Alberto Montoya Martín del Campo.

Ser potencia en el Siglo XXI significa que una comunidad política constituida en Estado nación, tiene la capacidad de autogobierno, y una economía política sustentada en la democracia, la justicia social y la igualdad de derechos y deberes, capaz de satisfacer todas las necesidades de toda la población, sobre la base del trabajo y esfuerzo de los mexicanos.

Introducción

Esta propuesta estratégica para el desarrollo soberano y justo de México en el siglo XXI, incorpora las aportaciones de personas e instituciones participantes en el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A. C. (CEEN) y es aún un documento en proceso.

Su propósito es presentar una estructura argumentada sobre las decisiones estratégicas que le permitirían a México atajar el riesgo inminente de involucionar a una condición de colonia estadounidense con un régimen de Apartheid; sujetado por una total subordinación económica, política, cultural y militar, lo que equivaldría a la desaparición de facto de México como estado nación independiente.

En lugar de sucumbir ante esta amenaza, se propone construir un proyecto de desarrollo soberano, que requiere recuperar la soberanía económica, con el objetivo de llegar a ser potencia económica con equidad social, soberanía y libertades plenas, por medio del trabajo y los méritos de los propios mexicanos, en los próximos cincuenta años.

Ser potencia en el Siglo XXI significa que una comunidad política constituida en Estado nación, tiene la capacidad de autogobierno, y una economía política sustentada en la democracia, la justicia social y la igualdad de derechos y deberes, capaz de satisfacer todas las necesidades de toda la población, sobre la base del trabajo y esfuerzo de los mexicanos, de manera que se establezcan condiciones para el más amplio e irrestricto ejercicio de las libertades y la plena vigencia de los derechos humanos de todos.

Ser potencia como comunidad política, con sustento en una economía política subordinada al criterio de justicia, que tenga a cada persona como fin y no como medio, es justamente el único medio para avanzar en el ejercicio de las libertades que permita un orden social más justo. Ser potencia no es un fin, sino un medio.

Esta propuesta es la tercera de un planteamiento integral, cuya primera parte describe, analiza y explica la naturaleza de la coyuntura histórica de México en los últimos treinta años; en tanto que la segunda argumenta sobre su inviabilidad intrínseca y el imperativo ético y racional de sustituir el actual paradigma social, político, económico y geopolítico, por otro guiado por la justicia, la libertad y los derechos humanos.

Existe una exigencia creciente en la sociedad por la presentación, deliberación y eventual acuerdo sobre las propuestas de acción que permitan superar la situación en la que se encuentra el país. La pregunta es ¿Qué se debe hacer?

Pero una acción irreflexiva o inercial será incapaz de modificar la trayectoria actual de la Nación. Es necesario lograr acuerdos sobre los criterios ético-políticos, finalidades y decisiones estratégicas nacionales, requeridas para restablecer el vigor histórico de la Nación y dar nuevas bases al desarrollo de México.

A pesar de avances puntuales, lo que prevalece en la relación entre los poderes públicos es la ausencia de debates argumentados, que permitan a la sociedad adoptar decisiones sobre bases racionales y éticas compartidas.

Los partidos políticos se encuentran significativamente alejados de la ciudadanía y son incapaces de ir más allá de estrategias electorales superficiales e irresponsables ante la gravedad de los desafíos nacionales.

Cuando las razones y argumentos éticos no importan y prevalece el cinismo, la indiferencia, la descalificación, el interés particular, la visión restringida e ideológica de la realidad, y la irresponsabilidad sobre el devenir del conjunto de la sociedad, el factor determinante de las relaciones políticas es la fuerza, lo que nos regresa a la naturalidad y aleja del proceso de humanización.

Es un imperativo ético y político para la actual generación de mexicanos ofrecer propuestas fundamentadas. A esta tarea están contribuyendo movimientos sindicales, campesinos y sociales, organizaciones empresariales y civiles, partidos políticos, instituciones de educación superior e intelectuales, desde perspectivas diversas, no necesariamente coincidentes y en otros casos contradictorias.

Parte III       Nuevo Proyecto de desarrollo de México en el siglo XXI

Premisa básica

La premisa básica de esta propuesta consiste en afirmar que México, como Estado-Nación libre y soberano, con intereses, identidad, culturas, pacto social e instituciones que le son propias, en el contexto del mundo, se  debe fortalecer como Estado-nación, como condición para garantizar la libertad, justicia, equidad y derechos humanos a todos los mexicanos; por lo que se requiere un proyecto propio para su desarrollo en el presente, con una clara definición de las finalidades hacia las cuales se debe dirigir en el corto (2018), mediano (2035) y largo plazos (2060); recuperando su soberanía popular, económica, política y cultural ante el poder corporativo global y la hegemonía de los Estados Unidos de América.

Transformación de raíz por medios políticos

La instauración de México como Estado-nación independiente y la Revolución iniciada en 1910 que culminó en la Constitución de 1917, así como las transformaciones, y también regresiones observadas a lo largo del siglo XX, nos dejan la enseñanza de que el status quo es recalcitrante a los cambios de fondo, lo que obligó en el pasado, como necesidad histórica, a realizar acciones enérgicas para transformar a profundidad las relaciones de propiedad y de poder.

Estas luchas implicaron enormes sacrificios y costos para millones de personas y el país en su conjunto. Por ello se propone como criterio de la acción, que la transformación del orden social en México debe conducirse por medios políticos, bajo la guía de un programa histórico dirigido a modificar de raíz la situación actual, para lograr las finalidades que correspondan a los legítimos intereses de los mexicanos, ante nosotros mismos y ante las naciones del mundo.

La historia nacional y mundial nos aportan otra lección importante: después de una lucha violenta por eliminar condiciones inaceptables de injusticia, se arriba a un armisticio que preside el acuerdo para modificar de raíz la estructura de poder del viejo status quo; la institucionalización de nuevos derechos y deberes, de formas de propiedad, producción, régimen político, principios culturales, pacto de distribución social de la riqueza en la sociedad y de inserción en el entorno mundial.

El desafío de los mexicanos es conducir la necesaria transformación del actual status quo desde la raíz, por medios políticos, sustentados en la deliberación ético-racional; en una clara definición de las finalidades a alcanzar, y sobre los medios necesarios, éticos y eficaces para lograrlas.

El proceso político debe orientarse a un verdadero diagnóstico de la situación histórica de la Nación, de sus causas estructurales verdaderas, al reconocimiento de las responsabilidades que le correspondan a cada uno de los actores sociales y políticos en un nuevo proyecto histórico; al acuerdo sobre las metas y acciones a realizar, así como sobre la organización político-institucional del nuevo proyecto; sobre la base de una nueva correlación de poder, capaz de realizar las transformaciones de fondo que requiere la sociedad.

Sobre esta base política es posible diseñar y establecer un nuevo régimen político, la institucionalidad pública necesaria y su vinculación sustantiva, no solo funcional, con las organizaciones de la sociedad, en las que se exprese esta visión de futuro y se trabaje de manera cooperativa en la construcción de una nueva correlación de poder nacional y ante las fuerzas de la globalización, capaz de realizar las transformaciones de fondo que requiere la sociedad.

Coyuntura histórica y no electoral

Como se ha expuesto en la segunda parte, la superación del actual orden social no es opcional, sino necesaria, porque su vigencia inercial producirá los mismos resultados observados durante las últimas tres décadas, y porque no tiene incorporados procesos de transformación del propio poder, sino por el contrario, su mantenimiento y reproducción mediante una violencia multidimensional.

Por lo anterior, las elecciones presidenciales y legislativas de 2012, no deberían ser consideradas como un relevo rutinario en los poderes ejecutivo y legislativo a nivel nacional, sino como una oportunidad de establecer una nueva base para el proyecto de desarrollo histórico de México.

En la primera sección se presentan las tesis de filosofía política que fundamentan el proceso de fortalecimiento del proyecto histórico de México y su proyecto de desarrollo a futuro; en la segunda se exponen las finalidades que se proponen para México en el corto, mediano y largo plazos, y en la tercera las decisiones estratégicas que se consideran necesarias para alcanzarlas.

III-A. Criterios ético-políticos para fortalecer el proyecto histórico de México a futuro y establecer las bases de una nueva economía política

Toda propuesta de desarrollo de la sociedad está basada de manera explícita o implícita en una concepción del ser humano, de su naturaleza y devenir, así como del Estado y su relación con la libertad, dignidad, derechos y deberes de los individuos. Toda propuesta de desarrollo social a futuro supone también una identidad y una historia.

A continuación se exponen los conceptos y tesis de filosofía política, economía política y filosofía de la historia, que se proponen como criterios para la definición del proyecto histórico de desarrollo de México en los próximos cincuenta años.

Ética y moral.

Es importante distinguir ética y moral. Se propone concebir a la moral como principios, criterios subjetivos o preferencias individuales referidos a normas de conducta y relación social. La moral tiene como referente una cultura específica y propone valores que no necesariamente tienen un contenido universal. Con frecuencia se identifica con tradiciones y costumbres.

Se propone concebir a la ética como el universo de derechos y deberes que vinculan intersubjetivamente a los seres humanos, sustentados en principios que tienen la pretensión de ser criterios universales y obligatorios, en virtud de que están guiados por el imperativo de la justicia, que reconoce la igual dignidad, libertad, derechos y deberes de todos los seres humanos.

La verdadera ética tiene por ello un carácter universal y obligatorio.

La ética obliga por su contenido de justicia, independientemente de que sea o no ley positiva aprobada por un poder legislativo, con su correspondiente sanción por incumplimiento.

Las leyes positivas deben sustentarse en el criterio de justicia, pues una ley positiva que es injusta no es verdadera ley, es decir, no se puede obligar a la injusticia, aunque lo decrete un poder legislativo.

Criterio universal de la ética. Imperativo categórico.

El criterio fundamental de la ética como imperativo categórico, es decir como obligación independiente de cualquier contingencia (edad, género, religión, riqueza, color de la piel, etnicidad, o cualquier otra particularidad), sustentado en el concepto de lo que es el ser humano, consiste en el reconocimiento de todos y cada uno de los individuos como libres, iguales en dignidad, en derechos y deberes; que constituyen fines en sí mismos.

Cada uno de los individuos concretos es lo único que constituye un fin en sí mismo, y no el concepto abstracto del ser humano.

El imperativo categórico es real en el sentido de ser obligatorio, independientemente de si lo aprueba o no una mayoría parlamentaria.

Naturaleza histórica de la ética y del derecho.

El reconocimiento por el derecho positivo de criterios, mandatos y leyes derivados del imperativo categórico requiere el desarrollo de la conciencia ética, de la voluntad individual de muchos para hacer valer la propia dignidad ante condiciones de dominación que la vulneran, y la lucha por establecer en el derecho positivo esta dignidad.

El criterio de igualdad de derechos y deberes, de la condición de libertad e igual dignidad de todo ser humano, no es reconocido de manera natural por los poderes constituidos, sino que exige la interpelación ético-política y la fuerza organizada para superar las condiciones de dominación existentes.

La perdurable existencia a lo largo de los siglos de la esclavitud, de la subordinación de las mujeres en la sociedad e innumerables formas de discriminación, dan testimonio del lento proceso histórico de avance de la ética, como criterio, como derecho y como cultura y práctica social, en la historia.

Historia, ética y libertad.

Se han expuesto diversas tesis limitadas sobre la historia. Se propone que sea concebida como proceso de actualización de la libertad, es decir de la autodeterminación de los seres humanos, sobre la base de criterios conscientemente apropiados y socialmente desarrollados, de lo ético.

