación del proyecto nacional, así como las vías para alcanzar los cambios que exigen la racionalidad y la justicia.

Proceso ideológico, jurídico, económico y político que ha conducido a la pérdida del proyecto nacional y de la soberanía.

Ideológico: se ha difundido la ideología de que no existe el interés nacional y se trabaja persistentemente para diluir la identidad nacional, mediante la promoción de una idea abstracta de la globalización, que no distingue globalidad que consiste en la expansión universal de logros que benefician a toda la humanidad, como los desarrollos científicos y tecnológicos; de la globalización, que consiste en la expansión mundial de las corporaciones y su impacto en el comercio y la inversión mundial; y el globalismo, que es la ideología del pensamiento único y de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos y Europa en el mundo, si es preciso mediante la invasión, la guerra y la muerte.

Esta ideología y sus decisiones prácticas se impusieron como condición para la firma de acuerdos para la renegociación de la deuda externa y de los tratados de libre comercio, inversión y en materia fiscal.

Globalización en México no equivale a competitividad mundial, sino a la privatización y extranjerización de la economía y a la pérdida del control soberano de los mexicanos sobre su desarrollo, lo cual se ataca como irracional y contrario al progreso.

Jurídico: se estableció una prelación de los intereses de la propiedad y utilidades de las corporaciones globales, sobre los intereses y derechos del Estado Nación y de la población, vaciando de esta manera el poder real de los poderes públicos nacionales para cumplir con sus mandatos constitucionales.

Se estableció una relación intrínsecamente injusta e inmoral, en la que las corporaciones y poderes externos sólo tienen derechos y ninguna obligación, en tanto que se impone al Estado mexicano una condición de intrínseca inviabilidad, al hacerlo responsable de garantizar libertades y derechos humanos, y simultáneamente privarle de la posibilidad de garantizarlos, puesto que la soberanía sobre la economía política y el poder de tributación del Estado, fue cedido al interés de acumulación de las empresas globales.

Político: se ha formado y promovido a las posiciones de mayor poder de decisión en la Nación, a una élite nacional asociada y promotora de los intereses de las corporaciones globales; se ha incurrido  en fraudes electorales para imponer presidentes de la República (1988, 2006) violando los principios constitucionales de certeza, objetividad e imparcialidad de las elecciones; el asesinato de un candidato a la presidencia de la República en 1994 (Colosio); la colonización y control de los poderes públicos por los intereses de las corporaciones globales; el vaciamiento del poder ciudadano, cuyo sufragio no solamente no es efectivo, sino que es incapaz de modificar el paradigma de economía política y de desarrollo del país, al estar signados tratados internacionales que prevalecen sobre los mandatos constitucionales, mediante la alianza con un núcleo significativo de gobernantes mexicanos; la transformación de la participación política en un ejercicio vacío de análisis, deliberación y juicios sobre los intereses generales de la Nación, y su transformación en procedimientos rituales y condicionados mediáticamente por el miedo, las fobias y la publicidad electoral; y la permanente limitación de la real participación de la sociedad organizada y de la ciudadanía en las decisiones públicas.

Económico. Los acuerdos internacionales han conducido a la dependencia multidimensional y al establecimiento de una economía tributaria de la acumulación global. El sistema de acuerdos internacionales incluye todas las dimensiones de la actividad económica. Ello ha conducido al privilegio de las inversiones de propiedad extranjera sobre las nacionales; a su acceso sin límites al mercado nacional; a un tratamiento fiscal y reglas de competencia que dan estatus permanente a los oligopolios, principalmente extranjeros; a políticas monetarias y fiscales pactadas con organismos internacionales en función de los inversionistas globales; a la cesión práctica de la operación del comercio exterior e interior a las corporaciones globales; al otorgamiento de facto de garantías de ganancias usurarias a la banca global; a políticas laborales y sindicales regresivas contra los derechos de los trabajadores; a una política sistemática de reducción sistemática del gasto público nacional y del poder adquisitivo del salario; a una descapitalización, migración y pérdida de rentabilidad para millones de campesinos, cuya actividad es sustituida en los ámbitos estratégicos, por unas cuantas empresas extranjeras importadoras de alimentos subsidiados y transgénicos; a la privatización y control del ahorro de los trabajadores por instituciones financieras globales y la disminución de los beneficios de la seguridad social; al control anticonstitucional de las actividades energéticas por empresas globales; a la presencia cultural hegemónica estadounidense en los medios de comunicación; al diseño, control y operación de las infraestructuras por inversionistas extranjeros, funcional para una economía de enclave-global y no para la integración productiva de la Nación; al control extranjero de actividades económicas estratégicas; a la pérdida de control nacional de los flujos de personas, bienes y servicios que cruzan nuestra frontera; así como a la creciente ampliación de la jurisdicción en México de instituciones estadounidenses, en cuestiones judiciales, diplomáticas y militares; todo lo cual conduce de manera necesaria a la pérdida de la soberanía económica del país, a la imposibilidad de establecer políticas de desarrollo y de orientar los recursos fiscales del Estado Mexicano al crecimiento económico, el mercado, la equidad y el desarrollo nacional.

Esta pérdida de soberanía económica ha conducido de manera necesaria a la reducción de la soberanía política y militar.

Aumento de la desigualdad y la injusticia con el actual paradigma. México se ha convertido en una de las sociedades cuyo capitalismo y economía política tributaria de la acumulación global, es de las más irracionales e injustas del mundo.

No existe en el mundo una Nación cuyo gasto público se haya reducido de manera tan drástica como en México, que en un cuarto de siglo disminuyó a la mitad el que tenía en 1982, para situarse este año en 24% del PIB, cuando el promedio actual de los países de la OECD es de 42% del PIB, en tanto que en las naciones con mayor índice de desarrollo humano se sitúa entre el 50% y el 55% del PIB.

A esta reducción de las facultades, recursos y capacidades públicas, se corresponde la reducción del poder adquisitivo del salario en un 75% en las últimas dos décadas, así como la reducción de su porcentaje del PIB.

En 1980, cuando la economía crecía al 8% anual, la participación de los salarios en el PIB fue de 36.04%; la mayor en las últimas tres décadas. Esta proporción cayó al 31.3% en 2000 y al 29.2%  en 2009. De 1980 al 2009, las ganancias empresariales aumentaron del 47.7% al 61.6% del PIB. Se impusieron reformas de “libre mercado” sin mercado, pues se ha reducido sistemáticamente el ingreso disponible de la población.

