Alberto Montoya Martín del Campo.

Se presentan elementos de diagnóstico de la educación nacional, y se relaciona con el proyecto fracasado de la inserción pasiva y dependiente de México en el entorno mundial, subordinado a los intereses de las corporaciones globales. Se proponen los elementos y dimensiones cualitativas de una política educativa de Estado.

Introducción

La educación nacional, al igual que el país, se encuentra en una grave crisis. Los síntomas son múltiples y severos. La transformación de esta realidad requiere una política de Estado que sea una dimensión sustantiva de la restauración del proyecto histórico de los mexicanos.

En la primera parte se afirma la tesis general sobre la educación, por la cual esta actividad transformadora que cada ser humano realiza sobre sí mismo, y de la sociedad sobre cada uno de sus miembros, se considera decisiva para avanzar en el grado de eticidad de las relaciones sociales, así como en la reproducción o transformación del status quo bajo la guía del imperativo de realizar la justicia en la sociedad.

En la segunda parte se presenta un diagnóstico de la situación de México como Estado nación al inicio del siglo XXI, en el que se destaca la grave amenaza de una posible involución de México de su condición de estado soberano, a un status de colonia, dependiente en su economía política, democracia, sistema de justicia e instituciones militares y de seguridad nacional, de los Estados Unidos de América. Se afirma que bajo esta condición, es imposible el crecimiento económico, la creación de los empleos que requiere la población, el aumento del nivel de vida de la población, la vigencia de los derechos humanos y la cohesión social del país.

Se señala que la causa de fondo de la pérdida del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos está en la cesión de soberanía económica que se realizó durante los últimos treinta años, por lo que la superación de la actual situación del país, exige como premisa, la recuperación del derecho al desarrollo y la vigencia del orden constitucional que establece la rectoría del Estado sobre el desarrollo y los derechos humanos de toda la población.

En la tercer parte se proponen las finalidades que debería tener el desarrollo de México en el siglo XXI, como criterios fundamentales para la definición de una política educativa de Estado.

En la cuarta parte se presentan elementos de diagnóstico de la educación nacional, y se relaciona con el proyecto fracasado de la inserción pasiva y dependiente de México en el entorno mundial, subordinado a los intereses de las corporaciones globales.

En la quinta parte se proponen los elementos y dimensiones cualitativas de una política educativa de Estado, que tenga como propósito contribuir a restaurara el proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos.

Tesis general sobre la educación

Toda concepción de la educación y de la política educativa suponen un concepto del ser humano, de lo que constituye su esencia, sus finalidades y su existencia en un entorno ético; asimismo, supone una teoría sobre el conocimiento, la racionalidad y la razón; así como sobre la existencia, finalidades y criterios ético-políticos del orden social, que deben garantizar la auto conservación del conjunto social y la vida de cada uno de los seres humanos que están vinculados por relaciones de deberes y derechos en el moderno Estado nación.

La educación de cada individuo es una tarea única e irrepetible, responsabilidad de cada uno de los sujetos a lo largo de toda su existencia; y al mismo tiempo una acción formativa organizada desde la sociedad, cuya historia precede a los individuos.

La acción educativa que organiza la sociedad, y la auto-formación, permiten a cada una de las personas la creación de su ser individual, que es la base para su autonomía y autodeterminación como sujetos, haciendo uso de su inteligencia y capacidad de autoconsciencia; lo que establece la base para su participación en la vida social; para el discernimiento ético que requiere el ejercicio de su libertad; y para su actividad práctica en la economía y la vida política; por lo que la educación se constituye en un proceso social fundamental para la reproducción, y al mismo tiempo, para la transformación de la sociedad.

Como sostiene Miranda, ser humano no es algo natural, sino resultado de una voluntad autoconsciente y real de superar las tendencias naturales del ser humano.

La reflexión filosófica y la historia de las distintas sociedades durante más de veinticinco siglos, han refrendado la tesis aristotélica de que los seres humanos somos vivientes éticos.

De ello se sigue que todo ser humano, y toda sociedad humana, están en permanente tensión entre la tendencia a lo natural, derivada de nuestra condición de vivientes, en donde predominan los instintos, la voluntad de poder y dominación, la pretensión de sujetar a los otros y de convertirlos en medios para los propios fines, es decir la búsqueda egóica del propio provecho; y por otro lado, la emancipación de las tendencias naturales por cada una de las personas y por las sociedades, el apartamiento de estas tendencia naturales, para construir un mundo propiamente humano, no natural, en el que se busca superar dichas tendencias naturales, mediante una voluntad autoconsciente de reconocer a los otros como otros yo, es decir, en como sujetos libres, con igual dignidad infinita, e iguales derechos y deberes.

Una educación verdaderamente humana es aquella que parte de la premisa, siguiendo la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, de que se debe tratar a todo ser humano siempre como fin y nunca como medio, es decir, como algo que se justifica por sí, por su sola existencia, sin que dependa de ninguna otra cosa (heteronomía), como el género, la cultura, color de la piel, habilidades intelectuales, creencias, religión, edad o lenguaje.

El imperativo absoluto y categórico de que cada uno de los individuos, cada una de las personas, es lo único que constituye un fin en sí mismo; y que todo lo demás son medios, es decir, cuestiones que son contingentes del fin principal, es el principio de todo orden social ético, y por consiguiente de toda verdadera política educativa que conduzca la sociedad a través de sus diversas instituciones.

La educación como continuo proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida; que se desarrolla sobre la base de lenguajes cada vez más complejos, se convierte en la base de la comunicación y el pensamiento individual; que la sociedad sedimenta en un patrimonio e identidad cultural resultado del esfuerzo colectivo.

Como lo sostiene Hegel y lo afirman otros notables científicos y pensadores como Einstein, el bien y lo bueno en el ser humano, consiste en el comportamiento en relación con los demás, guiado por el imperativo categórico de reconocer al otro como fin, y no como medio; en tanto que lo malo o natural, consiste en comportarse conforme a las tendencias naturales, instintivas, de dominación y egóicas del ser humano.

Todo ser humano es un sujeto autodeterminado, es decir, libre. Pero esta autodeterminación está a su vez posibilitada y limitada por la capacidad de pensamiento; por la libertad alcanzada en dicha capacidad de pensamiento por cada uno de los individuos; por el avance sustantivo y la apropiación por parte de los sujetos, del conocimiento resultado del esfuerzo de la sociedad a lo largo de la historia; por su propia personalidad y carácter; por su desarrollo de los lenguajes y la capacidad de raciocinio lógico; así como por el desarrollo de su racionalidad ética y técnica.

La soberanía de la libertad es la autodeterminación de cada individuo en sus actos particulares y a lo largo de su existencia. Esta soberanía de cada uno, vista de conjunto, es lo que da sustento a la soberanía del pueblo sobre sí mismo, en su dimensión política. La soberanía del pueblo como principio de orden político tiene como sustento la soberanía de cada uno sobre sí mismo, es decir la soberanía de su propia voluntad, de su propia libertad.

La acción de los humanos desvinculada del pensamiento, y en particular de la racionalidad ética, que posibilita el discernimiento sobre el bien y el mal, no es propiamente humana, sino más bien instintual y natural.

Es decir, sin pensamiento y racionalidad ética, el ser humano está más cercano a la naturalidad y más alejado de la humanidad.

En otras palabras, es imposible ser libre y ser propiamente humano, sin pensar, pues la libertad es autodeterminación consciente, tanto de los medios eficaces para lograr los fines que se pretenden (racionalidad técnica), como la autoconsciencia de la racionalidad de los fines que se persiguen (racionalidad teleológica). Ambas racionalidades pueden ser éticas o contrarias a la ética en diferentes grados.

La educación es a la vez resultado del esfuerzo previo, como del trabajo actual para construir un futuro superior en humanidad para  las nuevas generaciones.

Si la educación es un proceso fundamental para la formación de cada individuo en sujetos conscientes, libres y responsables, capaces de su autorrealización en una relación ética con los demás, es por lo tanto una actividad que se justifica de manera eminente, por su contribución directa a la realización de toda persona.

La educación es el trabajo del ser humano sobre sí mismo, y de la sociedad sobre cada uno de los seres humanos que la constituyen, para superar la naturalidad inherente y para desarrollar el mundo propiamente humano, por lo que se constituye en la labor más valiosa para avanzar en el grado de humanidad, pues a diferencia de la autoconservación de las especies vivientes, los humanos sustentamos esta autoconservación sobre la base de la racionalidad ética y técnica que nos es propia.

En consecuencia, el proyecto educativo de México como Estado nación, debe contribuir de manera sustantiva a realizar los objetivos que se propone la nación, como un universo constituido por la totalidad de cada uno de los seres humanos que la conformamos, y de la cual formarán parte otros individuos en el futuro; y a la vez, para contribuir a la realización humana de todos y cada uno de los mexicanos.

Se requiere por lo tanto, un análisis de la problemática educativa en el marco de la circunstancia histórica que enfrenta el país, que conduzca a la formulación de una política de Estado que proponga de manera fundamentada las transformaciones requeridas en la educación nacional, como una dimensión fundamental del proyecto de recuperación del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos.

Diagnóstico de la Nación

Pérdida del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos

México es un Estado-nación pluriétnico y pluricultural construido sobre los aportes y realizaciones de culturas milenarias, de tres siglos de virreinato y doscientos años de vida independiente.

Este proyecto histórico tiene plena vigencia y no debe ser modificado sino por la voluntad soberana del pueblo de México, que es titular de su propia libertad, autogobierno y del derecho humano a su propio desarrollo.

Es fundamental tener la honestidad intelectual de reconocer, que la existencia de México como Estado Nación independiente, soberano, interdependiente en la globalización, y con capacidad de autodeterminación para garantizar y dar plena vigencia a los derechos humanos de toda la población y a sus garantías individuales, está en riesgo, ante la amenaza de involucionar a una condición de colonia cuya economía política esté determinada por los Estados Unidos de América, con un régimen político de carácter policiaco-militar, administrativo y democrático, dependiente de esta nación.

En el contexto internacional actual, en el que se constata un sistema internacional anárquico en el que los Estados nación buscan la promoción de sus fines e intereses egoístas, aún cuando están conformados en agrupaciones de países como la Unión Europea, México debe afirmar sus propios intereses nacionales, en una perspectiva cosmopolita, como condición para participar como sujeto, y no como espectador y objeto, de los intereses de los procesos de la globalización.

Durante las últimas tres décadas la élite política, económica y cultural del país, decidió abandonar el interés nacional y el proyecto de desarrollo de nuestro país bajo la guía de la Constitución de 1917, y promover en cambio la incorporación pasiva de nuestra economía-política en beneficio de la acumulación de capital de las empresas globales, tanto de capital nacional como extranjero, para lo cual se ha gobernado en contra de los mandatos de la Carta Magna y se han aprobado leyes que la contradicen de manera directa.

Esta es la raíz profunda de los graves problemas que enfrenta la sociedad mexicana, en un contexto mundial caracterizado por la crisis global del capitalismo; de cambios en el peso económico entre los países y regiones en el mundo; de la prelación del sistema financiero sobre la economía de los países, las empresas y las personas; y de una profunda revolución tecnológica que tiene un impacto en toda la cultura y avanza en la automatización del trabajo humano, lo que ha producido transformaciones significativas en las relaciones laborales, el empleo, la seguridad social, el pacto social y la base fiscal de las sociedades.

Las consecuencias de haber aplicado políticas públicas y acciones de gobierno, contrarias al interés nacional y la Constitución, son el estancamiento del crecimiento económico por habitante durante tres décadas, la concentración de la riqueza y el ingreso nacional, la incapacidad de ofrecer empleos formales y bien remunerados a las nuevas generaciones de mexicanos; millones de jóvenes excluidos de oportunidades para estudiar o trabajar; el aumento de la violencia multidimensional en contra de amplios sectores de la sociedad, en particular los jóvenes, que se ha magnificado por el crimen organizado y por la estrategia intrínsecamente fallida que adoptó el gobierno mexicano, diseñada por los Estados Unidos de América, que no se dirige a su desmantelamiento, sino a la instalación en México de un régimen policiaco-militar para imponer una economía política dependiente; todo lo cual contribuye a que México sea la nación que en los últimos años ha perdido más población en el mundo.

Como resultado de todo ello, la nación se hunde en la dependencia económica, política y cultural, y enfrenta la amenaza inminente de perder su soberanía militar y de seguridad nacional.

El abandono del proyecto constitucional de desarrollo en México ha sido la causa de la involución, del subdesarrollo y de la pérdida de la soberanía nacional. Los argumentos de esta afirmación se sustentan en el análisis de la evolución de México en las últimas tres décadas.

La evidencia de que México ha perdido poder nacional, soberanía económica, política, cultural y ahora también militar, es contundente:

Durante medio siglo (1932-1982), bajo un proyecto constitucional de desarrollo, México pudo alcanzar un promedio de crecimiento económico del 6.5% anual, de aumento del 3% anual del producto por habitante, de autosuficiencia energética y alimentaria, y de incorporación de la mayoría de la población al empleo formal. Los problemas de la época del “milagro mexicano” eran de distribución, no de crecimiento. Durante este periodo se tuvo a la vez un aumento significativo del poder adquisitivo del salario y una baja inflación.