Es importante superar algunas concepciones sobre la historia humana, que limitan la plena expresión de la libertad, como son las siguientes:

la idea de que la Historia está determinada de antemano, de que existe una necesidad inexorable o una fatalidad insuperable; pues ello es contrario a la autodeterminación de la voluntad de los individuos y las colectividades éticas, es decir, a la libertad humana;

la idea de que ya se ha llegado a la culminación de la Historia, y de que no existe nada nuevo que añadir a la historia humana; pues supone que el ser humano es de suyo natural y no resultado de su propio quehacer sobre sí mismo, de su libertad, de la acción humana sobre la natura, el cosmos, y del avance de la conciencia ética en la historia;

la idea de que la Historia no tiene criterio ni finalidad; pues ello sería equivalente, contrario al concepto Aristotélico, a reducir al ser humano a un ser viviente incapaz de discernir entre el bien y el mal, es decir entre lo natural y lo propiamente humano, que se aparta de la naturalidad del egoísmo y la dominación;

la idea de que los poderes dominantes en un momento dado de la Historia son inmodificables; pues es una concepción fatalista ante las relaciones de dominación en un momento dado, mismas que de suyo sólo existen, en la medida de que son aceptadas, asumidas o practicadas de manera resignada, contrario a la condición inherente a todo ser humano de igual libertad, dignidad, derechos y deberes.

De lo anterior se concluye que la finalidad de la historia es la justicia, pues ésta consiste en el reconocimiento conceptual, jurídico y práctico del imperativo categórico para todos los seres humanos.

La libertad como autodeterminación ética consciente, es condición para la justicia, pero en tanto dominio de cada sujeto (libre albedrío y voluntad), sólo se realiza en su relación con los otros seres humanos.

La justicia supone la libertad, pero la libertad sólo expresa lo humano, en la medida que tiene como criterio a la justicia.

Derechos humanos como criterio ético y de justicia.

Los derechos humanos, concebidos de manera integral, irrenunciable, imprescriptible e indivisible; y la igualdad de deberes y derechos de todos los individuos, considerados como fines en sí mismos y no como medios para ninguna otra cosa; constituyen los criterios obligatorios más importantes de justicia en el mundo y los referentes ético-políticos mínimos aceptables para el proyecto histórico y el desarrollo de México en el siglo XXI.

Pero estos derechos humanos se deben entender de manera simultánea como derechos de los individuos y a la vez, como derechos de la colectividad jurídico-política constituida en un Estado-Nación.

Sin esta comunidad no existen los derechos humanos, pues éstos se constituyen en los deberes del Estado-nación, que debe establecer un orden social que los garantice a plenitud.

Los derechos humanos deben ser considerados en el ámbito de la ética y no de la moral, por lo tanto son obligatorios y sus mandatos deben guiar la formulación y el contenido de las normas positivas.

Es deber de los gobernantes guiar sus decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales por la ética, y específicamente por los derechos humanos, que además de haber sido suscritos por el Estado mexicano, y son por lo tanto ley positiva, tienen un contenido intrínseco de justicia.

Todos los derechos humanos son fundamentales, pero entre ellos destaca el reconocimiento de que toda persona, todo individuo, es libre e igual en derechos y deberes, y en dignidad, a cualquier otro individuo.

Asimismo, que la dignidad de todo individuo no está limitada por ninguna condición, de donde se concluye que los individuos son sujetos libres que constituyen un fin en sí mismo, por lo que jamás deben ser tratados como objeto, o como medio para la realización de ningún otro fin.

Pretender al inicio del Siglo XXI la afirmación de que los seres humanos constituyen un objeto y un medio para la acumulación de capital, y no lo único que constituye un fin en sí mismo, es intrínsecamente inmoral, injusto y contrario a los mandatos de la ética.

Ética y justicia en el derecho positivo.

Justicia es el reconocimiento en las normas positivas o consuetudinarias del criterio universal de la ética, y su aplicación práctica en todas las dimensiones de la vida humana.

El fundamento último de la obligación de la ley  no reside en que haya sido votada por mayoría, sino en su contenido intrínseco de justicia, pues los parlamentos pueden votar, y votan de hecho, leyes injustas.

Ética y Estado Nación.

Ética es el universo de derechos y deberes que vinculan intersubjetivamente a los seres humanos. La dimensión abstracta del Estado consiste en el universo de derechos y deberes que se expresan históricamente en las constituciones y sus leyes.

El Estado consiste en el universo de individuos relacionados intersubjetivamente por derechos y deberes en un Estado-Nación, como entidad jurídico-política auto constituida y auto gobernada.

La voluntad de cada uno que realiza el acto de libre albedrío colectivo por el cual se establece y mantiene en la historia un Estado-nación es lo fundamental.

El Estado-nación llega a existir en la historia por tales expresiones fundacionales de la libertad.

Estado y soberanía.

La soberanía reside en el pueblo; el ejercicio de la libertad de todos los individuos que forman parte de un pueblo, constituye la soberanía del Estado.

La soberanía es la libertad del conjunto de ciudadanos del Estado-nación; es la autodeterminación del Estado-nación ante otros Estados-nación, sustentado en el ejercicio de la libertad de todos los ciudadanos y en la realización de relaciones justas con otros Estados-nación.

Estado ético.

Un Estado ético es el que reconoce a los individuos como fines y no como medios para ninguna otra cosa.

El Estado, en tanto orden social universalmente vinculante, debe garantizar este criterio tanto en las normas jurídicas como en las prácticas de los poderes públicos y de la sociedad.

Estado, verdad y libertad.

Si la libertad es la autodeterminación consciente de los individuos, sobre la base de un discernimiento ético que reconoce un criterio de bien, se sigue que es imposible ser libre sin pensar, y que el límite del conocimiento de lo verdadero es el límite para el ejercicio de la libertad. De lo anterior se deduce que:

Sólo un Estado sustentado en la libertad es un verdadero Estado, concebido como una comunidad de humanos libres interrelacionados por una ética convertida en leyes justas que son aplicadas mediante procedimientos justos.

El conocimiento de la verdad garantizado por una deliberación en el espacio público, es condición de posibilidad para la libertad.

El Estado moderno debe respetar las garantías individuales, y en particular las libertades de expresión, pensamiento, opinión y reunión; así como garantizar la irrestricta vigencia de los derechos humanos de todos, desde una perspectiva ético-racional, liberal y cosmopolita.

En un Estado ético se deben establecer condiciones para  el conocimiento de la verdad de la realidad social, de manera amplia, sistemática y permanente, en todas sus manifestaciones, como condición para el ejercicio de la libertad de cada uno.

El someter a la sociedad a la desinformación deliberada, el ocultamiento de la realidad, la opacidad de las decisiones y responsabilidades de los servidores públicos, o del lugar que ocupan los intereses particulares en el conjunto social, no sólo perpetúa un orden social injusto, sino que también hace posible una impunidad que limita la libertad y la justicia del conjunto.

El deliberado ocultamiento o tergiversación de la realidad económica, social y política del país, así como de la situación real de desigualdad en la sociedad, por parte de los poderes públicos o de los poderes particulares y mediáticos, constituyen atentados al ejercicio de la libertad de los individuos y limita la soberanía del pueblo y del Estado-nación.

Intereses del Estado Nación.

El interés del Estado-nación es el contenido del bien universal de todos los individuos vinculados en el mismo, sustentado en el ejercicio de la voluntad libre, soberana y justa de cada uno.

El interés nacional no es individual ni egocéntrico, sino que consiste en la afirmación del derecho de cada uno, en el conjunto social, es decir, en el universo de derechos y deberes de todos que están vinculados en la comunidad jurídica del Estado- nación.

En la actualidad se constata la existencia de una anarquía en el sistema internacional, por la cual cada Estado-nación busca sus propios fines, de manera ajena y desvinculada de un verdadero derecho internacional.

Por esta razón, un Estado-nación como el mexicano, debe procurar el interés nacional, de manera independiente y no subordinada a ningún poder externo, en tanto el sistema internacional y estos poderes externos, no se sometan a un Estado de derecho internacional.

Estado y fuerza.

Todo Estado requiere resguardar su seguridad ante la voluntad de dominación de otros Estados-nación. Sin embargo, esta necesidad ha motivado políticas militarista y de dominación, en su relación con otros Estados-nación.

Cuando los intereses particulares y militares ocupan las facultades y poderes públicos, producen de manera necesaria una política de agresión y violencia hacia otros Estados-nación.

En lo interno del Estado-nación, ningún Estado tiene a priori la legitimidad en el uso de la fuerza y la violencia sobre ningún individuo. Contra la tesis de Weber, no existe monopolio del uso legítimo de la violencia.

El Estado-nación no tiene a priori la legitimidad en el uso de la violencia: cada acto de los poderes públicos debe estar sustentado en las leyes y debe justificar los fines y medios que sean empleados, los que deben ser juzgados de acuerdo a su contenido intrínseco de justicia.

La fuerza pública sólo se justifica, en la medida que es garantía de un Estado ético, es decir para hacer prevalecer los intereses de justicia del conjunto sobre los intereses particulares y los actos injustos; es decir, exclusivamente para defender las libertades, dignidad y soberanía de cada individuo, y del conjunto ante, la violencia actual o posible de algunos individuos, o de otros Estados-nación.

Sólo es legítima la fuerza que garantiza la libertad de cada uno e impide la imposición de relaciones de dominación.

Por ello, sólo es legítima la fuerza armada del Estado, sujeta, subordinada y obediente al control de la democracia.

Deberes del Estado.

Los deberes del Estado en relación con los individuos se expresaron en las garantías individuales reconocidas desde las constituciones del siglo XIX, hasta los derechos humanos universales, indivisibles, irrenunciables e imprescriptibles que se reconocen ahora en todo el mundo.

El Estado debe garantizar la libertad, justicia, seguridad, democracia y soberanía de la sociedad en lo interno del Estado-nación, y ante otras comunidades nacionales; al mismo tiempo que debe establecer las políticas, instituciones y presupuestos; con la participación de las instituciones sociales; necesarias para garantizar los derechos de todo individuo a la educación, salud, alimentación, vivienda, agua, trabajo, participación democrática, vigencia de la justicia, acceso a las infraestructuras tecnológicas desarrolladas por la humanidad; un medio ambiente sustentable, así como el acceso y disfrute del conocimiento y la cultura.

Deberes del Estado y pluralidad de intereses particulares.

El criterio universal de la ética –que cada individuo sea considerado como fin en sí mismo- debe ser garantizado a todos los individuos por el Estado.

El Estado debe garantizar que los derechos de ningún individuo, o de un pequeño grupo de individuos, impongan al conjunto social sus derechos particulares, es decir convertir los intereses privados en interés público, pues ello equivaldría a que la mayoría de los individuos sean convertidos en medios para la realización de los intereses y finalidades de un individuo o unos pocos individuos.

El Estado debe garantizar las libertades de todos, la participación de todos en las decisiones públicas y la justicia para todos.

La concentración extrema de la de la riqueza y el poder atenta contra la libertad de los individuos y la soberanía del pueblo.

Poder nacional, poder del Estado.

El poder nacional, como poder del Estado-nación ante las corporaciones transnacionales y la hegemonía de las grandes potencias, se sustenta en el ejercicio de la libertad de los ciudadanos, es decir, en la soberanía del pueblo; pero requiere también de manera necesaria, el desarrollo de condiciones económicas, tecnológicas, fiscales, científicas, culturales, educativas, energéticas, alimentarias, de seguridad social y salud pública, empleo, distribución del ingreso, entre otras, que permitan a cada uno el ejercicio de su libertad, y al Estado-nación, la capacidad de hacer prevalecer el interés público y del Estado-nación, ente el poder financiero, tecnológico, de mercado y político de las corporaciones globales; mediante el desarrollo de un poder económico, tecnológico, de mercado, fiscal, de producción-distribución, sustentado en empresas e instituciones nacionales.

Ante la economía global, no existe soberanía política del Estado-nación, si no existe un dominio –o soberanía- de la sociedad civil y del Estado-nación, en todas las dimensiones de la economía política -producción y distribución a nivel nacional-; que tenga prelación y capacidad de subordinar a los poderes globales, al interés público nacional.

Sin soberanía económica en todas las dimensiones estratégicas –energía, alimentación, tecnología, industria, servicios estratégicos de la economía del conocimiento, entre otros- no existe soberanía política, militar e ideológica, ante otros Estados-nación y sus corporaciones globales.