La riqueza y la pobreza han aumentado exponencialmente, al emerger un puñado de mexicanos mil millonarios, lo que se hizo mediante el lanzamiento de más de la mitad de la población a la pobreza (50% del total; 20% de ella pobreza extrema); una de las peores distribuciones de la riqueza del mundo.

La dependencia alimentaria llega al 42% del consumo nacional (25% del maíz que consumimos, 50% del trigo, 80% del arroz, 47% de la carne de cerdo, entre otros, son importados), lo que causó de manera directa, que seis millones de personas fueran lanzadas a la pobreza extrema de 2006 al 2010; lo que contrasta con el logro de Brasil durante los ocho años de gobierno de Luis Ignazio Lula da Silva, durante el cual se logró sacar a 27 millones de brasileños de la pobreza extrema.

La migración rural y urbana aumentó en México y tuvo un incremento exponencial hacia los Estados Unidos, al pasar de 28,000 personas al inició del TLCAN (1994), a cerca de medio millón de personas anuales en los últimos años, disminuyendo recientemente por las leyes antiinmigrantes y la crisis económica estadounidense, lo que representa la mayor pérdida de población en el mundo.

Todos los días muere más de un mexicano al intentar cruzar la frontera con los Estados Unidos. Cada año mueren más mexicanos en la frontera norte, que todos los que intentaron cruzar el Muro de Berlín a lo largo de su existencia. Ello es consecuencia directa de la pérdida de 6 millones de empleos en el campo desde la firma del TLCAN y de la ausencia de crecimiento económico en las ciudades capaces de ofrecer oportunidades a la sociedad rural y urbana.

La humillación de ver a migrantes mexicanos asesinados a golpes y de azotes con choques eléctricos por parte de policías estadounidenses en la frontera, y el asesinato vil de un joven por un guardia fronterizo desde territorio estadounidense, entre otros casos, resultan aún más repugnantes por la abulia del Estado mexicano (ejecutivo y legislativo) y gran parte de la sociedad mexicana, incapaces de defender la vida y la dignidad de nuestros compatriotas.

Reducción extrema de la eticidad y legitimidad del Estado. Vulneración de la democracia.

La colonización de las facultades de lo público por los intereses privados se traduce en la corrupción de las instituciones públicas, al imperar la lógica del interés de los poderosos sobre los intereses generales de todos los mexicanos y del país en su conjunto.

La vulneración de la democracia ha sido condición para la formación de gobiernos que establecen políticas públicas a favor de las corporaciones globales, que de hecho contravienen los mandatos constitucionales; al mismo tiempo que se utilizan todos los recursos del Estado para promover leyes que buscan legalizar dichas prácticas anticonstitucionales.

Se ha establecido así una vinculación entre lo económico y lo político, por la cual el poder económico nacional-transnacional concentrado, se ha apropiado de las facultades e instituciones públicas, cuyas leyes, políticas públicas y recursos, contribuyen a la mayor concentración de la riqueza y del ingreso nacional.

Esta desigualdad creciente requiere del aumento de la hegemonía sobre la mayoría de la población, mediante la propaganda mediática y la presencia pública de las fuerzas armadas y de seguridad, ante los extremos de desigualdad y falta de oportunidades para millones de mexicanos.

Decía San Agustín de Hipona hace unos mil seiscientos años, que un Estado que no se guía por la justicia, no sería un verdadero Estado, sino que consistiría en un grupo de ladrones. México debe alejarse de la amenaza inminente de involucionar a una condición de Estado que no sea verdadero Estado.

Dimensión geopolítica de la economía criminal.

Otra grave amenaza que debe ser entendida en este contexto, es el auge de la economía criminal y la denominada “guerra” contra el narcotráfico del actual gobierno. Su crecimiento exponencial se explica por su naturaleza económica, que genera utilidades estratosféricas al ser productos prohibidos.

El mercado, organización, abasto de armamento, lavado de dinero y dirección estratégica de la economía criminal, se ubica en los Estados Unidos de América, por lo que es irracional pretender suprimir la oferta de esta actividad económica-criminal desde México.

Al ser una actividad ilegal es intrínsecamente violenta y corruptora de las instituciones públicas y de los mercados económicos con los que se relaciona.

Al estar controlada desde los Estados Unidos y al mantenerse la demanda en este país durante más de cuatro décadas, es imposible pretender terminar con esta economía criminal mediante la supresión de la oferta.

La imposición a México por parte de Estados Unidos de una lucha militarizada en contra de estas organizaciones criminales, aceptada con entusiasmo y propósitos de auto legitimación por el gobierno federal, está conduciendo al país a un acelerado y grave deterioro de la vida social, productiva, institucional y política.

Para los Estados Unidos, esta actividad constituye un mecanismo geopolítico de presión, que tiene el objetivo de dirigir y eventualmente controlar las instituciones policiacas, de seguridad, judiciales, penitenciarias y de las mismas fuerzas armadas mexicanas.

La imposición de esta estrategia expone al Ejército y a la Marina a la corrupción y propicia la comisión de abusos de los derechos humanos, así como al desgaste y deserción de elementos capacitados que se trasladan a las organizaciones criminales. Se trata de una estrategia clara de vulneración del poder militar nacional, que se busca consolidar mediante supuestos acuerdos y apoyos externos, mediante los cuales se somete a nuestro ejército a las estrategias del ejército y policías estadounidenses, y al mismo tiempo, al escrutinio y validación de sus actividades por su congreso, todo lo cual tiene graves implicaciones por su posible evolución hacia un estado policiaco-militar con una conducción desde fuera del Estado mexicano, que reprima los movimientos sociales, la disidencia política y la participación democrática, como se observa en la violencia selectiva contra activistas y líderes de movimientos sociales.

Sistema de procuración e impartición de justicia en bancarrota.

Las deficiencias cualitativas y cuantitativas del sistema de procuración e impartición de justicia, se amplificaron exponencialmente por el gigantesco impacto corruptor y de violencia del narcotráfico.

Si algo caracteriza el actual estado de cosas es la impunidad. Tanto la impunidad de los poderosos económicos o políticos, como la impunidad que sufren todos los días los ciudadanos, ante la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad y la vida de todos los habitantes.