Desde 1982, ante la crisis económica causada por el agotamiento de las estrategias de desarrollo y de cambios en el entorno internacional, que debió ser resuelta desde el interés nacional; tanto por presiones externas como por convicciones y voluntades políticas internas, México modificó de raíz su proyecto constitucional y lo sustituyó por la subordinación dependiente de nuestra economía política a los procesos de acumulación de las corporaciones globales y de la hegemonía estadounidense, bajo la ideología del liberalismo de las corporaciones, todo lo cual se institucionalizó como paradigma supra constitucional en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su secuela de tratados internacionales de comercio e inversión que se sucedieron, que se concibieron como un fin en sí mismo y no como un medio para el desarrollo nacional.

El cambio de paradigma de economía política y de inserción tributaria y dependiente a favor de las utilidades de las corporaciones financieras, comerciales e industriales globales, principalmente extranjeras y estadounidenses, pactado con la élite nacional y las corporaciones globales mexicanas, se sustentó en la vulneración de la democracia nacional, porque implicó una modificación del pacto para la creación y distribución de la riqueza y la supresión del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos según los mandatos fundamentales de la Constitución de 1917.

La raíz profunda de los problemas nacionales está en la cesión de la soberanía económica del país, a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y otros que se sucedieron sin pasar por su formalización a través de la ratificación del Poder Legislativo, como el Acuerdo Marco, la “Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte”, la Iniciativa Mérida, y los tratados sobre inversión y fiscales, que han desmantelado la rectoría del Estado mexicano sobre el desarrollo.

Los intereses privados de las corporaciones globales, y en particular estadounidenses, se han impuesto sobre el interés nacional, el interés público y el interés del pueblo de México.

Como resultado de ello se tiene lo siguiente:

La reducción del gasto e ingreso público, a un nivel que no existe en ninguna nación desarrollada: el gasto público se redujo en México del 44% del PIB en 1982, al 24% del PIB en la actualidad, lo que contrasta con el 42% del PIB, que es el promedio del gasto público en los países de la OCDE.

Esto significa que el poder del estado mexicano se ha reducido ante el poder de las corporaciones globales, de capital nacional y extranjero; lo que se traduce en que el interés privado de estas corporaciones tiene prelación y se impone al interés nacional y al interés del pueblo de México.

Esta reducción del gasto público tiene efectos directos en la capacidad de la inversión pública para promover el crecimiento económico, así como para llevar a cabo los gastos necesarios para el desarrollo de la sociedad, en educación de la sociedad, el fomento de la industria y los servicios de la nueva economía del conocimiento, la ciencia y la tecnología, las infraestructuras requeridas por la sociedad y la economía del conocimiento, los gastos de salud requeridos por la población, el desarrollo de fuentes de energías alternativas a los hidrocarburos; y en general, para crear condiciones eficaces que hagan posible el desarrollo humano de toda la población, bajo condiciones de libertad y plena vigencia de todos sus derechos humanos, que elimine la pobreza extrema y modere la extraordinaria desigualdad que existe en la sociedad mexicana.

El desmantelamiento del poder del Estado sobre las grandes corporaciones y la sistemática destrucción de las capacidades productivas de la nación:

Pérdida de soberanía fiscal.

Una de las potestades de todo estado es la capacidad de imponer impuestos, para destinarlos al gasto público que permita realizar los fines de la comunidad nacional.

Este constituye uno de los fundamentos de toda economía política, y en el cual se manifiesta de manera concreta el carácter del pacto social y su grado de justicia social, que en el caso de México constituye un ejemplo de extrema desigualdad e injusticia.

Una de las mayores injusticias de la política de apertura de la economía política nacional a las inversiones de las corporaciones globales, es que dichas inversiones no contribuyen al fisco nacional de la misma manera en que contribuyen al de sus países de origen.

Las grandes corporaciones, tanto de inversión extranjera como nacional, tienen una contribución fiscal insignificante, o incluso negativa, a través de mecanismos legales que se han establecido para la consolidación de ingresos fiscales, y los tratados para impedir la doble tributación; lo que tiene como consecuencia que México no recibe los impuestos que debería recibir por parte de los inversionistas extranjeros y de los grandes capitales y corporaciones nacionales.

El aporte fiscal de PEMEX, que es un patrimonio de la Nación, ha sido utilizado para compensar el déficit de recaudación fiscal de las corporaciones globales y de las empresas en general, cuyo aporte de impuestos sobre la renta empresarial en México equivale aproximadamente al 2.5% del PIB, cuando en los países desarrollados como Japón y los países europeos, la contribución del impuesto sobre la renta de las empresas alcanza un porcentaje cercano al 16% del PIB.

El extremo obsceno de esta condición tributaria y dependiente de nuestra economía política, es el reconocimiento que recientemente dio el sistema fiscal mexicano, por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que las pérdidas de una empresa automotriz estadounidense, por la venta de acciones de su propiedad en Japón, fueran reconocidas como pérdidas fiscales en México, lo que constituye una irracionalidad e injusticia en contra de los mexicanos, que manifiesta con claridad la forma en que las instituciones nacionales se han puesto al servicio de los procesos de acumulación de riqueza de las corporaciones globales, y han dejado de representar el interés del pueblo de México.

Uso irracional e inmoral de la renta petrolera para sostener una economía política tributaria y dependiente.

La irracionalidad e injusticia del pacto fiscal ha requerido que la renta petrolera, cuyo origen es un recurso natural estratégico y no renovable, cuyo mejor uso es ser materia prima para procesos industriales y no como combustible, haya sido usado durante la década de los años ochenta y noventa para cubrir los quebrantos financieros y de la deuda externa, y para cubrir entre un 35% y un 40% del gasto público del país desde hace una década, lo que además se destina al gasto corriente y no a la inversión.

Los hidrocarburos, que son un patrimonio de la Nación y deben servir para su desarrollo integral y sustentable, en el corto, mediano y largo plazo, han sido depredados para compensar la irracionalidad del proceso de acumulación del capital global:

la divisas petroleras son las que sostienen la política monetaria, pues PEMEX aporta el 99% de las divisas que acumula el Banco de México;

estas divisas también compensan el déficit comercial sistémico del país, pues sin exportaciones petroleras y de maquila, de 1998 a la fecha se hubiera tenido un déficit comercial acumulado del orden de 500 mil millones de dólares.

Con reservas probadas para mantener la actual plataforma de extracción y exportación de crudo por sólo nueve años, México enfrenta una situación macroeconómica de extraordinaria vulnerabilidad y alto riesgo en el corto plazo; lo que se hace aún más grave, al considerar que desde el año 2007, la brecha entre las divisas que ingresan por exportación de crudo, son menores a las divisas que salen del país para adquirir gasolinas y petroquímicos elaborados en el exterior; misma que seguirá ampliándose en el futuro de manera necesaria, en virtud de la decisión de los gobiernos mexicanos en la última década, de no realizar las inversiones públicas requeridas para revertir esta situación.

Dependencia financiera.

Los ciudadanos mexicanos fuimos obligados a realizar el rescate de la quiebra bancaria con los impuestos que pagamos y con el uso de la renta petrolera de la Nación, con un costo superior a los 100 mil millones de dólares, a ser pagados por toda una generación de mexicanos; para que posteriormente el gobierno mexicano vendiera estos mismos bancos a inversionistas extranjeros; lo que se ha traducido en que México sea una Nación que carece de bancos de propiedad nacional, contrario a lo que sucede en todos los países que son potencias económicas; y que no se disponga de una verdadera banca de ahorro y crédito, pues la banca extranjera prácticamente no otorga créditos en México para las actividades productivas, sino para el consumo, limitando de manera estructural y permanente el proceso de inversión productiva en nuestro país.

Los bancos extranjeros en México aportan la mayor parte de las utilidades a sus matrices, en comparación con otras inversiones que tienen en otras partes del mundo, lo que demuestra su poder sobre el Estado nación mexicano.

Ello impide a los empresarios mexicanos disponer de crédito competitivo para la inversión productiva, e impone a la sociedad uno de los sistemas de pago con mayores costos y comisiones en el mundo.

Dependencia energética.

El deliberado desmantelamiento de los organismos que establece la Constitución para la explotación de los hidrocarburos y la generación y prestación del servicio público de energía eléctrica, contrario a la letra de la Carta Magna, se traduce en que:

el 70% de la exploración y explotación de los yacimientos la lleven a cabo corporaciones globales extranjeras, que están teniendo acceso a la renta petrolera que pertenece al pueblo de México;

se importe anualmente más de 30 mil millones de dólares de petroquímica;

se importe el 47% de las gasolinas, por la deliberada política de importación y desinversión pública en refinerías;

el 50% de la energía eléctrica sea generada por inversionistas extranjeros, a un costo significativamente superior al costo al que la puede generar la CFE, lo que incide en altas tarifas de electricidad para uso industrial y doméstico en México, que reducen la competitividad nacional.

Si todas las inversiones extranjeras en la generación de energía eléctrica fuesen compradas por el Estado mexicano, como lo hizo el Presidente Adolfo López Mateos, se tendría un ahorro de 10,500 millones de dólares en 15 años, al reducir la tasa de interés de estas inversiones del 12% anual en dólares, al 6% que se pagaría con una deuda pública, lo que permitiría reducir las tarifas eléctricas en México.

Dependencia alimentaria y aumento de la pobreza extrema.

La dependencia alimentaria, que era nula antes de la firma del TLCAN, alcanza ahora una dimensión que constituye una amenaza a la seguridad nacional y es causa directa del aumento de la pobreza extrema en los últimos cinco años:

Se importa el 42% de los alimentos.

Se ha favorecido la importación de alimentos de Estados Unidos, que al ser subsidiados en ese país, generan precios internos incapaces de cubrir los costos de producción por los altos costos de la energía y otros insumos como los fertilizantes, lo que impide la rentabilidad de la actividad agropecuaria para millones de campesinos en México.

Se han perdido más de 6 millones de empleos en el campo desde que se firmó el TLCAN.

Se desmantelaron las instituciones de fomento económico para la mayoría de los productores del sector social, que representan la mayoría en el país y disponen de más de la mitad del territorio nacional.

Sólo el 3% de los productores tienen acceso al crédito.

Como consecuencia de lo anterior, se tiene el absurdo de tener más de 7 millones de hectáreas de tierra sin cultivar.

Todo lo anterior se traduce en migración forzosa de los varones y jóvenes de las comunidades rurales, a la ruptura de los vínculos familiares y comunitarios y al aumento de la pobreza extrema en la sociedad rural.

El aumento de los precios internacionales de alimentos, resultado del cambio climático y la utilización de maíz para producir etanol, y la política de importación de alimentos subsidiados, que ha conducido a la dependencia del 42% del consumo de alimentos en México, es la causa directa de seis millones de personas cayeran en pobreza extrema y que no pudieran hacer tres comidas al día.

Se estima que de los 21 millones de personas en pobreza extrema, 15 millones son niños y jóvenes, y una gran cantidad de ellos viven en las zonas rurales, lo que se debe tomar en cuenta de manera muy importante al analizar su situación educativa, de empleo, cohesión social y cultural.

Dependencia industrial y comercial.

El país se ha desindustrializado de manera acelerada y continua:

En la última década desaparecieron de más de 15 mil empresas manufactureras y de 650 empleos directos en la manufacturas. Desde la firma del TLCAN se han perdido un millón cien mil empleos en las manufacturas.

Con la política de “apertura al comercio exterior y exportadora”, México en realidad se convirtió en potencia importadora y no exportadora.

Se tiene un déficit comercial sistemático de la industria, que es compensado con las exportaciones de petróleo crudo sin valor agregado, la maquila y las remesas de los trabajadores indocumentados.

En los últimos lustros México perdió 5% del producto nacional industrial, lo que ha sido sustituido por bienes y servicios importados.

México enfrenta una  grave amenaza en el futuro inmediato, en la medida de que se reducirán las exportaciones de crudo por la reducción de las reservas probadas, las divisas requeridas para importar refinados y petroquímica, lo que reducirá las divisas que han compensado el desequilibrio sistémico del actual paradigma.

El nulo crecimiento del producto por habitante durante tres décadas, el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, de manera simultánea a la concentración de la riqueza extrema, han convertido a México una de las sociedades más desiguales del mundo.

Bajo las condiciones anteriores, es imposible que México pueda crecer a una tasa del 7% anual, que es indispensable para ofrecer oportunidades de empleo formal a la población que lo demanda, y que crecerá aproximadamente en un millón de personas cada año durante la última década. México no puede crecer más allá de la tasa observada en el último cuarto de siglo, de 2.1% anual.

Durante tres décadas México ha crecido a una tasa ligeramente superior al 2% anual.

Las promesas electorales en el año 2000 de crecer al 7% anual, o de ser un gobierno del empleo en el 2006, han sido promesas falsas, cuya imposibilidad de realización se explica por los cambios de la economía política.