Estado de Derecho.

Un verdadero Estado de derecho es aquel que garantiza los derechos humanos, libertades y justicia para todos.

El Estado de derecho de ninguna manera se puede reducir a la protección de los derechos de propiedad privada sobre los medios de producción y mucho menos a su prelación sobre los derechos humanos de todos los individuos.

Estado y Seguridad Nacional.

La seguridad nacional es entonces el conjunto de condiciones que aseguran el pleno ejercicio de las libertades y de los procedimientos institucionales capaces de garantizar la vigencia de las mismas para la consecución del bien universal, es decir de todos.

La seguridad nacional de ninguna manera debe ser interpretada como la coerción y mucho menos como la violencia, limitación de la libertad y de las garantías individuales y de los derechos humanos, por parte de las entidades públicas.

El concepto de seguridad que debe prevalecer es el de Seguridad Humana y no el concepto autoritario y militarista difundido y promovido por los Estados Unidos de América en América Latina desde la década de 1960.

Estado, gobierno y poderes públicos.

El Estado no es el gobierno. Es la soberanía del pueblo la que constituye los poderes públicos del Estado. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como la Constitución Política en su integralidad, tienen su sustento en la voluntad del pueblo, que mantiene en todo momento el derecho a modificar su forma de gobierno.

Estado y globalización.

La expansión global de las corporaciones financieras, industriales, comerciales, de servicios, logística, comunicaciones, telemáticas, mediáticas y de la economía del conocimiento, han alcanzado una escala mundial en sus procesos de producción, distribución y comercio, sustentados en la revolución digital; y se han concentrado de tal manera, que han vulnerado y vaciado de poder a la soberanía de los Estados-nación de los países globalizados.

No tiene fundamento ético y político el criterio de la globalización económica, que reduce a los individuos, que son fines en sí mismos, a un medio o recurso para la asegurar los procesos de acumulación de las corporaciones globales.

No existe soberanía del Estado-nación, en la medida que prevalezcan los intereses de las corporaciones globales sobre los derechos del Estado-nación y sus habitantes.

La globalización no es la expansión mundial de la competencia empresarial, sino la apropiación oligopólica de los mercados del mundo por un grupo reducido de empresas globales, cuyo comercio intra firma equivale al 50% del mercado mundial, en una dinámica de concentración acelerada de capital, con mercados que han demostrado no estar guiados por la autorregulación como lo postula la teoría del equilibrio general, y cuyos intereses están provocando graves desequilibrios en el mundo, como la crisis financiera y el calentamiento global.

La relación entre la globalización económica con los Estados-nación es inmoral, en la misma medida en que las corporaciones globales, en las esferas del capital financiero, tecnológico, de mercado e ideológico; establecen relaciones en las que solo tienen derechos de acceso a mercados, a una fuerza de trabajo con bajos ingresos y recursos naturales; sin los correspondientes deberes de contribuir al pacto fiscal de manera proporcional a los beneficios que obtienen, ni de procurar el mejoramiento general del nivel de vida en la sociedad; lo que deja todos estos deberes al Estado-nación, que carece del soporte fiscal necesario.

El gran desafío a la soberanía de finales del siglo XX y hacia el siglo XXI, es la contradicción entre la globalización de la economía y la democracia al interior de los Estados-nación, pues ha conducido a la modificación de los pactos nacionales de producción y distribución de la riqueza, y al vaciamiento de la soberanía popular.

En consecuencia, se debe restablecer la soberanía y poder del Estado-nación frente a las corporaciones globales, sobre la base de la soberanía popular, como condición para la existencia de Estados-nación legítimos y justos que hagan posible la realización de los fines del Estado.

La soberanía política del Estado-nación requiere por ello tener soberanía económica, la fortaleza de las instituciones y del mercado interno.

La globalización debe ser concebida como proceso desde el Estado-nación hacia el mundo y no solo del mundo hacia el Estado-nación. Este es el camino seguido por las actuales potencias mundiales y de países como China, la India, Rusia o Brasil.

Estado autoritario, policiaco-militar.

Estado en el que el poder público es ejercido de facto por poderes económicos y políticos particulares, suprimiendo el carácter universal de la ley y de las instituciones públicas, en el que prevalece el uso de la fuerza pública y de la legitimación por la vía de la propaganda, especialmente mediática, para la imposición de leyes, políticas, y administración de los ingresos y gastos públicos, que tienen como beneficiarios directos a dichos poderes económicos particulares.

Estos intereses particulares están constituidos por un reducido grupo de corporaciones e individuos, nacionales y extranjeros, que detentan una concentración extrema de la riqueza y del poder político e institucional en la sociedad.

Un estado policiaco es necesario para el funcionamiento de una economía política tributaria y dependiente; lo que se establece en el Estado-nación, mediante la influencia o intervención extranjera, política, diplomática, mediática y corporativa.

La dimensión geopolítica de este interés por establecer un Estado autoritario policiaco-militar utiliza y puede promover condiciones deliberadas de desestabilización en la justicia y seguridad de la sociedad, para legitimar una supuesta necesidad de intervención extranjera, como es el caso de la denominada guerra contra el narcotráfico.

En un Estado autoritario policiaco-militar se suprime de hecho el poder de decisión sustentado en los procedimientos de la democracia, la que puede mantenerse como condición formal, ritual y legitimadora de tal Estado policiaco.

De facto se suprime o reprime la democracia sindical, partidaria, parlamentaria, y cívica. Las organizaciones sociales de agregación de intereses pueden ser mantenidas formalmente, pero su capacidad de incidir en las decisiones fundamentales de la economía política, es nula.

En un Estado autoritario policiaco-militar la democracia puede cambiar a los servidores públicos, elegir opciones partidarias distintas, o discutir públicamente la gestión de lo público, a condición de que dichas expresiones de las libertades de opinión, reunión y manifestación, no modifiquen la estructura real de poder concentrado en la sociedad.

En el Estado autoritario policiaco-militar se desnaturaliza a las fuerzas armadas y a las policías, para convertirlas en fuerzas directas de contención de las demandas de la sociedad, y de represión directa a los movimientos sociales, mismos que son criminalizados bajo condiciones de privilegios excepcionales y fueros jurídicos de las instituciones de seguridad, que de suyo las sitúan fuera del alcance de la democracia y de la justicia.

En un Estado autoritario policiaco-militar, la Fuerza Armada permanente es investida de poder político autónomo, sobre el cual no tiene poder la autoridad civil, y se le otorgan facultades para intervenir fuera del marco constitucional y la misión que le corresponde de defensa de la soberanía ante amenazas externas, para volcarla hacia lo que se ha denominado seguridad interior, que no consiste en otra cosa, que convertirla en ministerio público, policía e instancia de procuración de justicia, desnaturalizando su responsabilidad principal. El ejercicio de estas facultades queda supeditado de manera exclusiva al Poder Ejecutivo, dejando fuera de la toma de decisiones al Poder Legislativo.

La conformidad pasiva y fatalista de la sociedad suele ser apoyada, explícita o implícitamente, por algunas instituciones sociales, culturales o religiosas, que tienden a promover una paz formal, sin exigencia real de justicia. Esta legitimación es condición necesaria para la legitimación de dicho Estado autoritario policiaco-militar.

En el extremo, como lo propuso Agustín de Hipona en el Siglo IV, no se trataría de un verdadero Estado, sino de un grupo de bandidos.

Estado constitucional, con justicia social, democrático y de derecho

Un Estado verdadero tiene que guiarse por la justicia para justificarse como tal.

La Constitución de un Estado debe establecer en mandato de ley su propia auto conformación como Estado, sobre el criterio de la igualdad, libertad, derechos humanos, garantías individuales, justicia social y participación democrática efectiva de todos los ciudadanos, en la cosa pública.

Estos mandatos constitucionales deben ser practicados y no sólo enunciados, pues de otra manera sólo servirían de legitimación, por vía del derecho, de un orden social injusto.

La justicia social es una condición necesaria de un verdadero Estado, misma que debe ser reconocida en las normas, instituciones y prácticas de los poderes públicos y de la sociedad; tales que todos puedan tener acceso a las condiciones de vida que les permita el pleno desarrollo de sus facultades y posibilidades humanas.

La democracia en un Estado constitucional, debe ser un sistema de representación y no un sistema de legitimación de los poderes. El mandato proviene desde la base de la sociedad y no desde los poderes formales o informales. Los gobernantes democráticos obedecen este mandato y apegan sus actos y decisiones a su contenido de justicia.

La democracia se establece sobre la base de un procedimiento abierto, equitativo, sometido al criterio de eticidad y justicia, en donde la responsabilidad prevalece sobre el interés particular por el uso o usufructo del poder.

Esta democracia no se restringe de manera limitada a la regla cuantitativa de la mitad más uno, que de suyo es criterio procedimental y no entraña en sí mismo, a priori, ningún juicio sobre el contenido de racionalidad y justicia de las decisiones.

En un Estado constitucional de derecho, la democracia no se limita a la participación en elecciones, sino que consiste en un continuo proceso de intervención ciudadana, por medios directos e indirectos, en las decisiones de Estado; y en su permanente escrutinio y juicio sobre los fines que se buscan, las acciones de las políticas públicas, la realidad social y el rediseño de las decisiones públicas.

Un estado constitucional libre debe tener soberanía o autodeterminación económica, es decir, establecer una economía política por la cual toda la población puede realizar sus derechos humanos de manera integral, y participa en la riqueza creada por la sociedad de manera equitativa, por lo que no está sujeto, dominado o subordinado en su estructura tecno-económica al poder de las corporaciones globales o de las hegemonías mundiales. Sin soberanía económica no hay soberanía política.

En un Estado constitucional, los intereses públicos y universales del conjunto de la sociedad, prevalecen sobre los intereses particulares.

El pacto para la creación y distribución social de la riqueza y el ingreso debe ser justo, pues de otra forma, se trataría de una condición estructural para el establecimiento y reproducción de la desigualdad social, y por lo tanto de relaciones de poder y dominación en la sociedad.

Un Estado de derecho es aquel en el que los poderes públicos y los poderes privados están sometidos a los mandatos de justica de la ley, de manera que nadie esté por encima de ella, en condición de derecho propio y excluyente del derecho universal, es decir, de privilegio.

Un estado constitucional tiene como criterio de su propia seguridad, la capacidad de mantener su soberanía política, sobre la base del concepto de Seguridad Humana y no guiada por el concepto autoritario de seguridad nacional sustentado en la supresión de las libertades y derechos humanos para imponer la injusticia a la sociedad.

Un estado justo debe también garantizar los derechos a la vida de las generaciones futuras, así como al mantenimiento de la vida en el planeta. Sin sustentabilidad, un Estado no lo es de verdad, pues sería contrario a la vida, como condición de existencia de cualquier sociedad.

Estado-nación mexicano.

El Estado mexicano se constituyó por un acto de libertad conducido por una voluntad de independencia y justicia.

Los mexicanos actuales y los que vengan en el futuro son el único fin del Estado, y todo lo demás son medios, que deberán ser elegidos y modificados según su eficacia y su congruencia en este principio ético.

En México y el mundo, la desigualdad y pobreza son intrínsecamente contrarias a los mandatos del Estado; y su existencia tan solo es un testimonio de un Estado con baja eticidad y legitimidad.

El Estado mexicano es un proyecto histórico transgeneracional y de largo plazo, sin fecha predeterminada de caducidad, abierto a su propia transformación sólo desde la soberanía del pueblo de México, lo que justifica la propuesta de establecer finalidades a alcanzar en los próximos cincuenta años.

Los mexicanos hemos constituido un Estado-nación, cuya existencia sólo debe ser modificada por la decisión libre de la comunidad nacional, y no por la inserción subordinada a los procesos globales de acumulación de las corporaciones, por lo que México tiene el derecho y el deber de fortalecer ética, social, económica y políticamente al Estado, como condición para garantizar la realización de los objetivos del Estado-nación y de cada uno de los individuos que forman parte del mismo.