Las estadísticas sobre los casos que no se denuncian, lo que se denuncian y no se investigan, los que se investigan y no se acreditan ante la autoridad judicial y las culminan en un juicio y no se lleva a cabo la aprehensión de los delincuentes, o los más de 90 personas en las cárceles, sobre las que no se ha emitido sentencia, muestran un sistema judicial profundamente vulnerado e incapaz de garantizar justicia pronta y expedita, lo que muestra un acelerado y creciente deterioro de la capacidad del Estado para garantizar la paz y seguridad a todos los habitantes.

Debilitamiento del proyecto educativo y cultural del país.

Durante los últimos diez años se ha operado un cambio de mentalidad en el sistema educativo, por el que se ha identificado a la educación basada en “competencias”, con la  ideología liberal según la cual los individuos “compiten” de manera darwiniana en el mercado de trabajo, según sus capacidades, talento y esfuerzo; y reciben el ingreso que les corresponde.

La educación se convierte así en una gran legitimadora de una situación injusta e irracional, al trasladar la responsabilidad de tener acceso al trabajo y a la formación de empresas, a las virtudes y capacidades de los individuos, quedando el gobierno y otras instancias de la sociedad, a salvo de cualquier responsabilidad.

Se ha difundido desde el gobierno la ideología de que la situación del país cambiaría mediante un cambio cultural guiado por la idea de ser triunfadores, en lugar de establecer las condiciones en la realidad para un acceso universal a una educación de calidad que propicie condiciones para que cada quien realice a plenitud su propia libertad y capacidades, en beneficio propio y de la sociedad.

Esta ideología desconoce la realidad de los procesos de exclusión del sistema educativo que enfrentan millones de personas, en todos los estratos de edad, principalmente en las entidades del sur-sureste del país y entre los pueblos originarios, que de facto tienen limitado acceso a la educación, que es un derecho humano garantizado en la Constitución.

Ello se manifiesta en la ausencia de una planeación educativa en función del logro de metas universales de acceso a una educación de calidad; de políticas públicas y acciones eficaces para llevarlas a la práctica, y de una distribución de los recursos públicos que permita terminar con el rezago educativo, con el analfabetismo y evitar la formación de nuevas desigualdades culturales en la era del conocimiento.

Se tiene una deliberada voluntad de disminuir la reflexión identitaria que fortalezca la cohesión entre los mexicanos, como se manifiesta en la disminución y deformación de la enseñanza de la historia, y la reducción de la historia a una sucesión de personajes y biografías que desconoce los procesos sociales y de construcción de la identidad y cohesión social que generaron las luchas de las pasadas generaciones de mexicanos; la implantación del aprendizaje del inglés como segunda lengua nacional –no extranjera- y de las aplicaciones funcionales y de aplicación de la computación.

A nivel de la educación media superior, la grave eliminación de la filosofía como materia obligatoria, demuestra la intención de formar ciudadanos acríticos, sin disciplina de pensamiento y proclives a la manipulación y existencia superficial.

Los siete y medio millones de jóvenes a los que se ha denominado Ninis, pero que más precisamente deberían ser denominados Excluidos, constituyen la expresión más angustiante de la tragedia nacional, al no existir puertas para su formación, ni para su participación en las actividades productivas que les permita el desarrollo de su potencial humano y la generación de su sustento económico.

Estos jóvenes sufren de manera especialmente dramática los conflictos en las familias, comunidades y las distintas formas de violencia en la sociedad y se convierten en personas vulnerables a la violencia social y el crimen organizado.

La ideología que privilegia la idea de que los mejores puestos e ingresos los obtienen quienes se esfuerzan en prepararse mejor, contrasta con el hecho de que los mayores niveles de desempleo se observan entre quienes tienen mayor formación, así como en el hecho de que 30% de quienes tienen formación de doctorado y 20% de maestría, han tenido que salir del país para realizar sus proyectos personales, ante la falta de oportunidades en México.

México se encuentra al borde del abismo a doscientos años del inicio de la Independencia y cien de la Revolución, por la inviabilidad de la actual economía política tributaria y dependiente.

La mayor parte de los políticos en funciones y los que aspiran al poder político formal, coinciden en señalar la necesidad de aumentar el crecimiento económico y las oportunidades de empleo e ingreso, así como la necesidad de reducir la desigualdad y la pobreza.

Sin embargo, pocos se atreven a develar la desnaturalización del pacto social de nuestra economía política y su núcleo de poder nacional-transnacional.

Hace una década era ya claro que México no podía alcanzar altas tasas de crecimiento económico, empleo e ingresos crecientes para toda la población. Esta tesis se ha confirmado rotundamente.

Es importante que la Nación despierte, se sacuda, tome consciencia y se organice para atajar las graves amenazas que se ciernen en los próximos años: es imposible alcanzar con el actual paradigma, las tasas de crecimiento que tuvimos durante medio siglo (de 1932 a 1982) bajo una economía política sustentada en la Constitución.

Por ello, de manera necesaria se agudizará el desempleo, subempleo y el empleo en actividades criminales. Con ello aumentará la violencia multidimensional y la pérdida de cohesión en las familias, comunidades y regiones y por lo tanto, se intensificarán las diferencias políticas.

La polarización es un escenario cierto en este momento, puesto que la Nación no está actuando sobre las causas verdaderas y estructurales que producen estos resultados.

A esa inercia histórica se ha sumado la voluntad absurda desde el Ejecutivo Federal, de exacerbar la polarización ante el escenario electoral del año 2012, de la misma manera que lo hizo en 2006.

Es importante analizar porqué es imposible alcanzar altas tasas de crecimiento económico y generación de empleos, con mejores salarios y eliminación de la pobreza con el actual paradigma.

México no tiene una economía de exportación, sino de importación. De 1998 a la fecha, el déficit comercial acumulado es del orden de 80,000 MDD. Sin embargo, sin considerar exportaciones de petróleo crudo y maquila, éste déficit hubiera sido del orden de 500,000 MDD; el equilibrio macroeconómico precario y sin crecimiento económico, no se sostiene sin exportaciones petroleras e ingresos fiscales para mantener el gasto público.

El proyecto de desindustrialización se ha consumado. En los últimos veinticinco años, México destruyó su tejido industrial y redujo la participación de la industria en el PIB del 25% al 16% actual. No se añade valor agregado capaz de compensar la importación de bienes y servicios. Desde hace una década importamos más bienes de consumo final que bienes de capital.