De lo anterior se deduce la imposibilidad de crear los empleos  formales con los ingresos suficientes que requiere la sociedad mexicana.

La consecuencia de la imposibilidad de ofrecer empleos formales y bien remunerados a la población mexicana, se traduce en una violencia y coacción económica sobre las nuevas generaciones, más de 7 millones de jóvenes, a los que se suman un millón 200 mil anualmente, en que la inmensa mayoría no tienen acceso, ni tendrán bajo la actual economía política, a la educación y al empleo.

Es imposible que México pueda crecer a una tasa mayor en el futuro, pues ello implica de manera inmediata la ruptura del precario equilibrio macroeconómico y del sector externo del país.

La pérdida de soberanía económica conduce de manera necesaria a la pérdida de soberanía política y militar.

La pérdida de la capacidad de desarrollo del país, su estancamiento y crisis fiscal sistémica, son resultado directo de la actual economía política de apertura a la inversión y al comercio internacional, a favor de las corporaciones globales.

La demanda, lavado de dinero, organización y abastecimiento de armas de la economía criminal, tiene su origen y explicación en los Estados Unidos de América, país que ha reconocido el fracaso de cuarenta años de “guerra contra el narcotráfico” y ha abandonado oficialmente este concepto de su política pública a nivel del gobierno federal, al tiempo que se autoriza el uso medicinal y recreativo de la mariguana en 16 estados de la Unión Americana.

La voluntad estadounidense de mantener la subordinación de México a su hegemonía e intereses corporativos, ha impulsado el uso geopolítico de la economía criminal para promover la instauración en México de estado policiaco-militar que limite la democracia en nuestro país, recurriendo incluso al armamento deliberado de grupos criminales que están generando innumerables y cruentos crímenes en nuestro país, como se mostró en la denominada operación Rápido y Furioso, en la cual participaron todas las agencias e instituciones estadounidenses de defensa, inteligencia, seguridad nacional y responsables de la diplomacia.

En relación con México, la economía criminal se ha convertido en un mecanismo de dominación geopolítica, al imponer a los gobernantes mexicanos, que además han aceptado a plenitud esta exigencia, la imposible tarea de detener la oferta de una economía criminal sustentada en utilidades extraordinarias y administración de la economía criminal desde los Estados Unidos de América, lo que constituye el verdadero núcleo de su poder económico, de corrupción y de violencia, tanto en ese país como en México.

El verdadero objetivo estadounidense no es terminar con esta actividad, sino utilizarla para provocar violencia en México, como se demuestra por su negativa a establecer un control de las armas que ingresan a nuestro país, y sus acciones de armar de manera directa y deliberada a organizaciones criminales en nuestro país, lo que constituye un acto abierto de agresión en contra de México, todo lo cual tiene el propósito de exigir la participación de nuestras fuerzas armadas y policías en el “combate” a dichas organizaciones, sin intervenir en lo absoluto en desmantelar la reproducción económica de la economía criminal desde su origen en los propios Estados Unidos.

Para ello se busca establecer condiciones en la Ley de Seguridad Nacional análogas a la “Ley Patriota” estadounidense, que hagan permanente un estado de guerra y de control sobre la sociedad.

Una de las exigencias de esta geopolítica, a la que el gobierno federal ha accedido con entusiasmo, a pesar de fuertes cuestionamientos de la sociedad y del poder legislativo, es obtener datos biométricos y cédulas de identidad de cada mexicano, desde los primeros años de vida, para asegurar su control por medio de sistemas informáticos, convirtiendo a cada mexicano desde su nacimiento en un sospechoso de actos delictivos.

Resulta indignante que cada mexicano que ingresa a la educación preescolar sea tratado como un delincuente potencial, fichado con información de su iris y huellas dactilares, para cumplir con la exigencia de los Estados Unidos en 2005, en la denominada Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, acordada por el expresidente Fox, lo que no corresponde con lo que se hace en los Estados Unidos.

Como se ha dado a conocer recientemente, se han firmado acuerdos por parte del gobierno federal con el gobierno estadounidense, sin pasar por el poder legislativo, para la participación activa de militares extranjeros en las actividades sustantivas de la fuerza armada permanente, lo que contraviene la Constitución y la seguridad nacional

La problemática educativa, social y laboral de la juventud mexicana se explica por este conjunto de factores explicativos.

Es fundamental referir la problemática de la niñez y la juventud a este análisis, para comprender las condiciones existenciales y de vida de los jóvenes; reconocer las muy restringidas opciones que tienen para su futuro personal y para el de México como un todo, pues son los jóvenes quienes sufren el mayor impacto de estas decisiones sobre el curso del país.

Son estos jóvenes mexicanos pobres, tanto del campo como de la ciudad, quienes sufren de manera significativa la violencia multidimensional, pues son víctimas de  la violencia física y la muerte, al encontrarse entre los más de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos, 120 mil desplazados y más de 15 mil huérfanos, que se estiman como efecto de la violencia generada por la economía criminal y por la estrategia intrínsecamente fallida de enfrentarla en México, y no en los Estados Unidos, por la vía militar y no por la vía de su desmantelamiento económico.

La desigualdad social y pobreza extrema se manifiestan en todas las dimensiones de la vida social: se amplía la desigualdad educativa, en el acceso al empleo y en los diferenciales de ingresos y niveles de vida; todo lo cual se traduce en la pérdida de cohesión social, violencia doméstica, comunitaria y social; el aumento de las diferencias entre el norte y el sur del país, y entre la población más rica y más pobre de México.

México perdió poder nacional por la pérdida de soberanía económica y ello conduce al riesgo inminente de estar perder la capacidad de garantizar los derechos humanos y libertades de los mexicanos.

La causa de esta involución histórica, además de la corrupción, abandono, ineptitud, desorientación o frivolidad, que se pueda atribuir a individuos en lo particular, en el desempeño de las responsabilidades públicas, es un pacto corporativo transnacional, promovido por políticos, empresarios, académicos y grupos sociales en México, aliados a las corporaciones y la hegemonía estadounidense, que ha contado con la dispersión y sumisión de amplios sectores de la población; que ha convertido a la economía nacional, en una economía-política tributaria y dependiente al servicio de la acumulación de las empresas globales de capital extranjero y nacional, con la necesaria pérdida del derecho humano al desarrollo de los mexicanos.

La pérdida multidimensional de soberanía, como capacidad de autodeterminación del país, es decir la pérdida de poder nacional, no solo se refleja en la realidad nacional, sino también en un aislamiento de América Latina, de pérdida de presencia con los países de Centro América, de pérdida de influencia y de voz propia en el entorno internacional, en la medida que se configura una condición de dependencia colonial de Estados Unidos de América.

La polarización política es por lo tanto una consecuencia necesaria, así como la desvinculación ética de los ciudadanos hacia un orden normativo y legal del país, que en sus normas y prácticas se aleja claramente del imperativo de justicia.

La causa profunda de la involución que se observa en el país, está en la conducción gubernamental y en algunos tratados internacionales que han sido contrarios al espíritu y a la letra de los mandatos constitucionales.

Por lo tanto, hacia futuro, México sólo tiene dos alternativas:

perecer como nación independiente e involucionar en una colonia estadounidense, con un régimen de apartheid y un estado policiaco-militar, que suprimiría las libertades, garantías individuales y la soberanía del Estado-nación, lo que equivale a la imposibilidad de que el Estado garantice los derechos humanos y el desarrollo;

o recuperar el poder nacional, mediante la recuperación de la soberanía económica, política, militar, diplomática y cultural; que constituye hoy la única vía para garantizar la libertad y derechos humanos de todos los mexicanos.

Finalidades de México como Estado Nación en el Siglo XXI

El proyecto histórico de subordinación colonial del país es inviable como sistema económico, e insostenible desde el punto de vista ético, político y social.

De ahí surge la necesidad histórica de su superación urgente, inmediata y por la vía política; y bajo la guía de la racionalidad ética y del imperativo de justicia social de los derechos humanos que establece la Constitución.

Los mexicanos debemos atajar la amenaza de desaparecer como Estado nación independiente, y por el contrario, nos debemos proponer ser potencia económica con autodeterminación política, con equidad y libertades, sobre la base de capacidades culturales, económicas y tecnológicas propias, que le permitan al país satisfacer las necesidades materiales, espirituales, simbólicas y culturales de toda la población, sobre la base del propio trabajo, esfuerzo y capacidades; para que México permanezca como Nación independiente, capaz de garantizar a plenitud la libertad de todos y cada uno de los mexicanos; de respetar sus garantías individuales y todos sus derechos humanos, y sustentar sobre bases firmes la autodeterminación –soberanía- de México ante otros estados del mundo.

La propuesta de un proyecto nacional, con una perspectiva cosmopolita, se fundamenta en el análisis del contexto actual y hacia el futuro del mundo, en el que es importante distinguir globalidad, globalización y globalismo:

La globalidad está constituida por todas aquellas creaciones tecnológicas, sociológicas, éticas, culturales y políticas de alcance universal, que permiten a la humanidad avanzar en el camino de la racionalidad y la justicia, entre las que se debe destacar el reconocimiento de los derechos humanos como criterio ético imperativo para el ordenamiento de la vida pública de toda sociedad; y la revolución tecnológica digital, que aunque es producto de la búsqueda de supremacía bélica, se ha convertido en el instrumento más poderoso que ha impulsado la economía del conocimiento, la sociedad y el estado red, y la ruptura de la relación entre tiempo y espacio de la acción social, lo que caracteriza el contexto del desarrollo de las sociedades en el presente y será determinante en el desarrollo de las relaciones sociales en el futuro.

La globalización se concibe como la expansión global de un reducido grupo de corporaciones globales, que concentran de manera significativa los mercados, inversiones, patentes y recursos, cuya motivación es el interés privado y el lucro, que traspasa fronteras nacionales y promueve condiciones políticas, culturales, pautas de consumo y laborales, que optimizan la generación, acumulación y concentración de utilidades en la propia corporación, y en unos pocos países.    

Esta globalización tiene como sustento la revolución tecnológica digital, que ha modificado el lugar del ser humano en el proceso de producción; automatizado los procesos productivos; vinculado los procesos de producción y de mercado por medios automatizados; creado robots que sustituyen el trabajo humano directo sobre los objetos de la producción; impulsado de manera nunca vista la producción y circulación del conocimiento científico; unificado, automatizado y mundializado las transacciones financieras en la escala mundial; creado la nueva economía del conocimiento y los servicios; e impulsado la emergencia de novedosas redes de relación social, que están modificando la educación, la economía, la política y la cultura, principalmente entre las nuevas generaciones en todas las sociedades.

Sobre esta base, las corporaciones globales y los estados nacionales de las mayores potencias, han promovido la idea de competencia y los tratados de libre comercio, inversión y fiscales; bajo la falsa premisa de una supuesta capacidad de los individuos en lo particular, y de un amplio universo de empresas que compiten en un mercado auto regulado; cuando en realidad se trata de una competencia oligopólica de un reducido grupo de megaempresas, que realizan más de la mitad del comercio mundial mediante transacciones intrafirma, al interior de las propias corporaciones, lo que ocurre a través de fronteras nacionales, aplicando precios de transferencia que hacen imposible la realización de la idea de libre concurrencia, como se entendía hace doscientos años.     

De esta manera, se ha desvinculado la creación de riqueza para beneficio y lucro individual, de la creación de riqueza para el bien público y las necesidades del conjunto social, como lo sostenía la economía política clásica; fracturando las economías políticas y los pactos fiscales y sociales del estado nación; ya que las corporaciones globales optimizan sus utilidades mediante el establecimiento de condiciones que limitan al máximo su aporte fiscal a los estados nación distintos de sus países de origen, e incluso buscan y obtienen beneficios fiscales netos del estado–nación en el cual realizan sus actividades.       

Las empresas financieras globales encabezan el proceso de apropiación de la dinámica de creación y distribución de riqueza a nivel global, pero éstas incluyen también a las empresas industriales, comerciales y de servicios. 

Se ha roto así la relación entre política y economía en los pactos sociales al interior del estado nación, creándose nuevos y graves problemas para la sostenibilidad de la economía de mercado, tanto al nivel de los estados nación, como de la economía mundial en su conjunto, como se observa en las crisis recurrentes en distintas partes del mundo a lo largo de las últimas cuatro décadas.     

Los intereses de las empresas globales promueven de manera deliberada, en los países que operan, la supresión de políticas activas de desarrollo económico, industrial y tecnológico, y buscan por todos los medios posibles (políticos, económicos, ideológicos e incluso militares), el acceso a los recursos estratégicos para la producción industrial en los países desarrollados, para optimizar su proceso de  acumulación global.

Por globalismo se entiende la práctica de las corporaciones trasnacionales y las pretensiones de hegemonía mundial de las grandes potencias, que proponen como paradigma el pensamiento único, la subordinación de los países con menor grado de desarrollo económico a sus intereses de dominio; la supresión de la idea de justicia en la sociedad como criterio de desarrollo humano; la provocación de conflictos sociales en otras sociedades para hacer avanzar sus objetivos estratégicos de dominio; la conversión de los individuos en objetos y no en sujetos con igualdad universal de derechos y dignidad; la negación y práctica de la soberanía e igualdad de los pueblos, así como su condicionamiento a la sumisión y la militarización de las relaciones internacionales.