El fortalecimiento del Estado-nación mexicano, con su realidad pluriétnica y pluricultural, así como con gran pluralidad de intereses y valores; es la condición para superar la actual coyuntura histórica, en la medida que sea trasformado bajo la guía del imperativo ético de la justicia. Su disolución en un apartheid estadounidense equivale a la pérdida de libertades y justicia.

El Estado mexicano moderno debe ser democrático e impedir que las oligarquías se transformen en plutocracias monopólicas, tanto en la economía política como en el sistema político y de relaciones internacionales del Estado nación.

El liberalismo económico promovido por las corporaciones globales, paradójicamente a partir de la defensa de los derechos de los individuos, bajo la ideología del neoliberalismo, en el que la “persona moral” corporación, se le otorgan los derechos de una “persona física”, no conduce al desarrollo equitativo de la sociedad.

El Estado mexicano actual ha evolucionado hacia un Estado plutocrático-corporativo neoliberal, que debe ser reemplazado por un Estado ético y constitucional, democrático, social, de justicia y de derecho.

El fatalismo histórico que supone la necesidad y racionalidad de la actual forma de globalización en el mundo, y en México en particular, no tiene fundamento. La actual forma de la globalización no solo puede, sino que debe ser modificada.

Pero la superación de la actual circunstancia histórica del país requiere en primer lugar la clara voluntad de la sociedad mexicana de establecer una nueva relación en lo interno del país, un nuevo pacto social que debe ser la base para la redefinición del posicionamiento y el establecimiento de nuevas relaciones de México con la economía global y con otros Estados-nación, especialmente con los Estados Unidos de América y Canadá; por una parte, y con la Comunidad Sudamericana de Naciones, por la otra.

La reforma del Estado hacia el siglo XXI debe consistir precisamente en lo opuesto a la reforma neoliberal del Estado que se llevó a cabo en las últimas tres décadas, a la vez que en la profundización del nuevo Estado en la sustentabilidad de largo plazo, la modificación de los aspectos irracionales de la cultura de consumo, y en un nuevo código ético en la sociedad que incorpore los criterios de cooperación y responsabilidad, más allá del egocentrismo patológico que caracteriza al capitalismo informacional global.

Colonia y Apartheid estadounidense.

Una posible evolución histórica del Estado nación mexicano, como tendencia dominante al inicio del siglo XXI, que aparece como inercial y necesaria dadas las condiciones establecidas en los últimos treinta años, es la involución de México en una colonia estadounidense regida por un régimen de apartheid, que mantendría la condición formal de México como Estado soberano e independiente; pero sin poder nacional real de autodeterminación o soberanía, en virtud de la hegemonía de los procesos de acumulación de las corporaciones estadounidenses en la economía política mexicana; de la dirección y condicionamiento decisivo de las políticas públicas del gobierno mexicano, por la inducción, imposición o adopción voluntaria de políticas por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial mexicanos, que garantizan y profundizan la acumulación extraordinaria del capital de las corporaciones estadounidenses, con prelación sobre la rectoría del desarrollo por el Estado mexicano.

En el actual estado de cosas se ha establecido una prelación de facto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que existe una asimetría jurídica y de un poder externo, por el cual se hacen efectivos los derechos de inversión, comercio, acceso al mercado nacional, control y usufructo real de los recursos naturales del país, así como el control de las actividades económicas estratégicas, por parte de las corporaciones estadounidenses y de otros países, en alianza con algunos poderes corporativos y políticos nacionales.

Más aún, la voluntad de negar incluso lo negociado en el TLCAN, y modificar la Constitución para subordinar la economía política nacional a las corporaciones extranjeras, que es en sí misma una traición al interés general del pueblo de México, se mantiene y profundiza en las prácticas del gobierno federal y de los organismos públicos, con la complicidad del PRI y del PAN, cuya bancada ha propuesto cambiar la Constitución con este propósito.

De esta manera, los ciudadanos y corporaciones estadounidenses tienen en México derechos, sin sus correspondientes deberes de contribución fiscal y para el desarrollo de la Nación mexicana, lo que conduce a la inducción e imposición en México de un Estado policiaco, como condición para la permanencia y reproducción de este sistema de producción/distribución de la riqueza.

La democracia mexicana puede elegir servidores públicos, pero no tiene el poder de modificar ni las políticas públicas, ni la inserción asimétrica e intrínsecamente injusta de la economía política nacional en los procesos globales de acumulación.

III-B. Finalidades que debe proponerse la Nación Mexicana en el Siglo XXI.

Necesidad de fundamentar las finalidades a realizar hacia futuro

Ante esta realidad histórica y sus tendencias inerciales, la primera condición de un proyecto histórico es la fundamentación de las finalidades a alcanzar como sociedad hacia el futuro. 

Establecer finalidades es la primera condición de toda racionalidad ética, es decir, de la racionalidad humana propiamente dicha.

Más allá de la crítica fundada a falsos utopismos, antiguos y modernos, que se han propuesto, es preciso reconocer que los seres humanos somos los únicos vivientes con la capacidad de formular finalidades sobre la propia existencia, en las cuales se manifiesta la racionalidad ética y la racionalidad técnica.

En cada momento de la historia, estas finalidades se convierten en una cosmovisión asumida por la mayoría de la sociedad, que contribuye a cimentar el consenso político y cultural, la organización de un régimen político y la acción de la sociedad.

Las finalidades que se propone la sociedad pueden consistir, como realidad, en imperativos éticos, es decir, mandatos verdaderos que exigen una acción congruente para su realización.

El imperativo ético categórico que hoy se puede reconocer como verdadero, es el que se propone la justicia como finalidad de la historia, y es lo que hoy se puede denominar propiamente utopía.

La racionalidad tecnológica, que es la que determina los medios más eficaces para lograr una finalidad dada, debería ser guiada, aunque esto no ocurre así en la actualidad, por la racionalidad ética.

La reducción de la racionalidad a la racionalidad tecnológica, como lo propuso Weber, es un concepto falso y deshumanizante, con grave consecuencias para lo que se llama civilización humana.

Definir las finalidades de la sociedad mexicana hacia el futuro requiere como primera condición, hacer una crítica de las finalidades que explícita o implícitamente buscamos como sociedad, y proponer otras, con sus correspondientes supuestos sobre la naturaleza del ser humano y de la sociedad, para la deliberación, discernimiento y consenso político, mismas que se han presentado en la sección anterior, como la guía para modificar la actual estructura de poder del status quo, que permita la realización de dichas finalidades.

Desde una perspectiva histórica, la idea de progreso en el Siglo XIX tenía como finalidad producir cada vez más, teniendo al orden en la sociedad como la base y a la libertad como un medio para lograr la mayor producción material.

“Un  discurso pronunciado por el médico Gabino Barreda, discípulo de Augusto Compte (…) encapsuló en tres palabras el planteamiento de los liberales: “Libertad, Orden y Progreso”; libertad política, de trabajo, religiosa, de expansión económica y casi todo, como medio, orden, en los sentidos de paz, concordia, ley, sistema y jerarquía, como base, y progreso, o sea producir  cada vez más, lo más posible, en los diversos órdenes de la vida, sin respiro ni descanso, como fin de una nueva era…”

Al inicio del siglo XXI, el capitalismo sigue asumiendo esta idea de progreso como finalidad de la historia humana. La producción creciente, sin cesar, sobre la base de la Revolución Tecnológica digital, para alcanzar crecientes niveles de consumo y capital, es de facto, el principio ordenador del capitalismo informacional global.

Lo anterior conduce a un paradigma de desarrollo que requiere aumentos exponenciales en el uso de energía, lo que ha conducido a una situación de alto riesgo para las sociedades humanas, en virtud del alto consumo de combustibles fósiles y su efecto de calentamiento global, o de la utilización de la energía atómica en condiciones que claramente han mostrado sus límites de seguridad en fechas recientes.

No obstante, es necesario cuestionar la racionalidad y eticidad de esta idea, pues es claro que ha conducido a una sistemática desigualdad al interior de los Estados-nación, que se amplifica y profundiza a nivel internacional; a un problema de sustentabilidad en la relación de los seres humanos con la naturaleza y a la imposición por la violencia del dominio de recursos naturales y mercados por parte de las grandes potencias.

Esta idea de progreso ha conducido a la humanidad a la polarización de la riqueza y la miseria, el autoritarismo político, el militarismo, la depredación del medio ambiente, la desaparición de especies y el calentamiento global, todo lo cual pone en riesgo la vida humana.

A fin de cuentas, todo ese sistema es intrínsecamente inmoral, en la medida que trata a los humanos como objetos y como medios para la acumulación de riqueza y capital, lo cual se considera como la finalidad de la historia y de la sociedad; y no se ordena la sociedad alrededor del criterio de considerar a los individuos como sujetos libres, con dignidad infinita, que constituyen fines en sí mismos.

Los tres referentes históricos concretos que definen la coyuntura histórica de México al inicio del siglo XXI, ante los cuales es necesario definir las finalidades a ser realizadas en los próximos cincuenta años, son los siguientes:

Extrema irracionalidad e inmoralidad del capitalismo mexicano en el contexto mundial.

El capitalismo mexicano es una economía política y no solo un sistema económico; es un sistema de producción/distribución de la riqueza, y una estructura de poder sustentada en la propiedad privada de los medios de producción, que tiene una dimensión global y a la vez nacional; que ha alcanzado un nivel inaudito de concentración, inscrito en el capitalismo informacional global.

Durante los últimos cincuenta años, esta forma del capitalismo ha sido impulsada en el mundo, y en México en lo particular, por la Revolución del sistema tecnológico digital y de las comunicaciones.

El capitalismo informacional ha concentrado y globalizado el poder militar, ideológico y económico;  ha homogeneizando los procesos de producción y consumo a escala mundial; ha dado prelación al capital financiero sobre las otras formas del capital; y ha establecido un alcance global de los mercados.

Esta dinámica ha profundizado las diferencias entre clases y sectores sociales, a nivel nacional y mundial; mediante sistemas fiscales y de distribución del ingreso que establecen un acceso excluyente y diferenciador a los frutos del trabajo humano.

En este contexto, existen capitalismos distintos en el mundo, según su particular forma de producción y distribución de la riqueza, y de organización del poder público.

México se sitúa en el extremo de la irracionalidad productiva y desigualdad social, en el contexto de los diversos capitalismos existentes en el mundo.

Vaciamiento del poder nacional de México.

El objetivo geoestratégico que se propusieron las corporaciones y el Estado estadounidense, de vaciar de poder y soberanía al Estado-nación mexicano, se ha consumado de manera significativa;

mediante el desmantelamiento de los fines y políticas públicas del Estado Constitucional Mexicano;

la desaparición de jure y de facto de sus mandatos, poder, instituciones, recursos y capacidades para conducir el desarrollo nacional por medio de la rectoría del Estado;

lo que condujo al país hacia:

la incapacidad sistémica para crecer y generar empleos con alto ingreso y valor agregado;

la imposibilidad de crear y mantener el número de empleos que demanda la sociedad;

la reducción del poder adquisitivo del salario y de las proporción de los salarios en el PIB;

el desmantelamiento de la industria nacional;

el abandono, desperdicio y debilitamiento de las capacidades productivas de la propiedad social;

la pérdida del control y dominio directo, contrario a los mandatos de la Constitución, de las actividades sustantivas de los organismos del Estado en las áreas estratégicas (energía, comunicaciones, infraestructura), por la sustitución de los organismos públicos en las áreas estratégicas, por empresas transnacionales;

la reducción de veinte puntos porcentuales del gasto público (de 44% al 24%) en el último cuarto de siglo, como proporción del PIB, que contrasta con un promedio del 42% del PIB como promedio en los países de la OCDE, limitando la capacidad de inversión pública y promoción de la creación de riqueza en el país;

el uso de la renta petrolera para compensar el vacío de contribuciones de las corporaciones globales, y su destino casi exclusivo a gasto corriente y no a inversión;

el control oligopólico de las actividades estratégicas por parte de las corporaciones globales en el comercio interior y exterior, banca, salud y seguridad social; infraestructura, energía, alimentación, industria y servicios;

la crisis fiscal y de comercio exterior sistémicas, sostenidas en niveles mínimos de equilibrio mediante la exportación irracional e injusta de petróleo crudo, y por la exportación de mano de obra mal pagada a través de la maquila;

lo que han transformado a la economía política mexicana en una economía tributaria y dependiente de la acumulación global;

sustentado todo ello en la construcción durante los últimos treinta años, de una élite económica y política colaboracionista y beneficiaria de este proyecto histórico;

mediante la transformación de la democracia en un sistema de legitimación y no de verdadera representación plural y universal de los intereses de los mexicanos, capaz de incidir en las decisiones sustantivas del pacto social y del paradigma de desarrollo;

cuyas prácticas se caracterizan por la vulneración y fraude de los procesos electorales, la represión selectiva, el ocultamiento y deformación de la realidad; la fragmentación, cooptación, represión, corrupción y dispersión de la organización social; y la mediatización de la política.