Al no disponer de cadenas productivas y al aumentar el contenido importado de la producción, pretender aumentar la tasa de crecimiento, equivale a aumentar el déficit comercial, sin condiciones para compensar estas importaciones con exportaciones industriales suficientes.

La brutal reducción del poder adquisitivo de salario y su depredación con altos precios en los bienes y servicios, limitan la inversión por falta de mercados. Además, el control oligopólico-extranjero de los mercados, toma de inmediato ventaja ante cualquier aumento de dicho ingreso. Ello se traduce en mayor demanda de bienes y servicios importados y no de los nacionales.

Desde el lado fiscal, la aportación del universo de empresas al impuesto sobre la renta empresarial en México equivale al 2.5% del PIB, lo que contrasta con el 16% del PIB en Japón, y tasas que oscilan entre 12%-15% en los países europeos.

México es el mayor paraíso fiscal del mundo, pues los particulares aportan el 75% del los ingresos tributarios del país (7.5% de PIB, de IVA e ISR, de un total de 9%-10% del PIB de ingresos tributarios), a lo cual no tributan los individuos más ricos, como en las naciones más avanzadas; ni se tiene una aportación equivalente a la que se da en otras naciones del impuesto sobre la renta empresarial.

El nudo gordiano está en el uso de la renta petrolera. Durante la década de los años ochenta, se destinó un promedio del 10% del PIB generado por los ingresos petroleros al servicio de la deuda externa.

En la actualidad, 38% del gasto público se financia con la renta petrolera y el 99% de las divisas del Banco de México las aporta PEMEX.

Sin embargo, la política energética de los gobiernos neoliberales ha sido definida en función de los intereses estadounidenses y no de los mexicanos. Exportamos crudo de manera irracional, dejamos de invertir en refinación y petroquímica, e importamos gasolina y productos industriales.

Del año 2000 al 2006, el ex presidente Fox extrajo y vendió la mitad de las reservas probadas de petróleo del país (que se redujeron de 30,000 MDB a 15,000 MDB  en el periodo); recibió más de 250,000 MDD de impuestos de PEMEX y no los invirtió, sino que los regresó a las corporaciones globales mediante devoluciones de impuestos y otras reglas fiscales y el resto lo dedicó al gasto corriente. Una verdadera traición a los mexicanos y a las próximas generaciones. Esta política se ha continuado hasta el presente.

El Ejecutivo Federal promovió, y la mayoría legislativa aprobó en 2008, leyes privatizadoras, extranjerizantes y contrarias a la Constitución en materia petrolera. El contratismo de empresas extrajeras se profundizará, más allá del 70% actual en las actividades de exploración y extracción, lo que ha vaciado a PEMEX de sus actividades sustantivas, que han sido sustituidas por contratistas principalmente extranjeros.

En la actualidad disponemos del orden de 13,000 MDB de reservas probadas de petróleo, que al actual ritmo de extracción se agotarán en 10 años.

México no es país petrolero pues disponemos del 1% de las reservas probadas mundiales. El que aún se puede extraer no generará la misma renta que el yacimiento mega gigante de Cantarell, en virtud del aumento del costo de extracción.

En consecuencia, la reducción paulatina, creciente y cierta de los aportes fiscales y divisas de PEMEX a lo largo de la próxima década, determinan de manera necesaria la imposibilidad de mantener el equilibrio macroeconómico de la economía política tributario-dependiente, tanto por el lado fiscal como por la balanza comercial y de cuenta corriente.

Ante esta situación, la única alternativa para contener los desequilibrios inherentes a esta economía política es reducir y sofocar aún más el ritmo de crecimiento económico. El gasto público se verá cada vez más limitado.

La incertidumbre para los agentes económicos requerirá aumentar las tasas de interés, lo que encarecerá aún más el de por sí cuasi usurario y raquítico crédito para el consumo y la inversión.

La otra cara de la moneda es el tipo de cambio, que deberá modificarse para reconocer la realidad de la capacidad productiva del país en su relación con los mercados mundiales.

Por otra parte, el previsible aumento de los precios internacionales de los granos, debido al aumento de la población y a cambios en los patrones de consumo de varios países; y su destino a la producción de etanol, representan una grave amenaza para los mexicanos.

Al relacionarse ambas condiciones se tiene una situación grave: el aumento de precios internacionales y tendencias al ajuste hacia arriba del tipo de cambio, equivalen al aumento del precio del bien salario por excelencia que son los alimentos, a cuya compra la población en condición de pobreza (50 millones de personas) dedica más de la mitad de sus ingresos.

La otra parte de la ecuación son los salarios de los trabajadores, cuya rigidez se exige por los inversionistas globales y nacionales, lo que impide reconocer el aumento del precio de la canasta alimentaria mediante aumentos salariales. Como consecuencia, el escenario más probable es que en los próximos años aumente la pobreza y la pobreza extrema en varios millones más de mexicanos.

En consecuencia, la posibilidad de ofrecer empleos o condiciones de emprendimientos productivos a más de 7.5 millones de jóvenes del llamado  “bono demográfico”, se reduce a un nivel abismal.

Todo lo anterior conduce entonces a un escenario en el que aumentará la desigualdad, la falta de oportunidades y la polarización en la sociedad.

Este escenario es el más realista e inercial en este momento, y es profundamente irracional e injusto para millones de personas.

¿Qué hacer ante la actual coyuntura histórica?

El rescate de la soberanía nacional.

Los tiempos de la democracia formal convocan a los mexicanos a la jornada electoral del 2012. Sin embargo, México enfrenta una coyuntura histórica sumamente grave que no constituye una jornada electoral más.

El objetivo de la Nación debe ser claro: se debe restablecer y fortalecer el poder nacional, es decir el proyecto histórico de México como Nación independiente, libre y soberana.

Poder nacional equivale a una condición en la que el Estado-nación mexicano garantiza que el poder de las instituciones públicas y del conjunto de la población, sobre la base de derechos y deberes de todos plasmados en la Constitución, prevalezcan sobre los intereses particulares y de las corporaciones globales, tanto de capital nacional como extranjero.