Es evidente entonces, que se debe promover por todos los medios posibles la globalidad; que la globalización debe subordinarse al legítimo derecho al desarrollo, la soberanía, la equidad y la igualdad entre todas las naciones, por medio de un estado nacional con poder suficiente para restablecer la prelación del interés nacional sobre el interés privado de las corporaciones, como condición necesaria para que el estado nación pueda garantizar las libertades de los individuos y su soberanía, así como los derechos humanos a la vida, la educación, el trabajo, la cultura, la salud, la alimentación, y el disfrute pleno y desarrollo de las potencialidades humanas de toda la población; y por último, es claro que se debe rechazar por todos los medios, cualquier pretensión hegemónica que sea promovida por el condicionamiento y la práctica política, económica y militar del globalismo.

La recuperación del proyecto histórico de desarrollo de México, sobre la base de nuestra Constitución, no es por lo tanto una opción entre otras, sino la única vía para garantizar las libertades y derechos humanos de los mexicanos.

Sin soberanía económica, será imposible garantizar los derechos humanos; en primer lugar el derecho a la educación, así como el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda, entre otros, que están establecidos en la Carta Magna.

Sin soberanía económica, la reciente modificación al artículo primero constitucional, que establece la obligación para el Estado de garantizar los derechos humanos, y de los servidores públicos y jueces de asegurar su adecuado cumplimiento, serán letra muerta.

Para ello se tiene un sustento claro en la rectoría del Estado sobre el desarrollo, que establece el artículo 25 de la Constitución; la planeación democrática del desarrollo que establece el artículo 26; la propiedad social y los derechos de la Nación sobre los hidrocarburos que se establecen en el artículo 27; así como las áreas estratégicas y los mandatos para su pleno desarrollo, establecidos en el artículo 28 constitucional.

Diagnóstico de la educación nacional en relación al proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos

La educación es un proceso de transmisión, socialización  y desarrollo cultural muy importante en toda sociedad, cuya primacía es ahora cuestionada sólo por los medios masivos de comunicación. Como tal, se debe guiar por los principios éticos que estructuran el orden social, en una dinámica de aprendizaje y enseñanza que no puede ser neutra en relación a dichos principios.

La educación contribuye de manera simultánea, tanto a la reproducción como a la transformación social. El avance en la racionalidad y eticidad de la educación, y también en la comunicación social, constituyen las bases, soporte y límites para la racionalidad y eticidad de la sociedad en su conjunto.

Por ello la educación es una actividad esencial para la transformación del orden social bajo la guía del criterio de justicia social, el cual incorpora de manera esencial la búsqueda permanente de la verdad sobre cosmos y sobre el ser humano, acerca del sentido de su existencia, de su libertad, autodeterminación y participación en un orden social.

El conocimiento científico sobre la naturaleza ha permitido el desarrollo de tecnologías que permiten utilizar sus fuerzas en beneficio de la calidad de vida de los seres humanos, y también para el desarrollo de armamentos cada vez más letales y precisos. La investigación científica se constituye en una fuente de nuevo conocimiento, pero también de poder.

La investigación científica como proceso, requiere un esfuerzo propio para poder participar en los avances que se tienen a nivel mundial. La producción científica caracteriza a las instituciones de educación superior e investigación de mayor nivel, y configuran un sistema mundial que avanza a una escala cuantitativa jamás experimentada por la humanidad.

A lo largo de más de cien años, y en particular en los últimos cuarenta, el sistema educativo nacional se ha desarrollado de manera significativa. Hoy en día, una tercera parte de los mexicanos (35 millones), 27.6 de ellos en la enseñanza básica, trabajan cotidianamente en su propia formación, con el apoyo y conducción de más de un millón de docentes, en más de 234 mil planteles, tanto públicos como particulares, así como de Capacitación para el Trabajo y normalistas, que cuentan con más de un millón 200 mil maestros y directores de estos niveles de estudio.

Al ser un derecho humano fundamental, la política educativa nacional a cargo del Estado, debería garantizar a toda la población el pleno ejercicio y disfrute de este derecho, lo que se traduce en la necesidad de establecer una política de Estado.

A pesar de que durante los últimos treinta años se han realizado cambios institucionales, administrativos y políticos importantes, como la descentralización educativa, reformas curriculares, para la formación de los docentes, y la evaluación educativa, no se puede afirmar que constituyen una verdadera política de Estado.

En el último lustro, la Alianza por la Calidad de la Educación, los avances en la evaluación de los maestros de educación básica, la integración de la educación básica y la reforma de la secundaria, los lineamientos del programa de carrera magisterial, la inversión en infraestructura, el equipamiento digital de las escuelas, los ajustes en los esquemas de aportaciones de las entidades federativas al financiamiento de la educación, la formulación de estándares, y la propuesta de una segunda lengua, como se ha establecido en el reciente acuerdo secretarial, constituyen elementos importantes, pero aún insuficientes para ser considerados una política educativa de Estado en función del proyecto de desarrollo nacional, que de respuesta a la necesidades de la población ante el presente y futuro del país.

En este sentido, es claro que la modificación del proyecto histórico de los mexicanos, cuyos rasgos constitutivos fueron enunciados en la sección anterior, ha modificado a la educación nacional en la misma dirección.

Al igual que la economía política, la concepción de la educación se vio influenciada por un paradigma de adaptación pasiva a la globalización, lo que se manifestó en lo siguiente:

Orientación general del proyecto educativo nacional para adaptarse a la globalización, y no para participar creativamente desde nuestras propias culturas e intereses.

Ante la necesidad de promover cambios en el sistema educativo, ha prevalecido una concepción reduccionista de la educación, en la medida que se la concibe como condición instrumental para la formación de los individuos que requiere una economía dependiente y consumidora de modernidad, y no como un proceso orientado al pleno desarrollo humano integral de las personas, de cuyas prácticas y desempeño emergería una verdadera capacidad de participar en el desarrollo nacional y en la sociedad mundial del conocimiento.

Se ha adoptado como criterio de desempeño de la educación nacional, el logro de ciertos criterios cuantitativos en las pruebas internacionales conducidas por la OCDE, sin establecer condiciones equivalentes en los procesos formativos y en los funcionamientos requeridos en la formación de docentes, en la distribución de los recursos por alumno, los procedimientos de evaluación y administración del tiempo en las actividades de aprendizaje.

Pero lo que es más grave es que no se haya comprendido que tales desempeños son resultado de una dinámica formativa que se aleja de la concepción instrumental del proceso educativo, y requiere el desarrollo de capacidades lingüísticas, analíticas, de juicio y creatividad de pensamiento, que son precisamente las capacidades que se están sofocando al suprimir ciertas materias y al reenfocar otras con un enfoque instrumental.

Se han mantenido los patrones de desigualdad del sistema educativo en relación a la focalización de los esfuerzos institucionales, y en la distribución de los recursos por alumno, región y nivel educativo, de manera que se perpetúan y amplifican las desigualdades ancestrales.

Se ha promovido sólo de manera formal, pero no de manera eficaz y real, la participación de la sociedad en la formulación y ejecución corresponsable de la actividad educativas, privilegiando en cambio un pacto y una relación corporativa y política con el sindicato magisterial.

Al analizar la concepción, realización, desempeño y resultados de los proyectos para incorporar en el sistema educativo las capacidades de la convergencia digital, se constata una mentalidad colonizada, que privilegia la compra e importación de tecnologías, lo que se traduce en costos extraordinarios, pérdida de oportunidades de desarrollo institucional, tecnológico, empresarial y de innovaciones educativas propias, dilapidando de manera irreparable los recursos de la nación.

La entrega de infraestructura de fibra óptica, sufragada con recursos aportados por el pueblo de México; que es crítica para la sociedad del conocimiento, la investigación científica y la eficiencia de los procesos de la administración pública; a un actor monopólico del poder mediático, para que con ella amplíe la difusión del mismo contenido cultural, principalmente importado, en grades medidas superficial, extranjerizante, deformador de principios éticos, que promueve el materialismo y la cultura individualista en nuestra sociedad, constituye un agravio que debe ser corregido de inmediato.

Proyecto cultural para la colonización mental y adaptación pasiva a la dependencia económica, y no para la emancipación creadora, crítica, ética y transformadora de la realidad.

Al igual que en la política económica, energética, industrial o tecnológica, prevalece en la política educativa un sustrato profundo de mentalidad colonizada, soportada en la falsa premisa de que el pueblo de México es intrínsecamente incapaz de generar y crear todos los satisfactores para sus necesidades materiales y espirituales, y que éstas deben ser satisfechas por productos, realizaciones e ideas importadas; lo que conduce a una involución de la dinámica científica, tecnológica y de innovación en nuestra sociedad.

Se ha difundido la ideología de “triunfadores”, “ganadores” e individuos con “mentalidad competitiva”, como criterio para el desempeño de los individuos en el sistema educativo, y por ende en la sociedad, quienes deberían aspirar a disponer de los bienes materiales y formas de vida que correspondan a los arquetipos que difunde la cultura de los medios masivos de comunicación, cuyo referente básico son el estilo de vida, cultura, consumo y principios éticos estadounidenses.

Además de que este arquetipo de forma de vida es cuestionable en sí mismo, pues no constituye un referente mundial digno de ser imitado, genera una disonancia cognositiva y afectiva seguramente frustrante para  millones de niños, jóvenes y adultos en nuestro país, por el contraste entre tales arquetipos y las condiciones reales de vida que sufren de manera cotidiana, sin esperanzas de movilidad social y superación para la mayor parte de ellos.

Es notable que esta motivación se haya convertido, para desgracia de la nación, en un patrón de comportamiento cada vez más extendido entre las generaciones más jóvenes, lo que sin duda ha incidido en el creciente involucramiento de miles de niños y jóvenes en las actividades de la economía criminal, aún con plena consciencia de los riesgos sobre la propia vida que ello conlleva, pues constituye la única opción que tienen millones de jóvenes pobres del campo y la ciudad.

Se ha promovido la idea de que el aprendizaje de la historia, a no tener supuestamente una aplicación práctica, es irrelevante y debe ser minimizado, lo que ha incidido en la constatable pérdida de identidad en las generaciones más jóvenes.

La concepción iconoclasta de la historia, que se presentó como intención para supuestamente desmitologizar y humanizar a los héroes nacionales, tuvo como expresión más elocuente la fallida celebración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, cuya ícono emblemático fue un coloso sin color, identidad, ni sentido; o el monumento celebratorio del Bicentenario, aún inconcluso, que sintetiza la falta de conocimiento sobre la construcción histórica de la identidad del pueblo de México a lo largo del siglos, y es un testimonio de ineficacia y posible corrupción.

Proyecto formativo sin integralidad humanista.

Se ha diluido el concepto de una educación integral de los individuos, para privilegiar su adecuación como operadores funcionales y acríticos en los empleos de la economía de los servicios, y no como creadores de modernidad y emprendedores en la economía del conocimiento.

Se ha propuesto a la juventud como proyecto histórico, la adaptación forzosa a un mundo externo, que se concibe como destino inevitable, en lugar de ofrecer un conocimiento del mundo desde una perspectiva nacional y cosmopolita, en la cual puedan participar como sujetos de pleno derecho, desde su propia iniciativa, creatividad e identidad nacional.

Se tiende a modificar el curriculum de la enseñanza básica, para reducir su contenido y tiempo de trabajo en el desarrollo de la identidad e historia nacional.

Por otra parte, se tiene la intención de convertir al inglés, de una lengua extranjera y necesaria para participar en el mundo global, en una segunda lengua nacional, lo que confirmaría el proyecto de colonización externa, con el que coincide la élite gobernante.

La propuesta de reducir de manera deliberada la formación del pensamiento analítico, crítico, auto determinado, que contribuya a la formación de sujetos libres, autónomos, éticos y responsables, como se manifiesta en la eliminación de la obligatoriedad de la enseñanza de lógica y la filosofía en la educación media superior, y en la terca renuencia para restablecerla y fortalecerla como ha sido comprometido.

Esta pérdida de identidad implica una pérdida de la autoestima y de la propia dignidad, lo que facilita la adopción de intereses y concepciones del mundo ajenas, como si fueran propias.

La conjunción de estas tendencias contribuye a la formación de sujetos con diluida vinculación a una identidad histórica y en un futuro común, del cual se sientan parte integrante, responsable y protagonista.

Inserción dependiente de las nuevas generaciones en la economía y la sociedad del conocimiento.

Se ha establecido el concepto de educación por competencias, pero se le ha dado un énfasis en su dimensión instrumental y no en su concepción integral, se han adoptado sus categorías analíticas y se han convertido en indicadores burocráticos para las tareas educativas, perdiendo en ello su contenido positivo.

Se ha utilizado la acreditación del sistema educativo, para discriminar el acceso de los individuos al empleo.