La pérdida de poder nacional de México ante los Estados Unidos de América, sitúan al país ante un riesgo inminente e inmediato de convertirse en una colonia estadounidense con un régimen de Apartheid.

La pérdida de poder nacional y la hegemonía de los Estados Unidos de América sobre México; así como la hegemonía de las corporaciones globales y en particular estadounidenses, no solo en la economía sino también en la cultura y la política; limitan estructuralmente el desarrollo de México y de los mexicanos, debido a la economía tributaria y dependiente que han establecido, sustentada en la alianza del poder corporativo mexicano y global, que tiene como base la asimetría jurídica, económica y política que el TLCAN y otros tratados internacionales que se han impuesto al país.

La economía política de México, como estructura de poder, es a la vez nacional y transnacional, por la red de tratados internacionales que han sido signados en las últimas tres décadas, que incluyen no solo cuestiones de acceso al comercio y compras de gobierno, sino también condiciones asimétricas e injustas de inversión, financieras, tecnológicas, fiscales, laborales y de acceso a los recursos naturales del país.

Sobre esta base es imposible tanto el crecimiento económico como el desarrollo de la sociedad y las libertades democráticas.

México debe definir las finalidades que quiere realizar hacia futuro, tomando en consideración estas realidades, que no deben ser concebidas como determinaciones absolutas o insuperables; sino como condiciones que exigen una transformación desde la raíz, a través de la realización inmediata y con visión de largo plazo, con la participación consciente y organizada de la sociedad mexicana, de tres tareas interrelacionadas y necesarias: 1. restablecer y mantener el poder del Estado-nación y afirmar el proyecto histórico de la Nación mexicana; 2. reformar éticamente al capitalismo mexicano; y 3. recuperar jurídicamente las libertades, soberanía y derecho al desarrollo de México, ante otras naciones del mundo.

Fines que México debe realizar a futuro

Restablecer y mantener el poder del Estado-nación y afirmar el proyecto histórico de la Nación mexicana, como comunidad ético-jurídica-política de humanos libres, ante el poder y la hegemonía del poder económico, tecnológico y político concentrado, nacional y transnacional.

México debe seguir existiendo como proyecto histórico soberano e independiente políticamente, soberano económicamente y cosmopolita.

México debe ser un Estado-nación soberano, independiente, con una sociedad justa, libre, democrática y soberana en el Siglo XXI, y una autonomía tecno-económica ante las fuerzas de la globalización que ataje la amenaza actual de disolverse en una colonia bajo un régimen de apartheid estadounidense.

México debe recuperar su autodeterminación-soberanía y su poder nacional.

México debe hacer valer a plenitud su derecho a la libre autodeterminación como Estado Nación, e impedir la intervención directa o indirecta de otras naciones y poderes en las decisiones sustantivas del pueblo mexicano.

Para ello, México debe recuperar, desarrollar y mantener el poder jurídico, económico, tecnológico, fiscal, financiero y productivo nacional, ante las fuerzas de la globalización, y específicamente ante las corporaciones globales, como condición para la autodeterminación del Estado-nación mexicano en el siglo XXI.

Ello sólo será posible mediante el fortalecimiento jurídico, económico, tecnológico e institucional del Estado mexicano y de sus organismos públicos responsables de las áreas estratégicas en el campo de la energía, telecomunicaciones y convergencia digital, entre otros.

México debe ser un Estado Nación interdependiente y cosmopolita.

México debe establecer una relación de interdependencia y cosmopolitismo con otras naciones y una relación humana, libre de toda dominación, con todas ellas.

México debe construir una relación horizontal y de integración con los esfuerzos de los países de América del Sur, mediante acciones conjuntas y eficaces para emanciparse de la dependencia de los poderes globales y de la hegemonía estadounidense, mediante la creación de capacidades tecnológicas, productivas, y de mercado propias, y mediante una participación en las iniciativas económicas, estratégicas, de infraestructura, y de política regional de la UNASUR.

       

Es deber del Estado mexicano garantizar las libertades, derechos humanos y seguridad humana a toda la población.

Sobre la base de la recuperación de México como un Estado-nación soberano, el Estado debe garantizar a toda la población el ejercicio de todas sus libertades y el respeto de todos sus derechos y deberes humanos; así como un concepto de seguridad humana, contrario al concepto de seguridad nacional estadounidense que está como premisa del Estado policiaco-militar.

Los cambios realizados en la Constitución recientemente, por los cuales se reconocen las obligaciones derivadas de los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha signado el Estado mexicano de manera explícita en la Constitución, así como la reciente adición que establece el derecho humano a la alimentación y el deber del Estado de garantizarlo mediante el fomento de la producción nacional de alimentos, así como el reconocimiento de la jurisdicción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia laboral, son criterios y mandatos constitucionales, que deberán ser cumplidos por las leyes y por todos los servidores públicos, lo que abre una amplia posibilidad para establecer las políticas de Estado correspondientes a todos y cada uno de estos derechos humanos.

Ello requiere restablecer los derechos políticos, laborales y sociales que fueron desmantelados o reducidos por la reforma neoliberal del Estado o por sus instituciones y prácticas.

Las instituciones formadoras de la opinión pública, especialmente la radio y la televisión, deben desconcentrarse y democratizarse.

El Estado mexicano debe establecer una política que reconozca los derechos humanos de todos los mexicanos, tomando en consideración tanto los cambios demográficos  como la actual estructura de poder en la sociedad, para que tanto jóvenes como adultos mayores, tengan garantías de todos sus derechos humanos, concebidos de manera integral (políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos), y de espacios institucionales que reconozcan sus necesidades particulares, sus derechos y deberes, tomando en consideración un horizonte temporal de corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, la realidad de los pueblos originarios se debe reconocer como fundamento primordial de la Nación, y se debe actuar en consecuencia, no sólo en el reconocimiento  pluriétnico y pluricultural del Estado, sino también en la libertad de autogobierno y auto sustentabilidad económica de los pueblos originarios, y en el fortalecimiento y reconocimiento de sus lenguas y etnicidad, como contribuciones particulares de valor universal, en el marco del Estado nación mexicano.

La Nación mexicana debe realizar los fines y compromisos históricos de los Sentimientos de la Nación y la Constitución de 1917; en primer lugar, eliminar la pobreza y desigualdad.

México debe realizar los fines y compromisos históricos de fondo plasmados en las constituciones de 1813 y de 1917, los que deben ser interpretados en el contexto histórico actual, siguiendo los criterios y mandatos éticos de los derechos humanos concebidos de manera integral.

La justicia social debe ser un criterio del pacto social en su conjunto.

México debe establecer estructuras de justicia social y desechar las instituciones de legitimación de la injusticia, mediante programas clientelares de mitigación de la pobreza extrema, que dejan intacta la estructura de poder y concentración de la riqueza.

Por ello, México debe eliminar la desigualdad y las distintas formas de pobreza y exclusión social que caracterizan a la sociedad mexicana, mediante políticas de Estado deliberadas y precisas, concebidas en el marco de un nuevo pacto social ético, con objetivos y metas alcanzables en el tiempo, y con la corresponsabilidad pública, privada y social.

En los Sentimientos de la Nación quedaron plasmados los fines de una Nación que a lo largo de dos siglos debe reconocer que aún no ha logrado superar las desigualdades y autonomía como comunidad nacional libre y justa, como se aprecia en su contenido:

SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN.

1º Que la América es libre independiente de España y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones.

5º Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias de números.

12º Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

13º Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio.

15º Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud.

17º Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores.

18º Que en la nueva legislación no se admita la tortura.

20º Que las tropas extranjeras o de otro Reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta.

22º Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribución, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados.

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813.

José María Morelos. (Rúbrica)

Ser potencial mundial por méritos propios y sobre la base de capacidades nacionales, para que el Estado mexicano pueda garantizar las libertades de todos, todos sus derechos humanos, y la equidad del orden social en su conjunto.

México debe ser potencia mundial por sus propios méritos, bajo un paradigma distinto de desarrollo sustentable, que no tenga como propósito la acumulación de riqueza y capital como fin en sí mismo, ni un modelo de consumo irracional, dispendioso y no sustentable, sino el desarrollo humano pleno y libre de todos los individuos.

Ser potencia mundial consiste en tener poder nacional suficiente para garantizar las libertades, el autogobierno, la justicia, el sustento de todos los habitantes, la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad sobre la base del propio trabajo y organización económica y la soberanía de la economía política nacional, ante los poderes económicos y geopolíticos globales, nacionales y extranjeros.

Ante la imposición de la privatización del poder corporativo global, que se ha impuesto hasta ahora como no negociable, México debe tomar la decisión soberana de ser potencia mundial sobre la base de sus propias fuerzas económicas, sustentadas en la inversión pública, social y privada de capital nacional, como una posición no negociable, pues es condición para el desarrollo y la libertad de los mexicanos.

Ello requiere como condición, que el Estado prevalezca sobre los intereses particulares, es decir, dar vigencia plena al mandato del Artículo 25 constitucional que establece la rectoría del Estado sobre el proceso de desarrollo.

La reforma de la economía política actual es condición necesaria para el desarrollo nacional, pues el poder corporativo global es intrínsecamente injusto y las potencias hegemónicas se comportan fuera de un Estado de derecho y sin ningún compromiso ético-político con el Estado Nación mexicano.

Ser potencia mundial sobre capacidades propias requiere, como condición necesaria, aunque no suficiente, que los sujetos de la economía política, sean los organismos del Estado en las áreas estratégicas señaladas en la Constitución, y las empresas de la propiedad social y de capital nacional en el resto de la economía; como los actores clave de la actividad económica.

Ser potencia mundial requiere que la rectoría del Estado sobre el desarrollo, se lleve a cabo mediante la planeación democrática, que de sustento a las altas tasas de crecimiento económico y generación de empleos necesarias para satisfacer la demanda actual y futura de empleo y bienestar de la población en las próximas cinco décadas.

Ello significa superar la actual condición de país maquilador y dependiente, de la industria, energía, alimentación, financiamiento, comercio, información, convergencia digital, y tecnología de las corporaciones globales; como condición para garantizar libertades, garantías individuales, derechos humanos para toda la población, equidad e inclusión social; así como empleo, ingresos y seguridad social para todos los habitantes a lo largo de la vida.

Ser potencia mundial significa desarrollar capacidades propias científicas,  tecnológicas, de ingeniería e industriales sustentadas en la revolución digital, y de su aplicación por sistemas de innovación conducidos por el Estado y realizados por la sociedad mexicana y empresas e instituciones nacionales, bajo un paradigma sustentable de desarrollo.

Ser potencia mundial significa que el poder del mercado y la acumulación interna se conviertan en los factores más importantes de los procesos de inversión, producción, consumo y acumulación; así como participar de manera eficaz en los mercados mundiales, sobre la base de exportación de valor agregado tecnológico y productivo y no sobre la base de la exportación de petróleo crudo y materias primas.