Lo primero es reconocer la urgencia de actuar de inmediato. En este momento, las únicas dos verdaderas opciones políticas son:

la continuidad o remozamiento superficial de la actual economía política y su inserción dependiente en la economía global, que conduce al estancamiento económico, la desigualdad, pobreza extrema, pérdida de cohesión y polarización social, y la pérdida de la soberanía nacional;

o la recuperación del proyecto nacional de desarrollo, la plena vigencia de la Constitución y vigencia de las libertades; la recuperación de la dignidad nacional, y la vigencia de los derechos humanos para todos los mexicanos. No hay términos medios o terceras vías.

La continuidad de la inercia actual se descarta por sí misma, pues es incapaz de crear condiciones de crecimiento, empleo, distribución del ingreso y condiciones para el pleno ejercicio de las libertades y los derechos para todos los mexicanos, así como los derechos humanos que pertenecen al pueblo de México, entre los cuales está el derecho al desarrollo, como un derecho humano colectivo, así como el derecho humano a disponer de los recursos naturales que posee para su propio desarrollo.

México no ha crecido a la tasa requerida en los últimos veinticinco años, y no lo hará en el futuro con el actual paradigma y pacto social. La sustitución de la actual economía política, no es algo opcional, sino necesario.

Es imposible ser libres sin pensar, pues la libertad es ante todo una auto determinación de la voluntad sustentada en un discernimiento ético-racional.

El proyecto histórico propio de los mexicanos requiere en primer lugar una gran tarea cultural e ideológica, que permita la plena transparencia sobre el curso histórico de la Nación, de los cambios realizados en los últimos treinta años, de los conceptos, decisiones y resultados alcanzados, así como de los responsables de dichas decisiones.

Se requiere un gran proceso de conocimiento de la verdad, de análisis, reflexión y juicio ético-político sobre la situación nacional y sobre nuestro futuro en el siglo XXI.

Esta reafirmación del proyecto histórico de desarrollo nacional se debe hacer con un espíritu cosmopolita, que reconozca la propia historia, no solo la del pasado inmediato, sino también la constitución del pueblo mexicano en los últimos siglos, como proceso identitario que constituyó un Estado Nación, para, sobre esa base, decidir de manera auto-determinada el lugar y posición que nos proponemos realizar ante nosotros mismos y ante el mundo en el siglo XXI.

Tener una perspectiva cosmopolita equivale a superar la dominación cultural, y a pensar por nosotros mismos, ante nosotros mismos y ante el mundo. Ser cosmopolita debe dejar de ser equivalente a la adopción acrítica de lo que se ha pensado y decidido en otra parte, para reconocer el derecho y deber propio de pensar y decidir por nosotros mismos, ante el mundo. Sin una descolonización de la cultura y la mentalidad práctica de los mexicanos, en particular de las élites nacionales, será prácticamente imposible superar los desafíos históricos que enfrentamos.

México debe ser potencia por méritos propios en el siglo XXI y no colonia estadounidense. Ser potencia quiere decir tener la capacidad para satisfacer todas las necesidades de la sociedad, sobre la base determinante del trabajo, los recursos, las instituciones y el esfuerzo de los mexicanos, bajo condiciones de libertades plenas y vigencia irrestricta de los derechos humanos individuales y colectivos, sin sujeción a ningún poder externo.

México debe tener un proyecto histórico propio, que tenga prelación sobre los poderes corporativos y las hegemonías externas. Los fines de la Nación deben ser propios y no los fines de acumulación de las empresas globales. Estos fines se deben realizar por medios y capacidades propias.

Este proyecto no solo debe reivindicar nuestra identidad pluricultural y pluriétnica ante la historia universal, sino que se debe sustentar en la tesis de filosofía política, de que las personas son fines en sí mismos, y de que la soberanía popular, entendida como la libertad de todos, bajo relaciones de justicia en los deberes y derechos que constituyen el orden social, es condición para la realización de la libertad de cada uno. Es imposible ser plenamente libre en un orden social de dependencia y subordinación.

El reto histórico de los mexicanos es superar la dependencia y emanciparnos de los poderes corporativos y las hegemonías externas, para avanzar en la realización del proyecto histórico de la justicia planteado desde hace doscientos años por Morelos.

Ese proyecto se reafirma ahora con el reconocimiento de la igual dignidad y libertad de todos, ante nosotros mismos como ciudadanos de esta Nación, y ante el mundo, como quedó plasmado en los cambios constitucionales recientes, que reconocen la prelación de los derechos humanos en las decisiones del Estado y el gobierno mexicano.

Se debe avanzar hacia el desarrollo de un Estado ético, liberal, cosmopolita, justo, democrático y de derecho, y un nuevo paradigma de desarrollo sustentable que permita el avance hacia un capitalismo con mayor justicia, como camino y momento para superar este orden social en un plazo cercano, pues es intrínsecamente diferenciador de riqueza y de poder en la sociedad mexicana, y entre las sociedades del mundo.

Por ello se propone como una necesidad histórica y no como un deseo subjetivo, la recuperación del proyecto nacional, bajo una perspectiva ético-racional, liberal y cosmopolita.

México tiene el derecho y también el deber de afirmar su propia libertad como Estado Nación, es decir su autodeterminación, ante la existencia de otros Estados Nación en el mundo, y ante el poder de las corporaciones globales.

La recuperación de la soberanía de México como Estado Nación, ante la amenaza inminente de la disolución total de la soberanía, es condición para cada uno de los mexicanos pueda ejercer plenamente su libertad, bajo condiciones de dignidad y justicia, pues en la coyuntura histórica de la humanidad, se está aún lejos de una ciudadanía universal garantizada por un Estado mundial.

Ahora prevalece lo que Paul Kennedy denomina la anarquía del sistema internacional, en la que cada Estado Nación busca sus intereses egoístas y desconoce la vigencia de un Estado de derecho a escala mundial, por lo que la tarea inmediata es la des-globalización y la recuperación del poder nacional.

El desafío de la actual generación de mexicanos es la auto identificación en un futuro común. Esta recuperación no debe ser una involución aldeana, sino la voluntad e intención de participar como sujetos y no como meros espectadores, consumidores y usuarios de la modernidad.

La premisa cultural de un cambio a favor del desarrollo mexicano consiste en la idea de que tenemos el derecho y el deber del autodesarrollo; la afirmación de que disponemos de las suficientes capacidades propias, de capacidades humanas, para el desarrollo de tecnologías y emprendimientos productivos, además de extraordinarios recursos naturales y territorio, que nos permite satisfacer nuestras necesidades humanas por nosotros mismos.