La supuesta ausencia o menor desarrollo de dichas competencias, entre los individuos, se ha convertido en un recurso para legitimar la imposibilidad práctica de ofrecer acceso a empleos formales a todos los demandantes.

La falacia e ideología del supuesto “mercado” de individuos “competentes”, explicaría el lugar de las personas en el orden social y la distribución de las oportunidades y el ingreso; en lugar de la estructura misma de la economía política y su pacto para la distribución del ingreso y la riqueza.

Esta ideología se convierte en una violencia institucional hacia los jóvenes, a quienes se hace sentir los únicos responsables de su fracaso en la obtención de empleos, y los convierte en sujetos manipulados por la coacción de mercados de trabajo extraordinariamente limitados, en los que la oferta supera por órdenes de magnitud a la demanda, y somete a los jóvenes a una competencia darwiniana por los pocos empleos disponibles.

La idea de que un gran desempeño académico es la puerta segura a un empleo formal con altos ingresos, no se confirma para todos quienes se comprometen a procesos formativos de mayor exigencia, como se constata por el mayor promedio de desempleo entre quienes tienen mayor educación; la migración al extranjero, principalmente a los Estados Unidos del 30% de quienes alcanzaron un doctorado; así como del 20% de quienes se recibieron de maestría; en tanto que el promedio de quienes tienen licenciatura entre los migrantes de los últimos años, es mayor al porcentaje de quienes tienen licenciatura en el país.

Un diagnóstico de la educación nacional debe señalar las realizaciones objetivas alcanzadas, que son muchas, pero al mismo tiempo, debe contrastarlas y juzgarlas en relación con el imperativo de una política de Estado, que tiene como criterio básico, garantizar a todos los mexicanos el derecho humano a la educación, concebido de manera integral e indivisible de los otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, la salud y el trabajo, y con ello contribuir a la realización de los objetivos de la nación en su conjunto.

Algunos elementos que muestran la situación social y educativa del país, de acuerdo a diversas fuentes e indicadores, son los siguientes:

Aunque el gasto educativo en México ha aumentado de manera importante, el gasto por alumno es aún significativamente inferior al promedio de la OCDE, y es distribuido de manera que no contribuye al avance cualitativo del sistema educativo hacia una mayor equidad.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló que 83.5 por ciento de los niños mexicanos (33.3 millones) viven en situación de pobreza o son vulnerables por padecer algún tipo de carencia; 21.4 millones sufren pobreza multidimensional, nueve millones son vulnerables por carencia social y 2.9 millones que son vulnerables por el ingreso; todo lo cual tiene una implicación directa para los procesos educativos.

El analfabetismo no se ha eliminado y aún hay 5,076 millones de mexicanos analfabetas.

Subsiste una gran inequidad urbano-rural en el sistema educativo: de los 655 mil jóvenes de 15 a 17 años que habitan en hogares indígenas, sólo 50 por ciento concluyó secundaria, esto es, 327 mil 829. De ellos, 112 mil 117 no siguieron estudios de preparatoria. En ese grupo de edad, 57.6 por ciento de la juventud rural cursa educación media superior, lo que contrasta con 77.7 por ciento del medio urbano

La política educativa no ha tenido como propósito eliminar la inequidad con la población indígena, por lo que ésta se ha mantenido. A pesar de que se han otorgado aproximadamente 6 millones de becas a través de Oportunidades, pero sólo 10 de cada 100 indígenas estudiaron la primaria, por lo que su cobertura desde el inició del actual gobierno se ha mantenido estable; la población estudiantil indígena de preescolar se estancó (389 mil 137 niños); la de 15 a 24 años que no ha empezado o concluido su educación básica se estimó en 648 mil personas, y el analfabetismo ascendió a 7.3 por ciento; el índice de personas indígenas que no saben leer y escribir de 45 años y más fue de 47.7 por ciento; los albergues escolares tampoco aumentaron su cobertura.

En el último año, un millón 500 mil personas se sumaron a la población que no ha concluido la secundaria. En 2010 había 14 millones 900 mil personas mayores de 15 años que no contaban con secundaria; un año después esta cifra aumentó a 16 millones 400 mil.

De acuerdo al INEE, se encuentran sin bachillerato más de 19 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De esa cantidad 7 millones 319 mil 600 son analfabetos o no terminaron primaria o secundaria, lo cual les impide tener estabilidad laboral o acceder a mejores empleos. La cobertura actual en el nivel medio superior es de 66.3%.

De la generación de jóvenes de 15 a 17 años que ingresó hace tres años a preparatoria, un millón 872 mil abandonaron la escuela, lo que representa 48 por ciento del total de la matrícula, que fue de 3 millones 923 mil 822 alumnos.

Más de 110,000 aspirantes llevaron a cabo su examen para ingresar a la UNAM, pero sólo 9,000 de ellos obtuvieron un lugar.

Según los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) 2011, las reformas curriculares para elevar la calidad y pertinencia de la educación básica y media superior no han sido suficientes para revertir los bajos resultados en el aprendizaje de español y matemáticas:

60% de alumnos de primaria se ubicaron en los niveles de insuficiente y elemental.

80% de secundaria no lograron dominar conocimientos básicos.

De más de 15 millones de estudiantes evaluados, al menos 9 millones de nivel básico no dominan contenidos elementales en español y matemáticas.

En la educación media superior, de 912 mil 878 alumnos examinados, 45.7 por ciento presenta niveles insuficientes y elementales en habilidad de lectura y 75.3 por ciento muestra el mismo resultado en matemáticas. Su habilidad lectora no les permite comprender un escrito de forma detallada ni sintetizar su contenido de manera global.

En síntesis, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) concluye que la educación en México ha dejado de ser un factor determinante de movilidad social y se ha desaprovechado la oportunidad histórica del bono demográfico.

El avance en las capacidades lingüísticas y matemáticas debe ser considerado como un medio que debe contribuir a la formación integral de las personas, y como criterio mínimo de desempeño; y de ninguna manera como objetivo y criterio superior para la educación.

Se puede constatar que el rezago educativo es aún muy significativo. Resulta injustificable argumentar desde la más alta responsabilidad pública en la materia, que ahora el analfabetismo se ha reducido a solamente un 6.8%, lo que incluye a niños y jóvenes y no solo adultos; pues se trata de un imperativo de justicia, en particular hacia los pueblos originarios; cuando países como Bolivia, con menores recursos, demuestran que es posible su práctica eliminación, mediante una política dirigida a ese objetivo en el corto plazo; al mismo tiempo que se constata una mayor capacidad de varios países latinoamericanos, en relación a la que lo hemos logrado en México, para incorporar a los niños y jóvenes de varias edades formativas, en la educación formal.

Ninguna autoevaluación complaciente puede negar esta irracionalidad e injusticia hacia los pueblos indios y la sociedad rural.

Ante estas realidades, es necesario tomar como punto de partida la afirmación de que otro desarrollo cultural, otra educación y una eticidad mayor en la sociedad, no son solamente necesarias, sino también posibles y realizables, si se cuenta con la participación de la sociedad civil y se establecen políticas públicas acordes a los intereses del conjunto de la sociedad.

Es evidente que la raíz profunda del rezago histórico de la educación en nuestro país, tiene como principales causas a las decisiones políticas y a las políticas públicas que se han establecido.

Por ello resulta excluyente de los sectores más pobres, de la sociedad rural y de los pueblos indios, la aplicación sin modificación de estas políticas, de criterios de evaluación y desempeño en los estudiantes, que suponen la existencia de otras condiciones en la educación nacional.

Los criterios actuales de las políticas educativas, centrados en la evaluación de los estudiantes, pero no del sistema educativo en sí mismo; y restringido al dominio de las capacidades lingüísticas y matemáticas, como criterios de “calidad”; sin considerar las asimetrías y desigualdades sociales, de ingreso y acceso a la educación de las familias, así como sin incorporar una visión integral de la formación humana, constituyen en sí mismos criterios excluyentes de sectores mayoritarios de la sociedad mexicana.

La educación nacional debe tomar una posición definida en relación dos proyectos históricos en tensión, contradicción y con finalidades distintas. Como se ha argumentado, a pesar de constituir la inercia histórica dominante, el proyecto de subordinación colonial es inviable, pero el proyecto de emancipación nacional aún no se formula y reconoce por parte de la élite nacional como finalidad a ser alcanzada.

Por una parte, el paradigma actual que conduce hacia un status colonial, que promueve las exigencias y aprendizajes que propician la reproducción de este orden social injusto; y privilegia por ello la formación de individuos funcionales, acríticos e individualistas, motivados por el afán de lucro e intereses egoístas, sin identidad ni sentido de pertenencia a la comunidad política nacional y sus legítimos intereses, así como la auto devaluación y pérdida de dignidad.

El proyecto histórico de los mexicanos, que debe promover una educación orientada hacia la emancipación de todo individuo, el pleno respeto y desarrollo de las distintas culturas y de la identidad nacional, con una perspectiva cosmopolita, que ofrece bases racionales y éticas para el ejercicio pleno de las libertades, de los derechos y deberes humanos de todos, considerando a cada individuo como fin en sí mismo y no como medio para la economía o la política, sobre la base del desarrollo del pensamiento propio, crítico, ético y responsable; que afirma la identidad y la dignidad propia y de la comunidad nacional.

Política educativa de Estado para restaurar el proyecto histórico de desarrollo.

México debe establecer una política educativa de Estado para restaurar el proyecto histórico de desarrollo. La recuperación del poder nacional, es decir, de la potestad de los mexicanos sobre sí mismos, que supere la condición de dependencia y sujeción a poderes externos, tiene como un soporte insustituible y necesario, el establecimiento de una verdadera política educativa de Estado.

Los mexicanos, cada uno de ellos, son lo único que constituye un fin en sí mismo, y todo lo demás son medios para su realización. Una política de Estado tiene como cuestión sustantiva, garantizar las libertades y derechos humanos de toda la población.

Las bases jurídicas de toda política de Estado son los derechos humanos, las garantías individuales y todos los imperativos de justicia y equidad, con los correspondientes mandatos para los poderes públicos, tal como se establece en la Constitución.

De manera particular, una política educativa sólo puede ser considerada política de Estado, si cumple al menos con los siguientes requisitos:

Tener objetivos a nivel del Estado nación, mismos que deberán ser traducidos en criterios específicos de desempeño de las instituciones públicas, en lugar de tomar los objetivos de las mismas instituciones, como si fueran equivalentes a los objetivos de la Nación.

Fundamentar las finalidades que se busca alcanzar como resultado del desempeño del sistema educativo nacional, para el pleno desarrollo de todos los individuos.

Disponer de una base legal para las instituciones, sus mandatos y recursos, de manera que no estén sujetas a disposiciones administrativas cambiantes según los titulares de las mismas, o bien las preferencias o lealtades partidarias de los servidores públicos responsables de ejecutar dichas políticas.

Establecer un sistema de corresponsabilidad de deberes y derechos, entre los poderes públicos, los tres órdenes de gobierno, con sus respectivos mandatos legales; en el que se sumen y vinculen de manera coherente los esfuerzos de la sociedad, para el logro conjunto de los objetivos nacionales.

Ser resultado de una planeación, ejecución, evaluación y modificación democrática de las políticas públicas, en las que participen no solo las instituciones públicas, sino también las organizaciones e instituciones de la sociedad interesadas en la problemática educativa, con metas para lograr los objetivos nacionales en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, que no se limita, ni es contingente de la temporalidad de la gestión de las instituciones o poderes públicos.

Disponer de los recursos financieros, de personal e institucionales, tanto públicos como sociales y privados, que aseguren la plena realización de los fines y objetivos nacionales.

Contar con un diseño institucional adecuado para el logro de los objetivos nacionales, con la participación de los poderes públicos y de organizaciones e instituciones de la sociedad.

Tener fundamentos filosóficos de  los principios y criterios que sustentan los objetivos de desarrollo humano de la política educativa, y de un enfoque pedagógico congruente con los mismos.

Ser evaluada en relación al desempeño general y objetivo del sistema en su conjunto, en su capacidad de lograr los fines, objetivos y metas de la política de Estado, y no como mera acumulación de los logros o deficiencias particulares de instituciones.

Aportaciones para una política educativa de Estado al inicio del siglo XXI.

Fundamentación de las finalidades que se debe proponer la política educativa para todos los mexicanos.

Una política de Estado tiene como fundamento el reconocimiento de que cada individuo, cada persona humana, es un fin en sí mismo, y no medio para ninguna otra cosa. Esta tesis de herencia Kantiana es fundamental para la conceptualización de los fines que se debe proponer la política educativa de Estado.

De esta tesis se deriva otra, que consiste en afirmar la igual dignidad, y la igualdad de derechos y deberes de todos los seres humanos.

Por consiguiente, el proyecto de desarrollo nacional debe tener como objetivo concreto, crear las condiciones para el pleno desarrollo de todos y cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad, de donde se derivan todas las decisiones que se deban adoptar para el diseño, funcionamiento y evaluación del sistema educativo nacional, que debe contribuir de esta manera al logro de los objetivos del proyecto de desarrollo nacional.