Ser potencia mundial requiere que la acumulación nacional tenga prelación sobre la acumulación global.

Reforma democrática del Estado y del poder nacional.

Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones cívicas y sociales deben  fortalecerse, mediante su democratización interna y su vinculación real con la sociedad y los actores sociales.

La fortaleza de la democracia interna, se debe traducir posteriormente en un gran acuerdo político ante el poder transnacional. Sólo la democracia interna podrá modificar la estructura de poder del sistema político del Estado, y establecer una nueva relación de equidad y justicia ante el poder corporativo hegemónico nacional y transnacional.

La democratización de los partidos políticos es condición necesaria para la democratización de México.

La división política más importante en México está entre quienes se convierten de manera activa o pasiva pero consciente, en eslabones de la alianza corporativa transnacional, en lo interno de nuestro gobierno y de la estructura económica del país; y quienes se proponen de manera honesta, representar el interés de todos, en cada una de las decisiones públicas, es decir, que tienen una vinculación honesta y coherente con el conjunto del pueblo mexicano y no sólo con alguno de sus grupos sociales o de interés.

El poder de la mayoría de la sociedad, constituida por ciudadanos, trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, indígenas y diversos estratos sociales, debe prevalecer sobre la plutocracia económica de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, como condición de desarrollo.

La modificación de la actual estructura de poder, para que transite por una vía política y pacífica, requiere conducirse mediante la argumentación que presenten tanto las fuerzas sociales organizadas como los poderes corporativos, en un debate abierto, honesto y verdaderamente cosmopolita, que suponga como condición inicial, la disposición de los actores de aceptar las razones que se demuestren verdaderas y por lo tanto de las decisiones que se deben adoptar sobre las mismas, más allá de los intereses particulares.

La reforma del Estado debe tener como propósito fortalecer el poder nacional, como poder democrático y de ninguna manera como poder autoritario y mucho menos totalitario.

México debe reformar el Estado en sentido opuesto a las reformas neoliberales del Estado de los últimos treinta años y sobre la base de las finalidades enunciadas.

Se debe fortalecer un Estado democrático, constitucional, de derecho, que garantice libertades y justicia social para toda la sociedad y desmantelar el Estado policiaco que se ha venido construyendo, que se ha iniciado con el fichaje policiaco de los niños y jóvenes, que en lugar de considerarlos futuros ciudadanos, se les está considerando preventivamente como futuros delincuentes.

La democracia mexicana debe dejar de ser un sistema electoral de legitimación de servidores públicos y políticas que sólo gobiernan para el interés y acumulación del poder corporativo y transnacional, en beneficio de un grupo oligárquico muy reducido, y transformarse en un sistema verdadero de representación y participación de toda la sociedad mexicana, pluriétnica y pluricultural, en la toma de decisiones sustantivas.

Para que el pueblo mande y los gobernantes obedezcan, es necesario instalar, alimentar y utilizar los espacios institucionales de diálogo, debate político, deliberación de políticas públicas y construcción de acuerdos, así como crear otros nuevos, vinculados con la sociedad por medios electrónicos abiertos y de alcance nacional, no controlados por ninguna empresa privada, ni por el gobierno, a través de una Radio y Televisión Ciudadana; en los que se aplique un método de razonamiento y argumentación política, que conduzca a la modificación de las posiciones, acuerdos y acciones, sobre la base de la racionalidad ética, como lo proponen Miranda y González Casanova:

“A ese respecto lo primero es no exigir que todos tengan la misma posición que uno tiene. Lo segundo, es dar las razones por las que en un momento y situación dados uno toma la posición que otros no comparten. Lo tercero es ver si las razones de una toma de posición se confirman o disconfirman por la experiencia.”

Ser nación soberana y justa, que sea potencia mundial, requiere como condición necesaria, que la democracia deje de ser un sistema de legitimación y se transforme en un sistema real de representación de toda la ciudadanía, que participe en la toma de decisiones públicas, sustentadas en la participación informada, crítica, sistemática, permanente y responsable de toda la población.

Ello requiere conducir el desarrollo nacional por la rectoría del Estado, mediante la profundización de la democracia representativa y sustantiva desde los cimientos orgánicos, territoriales, funcionales y cívicos de la sociedad; la democracia económica; la planeación del desarrollo nacional; la equidad del pacto social del capitalismo mexicano; el fortalecimiento eficaz y subordinado a la transparencia y rendición de cuentas, de las instituciones y recursos públicos, como medios necesarios para eliminar las desigualdades extremas y la pobreza.

El régimen político presidencialista no sólo se encuentra limitado por la pluralidad de fuerzas y partidos políticos, sino también por la inserción de poderes globales en las instituciones del Estado mexicano. Ello demanda su transformación hacia un régimen parlamentario, para que la legitimidad del voto ciudadano no sea emitida de manera simultánea en las elecciones de los servidores públicos del poder ejecutivo y legislativo, sino que un solo voto otorgue la legitimidad al poder legislativo, para que de éste se forme una coalición de gobierno que sea más representativa de la ciudadanía, y en la que estén representadas todas las fuerzas políticas, bajo una lógica de coordinación y cooperación en la conducción de las instituciones públicos, que permita superar la actual dicotomía disfuncional y polarizante.

Una forma transitoria para la construcción de un régimen parlamentario puede ser un régimen semi-parlamentario, en el cual los titulares de las secretarías de despacho del poder ejecutivo, sean aprobados por el poder legislativo.

Reformar el sistema de impartición de justicia.

México debe restablecer su sistema de procuración e impartición de justicia, ante la impunidad que actualmente lo caracteriza, bajo el criterio de que la seguridad se debe entender como el deber del Estado de dar seguridad humana a todos los habitantes, mediante el respeto irrestricto del ejercicio de todos sus derechos humanos; de donde se derivan la seguridad de las personas y la seguridad de sus relaciones económicas, sociales y políticas, en un Estado de derecho, guiado por el imperativo de justicia, en la aplicación de las leyes.

Se debe suprimir a denominada “guerra contra el narcotráfico” y regresar el ejército a los cuarteles de manera ordenada, aplicando la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, según la cual la Fuerza Armada puede coadyuvar, a solicitud del Ministerio Público, y siempre bajo su subordinación, en los casos que así sea requerido y fundamentado, para el ejercicio de sus funciones.

Se requiere desvincular al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, como ha sido planteado numerosas veces, con el objeto de hacer una verdadera transformación del sistema de justicia, de las policías, sistema penitenciario, juzgados e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha avalado leyes claramente anticonstitucionales, por lo que prevalece la impunidad en nuestro país.

Reformar éticamente al capitalismo tributario-dependiente mexicano, inmerso en el capitalismo global y sus contradicciones inherentes, bajo la guía del criterio ético que debe presidir la transformación del orden social, que es reconocer a los seres humanos como lo único que constituyen fines en sí mismos; y su expresión en los derechos humanos.

Nuevo pacto social para un capitalismo más racional, sustentable, justo y verdaderamente interdependiente.

Este nuevo pacto deberá tomar como criterio la insostenibilidad del capitalismo global actual en su dimensión energético-climática y de distribución desigual; y proponer criterios distintos de formas de consumo, producción, distribución, concentración, acumulación, y estilos de vida, con responsabilidades nuevas para las distintas formas del capital y de intervención económica, directa e indirecta, del Estado.

Se debe definir y construir un nuevo pacto social capitalista de los mexicanos, que corresponda a los intereses de los mexicanos, lo que exige:

Revertir el proceso de privatización corporativa concentradora transnacional que se ha realizado en los últimos treinta años, en todos los sectores de la actividad económica.

Pactar nuevas reglas para la generación y la distribución de la riqueza y del ingreso:

reducir la tasa de ganancia de las inversiones y garantizar condiciones para la acumulación de las empresas en el largo plazo;

aumentar los salarios por arriba de  la inflación, sobre la base de aumentos de la productividad, mediante la inversión de capital, organización y capacitación productiva;

aumentar la proporción de los salarios en el PIB;

garantizar el acceso a la seguridad social universal del inicio al fin de la vida humana, sustentado en el nuevo pacto para la política salarial y para la distribución social de la riqueza y el ingreso.

Pactar una mayor contribución fiscal de las empresas, y las personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, a través del impuesto sobre la renta, de acuerdo a los parámetros practicados por las actuales potencias económicas.

Pactar el uso de la renta petrolera y de las utilidades de los organismos del Estado en actividades estratégicas, para la inversión productiva, el desarrollo científico, el desarrollo de tecnologías, ingeniería y patentes, y el impulso público-privado de capacidades de oferta y mercados para bienes y servicios estratégicos.

Dispersar la concentración de la propiedad y los mercados;  institucionalizar verdaderos mercados y establecer límites de propiedad y participación en los mercados de las inversiones extranjeras; en los que ningún rentas injustificables; según parámetros internacionales.

Aplicar  el gasto público para el fomento económico y la compensación de las desigualdades.

Restablecer la rectoría del desarrollo del Estado mexicano.

Ante el proyecto del capitalismo oligopólico transnacional y de sus aliados y cooperantes económicos y políticos mexicanos, de establecer un estado policiaco-militar controlado desde los Estados Unidos;  México como Estado nación,  debe restablecer la rectoría del desarrollo por parte del Estado mexicano, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, mediante la reconstrucción de las instituciones públicas, para volverlas a dotar de capacidades y poderes de conducción de políticas de Estado; la institucionalización de las relaciones políticas y de trabajo entre los órdenes de gobierno y las entidades y organizaciones económicas de capital nacional; así como con las organizaciones sindicales y sociales, para dar sustento al desarrollo del mercado interno, concebido como un sistema de producción y distribución integral que disponga de una autonomía relativa de los flujos de inversión, comercio y acumulación de las corporaciones globales.

Recuperar jurídicamente las libertades, soberanía y derecho al desarrollo de los mexicanos cedidos por México en diversos tratados internacionales, y en particular en el TLCAN, ante otras naciones.

Cancelar el ASPAN, la denominada “Iniciativa Mérida” y todos los convenios que subordinan a las instituciones de procuración de justicia y a las fuerzas armadas mexicanas, al control y dirección estratégica por parte de las fuerzas armadas e instituciones estadounidenses.

Se debe hacer responsable a los Estados Unidos de América de su economía criminal de estupefacientes, y cesar en México la denominada “guerra” contra la narcoeconomía, mediante el desmantelamiento de las bases económicas de la economía criminal en México, el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles y una reforma integral del sistema de procuración de justicia.

Recuperar el derecho de México al desarrollo.

México debe establecer una relación de equidad e igualdad con los Estados Unidos de América, con Canadá y con todas las naciones del mundo.

México debe recuperar la soberanía popular, la soberanía económica y el derecho al desarrollo como Estado-nación, y superar la economía política tributaria y dependiente de la hegemonía de los Estados Unidos de América y de las corporaciones globales, mediante la denuncia y/o renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados en materia fiscal, la reformulación sobre bases distintas de la inserción económica del país en la economía mundial.

Incorporar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos de América al proyecto nacional de desarrollo.

México debe establecer una política deliberada para la incorporación de los mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos de América, para que contribuyan al proyecto nacional de desarrollo.

III-C. Ámbitos de acción y decisión estratégica nacional, como medios indispensables para lograr los fines de fortalecer el poder nacional, ante  los procesos de acumulación global; recuperar la soberanía económica y política; establecer un nuevo pacto social para la creación y distribución de la riqueza; en función del interés legítimo de los mexicanos, ante la realidad de la economía global y los poderes hegemónicos globales, nacionales y extranjeros.

Los ámbitos de acción y decisión política estratégica nacional en los que es necesario actuar de manera simultánea, son múltiples y se refieren a la sociedad en su conjunto. A continuación se presenta un avance en relación tan solo a dos de éstos ámbitos, el de la ideología y el de la política energética de Estado.

Ámbito ideológico. Superar la mentalidad colonizada y desarrollar la eticidad en todos los mexicanos, como condiciones para establecer la justicia en el orden social.