Es claro que la realidad de la globalidad, signada por la existencia de un único sistema tecnológico basado en la convergencia digital y sus efectos necesarios en la dinámica de creación de valor económico, concentración económica y de escalas productivas, empleo, distribución del ingreso, y creación de informaciones y conocimientos; así como la modificación cualitativa de los procesos de comunicación entre los humanos y entre los seres humanos y  de las máquinas entre sí; es una condición inédita de la relación humanos-naturaleza, mediada por esta transformación extraordinaria de la tecnología, equivalente a la invención de la escritura, que ofrece al mismo tiempo, extraordinarias posibilidades para el desarrollo de la humanidad.

Por otra parte, es claro también que este sistema tecnológico ha hecho más duro y recalcitrante el capitalismo informacional global a escala mundial. Dentro del mismo, el sistema financiero internacional sustentado en el dólar como divisa de reserva y la evolución de la producción y el comercio mundial, han creado una situación en la que la hegemonía estadounidense y su modelo civilizatorio está siendo erosionado por los fines mismos –de cuestionable eticidad- que se propone, así como por la amenaza del cambio climático y la emergencia de nuevos polos de poder tecnológico, industrial, comercial, financiero, político y militar, tanto en Asia como en la Unión Europea; e incluso en América Latina. La realineación del peso relativo del poder a escala mundial es inminente y México debe tener una decisión e iniciativa propia.

La creación de nuevas formas de dependencia y sujeción no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, un proyecto para el futuro de México. Los Estados Unidos de América sólo ofrecen para México y ejercen en la actualidad, un proyecto de dominación, subordinación, desigualdad, opresión, pérdida de libertades e injusticia sistémica, que se mantiene por la hegemonía ideológica y la violencia multidimensional.

En este contexto, la renovación del proyecto nacional equivale a una clara vinculación con los procesos de emancipación de los países de América Latina, como región con proyecto propio en la era del capital global.

México debe construir en la recientemente establecida Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en la cual no participan los Estados Unidos de América y Canadá, una estructura de relaciones políticas, económicas, culturales, educativas, de infraestructura y seguridad, para el desarrollo del proyecto nacional.

De nuevo, ésta no es una opción subjetiva, sino necesaria, si lo que se propone hacia el futuro es la plena vigencia de las libertades, derechos humanos y justicia para todos los mexicanos.

Será necesario también establecer nuevas alianzas con los países de América Latina, en política exterior, entre los organismos públicos especializados de los países de la región, entre los partidos políticos y parlamentos, coinversiones y alianzas empresariales, sociales, sindicales, educativas, mediáticas, turísticas, así como la asociación en proyectos estratégicos en áreas clave de tecnología, energía, banca, comercio, telecomunicaciones, salud, entre otros.

Se debe promover el establecimiento de una moneda común latinoamericana, así como empresas públicas latinoamericanas en las áreas estratégicas, como condiciones necesarias para el desarrollo de nuestros pueblos en el siglo XXI.

Un corolario de esta nueva política exterior definida en función de los intereses nacionales, apegada a los principios establecidos en la Constitución, exige eliminar el privilegio cedido al gobierno estadounidense, por el cual las visas emitidas por este país a ciudadanos de terceros países, son reconocidas por México como si hubieran sido emitidas por el gobierno mexicano.

La restauración de la viabilidad del proyecto de desarrollo nacional equivale a establecer la prelación de los intereses y necesidades de la comunidad nacional, sobre los intereses y procesos de acumulación de las mayores 200 corporaciones estadounidenses y sus aliados en otros países, que de facto imponen en la política, la cultura, la economía y las instituciones de justicia, sus intereses, por encima de la Constitución y los derechos del pueblo de México.

Como corolario de lo anterior, será necesario igualmente, desvincular a las grandes corporaciones globales mexicanas de sus intereses con las corporaciones globales, y subordinarlas al proyecto de desarrollo nacional.

La historia de México es resultado de las acciones, omisiones, esperanzas y desafíos propios de las generaciones pasadas, y nos ha legado una base constitucional fundamental para conducir estas transformaciones.

La rectoría del Estado sobre el desarrollo es indispensable para superar la lógica de las corporaciones y los poderes globales; es la premisa desde la cual es indispensable remontar la coyuntura histórica que se dirige inercialmente hacia la disolución de la soberanía nacional.

La aplicación firme, precisa y enérgica de los principios constitucionales plasmados en los artículos 1, 3, 3, 39, 25, 26, 27, 28 y 133, entre otros, en la perspectiva del reconocimiento de los derechos y deberes humanos, políticos, económicos, sociales y culturales, concebidos de manera integral y relacional, nos otorgan una base de certidumbre jurídica e institucional para la reconstrucción nacional.

Es necesario que el Estado mexicano restablezca su rectoría sobre el desarrollo de la Nación, mediante la promoción de opciones para el desarrollo de la propiedad social, de las comunidades indígenas y de los particulares, para crear una nueva masa crítica de emprendimientos productivos, en un marco de racionalidad y rentabilidad que incorpore criterios técnico-económicos, de distribución de la riqueza producida y de creación de condiciones para el entorno de la sociedad en su conjunto.

Esta nueva dinámica económica debe construirse desde un pacto social claramente establecido como proceso histórico a ser desarrollado en el tiempo, en las próximas dos décadas, para aumentar de manera sistemática el poder adquisitivo del salario, por arriba de la inflación y sobre la base de la productividad, sustentada a su vez en la introducción organizada de innovaciones para aumentar la productividad de los factores de la producción y la racionalización de los mercados.

El nuevo pacto social debe obligar por lo tanto a la contribución al ingreso del Estado, en un pacto fiscal que haga eficaz el mandato constitucional de la contribución de todos, de manera equitativa a los ingresos públicos.

Se debe detener y revertir la reforma petrolera privatizadora, anticonstitucional y desnacionalizante, como condición de posibilidad de cualquier cambio profundo de la economía política nacional.

La deliberación inmediata sobre la forma en que deba ser definida en términos conceptuales y operacionales la renta petrolera, así como su destino hacia la inversión productiva en su totalidad, en un plazo determinado, como detonadora de emprendimientos y procesos de capitalización de los organismos públicos, sociales y privados nacionales, así como para la construcción de infraestructura energética del país para el siglo XXI, constituye un factor decisivo de cualquier cambio posible.