Sólo mediante la formación de sujetos con plena autonomía, que han desarrollado de manera consciente una capacidad para su vinculación práctica con los otros seres humanos, bajo la guía de la ética, permitirán a México ser potencia económica políticamente auto determinada en la globalización, es decir, un Estado nación con capacidad propia para garantizar las libertades y derechos humanos de toda la población, así como su autodeterminación como comunidad nacional ante el sistema internacional de naciones y los poderes corporativos globales.

Los fines que se propone sean alcanzados por cada una de las personas, mediante el trabajo formativo de cada uno de los individuos sobre sí mismos, y con el trabajo y aportación de las instituciones nacionales, son los siguientes:

Desarrollo de las personas como fines en sí mismos.

Aspirar a que los mexicanos sean personas que desarrollen su propias culturas y tengan la capacidad de apreciar los aportes más significativos de las culturas del mundo, y no formar sujetos con mentalidad colonizada y dependiente que participen como ciudadanos de segunda clase en una colonia posmoderna establecida por un poder externo.

Promover el desarrollo del pensamiento propio, la autonomía del pensamiento, la criticidad y racionalidad, de manera que la argumentación y propuestas de demostración sean la guía para la toma de decisiones y la acción social.

Desarrollar la capacidad de buscar el conocimiento, de formular cuestionamientos y nuevas preguntas, de hacer juicios fundamentados, de formar la disciplina del pensamiento y la lógica argumentativa, y sobre la base de ellos adoptar decisiones consistentes con el conocimiento de la verdad sobre la naturaleza y la sociedad.

Fomentar la revaloración de las culturas y aportaciones nacionales a la cultura universal, así como revalorar el mundo rural e indígena.

Desarrollar la racionalidad ética, no simplemente una ética de los “valores”, sino una ética racional. La ética propiamente dicha tiene un fundamento racional y no se reduce a una mera expresión de preferencias.

La racionalidad ética debe ser considerada una base para la autodeterminación de los individuos, en lo cual consiste su libertad.

Es imposible ser libre sin pensar, porque la libertad no es un acto arbitrario, caprichoso, impulsivo o condicionado desde una heteronomía, sino por el contrario, la mayor expresión de la autodeterminación de cada sujeto.

La dimensión ética consiste precisamente en el reconocimiento de que el otro, es un otro yo con la misma dignidad, racionalidad y libertad, cuya igual dignidad, derechos y deberes deben ser respetados.

Con la formación y la práctica de la racionalidad ética, es posible la formación de sujetos responsables, y no meramente coaccionados o guiados por la búsqueda del propio provecho, o por el cálculo de la capacidad de ser reprendido por actos indebidos en contra de los demás.

La formación de la libertad responsable es entonces la condición para la formación de verdadera ciudadanía, que es aquella que emerge de la convicción profunda de tomar decisiones por lo que de suyo debe ser, en una comunidad política que se debe guiar por la justicia.

En la sociedad del conocimiento se requiere el dominio de los nuevos lenguajes, tanto los que corresponden a las matemáticas y estadísticas aplicadas, los que se requieren para ser actores y creadores en las tecnologías y saberes de la sociedad del conocimiento, así como del inglés, que debe ser considerado una lengua extranjera y no una lengua nacional.

Su valor instrumental es fundamental, pero no debe ser confundido con la adopción acrítica de la cultura de consumo y entretenimiento que difunden los medios de comunicación masiva, sino como lenguaje para el conocimiento científico y para acceder a las creaciones culturales y científicas que se escriben en esta lengua en todo el mundo.

La enseñanza del inglés debe ser por lo tanto posterior al dominio del lenguaje español, y por lo tanto se debe promover su enseñanza eficaz en la educación secundaria

Objetivos educativos de México como Estado nación.

Los objetivos que México se proponga como Estado-nación para el siglo XXI, tienen como criterio la recuperación de la soberanía nacional, en sus dimensiones económica, política, diplomática, militar y cultural; y atajar de esta manera la inminente involución y degradación de México a una condición de colonia posmoderna de los Estados Unidos de América.

México debe garantizar a toda la población el pleno ejercicio de su derecho humano a la educación. Este imperativo ético político se debe concebir como mandato que además tiene un sustento jurídico específico, de acuerdo a las modificaciones recientes a la Constitución.

La primera condición para eliminar la desigualdad extrema que hoy nos caracteriza, está en establecer la plena vigencia del derecho humano a la educación para todos los mexicanos.

Como necesaria consecuencia de lo anterior, la planeación educativa nacional se debe proponer eliminar el rezago educativo, como uno de los objetivos fundamentales de la política  educativa de Estado.

Esta finalidad se debe relacionar con el objetivo de eliminar las desigualdades educativas extremas que existen en el país, entre las entidades federativas, grupos y clases sociales y entre el mundo urbano, rural e indígena. No debe haber mexicanos de primera, segunda y tercera clase en el siglo XXI.

Se propone que los criterios generales de esta política educativa de Estado, en el contexto del desarrollo de la sociedad mundial del conocimiento, es su carácter liberal, cosmopolita, y ético.

Su propósito en términos de ciudadanía debe ser la formación de ciudadanos, en primer lugar de México, y por consiguiente, para su participación digna y plena de humanidad en todas las comunidades nacionales e internacionales del mundo.

La educación tiene desde luego una relación significativa con el crecimiento económico, pero se debe superar la idea de que México es un domicilio o territorio para proveer de trabajadores entrenados, pasivos, consumidores y acríticos a las corporaciones globales, y no una comunidad ético-política nacional, que tiene objetivos legítimos de desarrollo nacional, pues el derecho al desarrollo de los pueblos es un derecho humano, que a su vez es condición de posibilidad para garantizar los derechos humanos de todos los individuos.

México debe formar sujetos plenos y no objetos para los intereses de la globalización corporativa. Lejos de esa visión, lo que México debe promover es la formación de sujetos cuya capacidad intelectual, disciplina interior, racionalidad ética, con dominio de diversos lenguajes y con capacidad de pensamiento y análisis de la complejidad, con capacidad de reconocimiento y vinculación humana y ética con los demás, con autonomía de pensamiento y creatividad, le permitan participar en la vida económica, como eficaces y creativos creadores de instituciones, organizaciones productivas, emprendimientos, así como participantes individuales en dichas instituciones y emprendimientos.

Algunos objetivos significativos a lograr por el sistema educativo, cultural y científico, son los siguientes:

Fortalecer una identidad nacional que reconozca el proceso histórico, las culturas y aportes propios, en particular los de alcance universal, con un espíritu cosmopolita que los relacione con otras creaciones de la humanidad en otros tiempos y lugares, y con el propósito de buscar el conocimiento en todo el mundo.

Desarrollar capacidades nacionales a partir de las enormes fortalezas que se han construido a lo largo de muchas décadas, y que están formalizadas en instituciones, libros de texto, infraestructuras y sobre todo, en una masa crítica muy importante de docentes, especialistas, centros de investigación y servidores públicos, que pueden integrarse en una dinámica de trabajo extraordinariamente creativa y productiva.

Reafirmar nuestra autonomía cultural y tener una verdadera visión cosmopolita del mundo y superar la actual involución que representa la dependencia cultural hacia los Estados Unidos de América.

Esta visión debe incorporar la capacidad de reconocimiento de los aportes culturales de todos los pueblos originarios, y también de todos los pueblos del mundo. Lo anterior se debe traducir en un enfoque pluricultural de la educación nacional.

México se debe oponer a la ideología del globalismo, del “destino manifiesto” estadounidense, del pensamiento único y de cualquier forma o expresión de imperialismo cultural.

En consecuencia, México debe denunciar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su totalidad, no sólo porque la economía tributaria y dependiente que este tratado establece es inviable, irracional, injusta e insostenible, sino porque constituye una degradación cultural, en la medida que promueve una unidimensionalidad contraria al proceso real de mundialización.

En lo que se refiere a la cultura, se debe recordar que Canadá simplemente excluyó del TLCAN a esta dimensión de la vida social, de la identidad y la cultura, por considerar que es inherente a su soberanía.

El efecto de este tratado sobre la cultura de los mexicanos, en particular de las nuevas generaciones es devastador. A pesar de este entorno adverso para la capacidad creativa de los mexicanos, está vitalidad está vigente y tiene manifestaciones poderosas, que sin embargo se enfrentan a severas restricciones de los canales de acceso cotidiano y masivo a la mayor parte de la sociedad mexicana, ya que estos espacios están ocupados para el consumo de los productos cinematográficos, televisivos y musicales de los Estados Unidos de América.

México debe participar como sujeto de pleno derecho en la sociedad del conocimiento. La convergencia digital seguirá avanzando a gran velocidad y sus productos tecnológicos y de consumo se harán presentes en una cada vez mayor cantidad de objetos de consumo y satisfactores de todas las necesidades humanas.

En consecuencia, se requiere una secretaría de estado para la Sociedad del Conocimiento, que está sustentada en la convergencia digital, en la que se incluyan todas las dimensiones de las actividades para la producción, la utilización, las aplicaciones prácticas, de todas las tecnologías y empresas de la convergencia digital, que ahora incluye y vincula de manera intrínseca a las de transmisión de información y las de procesamiento de información.

En virtud del impacto transformador de la revolución tecnológica digital de la comunicación humana, de la comunicación de los seres humanos con las máquinas y de las máquinas entre sí, y por consiguiente de la modificación de la intervención del ser humano en la producción de las necesidades materiales, la economía, la política, la cultural, así como las nuevas formas de relación por medio de las redes sociales, así como para la investigación científica y la educación, es indispensable establecer una entidad con capacidad de establecer una política de Estado para conducir las acciones del Estado mexicano ante este fenómeno histórico y estructural en su verdadera complejidad, y de manera integral, para poder establecer las políticas que correspondan al interés nacional y de largo plazo del pueblo de México.

En esta entidad se debe incluir tanto la política para la producción de conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos, así como para el fomento de su producción industrial por parte de empresas de capital nacional; como también la política para el fomento de la sociedad del conocimiento en todas sus dimensiones prácticas.

Se debe diferenciar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en tres instituciones diferentes: la que se refiere a la investigación científica, la que se refiere a la formación de posgrado y de investigadores y la que se refiere al sistema de innovación en el sistema productivo.

La actual integración de estas tres dimensiones, aunada a la falta de perspectiva de desarrollo soberano del país, conduce a una significativa pérdida de oportunidad para el desarrollo científico y tecnológico; al desperdicio de los inmensos esfuerzos personales e institucionales para formar doctores y maestros, que finalmente salen de México para trabajar en otro país, o se encuentran en condiciones que impiden el pleno desarrollo de su potencial creativo en nuestra sociedad; y por otro lado la creciente dependencia tecnológica y subsidios a las empresas de inversión extranjera, que explican de manera importante la persistente pérdida de competitividad de la economía nacional.

Bases legales de la política educativa de Estado

Las recientes modificaciones al artículo primero de la constitución, establecen:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” …

En consecuencia, el derecho humano a la educación ha quedado inscrito en el sistema de protección de los derechos humanos, por lo que los criterios y mandatos del Artículo 3 constitucional, deberán ser interpretados según los criterios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que los vinculan con el derecho a la alimentación, la salud, el trabajo y la cultura, entre otros.

Esta disposición ofrece la más amplia base jurídica necesaria para una política educativa de Estado, y por lo tanto, obliga a una planeación de la educación que debe cumplir con esos requisitos y buscar la realización progresiva del mandato para dar vigencia plena a los derechos humanos.

Se debe eliminar la actual jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual las obligaciones del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos, tienen como límite las disponibilidades presupuestales para ofrecer los servicios públicos que se requieren para ello.

Es exactamente al revés: el pacto fiscal requerido para garantizar los derechos humanos, debe ser el criterio para establecer la política fiscal requerida para que el Estado disponga de los recursos necesarios para garantizarlos.

Se debe incluir la educación media superior como parte de la educación básica que debe garantizar el Estado.

Corresponsabilidad, derechos y deberes de las instituciones públicas y sociales para el logro de los objetivos de la política de Estado

Se debe partir de la distinción entre Estado y gobierno, tanto en lo que se refiere a las decisiones, el financiamiento, como también las responsabilidades para lograr los objetivos de una política de Estado.

El Estado es el universo de individuos vinculados por derechos y deberes en un territorio sobre el cual se tiene dominio directo, bajo condiciones de autogobierno y soberanía en relación a otros estados nación. El gobierno está constituido por los poderes públicos que la soberanía del pueblo establece.

El reconocimiento de que toda persona es fin en sí mismo, no debe conducir a un individualismo que excluya al Estado de sus obligaciones constitucionales. El Estado mexicano tiene deberes claramente establecidos en la Constitución, por lo que se deberán tomar estos mandatos políticos y jurídicos como la base de las responsabilidades públicas en materia educativa.

Para que se pueda establecer una política de Estado es indispensable ajustar las contribuciones fiscales de las entidades federativas, de tal manera que no sean en extremo gravosas para unas, en comparación con el esfuerzo fiscal para financiar la educación que hacen otras entidades.