Superar la mentalidad colonizada de los mexicanos es condición necesaria para recuperar las libertades, la soberanía nacional y el derecho al desarrollo del pueblo mexicano.

Es imposible que una comunidad política sea plenamente libre y con capacidad de autorrealización, si en primer lugar no se reconoce como igual en dignidad a cualquier otra comunidad política.

Es fundamental una transformación ética de la cultura política de los mexicanos, para fortalecer el reconocimiento de la propia dignidad, ejercer el derecho de participación en los asuntos públicos, practicar la justicia en todas las relaciones sociales y económicas, y restablecer el derecho del pueblo mexicano al desarrollo, en un Estado nación independiente y justo.

Quienes han gobernado desde el poder ejecutivo o legislativo en las últimas tres décadas, tienen en común el concebir a la globalización como un proceso fatal, inmodificable y determinista, ante el cual es imposible hacer valer la racionalidad y la justicia como criterios de un orden social legítimo de un pueblo soberano.

De ahí se deriva la falsa idea de que no tenemos capacidades propias y de que es necesaria la realización de las actividades sustantivas que requiere la sociedad, por parte de sujetos y organizaciones extranjeros. Esta falsa creencia subyace en toda la idea de la privatización a favor principalmente, aunque no de manera exclusiva, de corporaciones privadas extranjeras.

De manera natural, de esta ideología promovida activamente desde el exterior y asumida por las élites y corporaciones nacionales, se deriva la idea de que tampoco tenemos derecho como pueblo al auto gobierno y la auto seguridad, lo que está conduciendo a la disolución de México como Estado nación independiente, para convertirnos en una colonia estadounidense.

Por otra parte, en el pueblo mexicano prevalece una mentalidad mágica y providencialista, que conduce al fatalismo, la inmovilidad, y la falsa creencia de que no se tiene derecho a intervenir en las altas decisiones del Estado, lo que conduce a una actitud de resignación que mantiene y reproduce un orden social autoritario e inmensamente injusto; al esperar, inútilmente, que los problemas sean resueltos “desde arriba”.

Pueblo y élites deben por tanto superar la mentalidad fatalista de suponer que la desaparición de México como país soberano, es un proyecto histórico superior y necesario, cuando en realidad sólo equivale a la disminución de las libertades, las oportunidades y la justicia.

Es necesario hacer una crítica amplia a la ideología colonizadora que sostiene como única alternativa para el futuro de México, su disolución en un apartheid estadounidense; así como la ideología del liberalismo económico y de libertad de empresa, que promueven, paradójicamente, las corporaciones globales.

También es necesario un cuestionamiento a la supuesta perfección de los “mercados”; la unidimensionalidad de la “competencia” que desconoce la fuerza civilizatoria de la cooperación; y cuestionar la supuesta “superior racionalidad” de la corporación privada-transnacional, como fin y criterio del desarrollo nacional, toda vez que reduce a las personas, que son fines en sí mismas, a objetos para la acumulación de las corporaciones globales.

Se requiere asimismo, dar a conocer ampliamente a la sociedad, los intereses, sujetos y responsables que han promovido y promueven dicha ideología; pues la crítica de estas tesis que ha desacreditado la propia realidad, es un elemento importante para la construcción democrática de alternativas con una mayor racionalidad y eticidad.

El cambio de una mentalidad colonizada a una mentalidad de dignidad ciudadana, con fundamento en el ejercicio de la libertad, y la convicción de que se debe construir un orden social justo, es el mayor sustento de una fuerza democrática capaz de modificar la actual correlación de fuerzas.

Aunque aún no se alcanza una masa crítica organizada, existen manifestaciones de este cambio en la mentalidad del pueblo mexicano, como se expresa en múltiples luchas sociales, democráticas y cívicas; mismas que han sido desconocidas, reprimidas o sofocadas por los poderes públicos, que se han mostrado indiferentes a estas interpelaciones ético-políticas.

Política Energética para el Desarrollo de México en el siglo XXI.

Síntesis

La energía no es un sector económico, sino dimensión estructural de la economía, con impacto en toda la vida social; por lo que es cuestión de soberanía y seguridad nacional. Se exponen los elementos sustantivos de una política energética de Estado para el siglo XXI; y se proponen los fines, criterios y decisiones estratégicas de una política energética que responda a los intereses de México en el siglo XXI. Asimismo, los criterios de las políticas públicas y las acciones inmediatas que se deber realizar para revertir y superar la dependencia actual, para que la exportación de los hidrocarburos deje de ser el sustento de una economía política tributaria y dependiente, y se convierta en el soporte e impulso de un paradigma de desarrollo nacional para los mexicanos.

Preguntas

Una política energética de Estado debe responder, al menos, a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el concepto y alcance de la política energética en la actual coyuntura histórica? ¿Qué fines y criterios se deben establecer para la política energética? ¿Qué decisiones se deben revertir para lograr los objetivos nacionales? ¿Qué decisiones estratégicas transformadoras se requieren en la política energética?

Política de Estado

Los criterios que definen y debe cumplir una política de Estado y la hacen diferente de una política pública realizada por el poder ejecutivo, son los siguientes:

su base jurídica en un mandato constitucional, expresado en una ley específica, que establece el mandato para los poderes públicos que correspondan;

el establecimiento de las instituciones públicas requerida para que los fines y mandatos de la ley sean realizados, con la participación que corresponda a la sociedad;

ser diseñada con la participación de la sociedad, ampliamente representada, y no como acto administrativo de los poderes públicos;

tener una temporalidad que no se limite al mandato administrativo de corto plazo, sino que se concibe con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo;

disponer de los recursos públicos, sociales y privados, suficientes para el logro de la política de Estado, pues sin ellos es imposible alcanzar los fines establecidos en la ley;

realizar sus acciones de manera corresponsable entre los tres poderes y órdenes de gobierno, con la participación de la sociedad;

ser evaluada en relación a los fines y objetivos establecidos en las leyes, o que se derivan de las mismas, y no de manera limitada según las metas particulares que se hayan fijado las instituciones responsables de su ejecución;

incorporar una evaluación continua sustentada en la transparencia de los resultados alcanzados, y que ésta sea incorporada en las decisiones de cambio de la política.

Política energética actual, contraria al interés nacional

Definir una política energética de Estado según los criterios enunciados, requiere un juicio sobre la coyuntura histórica actual, de la dinámica establecida y la problemática estructural que debe ser transformada para alcanzar los objetivos nacionales.

La política energética, y en particular la explotación de los hidrocarburos, ha consistido esencialmente en la utilización PEMEX, como organismo del Estado responsable de su explotación, como garantía de pagos de los intereses de la deuda externa e interna, a favor de la banca internacional, durante la fase de ajuste estructural (1982-1994); y después como soporte fiscal y de divisas del Estado, en una economía política tributaria y dependiente, en la que las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, alcanzan tasas extraordinarias de acumulación en México, por la sistemática reducción de sus aportaciones fiscales para el desarrollo nacional.

Los gobiernos neoliberales establecieron deliberadamente durante los últimos treinta años una política de dependencia energética, a través de la exportación acelerada de petróleo crudo sin valor agregado; la utilización de la renta petrolera y de los impuestos obtenidos, para sustituir el vacío de aportación fiscal de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras; la utilización de las divisas petroleras para compensar la balanza comercial y de pagos, y para dar soporte a la política monetaria, ante un saldo sistemáticamente deficitario de la balanza comercial, resultado de una fallida política económica, supuestamente orientada a la exportación de valor agregado, que no corresponde con la realidad.

Las corporaciones globales han sustituido al Estado en las actividades de la industria petrolera que la Constitución reserva al Estado mexicano, y de parte sustantiva de la generación de la energía eléctrica; por medio de un sistema ilegal de privatización a través de modificaciones institucionales y un sistema de contratos; que se corresponde con la sistemática desinversión en exploración, infraestructura, refinación y petroquímica, que han conducido al país a una situación de dependencia energética creciente y a la imposibilidad de utilizar al sector energético para contribuir al financiamiento e impulsar otro paradigma energético y de desarrollo nacional.

Fines de la política energética

Ante esta coyuntura nacional, los fines de la política energética que se proponen son los siguientes:

Fortalecer el poder nacional a través de la recuperación de la soberanía energética, definida como la capacidad del Estado mexicano de garantizar por medio de los organismos públicos, las empresas de capital nacional y la ciencia, tecnología e ingeniería nacional, las necesidades energéticas de la población, en un paradigma energético equilibrado y sustentable de energías renovables y no renovables, en el corto, mediano y  largo plazo.

Fortalecer la rectoría estatal del desarrollo sobre la base de los organismos del Estado mexicano en las actividades energéticas, que estén articulados en cadenas productivas con empresas de capital privado y social nacional.

Dar soporte a un nuevo pacto social de crecimiento y distribución de los beneficios del desarrollo económico, sustentado en el mercado interno, con aumento de salarios por arriba de la inflación, y redistribución de los aumentos de productividad en el corto, mediano y largo plazo.

Elevar la contribución de las actividades energéticas al PIB nacional.

Atajar los riesgos globales del paradigma energético mundial, del cambio climático, el peak oil, y la inseguridad de las plantas nucleares.

Desarrollar el núcleo de energías renovables sobre la base de capacidades nacionales.

Atajar los siguientes riesgos nacionales de carácter macroeconómico y sectorial, que ya están presentes en la actualidad, y que se profundizarán necesariamente si no se establece de inmediato una política de Estado diferente:

Ampliación de la brecha entre los ingresos derivados de la exportación de crudo sin valor agregado, que serán declinantes de manera necesaria, y la importación de refinados y petroquímica para el consumo nacional, que es creciente y seguirá aumentando en el futuro;

control transnacional de la industria y la infraestructura energética;

trasladar las limitadas reservas mexicanas de hidrocarburos (menos del 1% de las reservas probadas mundiales) a las reservas estratégicas y para el consumo de otros países;

Seguir exportando crudo sin valor agregado, e importando productos y servicios de mayor valor agregado;

convertirnos en importadores netos de energía;

tener balanza comercial energética y petroquímica deficitaria creciente;

la necesaria disminución de las contribuciones fiscales de PEMEX, de un porcentaje de un porcentaje que ha oscilado entre 30% a 40% del gasto federal anualmente, hasta cero en el plazo de una década; y destinar las contribuciones fiscales de PEMEX al gasto corriente;

aumento y descontrol de la deuda de PEMEX;

disminución de las reservas probadas;

consumo creciente que conduzca al aumento de las importaciones de refinados y petroquímica.

Condiciones políticas necesarias

Para establecer una política energética soberana que responda al interés de los mexicanos, es indispensable crear condiciones políticas que logren lo siguiente:

Hacer valer la Constitución y los derechos pactado en el TLCAN en relación con la energía, la electricidad y la petroquímica, como áreas reservadas al Estado mexicano.

Designar a servidores públicos técnicamente competentes y que cumplan con la Constitución y sus leyes, que estén comprometidos con los intereses de los mexicanos, que no tengan mentalidad colonizada, y no sean instrumentos de las corporaciones globales.

Establecer como condición de la soberanía y la seguridad nacional a la soberanía energética de la Nación. La política de Estado y las políticas públicas e institucionales, deben apegarse a este criterio.

Revertir las leyes anticonstitucionales que han sido aprobadas.

Desplazar, terminar o cancelar los anticonstitucionales contratos incentivados y no incentivados, firmados con empresas privadas nacionales y extranjeras, por medio de los cuales las corporaciones globales se han apropiado de la renta petrolera y de las utilidades de su explotación industrial.

Establecer un programa emergente para restablecer y reintegrar los organismos del Estado responsables de las actividades estratégicas.

El sector energético es el soporte más importante para un nuevo paradigma de desarrollo nacional. Para ello se requiere restablecer la actividad económica del Estado en las áreas estratégicas reservadas.