No se debe esperar del ahorro externo el impulso del crecimiento, pues ello determina de manera necesaria sus beneficiarios y detentadores. En esta cuestión radica una de las bases fundamentales de un posible cambio hacia una mayor racionalidad y justicia del desarrollo.

Sobre esta base, es necesaria una clara evaluación objetiva, pública, integral y exhaustiva, de los tratados internacionales firmados en los últimos veinticinco años, y de sus efectos reales en la vida de la sociedad mexicana.

La inversión extranjera directa tiene un lugar en la economía política nacional, en la medida que esté subordinada a los criterios de desempeño del desarrollo nacional, en términos productivos, de generación de valor agregado y exportaciones, de empleo, aportación fiscal y desarrollo del país.

Se debe proceder de inmediato a la denuncia del TLCAN, del Acuerdo Marco, el ASPAN y la Iniciativa Mérida, pues constituyen determinaciones jurídico-político-económicas que por su propia naturaleza limitan el desarrollo del poder y la autodeterminación nacional; e impiden de manera objetiva establecer una economía política capaz de ofrecer empleos, educación, salud, seguridad social y una  mejor distribución de la renta nacional que conduzca hacia una mayor equidad en la sociedad.

En el anterior contexto, se debe detener de inmediato la llamada por Nixon y adoptada por el gobierno federal mexicano desde 2006 “guerra contra las drogas”.

Existen evidencias públicas de la deliberada promoción de esta economía criminal en nuestro país por parte del gobierno estadounidense, que provee directamente de armas y dinero a las organizaciones criminales, y lava sus recursos económicos. 

Se debe proceder a legalizar la producción de mariguana para usos medicinales, y dar al problema de las adicciones un tratamiento de salud pública en México. México no debe aceptar la “guerra” impuesta por los Estados Unidos de América, pues esta nación se ha mostrado deliberadamente incapaz de establecer una real política de contención del consumo de estupefacientes, y de eliminar las utilidades estratosféricas del narcotráfico, mismas que sustentan y reproducen la economía criminal desde los Estados Unidos, a escala mundial y en particular en México.

La Fuerza Armada permanente debe regresar a sus cuarteles, entregar cuentas de lo realizado hasta la fecha, y apoyar en todo lo necesario al Ministerio Público y las policías, para que realicen sus funciones.

Se debe fortalecer a las fuerzas armadas mexicanas, tanto en una doctrina que ratifique su papel de garantes de la soberanía nacional ante las amenazas externas, con plena garantía y respeto de los derechos humanos, con sujeción a la autoridad civil en la comisión de delitos cometidos por miembros particulares, fuera de la disciplina militar, tal como lo establece la Constitución; así como a través del desarrollo de tecnologías y armamentos propios, producidos por empresas e instituciones nacionales.

Se debe alejar a las fuerzas armadas de cualquier papel político de guerra interior, que sólo contribuiría a la polarización de la sociedad y a su eventual utilización represora por gobiernos poco democráticos.

Al igual que hace 100 años, es necesario que el sufragio sea efectivo. Los votos aún no se cuentan de manera adecuada, ni son determinantes del resultado de las elecciones y las políticas públicas.

El régimen político mexicano debe avanzar hacia la organización de un régimen político parlamentario, capaz de reconocer la pluralidad, diversidad de intereses, culturas y puntos de vista de la Nación mexicana, tal como lo han propuesto ya destacados intelectuales y políticos.

En este nuevo régimen se deben incluir dos instituciones claves para la democracia:

el Consejo Económico, Social y Ambiental a nivel nacional y en cada una de las entidades federativas, como institución constitucional para la participación organizada de la sociedad en la conformación de las leyes y políticas públicas, bajo condiciones de deliberación, transparencia y debate público y ético-racional; y por otra parte,

una Radio y Televisión Ciudadana, como institución de la sociedad civil, en el marco del Estado Nación, que permita a un conjunto representativo de la sociedad, agrupada en una sociedad civil, con la participación de instituciones de educación superior, investigación, organizaciones civiles, profesionales  y culturales, la operación de dos concesiones de radio y televisión abiertas, de cobertura nacional, con financiamiento parcial del Estado y de las propias instituciones, que constituya una opción real a la comunicación electrónica concesionada a un puñado de particulares que se han convertido en poderes fácticos superiores al poder del Estado.

La democracia mediática es condición de posibilidad de cualquier cambio que se pueda conducir por la vía política en los próximos años. Adicional a ello, se requiere incorporar de inmediato al sistema democrático otras formas de participación directa como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, además de restablecer la relación entre ciudadanía y los partidos políticos. El federalismo debe ser fortalecido con un propósito de integración nacional que revierta las tendencias centrífugas que impulsan los poderes globales.

La desconcentración y dispersión del poder mediático debe ser el primer paso en un proceso de desconcentración de la gran propiedad, que debe tener como criterio el establecimiento de límites en los cuales ningún interés particular debe tener más de un 10% del poder de mercado o institucional en ninguna actividad económica o proceso institucional.

Se requiere esta dispersión como condición para la subordinación de los poderes económicos y sus intereses, al interés general, público y ético de la sociedad.

Propuestas estratégicas para que México sea potencia económica con equidad social y soberanía, en la globalización.

Se requieren políticas y decisiones de Estado para el desarrollo justo de la Nación, con estrategias, políticas, instituciones y recursos, capaces de actuar ante las fuerzas de la globalización.

El nuevo paradigma de economía política no puede consistir en una mera reproducción nacional de las formas de producción, consumo, concentración y falta de sustentabilidad del paradigma actual.

Se debe partir de nuevas finalidades, modos de vida y de relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza. Se debe restablecer la centralidad del mundo del trabajo humano, en una economía del conocimiento caracterizada por la producción de máquinas y bienes por otras máquinas automatizadas.

Se requiere una reindustrialización acelerada de la Nación, que logre el objetivo de disponer de las capacidades tecnológicas y científicas propias para participar como actores de esta economía del conocimiento.

Se requiere definir y acordar los nuevos términos de la forma como se distribuye el tiempo de trabajo en la sociedad, con una clara afirmación de la especificidad del trabajo de las mujeres, que tome en cuenta todas sus necesidades y deberes con la sociedad.