Los docentes constituyen un soporte fundamental del sistema educativo. De su capacidad, trabajo y desempeño dependen de manera significativa los procesos y resultados de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Los maestros deben en primer lugar ser considerados como sujetos, y por lo tanto como individuos con derechos y deberes, tanto como personas, como ciudadanos, como profesionales de la educación y como miembros de un sindicato.

Los docentes son trabajadores asalariados y tienen derechos humanos, específicamente el derecho a la formación de sindicatos, por lo que es indispensable que éstos sean respetados; alentando y respetando la democracia en lo interno de sus organizaciones.

La democracia sindical debe ser alentada por los poderes públicos. Para ello puede contribuir de manera importante la formación de colectivos académicos, y por la otra, la entrega transparente y la disponibilidad de los recursos por concepto de cuotas sindicales, de manera directa a cada una de las secciones del sindicato y no a nivel central.

La democracia desde las bases sindicales es la que realmente puede fortalecer a la Nación en el proceso para recuperar su derecho al desarrollo y para establecer una política educativa de Estado. Ello requiere una relación diferente entre la SEP y el sindicato magisterial.

Es importante para la educación nacional, separar la participación del sindicato de maestros en el sistema político electoral, de su participación en la política educativa, para que cada dimensión se desarrolle sobre la base de sus propios objetivos, lógica y procedimientos.

La preeminencia del magisterio en la educación lo convierte en un interlocutor fundamental para la formulación, ejecución, evaluación y modificación de las políticas públicas.

Sin embargo, el magisterio no debe ser el único interlocutor de las mismas, por lo que se requiere incentivar la participación real de padres de familia y miembros de la comunidad en el esfuerzo de la sociedad por mejorar cualitativamente la educación nacional.

Se debe promover una formación integral y permanente de los docentes, promover su desempeño profesional óptimo, mediante procedimientos para la evaluación y mejora continua de los procesos.

Es importante la formación de colectivos académicos para la transformación cualitativa de la calidad formativa que ofrece el sistema educativo nacional, en cuyas actividades los docentes puedan desplegar sus propios intereses formativos, así como beneficiarse del intercambio académico, profesional y personal con otros colegas. Esta formación de colectivos permitirá contrarrestar las tendencias a la atomización e individualización.

Las condiciones laborales y sindicales deben contribuir al logro de los fines de la educación. Esta formación de colectivos académicos es también un proceso propicio para el fortalecimiento de la democracia sindical.

Por ello se debe sustituir la estructura funcional, laboral, salarial y de distribución de responsabilidades, que propicia una dinámica atomizadora de los docentes como sujetos fundamentales de los procesos educativos, y milita en contra del objetivo fundamental de ofrecer experiencias y procesos formativos relevantes, significativos y eficaces a los estudiantes.

La formación de los formadores y administradores del sistema educativo es una actividad crítica, tanto en términos funcionales, como por considerar que de ella depende la evolución y  aprendizaje de los maestros.

Se requiere perfeccionar los procedimientos para el examen y contratación de docentes.

Planeación, ejecución, evaluación y modificación democrática de las políticas públicas con metas de corto, mediano y largo plazo

La planeación debe tener como propósito general garantizar de manera inminente a todos los mexicanos el derecho a la educación, así como eliminar la desigualdad social y el rezago educativo.

Se requiere una planeación educativa de Estado sustentada en la rectoría del Estado sobre el Desarrollo (Artículo 25 constitucional) y al planeación democrática del desarrollo, (Artículo 26 constitucional), en la que se establezca un periodo de cinco años para terminar en México con el analfabetismo, y de 10 años para terminar con el actual rezago educativo.

La eliminación del rezago educativo requiere la reasignación de recursos para este propósito, el acuerdo interinstitucional para lograr este objetivo de manera corresponsable entre los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad, así como repensar y reorientar las escuelas multigrado.

Esta planeación se debe realizar con la participación de las entidades federativas y las organizaciones económicas, sindicales, cívicas y sociales, para crear una sinergia de recursos, capacidades institucionales, infraestructuras y sobre todos personas dispuestas a contribuir al logro de los objetivos de la política educativa de Estado.

Esta planeación debe tener como objetivo específico dar una respuesta educativa a la problemática que enfrentan la mayoría de los jóvenes mexicanos, que en más de siete millones se encuentran sin condiciones para avanzar en su proceso formativo, y que aumentará en un millón de personas anualmente durante la próxima década.

La planeación debe tener como objetivo mejorar sustancialmente los servicios de educación, alimentación y salud para la población rural e indígena, que presentan los niveles más bajos niveles de cobertura y calidad.

El acceso a una educación de calidad en las comunidades rurales es prácticamente imposible ya que las escuelas de educación básica acusan severas carencias en instalaciones, materiales didácticos, capacitación y compromiso del profesorado.

La mayoría de la población rural no tiene acceso a la educación media y superior, pues la lejanía de las escuelas obliga a los estudiantes a trasladarse a otras localidades, lo cual implica mayores gastos en pasajes, alimentos y alojamiento, que a la mayoría de los campesinos no pueden pagar.

En el campo, la pobreza y el encarecimiento de los productos de primera necesidad han provocado que la desnutrición afecte a parte importante de la población, siendo preocupante en el caso de la infancia.

En cuanto a los servicios de salud, la situación que enfrenta la población rural también es precaria ya que las escasas clínicas que existen no cuentan con equipo e instrumental, medicamentos, ni médicos suficientes. Al campo están regresando problemas de salud que ya se habían superado.

En el cuadro siguiente se presenta un esquema analítico para la formulación de una planeación estratégica nacional de la educación, que reconozca la situación de la Nación y el entorno internacional.

La cuestión sustantiva tiene que ver con el desarrollo del proyecto cultural propio de México ante la sociedad mundial, y la crisis sistémica a la que ha conducido la aplicación de una economía política de subordinación a la economía global, que ha derivado en la imposibilidad que tiene el país para alcanzar altas tasas de crecimiento económico, generación de empleos y elevación de los niveles de ingreso y bienestar de la sociedad en su conjunto.

El proyecto educativo nacional actual no puede superar por sí mismo las deficiencias que corresponden al mismo modelo de desarrollo. La política educativa de Estado debe ser concebida como una dimensión fundamental de la recuperación del proyecto histórico de desarrollo de los mexicanos.

ELEMENTOS PARA LA PLANEACION DE UNA POLITICA EDUCATIVA DE ESTADO

Recursos financieros, personales e institucionales para el logro de los objetivos de la política educativa de Estado

La impartición de la educación básica es una obligación del estado, que de acuerdo a la Constitución, deberá ser gratuita.

Se requiere hacer una modificación profunda al financiamiento y distribución del gasto educativo.

En relación al federalismo, es indispensable una evaluación y modificación de los acuerdos derivados de la descentralización educativa, que tomó como punto de referencia inicial los aportes que en ese momento realizaban las distintas entidades federativas.

Con el transcurso del tiempo no se ha modificado sustancialmente esta situación, lo que introduce severas distorsiones en el gasto por alumno y por nivel educativo, lo que constituye en sí mismo un factor de permanencia y reproducción de las desigualdades educativas.

Un indicador lo muestra de manera elocuente: se estima que el gasto por alumno para la educación de los indígenas es una doceava parte del gasto promedio por alumno en la educación básica. Esta situación debe ser corregida de inmediato.

Los requerimientos financieros para terminar con el rezago educativo e impedir que éste vuelva a crecer, deben tener prioridad en la asignación de los gastos educativos.

La renta petrolera, que ha sido utilizada durante treinta años para compensar los desequilibrios del modelo económico de subordinación a la economía global y para cubrir los impuestos que no pagan las corporaciones e individuos que poseen las mayores riquezas, debe ser utilizado en su totalidad para la inversión productiva y social:

La renta petrolera debe ser definida por ley. En esencia, ésta es la cantidad excedente para cubrir los costos de operación de PEMEX, sus necesidades de inversión y financiamiento, así como las reservas requeridas para el sostenimiento de la industria y su transformación hacia las energías renovables en el mediano plazo.

Esta definición de renta petrolera se debe referir a la política energética en su conjunto, por lo que deberá incluir a la electricidad, energía nuclear y energías renovables (solar, eólica, maremotriz, biocombustibles, entre otras).

Este remanente, denominado renta petrolera, deberá ser administrado de manera totalmente independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ser destinada a los siguientes rubros de inversión:

El 20% a la inversión educativa, la prestación de servicios educativos en todos los niveles, la infraestructura escolar, y los requerimientos de infraestructura y desarrollo tecnológico que requiere la utilización de los recursos de la convergencia digital.

El 15% para la investigación científica, la formación de científicos, la formación de bases de datos científicos, la dotación acervos para bibliotecas y centros de información digital para la investigación científica, así como el patentamiento  y protección de la propiedad intelectual del esfuerzo de investigación de los mexicanos, en particular en la generación de patentes a favor de las instituciones de educación superior, y de los centros públicos de investigación de los que dispone el país.

El 30% se debe destinar a la inversión productiva de todos los sectores económicos, para que la Nación disponga del impulso de la inversión pública, que permita detonar la inversión privada de capital nacional, capaz de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos desde la dinámica del mercado interno.

El 15% de la renta se debe destinar a apalancar la formación de una banca nacional y una banca de desarrollo, que desarrolle un sistema de pagos, de ahorro y crédito, capaz de sustituir la presencia en México de inversionistas financieros que están estructuralmente desvinculados de nuestro desarrollo y de facto constituyen una base importante para la acumulación de estos bancos a escala mundial.

Con ello se deberá ofrecer créditos a tasas inferiores, así como condiciones de garantías y aseguramiento de estas inversiones que puedan beneficiarse del apalancamiento que ofrece la renta petrolera.

El 20% de la renta petrolera se debe utilizar para resarcir las desigualdades ancestrales y las nuevas que generó la incorporación subordinada a la economía global.

Se debe suprimir la deducibilidad de los gastos en educación recientemente aprobada, pues constituye en nuestro país un factor adicional de diferenciación entre clases sociales, al convertirse en un factor inaceptable de aumento de la desigualdad social.

Diseño institucional de la política educativa de Estado: educación básica, media superior y superior. Sistema científico. Sistema de desarrollo e innovación tecnológica

La primera condición institucional de una política educativa de Estado, es ser realmente un sistema y no un conjunto yuxtapuesto de instituciones inconexas e incluso contradictorias.

Se requiere constituir un verdadero espacio educativo nacional que elimine las fronteras entre sistemas y controles. La integración de un sistema nacional no consiste en la mera yuxtaposición y adición de 32 sistemas estatales, sino de la construcción de un verdadero sistema nacional.

Para ello se requiere crear verdaderos espacios institucionales, en los que sea posible la movilidad universal de docentes, estudiantes y recursos educativos, tanto para optimizar el uso de las infraestructuras disponibles, como para formar comunidades educativas, docentes y de aprendizaje inéditas.

Las instituciones de educación superior públicas han avanzado en esta dirección, pero se debe acelerar este proceso, lo que se debe incluir como condición básica en la planeación educativa dirigida a aumentar la oferta de opciones a la escala que requiere el número de estudiantes actualmente excluidos y los que anualmente se sumarán a la demanda educativa.

Se requiere una articulación de las instituciones del gobierno federal, de los  gobiernos estatales, municipales, universidades autónomas, centros de investigación públicos y universidades privadas en un solo espacio educativo nacional

Se requiere una verdadera planeación estratégica nacional de la educación, para garantizar los servicios educativos a las nuevas generaciones, abatir el rezago y ofrecer opciones de educación permanente, bajo la conducción y coordinación del gobierno federal, pero con la participación de las entidades federativas y las organizaciones de la sociedad en todo el proceso.

Es necesario establecer, con base en dicha planeación, los criterios universales mínimos de calidad en equipamiento de infraestructura, asignación de docentes, perfiles de los educadores, la formación continua de todos los servidores públicos, el fortalecimiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el fortalecimiento de los Consejos Escolares de participación social, bajo una nueva cultura y práctica de gestión de la comunidad educativa, que impulse de manera sistemática, tanto la calidad de la educación, como la formación de todos los actores participantes y corresponsables del esfuerzo educativo, así como una reingeniería institucional a fondo para eliminar las duplicidades y burocracias innecesarias.

Educación básica, educación indígena y educación pluricultural.

Se requiere definir con precisión el alcance y responsabilidad de la escuela en la formación de los individuos, en el marco de un paradigma integral que incluya a la familia, los medios de comunicación masiva, el internet y los video juegos, las redes sociales y las formas de participación creciente de las personas en la sociedad del conocimiento.

El aprendizaje de lenguajes se debe vincular al desarrollo de la capacidad de pensamiento, de discernimiento lógico, de análisis ético, de ejercicio de las disciplinas intelectuales del análisis y el juicio, la lógica y la valoración y crítica de la cultura.

Se deben enseñar los logros culturales de los pueblos originarios, así como de otras culturas.

Es necesario restablecer y fortalecer la educación cívica y la formación ciudadana.

Las actividades relacionadas con el ejercicio físico y deportes se deben vincular con las acciones y actividades formativas en el ámbito de la alimentación y la salud.