Definir por ley un concepto específico de renta petrolera, que de cuenta del fenómeno económico y de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en beneficio de toda la sociedad mexicana, con un horizonte de largo plazo.

Destinar el 90% de la renta petrolera a la inversión, mediante un instrumento jurídico específico, en un plazo de cinco años.

Esta inversión debe tener dos objetivos particulares: el desarrollo de un sistema energético con un balance sustentable de energías renovables y no renovables; y el desarrollo de un sistema de transporte de personas y mercancías de alta tecnología y eficiencia, desarrollado con capacidades nacionales.

Establecer una institucionalidad específica para la toma de decisiones políticas sobre la plataforma de producción petrolera, las inversiones del sector, el destino de la producción al consumo nacional de manera exclusiva, en un plazo inmediato, así como el manejo de los recursos de la renta petrolera de manera diferenciada y específica en la ley de ingresos y en el decreto de egresos de la federación, que esté fuera del control discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Concebir a la política energética como un eje y principal impulsor de la reindustrialización del país, del desarrollo científico y tecnológico, y del restablecimiento de la banca de desarrollo; mediante la utilización de las compras de gobierno para impulsar las empresas públicas, y de capital social y privado nacional.

Cancelar las licitaciones internacionales de PEMEX y CFE, pues son ámbitos reservados al Estado mexicano.

Desarrollar alianzas económicas y políticas con los países de América del Sur, que tenga como eje la política energética.

Superar la ideología dominante. Es necesario denunciar el despojo del patrimonio natural nacional y de la explotación de los hidrocarburos y el costo de la privatización transnacional de la generación de electricidad, realizado durante los últimos treinta años.

Se requiere denunciar la ideología colonizadora de la privatización; y los intereses e individuos que la promueven y se benefician de ello, lo que vulnera el derecho humano al desarrollo de los mexicanos.

Se debe denunciar la falacia de la autorregulación de los mercados y la competencia, especialmente en lo que se refiere a la política energética de las mayores potencias económicas.

Criterios y lineamientos básicos de una Política Energética de Estado, integral, soberana y sustentable, basada en la Constitución y los intereses nacionales.

Se proponen los siguientes criterios:

El primer criterio de una Política Energética de Estado es reconocer y aplicar los mandatos constitucionales en su formulación.

Considerar a la soberanía energética como una condición irrenunciable de la seguridad nacional.

Desarrollo de una política integral energética que incorpore a los hidrocarburos, al sector eléctrico, la energía nuclear y las fuentes de energía renovable.

Planeación y relación integral de PEMEX con CFE para el desarrollo del sistema energético que incorpore a las energías renovables para el siglo XXI.

Se requiere una planeación integral y democrática del desarrollo energético-industrial, como política de Estado, según los criterios enunciados arriba, lo que requiere la limitación de las actuales atribuciones de la SHCP y SENER para la planeación energética; el establecimiento del Consejo Económico, Social y Ambiental, y otorgar facultades al Congreso de la Unión en esta materia.

La planeación de la política energética debe incorporar, al menos, las siguientes cuatro dimensiones:

Cancelación de la planeación energética aplicada por México en función del interés estadounidense, de producir y exportar a ese país petróleo crudo, e importar refinados y petroquímica.

México debe cesar la política de extracción de crudo para su exportación y establecer una política para el aprovechamiento racional de los hidrocarburos como recurso natural estratégico no renovable y utilizar las reservas para darle valor agregado industrial.

Establecer una política energética soberana de corto (2025), mediano (2030) y largo plazo (2060) que tenga como finalidad producir energía para satisfacer las necesidades nacionales, que contribuya a la estabilidad macroeconómica no desde el ámbito financiero, fiscal y monetario, sino desde los sectores reales de la economía, en función del desarrollo nacional, mediante la inversión pública que garantice la provisión y abasto de bienes y servicios estratégicos; que a su vez impulse inversiones privadas y sociales para la reindustrialización acelerada del país en la economía del conocimiento.

Producción sustentable de las energías:

nuclear, eólica, geotérmica, maremotriz, hidro energía, carbón, petróleo crudo, condensados, gas natural, biocombustibles, solar;

relacionarlas con la producción y demanda de electricidad;

impulsar la economía nacional mediante su consumo para: transporte, producción agropecuaria, industrial; uso residencial, comercial y para servicios públicos; uso no energético y consumo por transformación, almacenamiento y transporte.

Producción integral de productos petroquímicos.

Reindustrialización acelerada del país mediante compras de los organismo del Estado, orientadas al desarrollo de industrias de capital nacional proveedoras de bienes y servicios para la generación de las diferentes formas de energía; construcción de infraestructura para la producción energética; procesamiento de petroquímicos; logística y sistemas multimodales de transporte; ingeniería y desarrollo tecnológico; infraestructura de convergencia digital; investigación científica; e impulso de la economía del conocimiento sobre la base del desarrollo de capacidades nacionales, de los organismos públicos, así como empresas de capital nacional e instituciones nacionales.

Relacionar la política energética con la política alimentaria y de conservación del agua, en un paradigma sustentable, mediante la capitalización y fortalecimiento estructural de las organizaciones ejidales; y la transformación e industrialización sustentable de la producción agropecuaria.

Comprar con recursos públicos todas las inversiones que han hecho las corporaciones transnacionales para la generación de electricidad destinada al servicio público,  contrarias a la Constitución, para reducir la tasa de interés que paga CFE a estas inversiones (12.5% anual en dólares); por deuda soberana con tasa del 6% anual, lo que permitirá ahorrar 10,500 MDD en 25 años, y con ello reducir las tarifas eléctricas para las actividades económicas y la población.

Crear un organismo público que realice las funciones que fueron canceladas por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, e integrar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas a esta empresa.

Cancelar las concesiones de utilización de la red de fibra óptica que fueron cedidas para su explotación por una empresa mediática, y destinarla para apoyar la incorporación del sistema educativo a la sociedad de la información, así como para aumentar la competitividad de las empresas nacionales.

Restablecer a PEMEX como organismo de Estado al servicio del desarrollo nacional y como organismo público de carácter productivo.

Al reintegrar  a PEMEX, a sus empresas y subsidiarias, se deben eliminar los perversos “costos de oportunidad” que aplica la SHCP; que además de no tener fundamento objetivo, no son utilizados por ninguna corporación petrolera del mundo. Se deben aplicar costos de producción en transacciones intra-empresa.

Régimen fiscal y financiamiento para PEMEX que sea autónomo de la discrecionalidad contraria al interés nacional que ha venido aplicando la SHCP en las últimas tres décadas.

Desarrollar el valor agregado en el país (refinación, petroquímica primaria, petroquímica secundaria, química, paraquímica); eliminación de importaciones de refinados y petroquímica y exportación de petroquímicos.

Reconstitución del IMP y programa nacional de ciencia, tecnología e ingeniería del sector energético.

Cancelación del contratismo extranjero y desarrollo de empresas de mayoría de capital nacional para apoyar las cadenas de valor.

Revertir la privatización mediante la cancelación de contratos con entidades privadas que han sustituido a PEMEX en las tareas que la Constitución le asigna de manera exclusiva y bajo dominio directo de la Nación.

Combatir la corrupción de servidores públicos y corporaciones, que al privatizar han incumplido la Constitución y sus leyes.

Criterios generales del marco institucional para una Política Energética de Estado

La división de poderes y coordinación de decisiones para la conducción de una Política Energética Integral de Estado, requiere distinguir los ámbitos de responsabilidad y asegurar su adecuado funcionamiento. Se propone lo siguiente:

Decisiones de Estado. Las decisiones que requieren la autorización del Estado mexicano, y que deben ser propuestas por el Poder Ejecutivo Federal y autorizadas por el Poder Legislativo, con una amplia participación de las entidades federativas y de la sociedad civil, plural y ampliamente considerada, son las siguientes: planeación estratégica nacional del sector energético a largo plazo; reconstitución de reservas, plataforma de producción, inversiones estratégicas, empresas del Estado, política industrial estratégica con la participación de empresas de capital nacional e instituciones de educación superior e investigación nacionales, uso y aplicación de la renta petrolera nacional; y negociaciones internacionales.

Al Poder Ejecutivo Federal le corresponden las siguientes decisiones: planeación integral y estratégica de corto plazo (seis años), propuesta de plataforma de producción y de inversiones, política industrial, científica, tecnológica y de ingeniería nacional y lograr metas  de generación de valor agregado en toda la cadena productiva.

Los organismos de Estado del sector energético deber ser responsables de lo siguiente: cumplimiento de las metas señaladas, planeación estratégica a nivel organismo, en el marco del Sistema Energético Nacional, administración eficaz y eficiente, operación integral, generación de valor agregado, compras y contrataciones a empresas de mayoría de capital nacional, desarrollo tecnológico propio.

Se debe establecer que los organismos e instituciones del sector de energía, son instituciones de estado, y no simples empresas de propiedad pública.

Su gobierno, misión, criterios de desempeño y evaluación de resultados, deben considerar este carácter de institución de Estado, y evaluar sus avances y deficiencias en relación al logro de los objetivos nacionales, tanto del sector energético, como del país en su conjunto. 

Su dirección, resultados de gestión y estrategias, deben tener amplia transparencia y sujeción a procesos democráticos.

El Poder Legislativo debe fijar la plataforma de producción y de reposición de reservas:

México cuenta con reservas probadas para 9.2 años y exporta aproximadamente la mitad de la extracción actual del orden de 2.5 millones de barriles diarios.

La explotación del petróleo no debe estar en función de su aportación al fisco, sino del desarrollo nacional en el corto, mediano y largo plazo. Fijar esas cifras debiera ser función prioritaria del Congreso de la Unión, con la participación del Consejo Económico, Social y  Ambiental, y ser objeto de legislación especial.

La Auditoría Superior de la Federación tiene responsabilidades fundamentales en el marco institucional de la política de Estado, por lo que debe ser reforzada para que pueda cumplir de mejor manera con sus responsabilidades.

Se debe modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para despetrolizar las finanzas públicas.

Los ingresos de PEMEX deben quedar fuera de la administración de la SHCP y se debe crear una institucionalidad específica para este propósito. Esta entidad debe administrar los fondos a los que se hizo referencia con anterioridad, para la administración de la renta petrolera.

Entre las decisiones inmediatas que se deben llevar a cabo, para lo cual no se requiere ningún cambio a la legislación, se encuentran las siguientes:

Establecer estrategias y acciones inmediatas y de mediano largo plazo, para la exploración, explotación y restitución de reservas petroleras.

Estrategias y acciones inmediatas para la autosuficiencia de petrolíferos y la refinación de petróleo.

Estrategias y acciones inmediatas para resolver las deficiencias en transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados.

Estrategias y acciones inmediatas, con política e instrumentos eficaces, para impulsar la industria petroquímica y las cadenas de valor con base en empresas de capital nacional mayoritario.

Se requiere distinguir dos dimensiones simultáneas en PEMEX y otras empresas públicas: ser instituciones de Estado que deben estar subordinadas a decisiones y controles democráticos de la Nación; y su carácter de empresas públicas, que requieren una gestión eficaz y eficiente como empresas de clase mundial.

Es decir, establecer controles democráticos sobre esta institución de Estado y un diseño institucional eficiente para su operación como empresa pública.

Se debe dar un marco eficiente para la administración de PEMEX, para que disponga de condiciones de una institución de Estado y también que pueda hacerse responsable de las decisiones que le exige la Política Energética de Estado.

Con base en lo anterior, se debe modificar Ley de PEMEX para revertir su carácter privatizador, de acuerdo a los objetivos señalados; modificando su estructura y capacidades de administración, para dotarla de condiciones para una gestión integral, más democrática, eficaz y transparente. Las decisiones de Estado no le corresponden al organismo PEMEX.

La Secretaría de Economía, el CONACYT, la SEMARNAT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Reguladora de Energía, deberán adecuar su normatividad para las actividades de investigación, innovación y el Sistema Nacional de Investigadores, de acuerdo a los objetivos, estrategias y metas de la Política Energética de Estado.