El pacto para la eliminación de la desigualdad extrema y de la pobreza es condición de posibilidad y a la vez, contenido del nuevo paradigma de desarrollo. Este pacto debe quedar claramente establecido en la política de tasas de interés, en la política salarial, así como en la política de ingreso y gasto público, para que estas políticas estén ordenadas y coordinadas en función del logro de objetivos nacionales y de mejoramiento del nivel de vida de todos y cada uno de los mexicanos.

Sobre la base del impulso de financiamiento y de mercados de los organismos del Estado mexicano en el sector energético y de los otros sectores estratégicos, se debe rediseñar una nueva economía política sustentada en el mercado interno, un nuevo pacto entre salarios y utilidades y un pacto fiscal integral, dirigido a la finalidad de que México sea potencia económica por sus propios méritos y no por ser lugar de paso de las inversiones y el comercio de las corporaciones globales, con claros criterios de equidad social y soberanía ante la globalización.

Pretender alcanzar cambios con medidas aisladas solo conducirá a un fracaso anunciado. Se debe restablecer la lógica de racionalidad ético-política de los procesos de creación y distribución de la riqueza en todas sus dimensiones.

Sin esto será imposible la realización de tareas específicas y urgentes como las siguientes: la utilización de los recursos energéticos para el desarrollo económico y tecnológico nacional, el desarrollo de un sistema bancario propiedad del sector privado, social, cooperativo y público, todos de capital nacional; la reconstitución del ejido y las comunidades como sujetos productivos, sociales y políticos sobre los que descanse la responsabilidad de garantizar la soberanía agroalimentaria y nutricional, bajo condiciones de sustentabilidad, para la población mexicana actual y futura; la reconstrucción del tejido industrial y de industrias de la economía del conocimiento, para satisfacer las necesidades básicas de la población; la restitución de las concesiones del espectro radioeléctrico y la infraestructura de comunicación, bajo el criterio y control de su usufructo y servicios como un servicio público; el impulso a escala del desarrollo científico y tecnológico, vinculado a la creación de opciones de desarrollo del país; y el control de la biodiversidad y el patrimonio genético del cual dispone del país, para beneficio de la sociedad mexicana y de la humanidad, en lo que se refiere a la sustancia genética de la gran biodiversidad existente en el país.

Se debe repetir la política que aplicó Adolfo López Mateos para nacionalizar la industria eléctrica. Si el día de hoy se sustituyera toda la inversión extranjera que ahora genera, contrario al mandato constitucional, del orden del 45% del total de la electricidad, misma que es vendida y distribuida con subsidios a dichas empresas a través de la Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto se pudiera reducir el costo financiero de estas inversiones, del 12.5 por ciento anual de interés en dólares, al 6 por ciento anual de interés, si fuesen contratados préstamos como deuda soberana del país, el ahorro que se alcanzaría en veinticinco años, sería de 10,500 millones de dólares, lo que permitiría reducir las tarifas eléctricas domésticas e industriales. La extinción sin fundamento jurídico y económico de Luz y Fuerza del Centro buscó por el contrario, aumentar la dependencia de la Nación en esta materia, con un costo económico y estratégico incalculable para los mexicanos.

Proceso político para el rescate de la soberanía nacional.

La experiencia histórica muestra que ante la necesidad ineludible de realizar cambios de fondo al orden social,  para transformar la política y el régimen de propiedad, por razones de justicia y libertad, como las que experimentó el país en la Independencia y la Revolución, conlleva un alto costo humano, que sufren principalmente los más pobres.

Es deseable que la política sea el camino eficaz para la transformación ética, política y de la economía política del actual orden social. Sin embargo, esto no está garantizado, ante la actitud recalcitrante para mantener el status quo.  Una refundación, más que una ruptura, sería lo deseable para los mexicanos en esta coyuntura.

Es claro que una transformación de nuestra realidad social en su integralidad, se debe concebir como proceso político. El análisis objetivo y público de la realidad del país es una primera tarea a realizar. Se debe tener como criterio básico y permanente la profundización de la democracia y específicamente la construcción de instituciones para procesar de manera democrática las decisiones económicas de naturaleza estructural.

El diseño de un proyecto histórico de largo plazo en el siglo XXI, con la participación amplia de la sociedad y de sus grupos organizados es necesario como sustento de cualquier acuerdo o consenso político.

Es necesaria la deliberación para lograr establecer políticas de Estado para el desarrollo nacional y el rescate de la soberanía nacional, mediante la conformación de una gran coalición de fuerzas nacionalistas-cosmopolistas, ante el poder corporativo global, especialmente el poder financiero global.

Otra condición es la superación de la mentalidad colonizada, pues la idea determinista y fatalista de que no es posible intervenir con voz, proyecto e intereses nacionales propios, en la dinámica de la globalización, es una premisa falsa, que sofoca y limita el pleno desarrollo de nuestra soberanía.

No es racional esperar acuerdos y compromisos de los actores económicos, políticos y sociales, en ausencia de una deliberación clara de la sustancia e implicaciones de las finalidades que se persiguen, las acciones que se proponen y la parte de responsabilidad que corresponda a cada una de las instancias sociales participantes. Pero es necesario ir más allá.

El diseño institucional y de los procesos de ejecución de las acciones son igualmente importantes. Un buen propósito y la voluntad de las partes involucradas no son suficientes, si no se dispone de un diseño institucional que de manera eficaz constituya los medios requeridos para su realización.

En todo ello se requiere fomentar la cultura de la fraternidad entre los mexicanos, de la confianza en nosotros mismos, en la superación de las fronteras institucionales y de los intereses particulares que cada quien representa y el acuerdo sobre reglas básicas de transparencia en las decisiones y en la conducción de las acciones correspondientes. Sólo lo anterior justificará el papel y responsabilidad que se adjudique a individuos responsables de su ejecución, y su renovación cuando sea requerido.

La nueva inserción en la economía global requiere ofrecer los argumentos racionales, jurídico, éticos, económicos, políticos y de sustentabilidad, requeridos para esta transformación de la sociedad mexicana.

La política ética debe superar la actual violencia simbólica, psicológica, económica, política y policiaca que sufren millones de mexicanos.

La dignificación de la política es la condición primaria de la transformación de México en el siglo XXI.

Deja una Respuesta

Tu correo electronico no será publicado.