Se deben cancelar las concesiones para la venta de botanas y bebidas carbonatadas en las escuelas, y establecer una política clara de alimentación y nutrición, que tenga como criterio el logro de objetivos de salud de los estudiantes y no los objetivos de lucro de las empresas productoras de botanas y bebidas carbonatadas, que han provocado daños significativos a la salud de los mexicanos y representan una amenaza próxima para el sistema de salud y de seguridad social.

La recreación formativa debe ser fortalecida como parte de un fortalecimiento de la capacidad expresiva de las artes musicales, plásticas, y de todas las formas de expresión cultural relevante en cada contexto del país.

Educación media superior.

Se debe incluir la enseñanza media superior como parte de la educación básica, por lo que deberá quedar incluida en la planeación educativa de Estado, como una dimensión de atención especialmente crítica ante la grave pérdida de cohesión social y la falta de oportunidades para millones de jóvenes mexicanos.

Se debe restablecer la enseñanza de la filosofía, de la lógica y de las disciplinas humanísticas formadoras del sentido analítico, crítico, de apreciación y juicio sobre las realidades humanas e históricas.

Ello es condición necesaria para la formación del carácter, la formación ciudadana y la formación ética de las personas, lo que constituye en la actual circunstancia del país, una tarea urgente e indispensable.

Se debe también dar un enfoque productivo y creador a las actividades de los jóvenes, mediante la oferta institucional de amplias formas de participación en la atención de necesidades sociales, así como también mediante el impulso de sus capacidades emprendedoras, de innovación tecnológica y de reconocimiento social e impulso de proyectos culturales, económicos, sociales y políticos de los jóvenes.

Todos los bienes que sean requisados o incautados a los contrabandistas y bandas de criminales o narcotraficantes, se deberán entregar por ley para el impulso de actividades realizadas por los jóvenes.

Como lo propuso la UNAM recientemente, en su planteamiento integral para dar respuesta a la problemática de la seguridad pública, se requiere generar programas específicos para propiciar la permanencia o reinserción de los jóvenes en el sistema educativo y proporcionarles insumos que los preparen para su vida laboral; rediseñar políticas de empleo que destaquen la importancia del nexo escuela-trabajo; ofrecer estímulos fiscales a empresas que contraten jóvenes y capaciten a sus empleados; propiciar una cultura emprendedora entre ellos y establecer una defensoría que los oriente, asesore y proteja en los entornos familiar, escolar, civil, penal, laboral y administrativo.

Educación superior.

El principal problema es la gran insuficiencia de oportunidades para los jóvenes que la demandan y que son excluidos.

Es fundamental aumentar la inversión que se destina a la educación superior, ya que no llega al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto; así como la inversión en investigación científica que no llega al 0.4 del PIB.

En este nivel es importante la motivación y orientación vocacional, para promover una mayor matrícula en las carreras y disciplinas científicas, matemáticas y de todas las ramas de la ingeniería.

Se requiere el fortalecimiento de las instituciones de educación superior e investigación públicas y fortalecer las sinergias colaborativas entre ellas.

Educación no formal. Se requiere establecer un ámbito especializado del sistema educativo, responsable de las diversas formas de educación no formal, con enfoques de formación básica, especializada y para el desarrollo de habilidades específicas.

Este ámbito deberá estar relacionado de manera directa con las instituciones de acreditación de competencias, con el objeto de promover una elevación sistemática de los procesos formativos, y de aportar a los sujetos participantes una acreditación que les facilite su participación en procesos formales de educación o en los mercados de trabajo.

La política científica se debe vincular de manera directa con los objetivos de la Nación; se debe proponer tanto el desarrollo de las disciplinas científicas, como de los conocimientos que requiere la sociedad para su desarrollo justo e integral, en armonía y relación sustentable con la naturaleza.

De ahí su necesaria vinculación con los procesos económicos, hasta convertirse en actividad directamente relacionada con la creación de valor.

Ello requiere el reforzamiento de todos los centros públicos de investigación, tanto los que dependen de CONACYT, como de otras instituciones públicas, con los objetivos y metas nacionales, así como el encargo de tareas específicas a cada uno de ellos, para que respondan a las necesidades presentes y las que se anticipan para el futuro de México.

La política tecnológica debe ser parte del sistema de innovación en toda la economía.

El Sistema Nacional de Investigadores, a pesar de sus logros, debe ser rediseñado a profundidad, de acuerdo a lo siguiente:

Aumentar a escala los recursos del sistema;

establecer una política de formación de colectivos de investigación dirigidos a la creación de soluciones para los problemas y necesidades del país;

incorporar de manera productiva a los jóvenes que terminan sus estudios de doctorados en proyectos de investigación institucional;

superar la actual disociación de los investigadores nacionales de las instituciones en las cuales trabajan;

establecer una política para incorporar a las instituciones de educación superior e investigación, en cuanto tales, como entidades participantes en el logro de los objetivos nacionales de la política científica y tecnológica, con recursos, compromisos y responsabilidades institucionales, adicionales y distintas de los compromisos de los investigadores en lo individual;

establecer un sistema de desarrollo e innovación tecnológica, con normas y actores distintos, que acelere el proceso de patentamiento a favor de las instituciones de educación superior e investigación, así como organismos de Estado y empresas de capital nacional;

eliminar los subsidios del Estado mexicano a corporaciones globales extranjeras destinados a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Sociedad del conocimiento

México debe ser un participante activo, creador, con aportaciones propias a la sociedad mundial del conocimiento.

La revolución tecnológica obliga a repensar en el siglo XXI el concepto de escuela como fábrica de individuos educados. Se debe rediseñar la organización escolar y agrupar a los estudiantes en formas diversas, adicionales a los grados formativos.

Se requiere revisar y fortalecer el papel de los docentes, en el contexto de la riqueza informativa que ha generado la sociedad del conocimiento y de la nueva situación cultural en la que se encuentran los alumnos y los propios docentes. Es necesario ampliar y a la vez especificar el nuevo papel de los docentes en la sociedad del conocimiento.

México debe ser creador e innovador de tecnologías de información y conocimiento, sobre la base de instituciones públicas y recursos técnicos, operativos y suministros, que sean aportados por instituciones y empresas de capital nacional.

Se deberán cancelar todos los financiamientos externos que constituyan la vía para la realización de intereses económicos, tecnológicos e ideológicos ajenos al interés nacional.

El caso de Enciclomedia debe ser considerado el antiparadigma de lo que se debe hacer para participar como sujetos con pleno derecho y autonomía en la sociedad del conocimiento.

Se debe regresar la red pública de fibra óptica y otras infraestructuras, que se concesionaron a una corporación privada de entretenimiento, de manera contraria al interés nacional y al interés público de todos los mexicanos, para que sea utilizada como la infraestructura de soporte para el desarrollo de la sociedad mexicana del conocimiento.

De la misma manera, el espectro radioeléctrico que es patrimonio de la nación, debe ser utilizado en dos terceras partes para fines de interés público, y debe ser concesionado para su utilización por parte de entidades públicas, en particular para instituciones educativas, de educación superior e investigación, asociaciones civiles sin fines de lucro con propósitos culturales, así como asociaciones civiles que agrupen a instituciones, para poder ejercer el derechos a la información de todos los mexicanos.

Se requiere rescatar con carácter de urgente las inversiones nacionales para fortalecer el proyecto educativo nacional y no para el lucro de empresas mediáticas que transmiten contenidos transnacionalizados con inversiones públicas de los mexicanos.

Los medios públicos, de estado y de la sociedad civil, deben tener prelación sobre los medios de las corporaciones globales.

La Telesecundaria, que en su momento constituyó una innovación educativa ejemplar, que permitió el acceso a millones de jóvenes a este nivel educativo, fue abandonada por muchos años, por lo que es urgente su revitalización, inversión en infraestructura de la convergencia digital, producción de nuevos programas, actualización en la formación docente y ampliación de sus servicios en las áreas que sea requerido.

Sobre la base de la Telesecundaria se deberá establecer el Telebachillerato, como la opción de mayor calidad por el desempeño de sus docentes, la superior calidad de sus materiales educativos y las innovaciones pedagógicas que pueden ser aplicadas hoy en día mediante el aprovechamiento de los recursos de la convergencia digital.

El gobierno mexicano debe promover el desarrollo de buscadores propios en la red, en alianza con los países iberoamericanos, así como desarrollar bases de datos significativas, para promover el desarrollo del conocimiento en nuestra región, disponer de instrumentos para la gestión de la red que estén bajo el control de nuestros países y realizar la sistematización del conocimiento desde nuestros propios paradigmas culturales.

Se debe producir una Enciclopedia Mexicana como institución de Estado, con la participación de instituciones nacionales de educación superior e investigación, academias y colegios profesionales, así como el magisterio, para disponer de una institución cultural propia, diseñada conforme a las nuevas condiciones para la producción, sistematización, acceso y distribución del conocimiento que hace posible la convergencia digital.

Esta enciclopedia deberá alimentar de manera directa al sistema educativo nacional en todos sus niveles, y contribuir a fortalecer a cada uno de los niveles educativos.

Evaluación del desempeño de la política educativa de Estado

Es necesario replantear la evaluación de la política educativa de Estado. Ello requiere verla en su conjunto y no solamente al final del proceso en la medición del desempeño, aprovechamiento o aprendizajes.

La política educativa en sí misma debe ser objeto de evaluación y no sólo sus decisiones, instrumentos y desempeños.

No es lógico que se evalúe con el mismo instrumento el resultado de procesos sumamente heterogéneos, desde las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias, hasta las condiciones de las escuelas, la disponibilidad de recursos pedagógicos, el gasto por alumno en cada uno de los niveles y planteles del sistema educativo nacional, así como el número, preparación, experiencia y condiciones laborales de los docentes, así como el entorno cultural de los individuos.

Se debe evaluar y modificar la carrera magisterial, pues no se ha constituido en un instrumento capaz de contribuir al mejoramiento de las capacidades docentes y de sus condiciones de vida; se le ha concebido más como un mecanismo relacionado con la política salarial de los maestros, que un sistema para el mejoramiento de la calidad del desempeño del sistema educativo en su conjunto, así como de los propios docentes y estudiantes.

Se debe repensar y rediseñar los instrumentos y mecanismos de la carrera magisterial desde la perspectiva de la política educativa de Estado que se propone. Suponer que el principal y tal vez único factor de motivación de los docentes es el ingreso económico, es desconocer su vocación y responsabilidad formativa de seres humanos.

Por supuesto que los ingresos y la dignificación de los mismos es un objetivo a alcanzar, pero éste se debe distinguir de los procesos formativos y las responsabilidades profesionales, pues al hacerlo así se deshumaniza la educación, y contrario a lo que se propone, no se avanza cualitativamente en el desempeño de docentes, estudiantes y del sistema educativo en su conjunto.

En consecuencia, la evaluación se debe desvincular del pago a los maestros, pues es evidente que no existen condiciones homogéneas en los estudiantes, lo que incide en su desempeño, por lo que se establece una relación intrínsecamente ilógica e injusta.

Se debe relacionar el esfuerzo de evaluación al proceso de mejora, de formación continua y de acciones particulares dirigidas a corregir las deficiencias específicas detectadas en cada uno de los estudiantes.

Ello requiere repensar el sistema de evaluación desde sus raíces y establecer nuevos acuerdos normativos y de operación de la evaluación educativa nacional.

Se debe hace una reflexión y análisis a profundidad para identificar las causas de fondo por las cuales el desempeño de los estudiantes mexicanos está evaluado en el peor sitio de la prueba PISA de la OCDE.

Sería erróneo considerar esta prueba como único o principal criterio para la formulación de la política educativa de estado. Es más bien al revés, la revisión desde nuestra propia realidad, y el establecimiento de nuestras finalidades y acciones para realizar los objetivos de una política de Estado, si está concebido bajo los criterios enunciados para esta política de Estado, seguramente logrará, como efecto indirecto, un mejor desempeño en tales pruebas internacionales, que son incapaces de discriminar los efectos en el rendimiento educativo que tiene la intervención de docentes con distintos niveles de formación, de alumnos con diferencias abismales en el status socioeconómico de las familias, así como en la dotación de recursos de las escuelas y el gasto por alumno, entre otros factores.

Se requiere fortalecer los mecanismos institucionales de participación en las decisiones, la implantación de las acciones transformadoras, el seguimiento, evaluación y nuevas decisiones corresponsables desde la escuela, los municipios y las entidades federativas y a nivel nacional.

Para ello se requiere un sistema de información nacional eficaz y universal, tanto para la operación del sistema, como para la evaluación de resultados y las acciones de adecuación e innovación continua.

La evaluación debe contribuir a fortalecer la capacidad del sistema educativo nacional para lograr los objetivos de la política de Estado, mediante incentivos explícitos, la incorporación de experiencias innovadoras y de mejores prácticas, que se puedan convertir en detonadoras del impulso a la calidad en la formación, tanto de docentes como de los estudiantes. Todo ello en el marco de una política nacional pactada y promotora de la calidad educativa.